REVISIÓN DE ESCRITORIO O VISITA DOMICILIARIA. LAS ÓRDENES RELATIVAS DIRIGIDAS A LOS GOBERNADOS COMO SUJETOS DIRECTOS Y COMO RETENEDORES, CUMPLEN LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN CUANDO SE FUNDAN EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIONES II Y III, RESPECTIVAMENTE, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 63/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.
SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, en tanto que los asuntos de los que deriva el punto de contradicción son del orden administrativo, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes de uno de los Tribunales Colegiados contendientes.
TERCERO. Ante todo, es significativo tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados que participan de esta contradicción expusieron en las ejecutorias de las que derivaron los criterios presuntamente divergentes.
En ese sentido, debe señalarse que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, al resolver el veintinueve de abril de dos mil nueve, la revisión fiscal **********, sostuvo, en lo conducente, lo siguiente:
"QUINTO. En los agravios esencialmente se sostiene: Argumentan las recurrentes que es ilegal el fallo recurrido, porque del oficio número ********** de diecinueve de octubre de dos mil cinco, se advierte que la solicitud de información y documentación, se emitió con el objeto de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales por el actor en materias de impuesto sobre la renta y pagos mensuales al impuesto al valor agregado, en su carácter de sujeto directo; y en materia de impuesto sobre la renta en su calidad de retenedor, por tanto, se dictó para comprobar obligaciones en dos distintos rubros. Agregan que si bien, el artículo 42, fracción II y último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, prevé que puede requerirse diversa documentación a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados a fin de comprobar el cumplimiento de disposiciones fiscales, sin que se refiera a la figura del retenedor; sin embargo, éste se encuentra comprendido en el artículo 26, fracción I, del mismo código, por tratarse de una calidad o especie de la responsabilidad solidaria a que se refiere el primero de los numerales; por tanto el oficio no es ilegal. Son sustancialmente fundados esos motivos de inconformidad, habida cuenta que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. Por lo primero debe entenderse que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En relación con lo anterior, el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 38, fracción IV, establece que los actos administrativos a notificar, por lo menos, entre otros requisitos a satisfacer, son los de estar fundados y motivados, y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 143, tomo 97-102, Tercera Parte, de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’ (se transcribió). En la sentencia recurrida se determinó que el oficio número ********** de diecinueve de octubre de dos mil cinco, emitido por el administrador local de Auditoría Fiscal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, del Servicio de Administración Tributaria -antecedente de la resolución impugnada-, y por la cual se requirió al actor con fundamento en los artículos 42, fracción II y último párrafo y 48, fracciones I, II y III, del Código Fiscal de la Federación, para que proporcionara diversa información y documentación, incumplía con el requisito de motivación contenido en los artículos 16 Constitucional y 38, fracción IV, del citado Código Fiscal, en virtud de que: La facultad de revisión de comprobación de cumplimiento de disposiciones en materia tributaria a que alude el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, se refiere a tres tipos de sujetos obligados: a) El causante directo; b) El responsable solidario; c) El tercero relacionado con los anteriores. Si bien en la solicitud de documentación se había precisado el carácter con que se le requirió al accionante la información y documentación en su carácter de ‘contribuyente’ y se señalaba además la denominación de las contribuciones que iba a ser sujeto de revisión por la autoridad fiscalizadora; sin embargo, entre ellas también se comprendían las de retenedor, las cuales sólo podían ser atribuidas al actor en su carácter de ‘responsable solidario’, en términos del artículo 26, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, y no como en el caso en que se habían requerido dichos conceptos en su carácter de ‘contribuyente’. Por tanto la información y documentación relativa a los conceptos de retenedor, requerida al actor, en su carácter de ‘contribuyente’, resultaba genérica, porque en caso de estar afecto al pago de las cantidades retenidas, lo sería en su calidad de ‘responsable solidario’, no así como sujeto directo; que al no especificarse en el oficio ********** de diecinueve de octubre de dos mil cinco, que se le requería además en su carácter de ‘responsable solidario’, dicha orden resultaba genérica, produciendo incertidumbre jurídica en lo que se revisaba, dejando al accionante en estado de indefensión. Cabe precisar que el oficio número ********** de diecinueve de octubre de dos mil cinco, emitido por el administrador local de Auditoría Fiscal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, del Servicio de Administración Tributaria, en lo que aquí interesa es del tenor literal (fojas 698 a 701): ‘**********... Esta administración local de Auditoría Fiscal de Ciudad Victoria, con sede en Ciudad Victoria en el Estado de Tamaulipas, de la administración general de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ... 