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Modo: Corpus Pro

AMPARO CONTRA LEYES. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ÉSTAS PUEDE DERIVAR DE LA CONTRADICCIÓN CON OTRAS DE IGUAL JERARQUÍA, CUANDO SE DEMUESTRE VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. PRUEBAS EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL. LOS ARTÍCULOS 291 Y 298 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE CONDICIONAN SU ADMISIÓN, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DE ACCESO A LA JUSTICIA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1948/2009. · Registro digital (IUS): 23066
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: *********.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, , Pág. 52.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1948/2009. *********.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, 84, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto primero, fracción I, del Acuerdo 5/1999, así como en el punto cuarto del diverso 5/2001, en virtud de que el recurso se interpuso contra una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo en materia civil en el que se tildaron de inconstitucionales los artículos 291 y 298 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, cuyo conocimiento corresponde a esta Primera Sala, por ser de su especialidad, y subsiste en el recurso el problema de inconstitucionalidad.

SEGUNDO. El presente recurso se interpuso oportunamente, ya que la sentencia impugnada se notificó a la quejosa el miércoles catorce de octubre de dos mil nueve, como se aprecia de la foja 465 (cuatrocientos sesenta y cinco vuelta) del expediente de amparo, notificación que surtió efectos el día hábil siguiente, jueves quince, por lo que el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo transcurrió del día hábil siguiente al en que surtió efectos la notificación, esto es, del viernes dieciséis de octubre al jueves veintinueve de octubre, con exclusión de los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco, por haber sido inhábiles, de conformidad con los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 10/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Entonces, si el recurso de revisión se presentó el martes trece de octubre de dos mil nueve, es decir, antes de que empezara a transcurrir el referido plazo, como consta en la foja 2 (dos) del presente toca, se concluye que la interposición se efectuó oportunamente.

TERCERO. Las consideraciones de la sentencia recurrida, relacionadas con aspectos de inconstitucionalidad, así como los elementos necesarios para resolver esta instancia son los siguientes:

A. En los conceptos de violación identificados en la demanda de amparo como segundo, tercero y quinto, el quejoso, ahora recurrente, sostuvo lo que a continuación se puntualiza:

a) Los artículos 8, 9, 11, 19 y 20 del Código Civil Federal son de mayor jerarquía que los artículos 291 y 298 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y establecen las reglas estrictas para la aplicación e interpretación de leyes.

b) Se infringe lo dispuesto en los diversos 278, 279, 285 y 289 del indicado Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

c) Los artículos 19 y 20 del Código Civil Federal indican que las controversias civiles deben resolverse conforme a la letra o a su interpretación jurídica y cuando haya conflicto de derechos se decidirá a favor de quien trate de evitarse perjuicios y no de quien pretenda un lucro y, en el caso, él promovió en ejercicio de la garantía que consagra el artículo 5o. constitucional.

d) Existe contradicción entre los numerales 285 y 291 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, porque el primero indica que la admisión de pruebas es irrecurrible y el segundo permite el recurso al arbitrio del Juez, lo que dista de una aplicación conforme a la letra de la ley.

e) Los artículos 278, 279, 285 y 289 del indicado código procesal establecen la plenitud de derechos de las partes para acreditar sus pretensiones con toda clase de pruebas excepto las que son contrarias a la moral o a las buenas costumbres y que los autos en que se admitan no son recurribles, por lo que el numeral 291 del mismo ordenamiento legal es inconstitucional, al establecer una excepción derivada de defectos procesales sujetos al arbitrio de un Juez.

f) El artículo 402 de la ley adjetiva civil local sólo concede arbitrio al juzgador para valorar las pruebas, nunca para desecharlas "... atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia ..." obligando además a "... exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión ...".

g) De conformidad con el artículo 19 del Código Civil Federal, en general, las leyes procesales conceden a las partes en forma plena el derecho de probar los extremos de sus reclamaciones o de sus defensas.

h) El artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal obliga a las partes a asumir la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones.

i) El numeral 283 del mismo ordenamiento legal previene garantías procesales derivadas de los principios generales del derecho que no pueden sufrir merma alguna por las disposiciones contradictorias como las contenidas en el artículo 291 de la invocada legislación, la cual coarta el derecho a probar, porque lo sujeta al criterio del juzgador, reservado por la ley sólo para la valoración de las pruebas.

