Corpus
Modo: Corpus Pro

REVOCACIÓN. EL RECURSO PREVISTO CONTRA LOS ACTOS REFERIDOS EN EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 117 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PROCEDE INDEPENDIENTEMENTE AL DEL INCISO B) DE DICHA FRACCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 29 DE JUNIO DE 2006).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 110/2010. · Registro digital (IUS): 22381
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN Y PRIMERO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, , Pág. 1172.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 110/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN Y PRIMERO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIA: PAOLA YABER CORONADO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia administrativa, de la especialidad de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues fue denunciada por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Boca del Río, Veracruz, en representación de uno de los órganos emisores de los criterios en contienda.

TERCERO. -En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe prevalecer.

Para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados al resolver los asuntos materia de la denuncia hayan:

1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.

Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a la existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.

En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis aislada que a continuación se cita:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXX, julio de 2009

"Tesis: P. XLVI/2009

"Página: 68

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). -De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impide su resolución.

"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala."

CUARTO. -A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es conveniente conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las resoluciones respectivas.

I. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Boca del Río, Veracruz.

El ocho de febrero de dos mil diez, al resolver el amparo directo 691/2009, sostuvo lo siguiente:

"QUINTO. ... De lo hasta ahora expuesto se advierte que la materia de la decisión de este Tribunal Colegiado, en el caso concreto, se ciñe en dilucidar, si el requerimiento de pago o mandamiento de ejecución, cuando se alegue que el crédito se encuentra prescrito, es impugnable a través del recurso de revocación o del juicio contencioso administrativo hasta que se publique la convocatoria de remate, en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, o si dicho acto puede combatirse de manera autónoma e independiente, esto es, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que surtió efectos su notificación. -Para estar en posibilidad de resolver la cuestión así planteada, es necesario imponerse del contenido de los artículos 116, 117, fracción II, incisos a) y b), 120, 121, párrafo primero, 127 y 145, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, los que a la letra disponen: (se transcribe). -Con el propósito de desentrañar el verdadero contenido y alcance de las disposiciones legales antes transcritas, es necesario imponerse de las razones que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró para resolver la contradicción de tesis 197/2008, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. -‘QUINTO. A fin de establecer el criterio que debe prevalecer en el caso se hará referencia, en primer lugar, a la tesis de jurisprudencia 109/2005, establecida por esta Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 76/2005-SS; posteriormente, se tratará la reforma del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación y, finalmente, se analizarán en su conjunto los artículos 117, fracción II, inciso b) y 120 del mismo ordenamiento, en relación con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. -I. Contradicción de tesis 76/2005-SS y jurisprudencia 109/2005. En la parte que interesa, la ejecutoria indicada, emitida el veinticuatro de agosto de dos mil cinco, bajo la ponencia del Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, sostuvo: «Ahora bien, para determinar si los actos que se susciten dentro de la tramitación del procedimiento administrativo de ejecución, como son el requerimiento de pago, diligencia de embargo y acta de descripción de los bienes embargados, son impugnables a través del juicio de nulidad, se hace necesaria la transcripción de los artículos 116, 117, 120 y 127 del Código Fiscal de la Federación, así como el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los cuales son del tenor siguiente: (se transcribe). -Como se puede advertir del texto del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dicho tribunal tendrá competencia para conocer de los juicios de nulidad que se promuevan contra las autoridades fiscales, en los términos precisados en cada una de sus fracciones, siempre y cuando tales actos tengan el carácter de definitivos. -En el propio precepto se señala que se entenderán como definitivas, las resoluciones que no admitan recurso administrativo o cuando la interposición del recurso sea optativo. -Por su parte, del texto del artículo 120 del Código Fiscal de la Federación, aparece que la interposición del recurso de revocación será optativo para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. -Ahora bien, para la materialización del caso de procedencia del medio de defensa contenido en la fracción I del artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, se exige el requisito de definitividad, lo cual desde luego no sucede en lo que respecta a la fracción II del propio precepto legal, ya que en esta fracción se hace alusión a la procedencia del recurso de revocación en lo que respecta a los actos de autoridades fiscales federales dentro del procedimiento administrativo de ejecución. En efecto, en la fracción II, inciso a), del artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, se establece la procedencia del recurso administrativo en contra del requerimiento de pago que se prevé en el artículo 145 del ordenamiento referido. Por su parte, el propio artículo 117, en su fracción II, inciso b), establece que procede el recurso de revocación contra los actos de autoridades fiscales federales que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley. -De lo anterior aparece que si bien es cierto, en términos de la fracción I del