42, fracción II y último párrafo y 48, fracciones I, II y III, del propio Código Fiscal de la Federación; se dirige a ese (a) contribuyente para solicitarle la información y documentación que a continuación se señala: Esta información y documentación se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal, que las disposiciones legales anteriormente invocadas le otorgan a esta autoridad, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que está afecta (o) como sujeto directo, en materia de las siguientes contribuciones federales: impuesto sobre la renta y pagos mensuales del impuesto al valor agregado; y como retenedor, en materia de la siguiente contribución federal: impuesto sobre la renta ...’. El artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, vigente en la época de la emisión del oficio número ********** de diecinueve de octubre de dos mil cinco, establecía: ‘Artículo 42. ... III.’ (se transcribió). Del contenido del precepto transcrito se advierte contemplada la facultad de las autoridades fiscalizadoras a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales; entre dichas facultades se encuentra la de requerirlos para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, diversa documentación, a efecto de llevar a cabo su revisión. También el diverso artículo 26 del código en consulta, establece: ‘Artículo 26.’ (se transcribió). En ese precepto, se contiene un listado de quiénes son responsables solidarios con los contribuyentes, en la fracción I, les atribuye ese carácter, entre otros, a los retenedores. En esas condiciones, ilegalmente en el fallo recurrido, se llegó a la conclusión de que en el oficio número ********** de diecinueve de octubre de dos mil cinco, emitido por el administrador local de Auditoría Fiscal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, del Servicio de Administración Tributaria, no se estableció que el requerimiento al actor de diversa documentación, era en su carácter de contribuyente, sino que se precisó que era con el objeto de comprobar las obligaciones en dos distintos rubros: a) como sujeto directo, en relación al impuesto sobre la renta y pagos mensuales del impuesto al valor agregado; y b) como retenedor, del Impuesto Sobre la Renta; esto es, se precisó de manera clara y específica el carácter con que se requirió la información en relación a cada una de las contribuciones federales a que se hace mención en el citado oficio. Sin que a conclusión diversa se llegara, por el hecho de que, como se establece en la sentencia, se aludiera al término genérico de contribuyente. No es obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que en el oficio de referencia, en cuanto al segundo de los rubros, relativo al impuesto sobre la renta, se haya requerido al causante, como retenedor y no como responsable solidario; ya que si bien es cierto que el artículo 42 fracción II, del Código Fiscal de la Federación, no contempla en forma específica la figura jurídica del ‘retenedor’ como obligada a proporcionar información y documentación a las autoridades fiscales para que ejerzan sus facultades de comprobación, sino únicamente a los contribuyentes (sujetos directos), responsables solidarios y terceros relacionados con ello; sin embargo, el ‘retenedor’ se trata de una de las diversas especies que conforman al responsable solidario, como se advierte del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. De ahí que, al asentarse en el oficio en cuestión, que el requerimiento, en cuanto al segundo de los rubros, es decir, respecto al impuesto sobre la renta, era en su carácter de retenedor, es claro que la solicitud no es genérica, ni con ello se le dejó en estado de indefensión, pues debe entenderse que se le hizo en su calidad de responsable solidario, al ser éste el género y aquél la especie. En esas condiciones, procede declarar fundado el recurso y revocar el fallo recurrido para el efecto de que la Sala Fiscal dicte otro, en el que siguiendo los lineamientos contenidos en esta sentencia, prescinda del razonamiento sustentado en que la solicitud de información y documentación requerida al actor, mediante oficio ********** de diecinueve de octubre de dos mil cinco, emitido por el administrador local de Auditoría Fiscal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, del Servicio de Administración Tributaria, era genérica y había dejado en estado de indefensión al actor; hecho ello, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda."