j) La finalidad del juicio es conocer la verdad conforme a los artículos 278, 279, 285, 289, 402 y 403 del código adjetivo local; no obstante, los numerales que se combaten mediante la calificación del escrito de ofrecimiento de pruebas introducen formalidades innecesarias que anulan los principios generales que rigen la prueba.

k) El artículo 278 del código adjetivo civil local establece que para conocer la verdad el juzgador puede valerse de cualquier medio que no esté prohibido por la ley o sea contrario a la moral y, al limitar esa posibilidad a los requisitos de forma en el ofrecimiento de las pruebas, también se anula lo dispuesto en el numeral 279 del mismo cuerpo normativo, que previene que puede decretarse la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria para el conocimiento de la verdad.

l) Los preceptos cuya inconstitucionalidad se reclama permiten que el juzgador discrecionalmente impida el desahogo de una prueba por falta de "requisitos de forma" en su ofrecimiento, aunque la prueba sea conducente, lo que anula lo dispuesto en el artículo 285 del código procesal civil local, que señala que se deben recibir las pruebas permitidas por la ley y que se refieran a los puntos cuestionados.

ll) También se anula lo dispuesto en el artículo 289 de dicha legislación, que señala que son admisibles aquellos elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos.

m) El Juez está impedido para estudiar si las pruebas producirán o no convicción de los hechos controvertidos, ya que eso lo tiene que decidir el oferente.

n) El juzgador tampoco puede proveer la admisión de pruebas en forma discrecional tomando en cuenta sólo su ofrecimiento y no al resto de las actuaciones.

ñ) Los numerales, cuya inconstitucionalidad se reclama, anulan lo dispuesto en los numerales 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, porque si a criterio del Juez existe defecto en el ofrecimiento de los documentos públicos, se desechan, aun cuando tengan valor probatorio pleno.

o) Existen reglas generales sobre la prueba y una regla particular que las contraviene y sujeta su admisibilidad a un acto discrecional del juzgador, lo que conculca no sólo la letra de la ley, sino los principios generales de derecho establecidos literalmente en los preceptos señalados.

p) Las sentencias civiles deben sujetarse a la letra de la ley y a los principios generales del derecho que señalan las reglas generales de la prueba.

q) Los preceptos legales, cuya inconstitucionalidad se reclama contravienen los artículos 14 y 16 constitucionales, porque son contradictorios con disposiciones legales de orden general y con principios generales del proceso, por lo que no pueden ser fundados ni motivados.

r) Dichos preceptos son contrarios al numeral 17 constitucional, porque promueven una justicia parcial, al dejar a criterio del juzgador lo que las disposiciones generales sobre la prueba regulan en forma precisa.

s) El numeral 133 constitucional prohíbe la aplicación de preceptos que pugnen contra la Constitución Federal, por lo que son inaplicables los artículos 291 y 298 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, porque constituye una verdadera denegación de justicia sujetar a facultades discrecionales el examen del escrito de ofrecimiento de pruebas, sin tomar en cuenta las constancias del juicio en su conjunto que hagan dichas pruebas útiles, lo cual significa evitar la injusticia de que el quejoso sea privado del producto de su trabajo mediante la instancia constitucional procedente.

B. Ahora bien, los argumentos enunciados en los incisos del a) al p) precedentes, fueron declarados inoperantes por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Lo anterior, sobre la base de considerar que el estudio de la constitucionalidad de una disposición legal ordinaria solamente puede hacerse si el quejoso en sus conceptos de violación proporciona los argumentos o bases suficientes para plantear una contradicción a una disposición constitucional o garantía individual, es decir, el concepto de violación debe contener el planteamiento que tienda a demostrar que el contenido de la norma o normas legales ordinarias resulta contraria a una disposición constitucional y, por ende, no pueden servir de base para lograr la declaración de inconstitucionalidad, los argumentos que tengan por materia la demostración de contradicción de los preceptos tildados de inconstitucionales, con otra u otras normas ordinarias.

En ese contexto, dijo el Tribunal Colegiado, como los argumentos del quejoso tienen por contenido la contradicción de los preceptos que tilda de inconstitucionales con lo dispuesto en otras disposiciones legales ordinarias, y no contienen el planteamiento de que su contenido es contrario a una específica disposición constitucional o garantía individual, resultan inoperantes.

