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Modo: Corpus Pro

ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA O DE REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO ES NECESARIO QUE INVOQUEN EL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉ LOS PLAZOS MÁXIMOS EN QUE LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN RELATIVOS DEBEN CONCLUIR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 359/2011. · Registro digital (IUS): 23310
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, Pág. 3545.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 359/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO. 5 DE OCTUBRE DE 2011. CINCO VOTOS; VOTÓ CON SALVEDAD MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia son del orden administrativo, materia de la exclusiva competencia de la Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, es decir, uno de los órganos jurisdiccionales cuyo criterio es presuntamente discrepante.

TERCERO. En principio, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que el tribunal denunciante estima disímbolos.

Así, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito al resolver el ********** el amparo directo número **********, sostuvo, en lo que interesa al caso, lo siguiente:

"QUINTO. El cuarto de los conceptos de violación, resulta fundado en lo sustancial, para conceder la protección constitucional, acorde a las siguientes consideraciones. ... Ahora bien, en su cuarto concepto de violación, la quejosa sostiene esencialmente, que la Sala responsable al emitir la sentencia violó en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 2 de la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes, en razón de que no fue dictada conforme a derecho, dado que en el décimo primer agravio de la demanda inicial, adujo que la autoridad que emitió la orden de visita contenida en el oficio número **********, omitió fundar su aspecto competencial, ya que no cita el precepto o preceptos legales en los que se señala el lapso de tiempo que puede durar la revisión que se le está practicando, plazo que existe y que el legislador reguló, al plasmarlo en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, la autoridad responsable señala que no es obligatorio para la autoridad citar el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, y darle a conocer al contribuyente el lapso que durará dicha verificación, pues ello dependerá de diversos factores futuros que no se está en posibilidad de conocerlos, de ahí lo infundado del concepto de impugnación. Que conforme a lo señalado, se observa que la Sala responsable viola en su perjuicio los artículos 50 del Código Fiscal de la Federación, (sic) 2o. de la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes, pues el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, establece una facultad reglada, al señalar que ‘las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos ... dentro de un plazo máximo de doce meses contados a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación’, pues atento a la forma en que está redactado el dispositivo, y de su interpretación relacionada con los demás artículos del propio ordenamiento que regulan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, se desprende que contiene una facultad reglada, puesto que señala enfáticamente la conducta específica que debe asumir la autoridad, esto es, concluir la visita o la revisión en el plazo máximo indicado, salvo los casos de excepción que establece. Por tanto, señala, si no se hizo referencia de forma expresa al plazo de cuándo o en qué plazo (sic) se resolverá su situación fiscal, es evidente que se provoca un estado de incertidumbre, violando la garantía que establece el artículo 16 constitucional, siendo que en la orden de revisión no se expuso el plazo con que contaba la autoridad para la práctica de la misma, de tal manera que no se encuentra debidamente fundada motivada (sic), y con ello se le deja en estado de indefensión, al no estar en aptitud de saber cuánto tiempo duraría la auditoría, lo cual se robustece con lo estipulado con el artículo 2o. de la Ley Federal de los Derechos de Contribuyente (sic) que señala que los contribuyentes tendrán derecho a ser informados y asistidos por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del contenido y alcance de las mismas, por lo que al no señalarse expresamente el plazo de la duración de la visita domiciliaria, no se funda ni motiva debidamente la orden de visita. Como se anticipó, el resumido concepto de violación, resulta sustancialmente fundado y suficiente, para conceder la protección constitucional solicitada. En efecto, en principio, es conveniente recordar lo dispuesto por el artículo 16 constitucional en sus párrafos primero, décimo primero y décimo sexto, en los que se expresa: ‘Artículo 16.’ (se transcribió). De lo anterior se desprende, por una parte, la facultad de la autoridad administrativa para practicar visitas domiciliarias a fin de cerciorarse que se han cumplido las disposiciones fiscales sujetándose, en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos y, por otra, contempla como garantías individuales del gobernado la inviolabilidad del domicilio y la de seguridad jurídica. La referida intromisión implica una excepción a la inviolabilidad del domicilio particular que se justifica por el interés general que existe en verificar que los gobernados cumplan con los deberes que el legislador establece en relación con su obligación de contribuir para el gasto público en términos de lo previsto en el artículo 31, fracción IV, de la propia Carta Magna. Sin embargo, atento al principio de seguridad jurídica tutelado en el referido artículo 16 constitucional, la facultad de la autoridad administrativa para llevar a cabo visitas domiciliarias no significa que tenga potestad (sic) de intervenir ilimitada y permanentemente en el domicilio de los contribuyentes, sino que tales actos de molestia están delimitados temporalmente, es decir, están acotados a un tiempo prudente a fin de que se logre el objetivo que con ellos se pretende, ya que de no ser así la actuación de la autoridad se volvería molestia constante o permanente intromisión al domicilio, tornándose dichas facultades fiscalizadoras en omnímodas, arbitrarias o caprichosas, lo que es contrario a la protección que otorga el citado precepto constitucional. Al efecto se cita la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrante de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de 2002, página 449, de rubro y contenido siguientes: ‘GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, QUÉ SE ENTIENDE POR.’ (se transcribió). Ahora bien, en la orden de visita contenida en el oficio número **********, la autoridad demandada citó, entre otros artículos, el 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, que a la letra dice: ‘Artículo 42. ... III. ...’ (se transcribió). Sin embargo, como bien lo señala la impetrante de amparo, debe atenderse lo dispuesto por el artículo 46-A, del propio código tributario que a la letra dice: ‘Artículo 46-A.’ (se transcribió). De acuerdo con dichas disposiciones es cierto que las autoridades fiscales, en reflejo de lo previsto por el artículo 16 constitucional, cuentan con facultades para comprobar que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados han cumplido con las obligaciones tributarias, mediante la práctica de visitas domiciliarias o revisiones de gabinete o escritorio, sin embargo, en tanto constituyen actos de molestia a los particulares, están sujetos a lo dispuesto en dicho mandato constitucional que consagra también las garantías de inviolabilidad domiciliaria y seguridad jurídica de los gobernados. De este modo, todo procedimiento de auditoría o revisión, tendente a valorar las circunstancias en que acontece la conducta del contribuyente sujeto a revisión que nace con la orden correspondiente, se inicia con la notificación de dicha orden y culmina con la decisión de la autoridad fiscal en la que se determinan las consecuencias legales de los hechos u omisiones advertidos por el personal visitador o revisor y está determinado por los mencionados principios constitucionales. Una de las exigencias legales, derivada del principio de seguridad jurídica, consiste en la facultad reglada que previene el primer párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que ‘deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses contados a partir de que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación ...’, con las excepciones que en el propio numeral dispone. Luego entonces, las autoridades están obligadas, por respeto a las garantías de inviolabilidad del domicilio y de seguridad jurídica que tienen los particulares, a cumplir con el imperativo legal, siempre que no se den los supuestos de excepción indicados por la propia norma o de que no se haya ampliado el plazo legal. Por tanto, como lo sostiene la quejosa, se considera que no se trata de una facultad discrecional sino reglada la otorgada a la autoridad hacendaria cuando procede a verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, ya sea mediante una orden de visita domiciliaria o de las llamadas de gabinete; por ende, la autoridad demandada no está en aptitud de decidir si concluye o no la visita o revisión con base al resultado de su revisión, sino que debe respetar el plazo previsto por la ley. Como consecuencia de lo mencionado, y en acatamiento del principio de seguridad jurídica, la autoridad debe señalar en la orden con la que inicie sus facultades de comprobación el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, que es el que establece el plazo y excepciones con las que cuenta la autoridad para concluir sus facultades de comprobación. Lo anterior se explica a la luz de las garantías constitucionales de seguridad jurídica e inviolabilidad del domicilio del particular, pues no obstante haber estado la autoridad revisora en oportunidad plena de ejercer sus facultades fiscalizadoras para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente visitado o revisado en el plazo legal lo prolonga en el tiempo excesivamente sin mediar justificación alguna, es claro que su actuación resultará contraventora de la norma y, por ende, carecerá de justificación el procedimiento fiscalizador. Ilustra lo señalado, la jurisprudencia **********, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 268, del Tomo XIX, enero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y contenido siguientes: ‘VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE O DE ESCRITORIO. EL PLAZO MÁXIMO QUE ESTABLECE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PARA SU CONCLUSIÓN CONSTITUYE UN DEBER DE INELUDIBLE CUMPLIMIENTO.’ (se transcribió). Así las cosas, le asiste la razón a la impetrante de amparo, cuando refiere que la Sala fiscal, sin fundar ni motivar su determinación, precisó que no era necesario que la autoridad hacendaria al emitir la orden de visita, citara el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que, como ha quedado precisado, en respeto a las garantías de seguridad jurídica e inviolabilidad del domicilio, sí es obligación citar el precepto legal indicado, que es el que contiene el plazo para la conclusión de las facultades de comprobación con el que cuenta la autoridad. En las relatadas condiciones, procede conceder la protección constitucional solicitada, a efecto de que, la Sala Fiscal, deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar, emita otra, en la que, siguiendo los lineamientos plasmados en la presente ejecutoria, declare fundado el décimo primer concepto de impugnación planteado por la actora y, declare la nulidad que en derecho corresponda ..."