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el trece de agosto de dos mil nueve, la revisión fiscal **********, señaló, en lo atinente, lo siguiente:
"OCTAVO. Los agravios son infundados. Del análisis efectuado a los motivos de disenso, se colige que estos van encaminados a demostrar básicamente que contrario a lo resuelto por la Sala Fiscal, era innecesario citar como fundamento de la orden de visita domiciliaria, el artículo 26, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, para efecto de encuadrar la calidad del contribuyente a revisar, el cual dispone que son responsables solidarios los retenedores, pues lo cierto es que dicho numeral radica en precisar el alcance de la figura de responsabilidad solidaria que refiere la fracción III del numeral 42 del mismo ordenamiento, el cual sí formó parte de la orden en cuestión. Dicho argumento, lo hace descansar en la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país, que identificó, de rubro: ‘VISITAS DOMICILIARIAS. ES INNECESARIO QUE EN LA ORDEN RELATIVA SE PRECISE LA RAZÓN POR LA QUE SE ATRIBUYE AL SUJETO VISITADO LA CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE DIRECTO, SOLIDARIO O TERCERO.’. Al respecto, este órgano colegiado estima que contrario a lo que sostiene la autoridad recurrente, en el caso concreto, a fin de estar debidamente fundada la orden de visita domiciliaria que dio origen a la resolución impugnada en el juicio que ahora se revisa, la autoridad fiscalizadora debió citar el artículo 26, fracción I, del Código Fiscal de la Federación. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, la orden de visita domiciliaria expedida por autoridad administrativa debe satisfacer los siguientes requisitos: • Constar en mandamiento escrito; • Ser emitida por autoridad competente; • Expresar el nombre de la persona respecto de la cual se ordena la visita y el lugar que debe inspeccionarse; • El objeto que persiga la visita; y • Llenar los demás requisitos que fijan las leyes de la materia. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia número 183, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 126 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, años 1917-1995, Tomo III, Séptima Época, identificable con el número de registro 391073, cuyos rubro y textos son del tenor literal siguiente: ‘VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER.’ (se transcribió). Como se ve, uno de los requisitos de los actos de autoridad, es que debe llenar aquellos que fijan las leyes de la materia, lo que en el caso concreto (orden de visita domiciliaria) se traduce en que la autoridad fiscalizadora debió observar el contenido del artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación (vigente en la época de los hechos), el cual prevé que los actos administrativos a notificar, deben contener, entre otros requisitos, los de estar fundados y motivados. Ahora bien, en la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio número **********, de ocho de febrero de dos mil seis; la cual constituye el origen de la resolución impugnada en el juicio que ahora se revisa, la autoridad fiscalizadora señaló textualmente, en la parte que interesa, lo siguiente: ‘... Esta administración local de Auditoría Fiscal de Reynosa, con sede en el Estado de Tamaulipas, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, en el ejercicio de sus facultades, le ordena la presente visita domiciliaria, con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta (o) como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado; y como retenedor, en materia de las siguientes contribuciones federales: impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado. De acuerdo a lo anterior, y a efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas en los artículos 42, fracción III, 43, 44, 45 y 46 del Código Fiscal de la Federación; se expide la presente orden de visita domiciliaria con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7o., fracciones VII, XII y XVIII, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación ...’. El artículo 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, vigente en la época de los hechos y que formó parte de la fundamentación de la orden de visita en comento, según quedó evidenciado con antelación, es del tenor literal siguiente: ‘Artículo 42. ... III.’ (se transcribió). Del contenido del precepto transcrito, se advierte contemplada la facultad de las autoridades fiscalizadoras a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales; entre dichas facultades se encuentra la de practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. De ahí que, conforme al texto del numeral en comento, es dable afirmar que la facultad de revisión se refiere a tres tipos de sujetos obligados, a saber: 1. El causante directo; 2. El responsable solidario; y, 3. El tercero relacionado con los anteriores. En ese orden de ideas, la invocación en la orden de visita domiciliaria en comento, del numeral 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, resultó genérica para fundamentar la facultad de la autoridad para practicar la orden de mérito, pues ésta le atribuyó al visitado el carácter de ‘retenedor’, el cual, en el presente asunto debe estimarse que no se encuentra inmerso en tal dispositivo legal, según se vio con la transcripción de párrafos precedentes. En efecto, este Tribunal Colegiado estima que a fin de fundamentar debidamente la facultad de practicar la visita domiciliaria con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales al visitado con el carácter que la fiscalizadora le atribuyó al visitado (retenedor), debió citar el artículo 26, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, que prevé: ‘Artículo 26. ... I.’ (se transcribió). Es así, pues según se vio en párrafos precedentes, la autoridad fiscalizadora señaló en la orden de visita domiciliaria, que revisaría el cumplimiento de obligaciones como retenedor en materia del impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta; empero, en el artículo 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, que al respecto citó como fundamento, no señala que puedan revisarse las obligaciones como retenedor; cuyo carácter se encuentra inmerso en el ordinal 26, fracción I, del código en cita, y al no haberse hecho así, dicha orden carece de la debida fundamentación. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el argumento de la revisionista, en el sentido de que el artículo 26, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, radica en precisar el alcance de la figura de responsabilidad solidaria que refiere la fracción III del numeral 42 del mismo ordenamiento legal. Se afirma lo anterior, pues del contenido del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que en sus diversas fracciones define quiénes son responsables solidarios con los contribuyentes; y además del retenedor, hace referencia a: las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente; los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra, así como aquellas que se causaron durante su gestión; los adquirentes de negociaciones, etcétera. Por tanto, si en el caso concreto la autoridad le atribuyó el carácter de ‘retenedor’ al visitado, quien es un responsable solidario, debió haber citado expresamente el numeral de trato, a fin de no dejar en estado de incertidumbre al actor, pues según se vio, existen diversas clases de responsables solidarios, de ahí que al no haber citado el precepto legal y la fracción que faculta a la autoridad fiscalizadora, para llevar a cabo la orden de visita domiciliaria, es incuestionable que tal acto de autoridad no está debidamente fundado, conforme al artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación (vigente en la época de los hechos) en relación con el numeral 16 constitucional. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia VI.2o.J/248, que se comparte, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación Número 64, abril de 1993, páginas 43 y 44, Octava Época, identificable con el número de registro 216534, cuyo rubro y texto dicen: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.’ (se transcribió). De igual forma, sirve de sustento, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 59/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Tomo VI, de diciembre de 1997, página 333, identificable con el número de registro 197273, misma que es del tenor literal siguiente: ‘ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, SU OBJETO.’ (se transcribió). Finalmente, este Tribunal Colegiado estima que no le asiste razón jurídica a la autoridad recurrente, al pretender citar como apoyo a sus argumentos la jurisprudencia del Máximo Tribunal del País, que identificó, de rubro: ‘VISITAS DOMICILIARIAS. ES INNECESARIO QUE EN LA ORDEN RELATIVA SE PRECISE LA RAZÓN POR LA QUE SE ATRIBUYE AL SUJETO VISITADO LA CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE DIRECTO, SOLIDARIO O TERCERO.’-A fin de demostrar la aseveración que antecede, conviene precisar que el Máximo Tribunal del país, al resolver la contradicción de tesis 98/2002-SS, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, dilucidó si en (sic) una orden de visita domiciliaria, carece o no de la debida fundamentación y motivación, al no señalar la razón por la que se atribuye determinado carácter al contribuyente visitado. La parte relativa de la ejecutoria en comento dice: (se transcribió). De la ejecutoria que antecede, derivó la jurisprudencia 2a./J. 116/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 391 del Tomo XVI, octubre de 2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, identificable con el número de registro 185607, que dice: ‘VISITAS DOMICILIARIAS. ES INNECESARIO QUE EN LA ORDEN RELATIVA SE PRECISE LA RAZÓN POR LA QUE SE ATRIBUYE AL SUJETO VISITADO LA CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE DIRECTO, SOLIDARIO O TERCERO.’ (se transcribió). Conforme a la ejecutoria previamente transcrita así como la jurisprudencia que derivó de ésta, se llega a la convicción de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció en el sentido de que tratándose de actos administrativos y, en concreto, de órdenes de visita domiciliarias, existe la necesidad de que el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades se realice en estricto acatamiento a lo que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de lo contrario se violarían en perjuicio de los gobernados las garantías de legalidad y de seguridad jurídica consagradas por la Carta Magna. Sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no existe obligación por parte de la autoridad administrativa de motivar en forma específica la designación de la categoría que se le atribuye al sujeto visitado, pues ello se tornaría incompatible con la naturaleza de la facultad fiscalizadora, ya que la constriñe a tal extremo que implica la pérdida de la libre apreciación de los hechos con motivo del desarrollo de la visita domiciliaria, la que como se ha visto es intrínseca a la discrecionalidad con la que cuenta la autoridad hacendaria, en oposición a las atribuciones regladas en las que el marco de actuación debe estar absolutamente limitado a