Los demás argumentos expuestos en los incisos del q) al s), el Tribunal Colegiado los estimó infundados, al considerar que los requisitos previstos para el ofrecimiento de pruebas y su consecuente admisión, previstos en los artículos 291 y 298 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no violan la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, ni la de acceso a la administración de justicia, porque cumplen con los principios de igualdad, ya que las partes en el juicio se encuentran en las mismas circunstancias. Asimismo, porque tales requisitos no son de carácter insalvable, pues basta que se relacione la prueba propuesta con los hechos en litigio y se precisen las razones por las que se estima que se demostrará su afirmación, para que se dé cabal cumplimiento a tales condicionantes; que se encuentran claramente establecidos en el código adjetivo civil de que se trata, con pleno conocimiento de los litigantes; que la razón legal de esos requisitos es evitar la admisión y desahogo de pruebas que sean inconducentes o intrascendentes para demostrar los hechos materia de la litis y, sobre todo, que el proceso judicial como cualquier otro procedimiento legal debe sujetarse a determinadas formalidades, para atender a un elemental principio de orden.

C. Por otro lado, de una lectura detenida del escrito de revisión se deduce que el quejoso, ahora recurrente, alega, esencialmente, lo siguiente:

1. La sentencia recurrida infringe en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de la Ley de Amparo, porque en ella se omitió analizar la inconstitucionalidad planteada respecto de los artículos 291 y 298 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, por contravención a los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, y las garantías de audiencia, exacta aplicación de la ley, legalidad y derecho a una justicia pronta, expedita e imparcial.

2. Le causa agravio la inaplicación de lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que se admitió el recurso de apelación hecho valer contra el auto del nueve de marzo de dos mil cinco (que admitió sus pruebas) en contravención a lo dispuesto en el artículo 285 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el sentido de que el auto que admita una prueba no es recurrible, y el tribunal de alzada entró al fondo del recurso y revocó aquel auto, para en su lugar dictar otro en el que desechó las pruebas en cuestión con fundamento en los artículos 291 y 298 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

3. Entre los artículos 285, 291 y 298 del citado ordenamiento civil adjetivo existe contradicción, pues el primero ordena recibir las pruebas que presenten las partes y los restantes autorizan a desechar una prueba cuando no se precise claramente el hecho que pretende demostrarse con ella y las razones por las que así se estima.

4. Los artículos 291 y 298 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal son inconstitucionales, porque limitan el derecho a ofrecer pruebas en contravención a los artículos 14, 16 y 17 constitucionales.

5. Con la resolución dictada el ocho de junio de dos mil cinco, en el recurso de apelación interpuesto contra el auto admisorio de pruebas del nueve de marzo del mismo año, la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal violó lo establecido en el artículo 14 constitucional, porque lo privó de sus derechos y propiedades sin que haya mediado un juicio seguido conforme a las formalidades esenciales del procedimiento.

6. Le causa agravio el hecho de que la Sala responsable haya desestimado los planteamientos hechos valer contra la resolución que admitió el recurso de apelación interpuesto contra el auto que admitió pruebas, sobre la premisa de que no se combatió dicho auto a través del recurso de reposición, pues, dice, el referido auto admisorio del recurso no le causaba algún agravio.

7. Los actos reclamados lo dejan en estado de indefensión, pues las pruebas se ofrecieron y relacionaron como puntos de hechos en la demanda inicial y no fueron objetadas por los demandados.

8. Si la ley faculta al Juez natural a recibir las pruebas y prohíbe que sea recurrido el auto que las admita, la revocación del auto que admitió pruebas con fundamento en los artículos 291 y 298 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal determina la inconstitucionalidad de éstos.

9. La denegación de pruebas es violatoria en su perjuicio de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, porque lo priva de sus derechos, propiedades y posesiones sin que se haya seguido un juicio en su contra que cumpla las formalidades esenciales del procedimiento.

10. Los artículos 291 y 298 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal son contradictorios con los artículos 95, 278, 279, 281, 283, 285, 289, 296, 327, 333, 340, 380, 402 y 403 del mismo código y 8, 9, 11, 19 y 20 del Código Civil Federal, por lo que violan las garantías de seguridad jurídica consagradas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales.

