PRESUNCIÓN DE INGRESOS ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SE ACTUALIZA CUANDO EL REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS EN LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVARLA, NO ESTÉ SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 39/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.
SECRETARIA: PAOLA YABER CORONADO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia administrativa, de la especialidad de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues fue hecha por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito.
TERCERO. En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe prevalecer.
Para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a la existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis aislada que a continuación se cita:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXX, julio de 2009
"Tesis: P. XLVI/2009
"Página: 68
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impide su resolución.
"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala."
Expuesto lo anterior, a efecto de poder determinar si se satisfacen o no los requisitos mencionados, es conveniente conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las resoluciones respectivas.
I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
El tres de abril de dos mil uno, al resolver el amparo directo 27/2001, sostuvo, en su parte conducente, lo siguiente:
"... Esencialmente, la quejosa aduce que la fracción III del artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, debe interpretarse y aplicarse de manera estricta, ya que a través de ella se imponen cargas a los particulares, pues mediante su aplicación (sic) se establece presuntivamente ingresos del contribuyente, que inciden en la base gravable de la contribución, por lo que, en base a lo anterior, y, contrario a lo resuelto por la Sala, la correspondencia que debe existir entre los depósitos bancarios del contribuyente y sus registros contables, a fin de que no se presuman ingresos de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, se concreta a cantidades, es decir, el dinero depositado debe ser equivalente al registrado en la contabilidad, pues dicha disposición legal no hace alusión alguna a que la correspondencia o concordancia de que se habla implique la comprobación, o no comprobación, del asiento de la operación registrada en la contabilidad, por lo que, si en el caso se reconoce por la propia autoridad responsable que la cantidad depositada en las cuentas bancarias de la contribuyente, corresponden y concuerdan con las cantidades asentadas como préstamos en los libros ‘diario y mayor’, resulta inaplicable la norma citada, aun cuando, como lo señala la Sala, sea obligación de los contribuyentes identificar los asientos o registros contables y soportar éstos con la documentación comprobatoria correspondiente, pues el soportar con documentación comprobatoria tales asientos, es una situación cuya omisión no se contempla en el artículo fiscal 59, fracción III, mencionado, como causa de la presunción que en él se establece. La Sala consideró en su fallo, en esencia, que si bien era cierto que en la última acta parcial de la visita, como en la propia resolución impugnada, la autoridad ante ella demandada señala que los depósitos de las cuentas bancarias de la contribuyente, los tiene registrados como préstamos de **********, administrador único de la empresa quejosa, y, además, advertía, de las documentales que le exhibió la actora del juicio de nulidad, que aparecen diversos registros por conceptos de préstamo de **********, asentándose como datos la fecha del depósito, el número de cuenta bancaria en el que se efectuó, así como los números de referencia, la autoridad fiscalizadora legalmente había aplicado la presunción prevista por la fracción III del Código Fiscal de la Federación, pues, según sentenció, el hecho generador de tal presunción es que los depósitos no correspondan a los registros de la contabilidad que la contribuyente esté obligada a llevar, la cual no se integra únicamente con los registros de los libros ‘diario y mayor’, sino que, además, debe contar con la documentación probatoria que soporte tales registros; esto es, la Sala consideró que bien podían estar registrados los depósitos, pero al no contar con la documentación que los soporten, tales depósitos no correspondían