lo que permite la ley. Incluso sostuvo; aunque no formó parte de la contradicción, que existe la necesidad de que la autoridad administrativa exprese en la orden de visita cuál de las tres categorías que prevé la fracción III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, le atribuye al sujeto visitado, esto es, si se le considera como contribuyente, responsable solidario o tercero con ellos relacionados, pues en ese sentido existe la jurisprudencia 2a./J. 68/2000, emitida también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 261 del Tomo XII, agosto de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, identificable con el número de registro 191343, de rubro y texto: ‘REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. LA ORDEN RELATIVA, QUE SE RIGE POR EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO PRIMERO, CONSTITUCIONAL, DEBE SEÑALAR NO SÓLO LA DOCUMENTACIÓN QUE REQUIERE, SINO TAMBIÉN LA CATEGORÍA DEL SUJETO (CONTRIBUYENTE, SOLIDARIO O TERCERO), LA CAUSA DEL REQUERIMIENTO Y, EN SU CASO, LOS TRIBUTOS A VERIFICAR.’ (se transcribió). En ese orden de ideas, contrario al argumento de la revisionista, el criterio del Máximo Tribunal del País no fue en el sentido de que no debe especificarse la categoría del sujeto a revisar, sino mas bien, al resolver la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 116/2002 de trato, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que lo que resulta innecesario es motivar en forma específica la designación de la categoría del sujeto. Por tanto, este Tribunal Colegiado estima que fueron jurídicamente correctas las consideraciones de la Sala Fiscal al estimar que era obligación de la autoridad responsable el haber fundamentado debidamente la orden de visita domiciliaria, lo cual, según se evidenció en esta ejecutoria, no sucedió en la especie. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los motivos de agravio, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida."
De esa ejecutoria derivó la tesis que a continuación se precisa y transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXX, diciembre de 2009
"Tesis: IV.1o.A.93 A
"Página: 1680
"VISITA DOMICILIARIA. CUANDO SE PRACTICA AL VISITADO CON EL DOBLE CARÁCTER DE SUJETO DIRECTO Y RETENEDOR, LA AUTORIDAD EMISORA ESTÁ OBLIGADA A FUNDAR ADECUADAMENTE ESAS CALIDADES A FIN DE RESPETAR LA GARANTÍA DE FUNDAMENTACIÓN. El señalamiento por la autoridad fiscalizadora, al ordenar la realización de una visita domiciliaria, de que se practicará al visitado con fundamento en el artículo 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, con doble carácter; es decir, como ‘sujeto directo’ y como ‘retenedor’, resulta genérica e insuficiente para tener por debidamente fundamentado tal acto, pues la facultad de revisión que indica la norma, se refiere expresamente a tres tipos de sujetos obligados: 1. El causante directo; 2. El responsable solidario; y, 3. El tercero relacionado con los anteriores. Luego, el carácter de sujeto directo se encuentra inmerso en tal precepto, no así el de retenedor, por lo que a fin de fundamentar debidamente la facultad de practicar la visita domiciliaria con el objeto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales al visitado con doble carácter, la autoridad debe citar además el artículo 26, fracción I, del propio código tributario, que establece que tienen el carácter; entre otros, los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes. Sin que sea óbice, el hecho de que el numeral citado en segundo término precise el alcance de la figura de responsabilidad solidaria que refiere el artículo 42, fracción III, del código tributario en cita, pues lo cierto es que existen diversas clases de responsables solidarios, distintos del retenedor, conforme a aquel dispositivo. Por ende, al tratarse de un acto de molestia y a fin de no dejar en estado de incertidumbre al visitado, la autoridad está obligada a fundar debidamente el mismo, a fin de respetar la garantía contenida en el artículo 16 constitucional, para lo cual, deberá citar los preceptos legales y las fracciones que la facultan para llevar a cabo el acto de molestia que se practicará al visitado en su doble carácter.
"Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
"Revisión fiscal **********. **********. 13 de agosto de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretaria: Karla Lizeth Calderón Eivet."
CUARTO. Precisado lo anterior, es pertinente significar que no es obstáculo para que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupe de la contradicción de tesis denunciada, la circunstancia de que ninguno de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes haya integrado jurisprudencia, ni que el de uno de ellos no se haya expuesto formalmente como tesis, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para dirimir una contradicción de tesis, no exigen dicho requisito.
Tampoco lo es el hecho de que los criterios de los Tribunales Colegiados hayan sido emitidos al resolver recursos de revisión fiscal, pues el procedimiento de contradicción de tesis es aplicable respecto de estos últimos.
Son aplicables a lo anterior, las jurisprudencias P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno y 2a./J. 12/93 de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se identifican y transcriben:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCI
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22313-6bd92c4f/revision-de-escritorio-o-visita-domiciliaria-las-ordenes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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