11. El acto reclamado es contrario al texto de los artículos 95, fracción II y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, porque se desecharon documentos públicos ofrecidos desde la demanda.

CUARTO. Como cuestión previa, es necesario determinar si en el caso se satisfacen los requisitos de procedencia del recurso de revisión, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuarto transitorio del decreto de reformas a ésta, del diez de junio de mil novecientos noventa y nueve, en vigor a partir del día doce siguiente; 83, fracción V y 93 de la Ley de Amparo; 10, fracción III, y 21, fracciones III, incisos a) y b), y XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en términos de lo previsto en el Acuerdo General 5/1999, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en especial, en el punto primero, fracciones I y II.

Del análisis armónico y concatenado de las normas constitucionales y legales referidas, así como del acuerdo general plenario en cita, se deduce que para que la revisión en amparo directo sea procedente es indispensable la concurrencia de los requisitos siguientes:

I. Que en la demanda de amparo se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución y que la sentencia contenga el pronunciamiento relativo, o bien, que debiendo haberse hecho tal estudio se haya omitido en la resolución correspondiente.

II. Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva o del Tribunal Pleno, lo que se establecerá tomando en cuenta los criterios especificados en el Acuerdo 5/1999, antes referido.

En orden a lo expuesto, debe examinarse si el presente recurso de revisión reúne los requisitos de procedibilidad indicados.

Por lo que se refiere al primero, cabe hacer notar que en la demanda de amparo directo se cuestionó la constitucionalidad de los artículos 291 y 298 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

En cuanto al segundo requisito, a juicio de esta Primera Sala, el caso cumple con los requisitos de importancia y trascendencia, porque los tópicos de constitucionalidad a que se refiere la demanda de garantías constituyen un aspecto respecto del cual no se ha sentado jurisprudencia.

De acuerdo con lo dicho, debe concluirse que el recurso de revisión es procedente y debe entrarse a su estudio.

QUINTO. Ante todo, debe señalarse que aunque en la sentencia recurrida se concedió al quejoso el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, éste conserva interés jurídico para recurrirla, en la medida que en ella se desestimaron los conceptos de violación en los que se planteó la inconstitucionalidad de los artículos 291 y 298 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y en el presente recurso de revisión se insiste en ello; lo que significa que el peticionario de garantías podría obtener mayores beneficios, en caso de que se acogieran sus pretensiones.

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXIX, enero de 2009

"Tesis: 2a./J. 191/2008

"Página: 567

"AMPARO CONTRA LEYES. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN FEDERAL RESPECTO DEL ACTO DE APLICACIÓN, PERO NO EN RELACIÓN CON LA LEY IMPUGNADA, EL QUEJOSO CONSERVA SU INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN LA REVISIÓN QUE SE DECLARE SU INCONSTITUCIONALIDAD, PUES AL ABORDARSE EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE PODRÍA OBTENER MAYORES BENEFICIOS. Cuando en el juicio de amparo se reclama la inconstitucionalidad de una ley con motivo de un acto de aplicación y en la sentencia sólo se otorga la protección respecto de éste, el quejoso conserva su interés jurídico para interponer el recurso de revisión, pues existe la posibilidad de que del estudio de los agravios se llegue a la conclusión de que la ley combatida es inconstitucional, lo que de suyo importa la obtención de mayores beneficios para el quejoso recurrente que los ya conseguidos con el fallo de primer grado. Lo anterior es así, porque cuando se trata de la inconstitucionalidad de leyes reclamadas en amparo indirecto, el efecto de la sentencia que otorga la protección federal no sólo consiste en dejar insubsistentes los actos de aplicación reclamados, sino impedir que el dispositivo combatido pueda volverse a aplicar válidamente en perjuicio del quejoso, es decir, que aun cuando se otorgue la protección constitucional por los actos de aplicación, por vicios propios, el quejoso conserva su interés jurídico para reclamar que se declare la inconstitucionalidad de la ley; por ello, está en aptitud legal de interponer el recurso de revisión contra una sentencia que, en ese aspecto, le es desfavorable y, por ende, correlativamente el tribunal revisor deberá efectuar el análisis correspondiente. Además, la procedencia del recurso deriva del artículo 84, fracción I, de la Ley de Amparo, y es acorde con el principio de derecho procesal consistente en que puede impugnar una resolución judicial quien no obtiene todo lo que pidió o quien resiente un agravio."