artículo 117 antes referido, se exige que para que proceda el recurso de revocación, la resolución relativa debe tener el carácter de definitiva, no es menos cierto que por lo que respecta a los actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, comprendidos en la fracción II, inciso b), no se exige tal requisito, con la aclaración que dentro de tales actos no puede ubicarse al requerimiento de pago, ya que tal acto debe entenderse que queda comprendido en el inciso a) de la aludida fracción II del mencionado artículo 117. -En otro orden de ideas, debe destacarse que en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, resulta procedente el recurso de revocación como acto independiente, aun cuando forme parte del procedimiento administrativo de ejecución, ya que tal precepto establece el plazo para su interposición a partir del día siguiente al en que se haya realizado el embargo; sin perjuicio de que en contra de los demás actos que conforman dicho procedimiento resulte procedente el recurso de revocación, cada vez que se considere violada la ley, por así permitirlo el artículo 117, fracción II, antes citado. -De lo antes expuesto, se evidencia que en la fracción II, inciso b), del artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, se establece la procedencia del recurso de revocación en contra de los actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que no se han ajustado a la ley. -De igual manera aparece que resulta procedente el recurso de revocación en contra del embargo, como acto independiente, en términos de lo establecido por el artículo 127 del propio ordenamiento legal. -Atento lo anterior, es indudable que sí es posible combatir cada uno de los actos que se lleven a cabo dentro del procedimiento administrativo de ejecución de manera independiente, no obstante que no tengan el carácter de definitivos como lo exige el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que tales actos no se encuentran sujetos a tales exigencias, y sólo bastará para su impugnación que se cometan en el procedimiento administrativo de ejecución. -Desde luego debe destacarse que si el recurso de revocación a que se ha hecho mérito, conforme a lo dispuesto por el artículo 120 del código de la materia, es optativo para el contribuyente, antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es indudable que de la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 117, fracción II, 120 y 127 del Código Fiscal de la Federación, y 11, penúltimo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los actos a que se refiere el procedimiento administrativo de ejecución pueden válidamente impugnarse a través del recurso de revocación o en su caso a través del juicio de nulidad ante tal tribunal, dado que se trata de actos en contra de los cuales procede el recurso administrativo, pero su interposición ante la propia autoridad fiscal resulta optativo (sic) para el interesado ...». -De dicho fallo derivó la tesis de jurisprudencia 109/2005, que dice: (se transcribe) . -La ejecutoria y tesis de jurisprudencia referidas permiten apreciar las razones sostenidas por esta Segunda Sala en relación con la procedencia del juicio de nulidad contra violaciones cometidas en el procedimiento administrativo de ejecución por autoridades hacendarias, a propósito de lo cual se examinaron disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que datan de antes del veintiocho de junio de dos mil seis, en que fue reformado el artículo 127 del primero de los ordenamientos citados. ... Así, la interpretación realizada por esta Segunda Sala de los numerales anteriormente citados produjo efectos específicos sobre el problema jurídico examinado, delimitado, en este caso, por la temporalidad o vigencia de las normas, en particular del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, como se sostiene en la tesis de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: (se transcribe). -Luego, es claro que la tesis de jurisprudencia 109/2005 de esta Segunda Sala vino a crear certeza y seguridad jurídica en torno de la cuestión de si era o no procedente el juicio de nulidad contra los actos del procedimiento administrativo de ejecución a la luz de las normas jurídicas que interpretó en su conjunto y a las que dio el correcto alcance. De esta manera, siendo determinante en el caso el supuesto del artículo 127 del código tributario federal anterior al veintiocho de junio de dos mil seis, no hay duda de que los efectos de la jurisprudencia indicada tuvieron el alcance del precepto hasta antes de su reforma, que establecía lo siguiente: (se transcribe). De tal numeral y de los examinados en su conjunto, este cuerpo colegiado derivó el criterio jurisprudencial a prevalecer, cuyos efectos y alcances obligatorios quedaron limitados a la vigencia del precepto primario y a la subsistencia del supuesto regulado. -II. Reforma del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación de veintiocho de junio de dos mil seis. -Con fecha dieciocho de abril de dos mil seis, la Cámara de Diputados, constituida como Cámara de Origen, formuló un dictamen con motivo de diversas iniciativas de reformas y, en lo que atañe al artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, expresó: (se transcribe). -En la misma fecha, estando a discusión el dictamen de referencia, la Cámara de Diputados señaló: (se transcribe) . ... La reforma del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, en los términos aprobados por el Congreso de la Unión, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de dos mil seis, quedando en la forma siguiente: (se transcribe). Tales elementos del proceso legislativo permiten apreciar que el primer párrafo del indicado precepto sufrió un cambio radical en lo que respecta a la procedencia del recurso de revocación en contra de las violaciones cometidas en el procedimiento administrativo de ejecución hasta antes del remate, como se expresó en las Cámaras de Origen y Revisora. -Efectivamente, la norma quedó en los indicados términos, habiéndose modificado la oportunidad y procedencia del recurso de revocación. La intención de la reforma legislativa es clara: «las violaciones cometidas antes del remate sólo se podrán hacer valer hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, dentro de los diez días siguientes a dicho evento.». -La reforma de mérito, sin duda alguna, vino a modificar la procedencia del recurso administrativo respecto a dichas violaciones, a diferencia d