a los registros de su contabilidad. Pues bien, con arreglo al artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario, que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos por los que se deben pagar contribuciones. Para la operancia de este supuesto, como lo interpretó la Sala, no basta simple y sencillamente que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente no estén registrados o engranados en su contabilidad, sino que, de una interpretación armónica, lógica y sistemática del artículo en referencia, en relación con los artículos diversos 28, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, y 26, fracción I, del reglamento de tal legislación, se deduce válidamente que cuando se trata de depósitos contabilizados resulta necesario, además del registro contable, la relación con la documentación comprobatoria, a fin de que pueda identificarse la operación, acto o actividad con las distintas contribuciones y tasas. Es así puesto que, atendiendo al espíritu del legislador plasmado en la exposición de motivos relativa a la creación de tal norma, la facultad de la autoridad contenida en la misma, tiene como finalidad la determinación presuntiva cuando los contribuyentes se coloquen en situaciones que se presuman tendientes (sic) a la evasión fiscal, por lo que no puede llegarse al extremo de que la presunción se destruya o no cobre aplicación, con el solo hecho de que el ingreso del contribuyente se asiente en su contabilidad sin apoyo demostrativo de lo asentado, puesto que entonces, no sería posible cumplir con la finalidad de la creación de la norma. Bastaría con que el contribuyente asentara el dato del ingreso sin apoyo demostrativo del origen del mismo para evadir al fisco ocultando ingresos, y así la autoridad ya no tendría oportunidad de presumir que por tales ingresos se deban pagar contribuciones, dando como resultado la distorsión de la realidad contributiva. Por eso, debe interpretarse, que la correspondencia de los registros de la contabilidad que está obligado a llevar el contribuyente, como expresamente lo estipula el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, lleva aparejado necesariamente el apoyo probatorio, para así llegar a la convicción de que, efectivamente, corresponden los registros a los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, y así determinar, entonces, que no sean ingresos por los que se deben pagar contribuciones. Lo anterior obedece, como antes se dijo, precisamente a la interpretación relacionada de los artículos 589 (sic), fracción III, y 28, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, así como el 26, fracción I, del reglamento de ese cuerpo legal. En efecto dichos numerales dicen: (se transcriben): Conforme a esas normas, los contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad deben hacerlo a través de los sistemas y registros contables y cada operación, acto o actividad debe ser relacionada con la documentación comprobatoria de manera que puedan identificarse con las distintas contribuciones y tasas. De tal manera, si el contribuyente está obligado a apoyar los registros de su contabilidad en pruebas y no sólo asentar los datos, en congruencia con ello, si sólo obran los registros sin prueba de lo que ahí se asienta, la autoridad fiscal está en condiciones de aplicar la norma presuncional (sic), pues de esta manera se libera (a la autoridad) de probar la ocultación de ingresos y la evasión fiscal. Se pone de relieve que lo ponderado de ninguna manera se contrapone a lo dispuesto por el artículo citado (59 del Código Fiscal de la Federación), respecto a que la presunción opera salvo prueba en contrario, porque no se lesiona el derecho del contribuyente que se deriva de dicha norma, consistente en poder desvirtuar la presunción, ya que, de cualquier forma, es obvio que, de conformidad con el artículo 46, fracción IV, del propio código tributario, tanto en el caso de que no se refleje el ingreso de la contabilidad del contribuyente, como cuando estando incorporados los datos relativos de ésta, no se respalden con la documentación comprobatoria, la autoridad que lo advierte, debe dar a conocer al contribuyente una u otra circunstancia mediante oficio de observaciones, y ello le permite (al contribuyente) probar en contrario, con lo que se cumple cabalmente con el precepto, todo lo cual en el caso se dio, puesto que aparece en