A su vez, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito al resolver el ********** el amparo directo número **********, sostuvo, en lo que interesa para el asunto, lo siguiente:

"SEXTO. Son infundados los conceptos de violación. Lo anterior es así, en virtud de que, contrariamente a lo que pretende el quejoso, la Sala responsable estuvo en lo correcto cuando se pronunció en el sentido de que no resultaba necesario que en la visita domiciliaria, la autoridad señalara el plazo máximo de duración de la revisión y el fundamento jurídico que les respaldara la permanencia en el citado domicilio sobre un determinado tiempo. En efecto, el numeral 46-A del Código Fiscal de la Federación, cuyo primer párrafo dispone en el conducente, que: ‘Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación ...’ evidentemente tiene un carácter meramente formal, y en modo alguno competencial, toda vez que se refiere, simple y sencillamente, al señalamiento del plazo de doce meses para concluir tanto la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes, como la revisión de su contabilidad que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades; esto es, dicho precepto impone a la autoridad la obligación de ceñirse a ese plazo al llevar a cabo su actuación, de lo cual se obtiene que en modo alguno la autoridad enjuiciada tenía por qué invocar en la orden de visita, dicho numeral y fracción, así como la duración de la visita. Así las cosas, aun cuando la autoridad exactora se encuentra obligada a fundar y motivar su actuación, es decir, a señalar el porqué (sic) emitió la orden de visita, citando los preceptos que le permitan dictarla, así como los motivos por los cuales la emite; y, una vez cumplido lo anterior, al momento de ejercer sus facultades sujetarse a reglas encaminadas a garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes; empero, no menos cierto lo es, que resulta innecesaria la cita en el texto mismo del acto administrativo, del artículo 46-A, del Código Fiscal de la Federación, aun y cuando la finalidad de ese numeral sea proteger la seguridad jurídica de los sujetos pasivos de la visita; precepto en mención el cual, se reitera, obliga en su carácter de mandado (sic) de la ley a concluir las visitas domiciliarias dentro de un plazo máximo de doce meses. Es en atención a lo expuesto, que en modo alguno se está en presencia de una norma de carácter o naturaleza competencial que compela legalmente a la autoridad a citarla en la visita domiciliaria. Luego, el solo hecho de que la autoridad administrativa omitió citar el numeral de trato en la orden de visita en comento, de manera alguna se traduce en el estado de incertidumbre referido por el quejoso, que hace derivar de que las actuaciones de las autoridades se pudieran volver indefinidas, o se traduzcan en intromisiones permanentes al domicilio o papeles de los contribuyentes; pues se reitera, dicha autoridad se encuentra compelida, en última instancia, a acatar en su actuación lo dispuesto en el numeral 46-A del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a la duración de los actos de fiscalización. ... En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional al estimar innecesaria la cita en los actos de autoridad del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, no comparte el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este mismo circuito, al resolver el amparo directo ********** donde considera ser necesaria la cita del numeral de referencia para fundar y motivar la orden de visita. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denúnciese la contradicción de tesis surgida entre este órgano jurisdiccional y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito ..."