SEXTO. Precisado lo anterior, en principio, debe señalarse que el motivo de inconformidad enunciado en el cardinal 1 (uno) del considerando cuarto precedente, en el cual el ahora recurrente asevera que el Tribunal Colegiado de Circuito no analizó los planteamientos de inconstitucionalidad de los artículos 291 y 298 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es infundado.

Se expone tal aserto pues, tras el análisis de la sentencia sujeta a revisión, queda de manifiesto que el Tribunal Colegiado no incurrió en la omisión que se le atribuye, ya que muchos de los argumentos hechos valer a título de conceptos de violación, los declaró inoperantes sobre la premisa de que en realidad confrontaban preceptos legales ordinarios con otros de la misma jerarquía, mientras que otros los estimó infundados, sobre la base de que los artículos en cuestión no violan las garantías de audiencia y acceso a la justicia.

Por otra parte, es verdad que el Tribunal Colegiado no analizó de fondo lo expuesto por la parte quejosa en cuanto a que los artículos 291 y 298 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal son inconstitucionales, porque contravienen lo dispuesto en otros preceptos de dicho ordenamiento, así como algunos del Código Civil Federal.

Empero, dicha omisión se encuentra plenamente justificada, porque no era dable para el Tribunal Colegiado analizar los argumentos relativos, en función del aspecto de su constitucionalidad, al pretenderse con ellos impugnar los artículos 291 y 298 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en confrontación expresa con leyes o normas secundarias y no poner de manifiesto la confrontación entre la norma reclamada con alguna disposición específica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante un concepto de violación suficiente; elemento éste que resulta indispensable para que el órgano de control constitucional examine aquellos planteamientos cuyo estudio pueda trascender directa o indirectamente a la materia de constitucionalidad introducida en los conceptos de violación y pueda emitir un pronunciamiento en ese sentido, puesto que constituye la pauta o el medio que permite abordar la posible contradicción entre la norma secundaria y la máxima ley, ya que de lo contrario se caería en el extremo de declarar la inconstitucionalidad o constitucionalidad absoluta de un ordenamiento, cuando otros preceptos del mismo ordenamiento no sean contrarios a la Constitución.

En efecto, por regla general, para efectuar en un juicio de amparo directo el análisis de una norma, en función del aspecto de su constitucionalidad, es necesario que la impugnación relativa se base en premisas esenciales mínimas a satisfacer en la demanda de amparo.

Es decir, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 166, fracciones IV y VII, de la Ley de Amparo, existe la necesidad de que la norma jurídica señalada como reclamada deba ser impugnada en confrontación expresa con una disposición específica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante un concepto de violación suficiente.

La causa requerida en tal situación se apoya en los siguientes elementos imprescindibles:

a) Señalamiento de la norma de la Carta Magna;

b) Invocación de la disposición secundaria que se tilde de inconstitucional; y,

c) Conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente, que la ley impugnada resulta contraria a la hipótesis normativa de la norma constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance.

Partiendo del cumplimiento de tales presupuestos, surgirá la actualización del problema constitucional, así como la procedencia de la declaración respectiva en torno a la ley secundaria, ya que de no satisfacerse los requisitos medulares apuntados, el señalamiento de la ley reclamada y el concepto de violación que no indique el marco y la interpretación de una disposición constitucional que pueda transgredir aquélla, tales planteamientos resultan insuficientes para efectuar el planteamiento de inconstitucionalidad relativo.

En ese sentido, al no satisfacerse esas premisas medulares, es decir, el señalamiento de la ley reclamada y el concepto de violación que no indica el marco y la interpretación de una disposición constitucional que pueda transgredir aquélla, resultan motivos de insuficiencia que desestiman la actualización de un verdadero problema de constitucionalidad de leyes.