la determinación del crédito fiscal emitida el veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve, por el administrador local de Auditoría Fiscal Número 28 de Zapopan, Jalisco, que se otorgó al contribuyente la oportunidad de que demostrara los datos contenidos en su contabilidad, y al no hacerlo, la autoridad estimó concretada la presunción. Al efecto, en dicha determinación, cuyo contenido y descripción, en relación con el punto aquí destacado, no fue refutado por **********, se dijo: ‘En virtud de que la contribuyente visitada, mediante oficio número 324-SAT-R4-L28-C-9123 de fecha 26 de marzo de 1999 en el cual se le solicitó información que aclarara el origen de los depósitos señalados en el mismo, así como de escrito libre de fecha 08 de abril de 1999 con número de folio 3103 en donde da contestación al oficio anteriormente mencionado y mediante escrito libre que presentó ante esta administración con fecha 29 de junio de 1999 con folio de entrada número 7109, con el cual pretendió desvirtuar las omisiones consignadas en la última acta parcial notificada el día 1 de junio de 1999 previo citatorio al ********** en su carácter de administrador general único de la contribuyente visitada **********, levantada a folios números del 67156080099001 al 67156350099028, donde se le dieron a conocer, que no aclaró el importe de los depósitos efectuados en las cuentas bancarias de **********, cuenta de cheques con número 4006665905, 4000971069 y **********, cuenta de cheques número 393461-0, de la contribuyente visitada registrados como préstamos del **********, en su carácter de administrador general único, en cantidad de ********** y de los cuales no se identifican plenamente con el registros contable que le dio origen, por lo cual esta autoridad consigna que las pruebas aportadas por la contribuyente visitada, no son pruebas suficientes que compruebe (sic) el origen de los préstamos, es decir no es suficiente la manifestación vertida por el representante legal de la contribuyente visitada en el sentido de que los depósitos en cantidad de ********** corresponden a préstamos efectuados por el administrador general el **********, toda vez que no se acredita como prueba idónea que efectivamente los recursos depositados en las cuentas corresponden a recursos propios del señor **********, sin que sea suficiente como se señaló la sola manifestación de la contribuyente; por otra parte, respecto a las manifestaciones vertidas por la contribuyente, en el sentido de que los depósitos en cantidad de ********** corresponden a préstamos, esta autoridad considera que el administrador general único el ********** no acredita con prueba documental alguna que los depósitos señalados provengan de préstamos; en este sentido esta administración considera que no se ha desvirtuado las irregularidades consignadas en el acta última parcial y acta final de fechas 1 de junio y 7 de julio de 1999 respectivamente, se le tiene por consentidos los hechos consignados en última (sic) acta parcial de visita domiciliaria de fecha 1 de junio de 1999 levantada a folios números del 67156080099001 al 67156350099028 y acta final de fecha 7 de julio de 1999 levantada a folios número del 67156790099001 al 67157140099036 que se reseñan a ‘continuación: ...’. Así las cosas, ante lo infundado del único concepto de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal impetrado a **********. En similares términos se pronunció este Tribunal Colegiado, al resolver por unanimidad de votos, en sesión de veintinueve de agosto de dos mil, la revisión fiscal número 220/2000. Por lo antes expuesto y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, en contra del acto de la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Fiscal de la Federación, consistente en la resolución de veintidós de septiembre de dos mil, dictada en el juicio de nulidad 409/00-04-01-3."
De la ejecutoria cuyas consideraciones se transcribieron, derivó la tesis aislada III.1o.A.81 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, junio de 2001, página 694, de rubro: "CONTRIBUYENTES. LOS REGISTROS EN LA CONTABILIDAD QUE ESTÁN OBLIGADOS A LLEVAR, DEBEN ESTAR APOYADOS CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, POR LO QUE SI ÚNICAMENTE OBRAN AQUÉLLOS OPERA LA PRESUNCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN."
II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito.