CUARTO. Cabe significar que la circunstancia de que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito implicados no hayan integrado jurisprudencia ni estén expuestos formalmente como tesis y, por ende, no existan las publicaciones respectivas en términos de lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, no es obstáculo para que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis de que se trata, pues a fin de que se determine su existencia, basta que se adopten criterios disímbolos al resolver sobre un mismo punto de derecho.

Son aplicables a lo anterior, las jurisprudencias ********** del Tribunal Pleno y ********** de la Segunda Sala, de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se identifican y transcriben:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 27/2001

"Página: 77

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo 'tesis' que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XII, noviembre de 2000

"Tesis: 2a./J. 94/2000

"Página: 319

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."

QUINTO. Precisado lo anterior, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe, en su caso, prevalecer como jurisprudencia.

Al respecto, es importante destacar que para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:

1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, aunque no lo sean las cuestiones fácticas que las rodean; y,

2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.

Por tanto, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.

En ese sentido se pronunció el Tribunal en Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J. 72/2010, que a continuación se identifica y transcribe:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXII, agosto de 2010

"Tesis: P./J. 72/2010

"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Ahora bien, el análisis de las ejecutorias transcritas en el considerando tercero de esta resolución, en lo conducente, pone de relieve que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados se enfrentaron a una misma problemática consistente en determinar si es o no necesario citar en las órdenes de visita domiciliaria el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, que prevé los plazos máximos en que la autoridad fiscal debe concluirlas.

En relación con la referida problemática, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito sostuvo, en lo esencial, que las visitas domiciliarias, así como las revisiones de contabilidad, constituyen actos de molestia que deben respetar las garantías de inviolabilidad domiciliaria y seguridad jurídica contenidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que para que eso sea posible, deben citar en las órdenes relativas el numeral 46-A del Código Fiscal de la Federación que contiene la facultad reglada consistente en concluir los actos de fiscalización respectivos en los plazos que dicho precepto legal prevé.

Por su parte, respecto de la cuestión de que se trata, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito señaló que el mencionado artículo 46-A tiene un carácter meramente formal, no competencial, pues sólo señala el plazo de doce meses para concluir las visitas domiciliarias y las revisiones de contabilidad; esto es, únicamente impone a la autoridad fiscal la obligación de ceñirse a ese plazo al llevar a cabo su actuación, de ahí que esta última no tiene porqué invocar en las órdenes respectivas dicho numeral y duración.

Sobre el particular abundó, que si bien es verdad que la autoridad exactora se encuentra obligada a fundar y motivar su actuación, es decir, a razonar el porqué de la emisión de la orden de visita, citando los preceptos que se lo permitan y los motivos por los cuales la expide, así como a sujetarse a las reglas encaminadas a garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes, también es cierto que resulta innecesaria la cita en el texto de la orden del aludido numeral 46-A, aun y cuando la finalidad de éste sea proteger la seguridad jurídica de los sujetos pasivos de la visita, pues dicho precepto obliga en su carácter de mandato de la ley a concluir las visitas domiciliarias dentro de un plazo máximo de doce meses.

En esa tesitura, se evidencia que los Tribunales Colegiados de Circuito implicados examinaron una hipótesis jurídica esencialmente igual y llegaron a conclusiones diferentes, en tanto que mientras uno estimó que es necesario que en las órdenes de visita domiciliaria o de revisión de escritorio o gabinete se cite el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, el otro sostuvo una postura contraria, es decir, que no constituye un requisito de legalidad de las órdenes en cuestión, que invoquen tal numeral.

En ese sentido, existe la contradicción de tesis denunciada, cuyo punto a dilucidar se constriñe a determinar si es o no necesario citar en las órdenes de visita domiciliaria o de revisión de escritorio o gabinete el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, que prevé la obligación de la autoridad fiscal de concluir las facultades de comprobación correspondientes dentro de ciertos plazos máximos.

SEXTO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con las consideraciones que enseguida se exponen.

En ese sentido, dada la materia de la contradicción de tesis, para resolver lo conducente, es pertinente, en principio, traer a cuenta el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los párrafos que al caso interesan, a precisar:

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

"...

"En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23310-825713ef/ordenes-de-visita-domiciliaria-o-de-revision-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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