Ahora bien, el estudio de los conceptos de violación hechos valer en la demanda de amparo evidencia que no hay base para estimar si de los artículos 291 y 298 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal pudiera surgir una contradicción o desacatamiento a un precepto constitucional por su afirmada contradicción con otros preceptos ordinarios, sino que los argumentos en cuestión ponen de manifiesto únicamente aspectos de interpretación de las disposiciones legales secundarias, es decir, en ellos se plantean cuestiones en que subyacen aspectos de legalidad, en cuanto a la interpretación y alcance de una disposición legal secundaria que no llegó a trascender a un real problema de constitucionalidad de ese decreto, pero no se confrontan con alguna norma fundamental de la Constitución General de la República, con la que pudiera surgir alguna contradicción o rebasamiento a su marco específico, sin que las simples afirmaciones de violación a preceptos constitucionales basten para entender concebido un concepto de inconstitucionalidad de leyes en los términos indicados.

Además, no existe jurisprudencia obligatoria en la que se hayan declarado inconstitucionales los artículos 291 y 298 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ni se advierte que sean inconstitucionales en sí mismos, por lo que no pueden examinarse oficiosamente.

No pasa inadvertido para esta Primera Sala que los actos de autoridad, incluidos los de creación y vigencia de normas generales, pueden combatirse en la vía de amparo, sobre la base de diversos argumentos, entre los que destaca su confrontación directa con disposiciones constitucionales y también por la infracción de exigencias constitucionales que deben respetar, como son las derivadas del proceso legislativo establecido en la Carta Magna o, incluso, del respeto a la garantía de seguridad jurídica, que alberga las denominadas sub-garantías de legalidad, fundamentación y motivación, competencia, retroactividad, audiencia, entre otras muchas, y que la violación de esos derechos públicos subjetivos puede demostrarse no sólo a través de la exposición de una contradicción directa con el Texto Fundamental, sino también mediante la precisión de incongruencias en el orden jurídico que revelen la violación a la seguridad jurídica, lo que podría calificarse como una violación indirecta al Texto Fundamental.

Empero, también en este caso, el examen de las normas jurídicas relativas debe sustentarse no sólo en afirmaciones tocantes a la incongruencia entre leyes secundarias, como se hizo en la demanda de amparo a través de los argumentos que se estimaron inoperantes, sino, por lo menos, en la precisión de las garantías individuales violadas y en la demostración de que la norma aplicada es la que viola el orden constitucional y no sólo el ordenamiento jurídico que se utiliza como parámetro comparativo para derivar la incongruencia o carencia de facultades, aspectos que no revisten los planteamientos de mérito.

En otras palabras, en casos como el de que se trata, en los que se tilda de inconstitucional una norma general por su afirmada contradicción con otra norma general o ley secundaria, el examen constitucional precisa de la existencia de la causa de pedir que en la especie no se colma con la exposición de contradicciones entre los textos legales, sino que requiere de la indicación de la garantía individual violada y de la precisión de razones mínimas que pongan de relieve la violación del derecho público subjetivo invocado por la norma general aplicada, y no por la que se utilice como parámetro comparativo, pues sólo de esa manera se podría demostrar que se aplicó en el acto reclamado una ley inconstitucional, de otra manera por más inconstitucional que resultara la norma comparativa, no aplicada, no podría concederse la protección federal.

En ese contexto, es de concluirse que en el caso a estudio existió insuficiencia de conceptos de violación, respecto de que los artículos 291 y 298 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal violan la garantía de seguridad jurídica, que pudiera demostrar la genérica y vaga manifestación del quejoso, de que resultan inconstitucionales, pues no evidenciaron una contradicción contenida en ellos mismos y, por ende, como atinadamente lo sostuvo el Tribunal Colegiado de Circuito, tales planteamientos resultan inoperantes en función del aspecto de la inconstitucionalidad planteada.

En esa misma tesitura, resultan inoperantes también los planteamientos compendiados en los cardinales 3 (tres) y 10 (diez) del considerando cuarto que precede, enfocados a evidenciar la aludida incongruencia entre diversos preceptos ordinarios.

Se asevera lo anterior, en la medida en que el recurrente insiste en la inconstitucionalidad de los artículos 291 y 298 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, bajo la línea argumentativa de que contradicen lo dispuesto en otros preceptos ordinarios, sin razonar en contra de los motivos que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23066-6b361f16/amparo-contra-leyes-la-inconstitucionalidad-de-estas-puede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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