El catorce de diciembre de dos mil nueve, al resolver el amparo directo 425/2009, sostuvo, en su parte conducente, lo siguiente:
"El primer concepto de violación es fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado. De las constancias que obran en el juicio de nulidad, se advierte que la actora **********, cuyo objeto social está enfocado a la industria de la construcción, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio 324-SAT-28-I-V1-04043, de nueve de junio de dos mil seis, dictada por el administrador local de Auditoría Fiscal de Tampico, Tamaulipas, en la que se le determinó un crédito fiscal por la cantidad de **********, así como un reparto de utilidades en cantidad de **********. En esa resolución, la autoridad administrativa determinó que la contribuyente obtuvo ingresos acumulables por concepto de ingresos por depósitos en su cuenta bancaria, que no corresponden a registros de su contabilidad que estaba obligada a llevar, por un importe de **********, por el ejercicio de dos mil dos, ya que el acreedor registrado manifestó no haber realizado ningún préstamo a la contribuyente, por lo cual llevó a cabo la presunción de esos ingresos, con fundamento en el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación vigente en el dos mil dos. En el juicio de nulidad, el actor sostuvo como argumento principal, en síntesis, que era inaplicable el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, porque la presunción se actualiza cuando los depósitos de las cuentas de cheques, no se encuentran relacionados en la contabilidad del contribuyente, lo cual no aconteció en el caso, porque sus depósitos sí estaban registrados, pero que la demandada estableció esa presunción porque no le exhibió los documentos inherentes a los depósitos provenientes de un tercero. La Sala Fiscal calificó de infundado este argumento, al considerar que no bastaba que la contribuyente asentara en sus registros contables los depósitos en cantidad de **********, que precisó, fueron préstamos realizados por **********, sino que además era indispensable que demostrara lo registrado a través de la documentación respectiva, con la cual justificara el origen de esos depósitos, a fin de no considerarlos como ingresos gravables, por la presunción legal que emerge del artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, manifiesta la quejosa en el primer concepto de violación, en resumen, que de manera ilegal la responsable reconoció la validez del acto impugnado, al declarar infundado el agravio en el que sustancialmente se expuso que la auditora vulneró el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, porque este precepto no prevé la determinación presuntiva, consistente en que los depósitos en cuentas bancarias que sí estén relacionados en la contabilidad que el contribuyente esté obligado a llevar, se considerarán ingresos por los cuales se deba pagar contribuciones, y que ello sólo sería factible, en caso de que se reformara la ley. Estos conceptos de violación son fundados, atendiendo a la causa de pedir, pues de tales manifestaciones se advierte la pretensión de la quejosa, de insistir en la inaplicabilidad en el caso, del contenido del artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en cuanto prevé la presunción de ingresos omitidos. En ese sentido, se estima incorrecto que la Sala considerara legal el proceder de la demandada, porque el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, sólo prevé la posibilidad de presumir como ingresos los depósitos que no estén registrados en la contabilidad, mas no aquellos que sí lo estén. Para mayor precisión de lo expuesto, se transcribe el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, que establece: (se transcribe). Del precepto transcrito, se colige que las autoridades fiscales pueden presumir, salvo prueba en contrario, que el contribuyente ha obtenido ingresos por los que debe pagar contribuciones, si constata la existencia de los depósitos realizados en su cuenta bancaria, que no estén registrados en la contabilidad que está obligado a llevar. Así, opuesto a lo determinado por la responsable, del artículo examinado no se advierte que esa presunción opere por el solo hecho de que el contribuyente omita exhibir la documentación que respalde los registros de su contabilidad, aun cuando los depósitos respectivos se encuentren reflejados en la contabilidad o que correspondan a tales registros, sino que dicha figura jurídica se actualiza, exclusivamente, cuando los depósitos que aparezcan en la cuenta bancaria del causante, no correspondan a sus asientos contables o no se encuentren registrados en ellos. En efecto, la presunción con que cuenta la autoridad fiscal conforme al artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, queda limitada al hecho que en la contabilidad de la contribuyente no aparezcan registrados los depósitos verificados en su cuenta bancaria, por lo que dicha presunción no abarca el supuesto de que los depósitos observados se encuentren registrados, ni por ende, llega al extremo de exigir que se cuente con la documentación soporte del registro contable, pues dicha disposición únicamente permite presumir como ingresos por los que deben pagarse contribuciones, aquellos depósitos bancarios que no estén vinculados a la contabilidad del contribuyente, ya que se reitera, la presunción opera sobre depósitos no registrados o ajenos a la contabilidad del causante. Sin que obste para la anterior conclusión, el hecho que la responsable haya invocado los artículos 28 del Código Fiscal de la Federación y 26 fracción I, de su reglamento, para fundar su determinación; porque si bien tales preceptos obligan al contribuyente a llevar la contabilidad y registrar cada una de las operaciones que realice en el ejercicio respectivo, no debe perderse de vista que la figura jurídica de la presunción prevista en el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, se actualiza cuando el contribuyente omite registrar en su contabilidad los depósitos bancarios, por lo que se presumen como ingresos acumulables que modifican positivamente su patrimonio o el valor de los actos o actividades por los que tendría que pagar el tributo respectivo. En tal virtud, este tribunal no comparte el criterio invocado por la responsable, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la tesis III.1o.A.81 A, publicada en la página 694 del Tomo XIII, junio de 2001, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el texto: ‘CONTRIBUYENTES. LOS REGISTROS EN LA CONTABILIDAD QUE ESTÁN OBLIGADOS A LLEVAR, DEBEN ESTAR APOYADOS CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, POR LO QUE SI ÚNICAMENTE OBRAN AQUÉLLOS OPERA LA PRESUNCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe). Se estima lo anterior, en razón de que dicho criterio prevé la posibilidad de que la presunción en comento, se actualiza aun cuando los depósitos bancarios observados se encuentran registrados, pues señala que en tal caso es indispensable que se respalden debidamente en la contabilidad del contribuyente; criterio que no se comparte, dado que ello es una circunstancia que no prevé el artículo 59, fracción III, del código tributario, pues este órgano colegiado estima que la presunción únicamente se puede aplicar, cuando los depósitos bancarios no se encuentren registrados o no corresponden a la contabilidad del causante. Además, no se estima jurídicamente posible establecer esa carga adicional al causante, a fin de que se estime actualizada la presunción en comento, ya que en términos de lo dispuesto por el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, las disposiciones que establecen cargas a los particulares, como son aquellas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, así como sus excepciones, son normas de aplicación estricta. Por ende, si la presunción de ingresos omitidos por los que deben pagarse contribuciones, que prevé el referido artículo 59, fracción III, implica un aumento en la base gravable del tributo, es inconcuso que no es jurídicamente posible establecer una carga adicional que expresamente no prevé la disposición, como tampoco puede interpretarse que esa sea su finalidad, por lo que tal requisito adicional a que alude el criterio que no se comparte, no se considera que puede resultar de la interpretación de la multicitada disposición; ello, en razón de que no se desentraña su verdadero contenido, sino que se adiciona un requisito que no prevé, para que pueda operar la presunción de ingresos. Lo anterior, sumado al hecho de que la exposición de motivos de la reforma efectuada a la fracción III del artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, no establece que esa sea la finalidad de la presunción de ingresos que contempla, como tampoco se advierte ello de su anterior redacción, que precisamente establecía que: (se transcribe). Por esas razones, se concluye que si la premisa fundamental de la norma en estudio, a fin de que pueda llevarse a cabo la presunción de ingresos o el valor de actos o actividades, precisamente consiste en que los depósitos no hayan sido registrados en la contabilidad del causante revisado, es inconcuso que aquellos que sí se encuentren registrados, no son susceptibles de actualizar la referida hipótesis normativa; de ahí que por esas condiciones, no se comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Además, es conveniente destacar que en el caso sujeto a estudio, no se está en el supuesto de que el depósito realizado por la contribuyente, carezca de documentación; y, que no esté registrado en su contabilidad; sino que de acuerdo a la auditoría practicada por la autoridad demandada, se detectó el depósito en la cuenta de la causante, y después que se analizó la documentación comprobatoria, la autoridad determinó que no era la idónea y que era insuficiente, lo cual es una circunstancia que no actualiza la presunción destacada. Por ello, el criterio que se sostiene no significa que puedan estimarse como depósitos registrados, aquellos que carezcan de toda documentación o soporte contable, a fin de que no opere la presunción analizada; sino que propiamente se establece que dicha figura jurídica no se actualiza, cuando el depósito bancario aparezca registrado y sustentado con cierta documentación, con independencia de que ésta posteriormente se desestime por la autoridad o no se considere idónea, pues se reitera, el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, no contempla dicho supuesto para presumir que tales depósitos correspondan a ingresos por los que deben pagarse contribucione
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22299-a6ab020e/presuncion-de-ingresos-establecida-en-el-articulo-59 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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