l tratamiento dado a las mismas por el texto anterior del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación. En este orden de ideas, sin mayor dificultad pueden obtenerse las siguientes conclusiones: 1a. La tesis de jurisprudencia 109/2005 de esta Segunda Sala es aplicable al caso específico a que se refieren las disposiciones interpretadas, esto es, a la procedencia del juicio de nulidad en contra de las violaciones cometidas durante el procedimiento administrativo de ejecución, dadas dos condiciones fundamentales: a) la naturaleza de definitivos que tenían dichos actos; y, b) por ser opcional el recurso de revocación. 2a. La tesis jurisprudencial mencionada, sin embargo, ya no es aplicable al supuesto derivado del reformado artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, que previene una situación distinta sobre la procedencia del recurso de revocación tratándose de violaciones cometidas en el procedimiento administrativo de ejecución antes del remate, como se verá en el epígrafe siguiente. -III. La reforma del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, ¿trasciende al juicio de nulidad respecto de las violaciones del procedimiento administrativo de ejecución, aunque no se hayan reformado los artículos 116, 117, fracción II, inciso b) y 120 del mismo ordenamiento?--En principio, es cierto que al veintiocho de junio de dos mil seis, en que se publicó la reforma de la norma mencionada, no se habían reformado los otros numerales, que disponen: (se transcribe). -Dichos preceptos son los mismos que analizó este cuerpo colegiado al resolver la contradicción de tesis 76/2005-SS ... de lo cual pudiera resultar, como una primera premisa de esta resolución, que si en aquella ejecutoria se interpretaron las normas reproducidas, junto con el artículo 11 (hoy 14) de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación (que regula lo relativo al recurso de revocación), para establecer la procedencia del juicio de nulidad, también puede usarse la misma metodología de interpretación para examinar el tema que interesa a este expediente, que es esencialmente igual, pues lo que importa establecer ahora es si la reforma del citado precepto incide en la procedencia o improcedencia del juicio de nulidad contra las violaciones cometidas durante el procedimiento administrativo de ejecución hasta antes del remate. -La respuesta afirmativa a lo anterior no se ve obstaculizada por la circunstancia de que solamente se haya reformado un artículo, o que el texto del 11 de la ley orgánica mencionada ahora se encuentre en el artículo 14 de la actual ley orgánica, puesto que la reforma del artículo 127 fue en relación con un supuesto que resulta determinante en la interpretación a que se pueda arribar. ... Como se ve, los supuestos de este conjunto de disposiciones son los mismos, a modo tal que es razonable su análisis sistémico en este nuevo problema jurídico, pues la reforma que incide en el recurso de revocación determina la procedencia del juicio de nulidad respecto de las violaciones del procedimiento administrativo de ejecución. -Así, en principio, es de notarse que de acuerdo con el artículo 14 de la ley orgánica, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa procede, entre otros casos, contra resoluciones definitivas, las que, conforme al párrafo también reproducido, son aquellas (sic) que: 1) no admiten recurso administrativo en su contra; y, 2) admiten recurso administrativo pero su interposición es opcional. -Es claro que la definitividad de las resoluciones es concluyente para la procedencia del juicio de nulidad, ya que el procedimiento contencioso federal sólo se activa cuando se reúne el carácter definitivo de la resolución impugnada que, en la especie, se actualiza en los dos supuestos establecidos por el legislador, condición que, como se advierte de la norma, no radica en la inimpugnabilidad absoluta del acto o resolución, pues uno de los casos que torna definitiva la decisión es la opcionalidad del recurso administrativo. -Ahora, por lo que hace al recurso de revocación, el artículo 120 del Código Fiscal de la Federación dispone que su interposición es optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. La norma, como es de notarse, implica la regla de que todo acto o resolución que sea impugnable mediante el recurso de revocación, de suyo tendrá el carácter de definitiva para efectos del juicio de nulidad. -Teniendo en cuenta lo anterior y relacionándolo con el artículo 117, fracción II, incisos a) y b), del código mencionado, podría muy bien interpretarse en el sentido de que el recurso de revocación es procedente contra el requerimiento de pago y todos aquellos actos del procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley; procedencia que, sin embargo, está sujeta a la condición de que los actos correspondientes que se estimen violatorios del procedimiento sean ‘definitivos’, esto es, a que siendo impugnables mediante el recurso administrativo, su interposición sea optativa. Es el caso que en términos del reformado artículo 127 del código tributario federal, el recurso de revocación podrá hacerse valer, tratándose de violaciones ocurridas en el procedimiento administrativo de ejecución antes del remate, hasta que se publique la convocatoria de remate, contando para ello con un plazo de diez días hábiles a partir de tal publicación. Antes, por voluntad del legislador, el medio de defensa administrativo es improcedente; entonces, si no es procedente el recurso, menos puede decirse que sea opcional, ya que la condición de opcionalidad es concomitante a la procedencia. -No podría sostenerse válidamente que «las violaciones del procedimiento administrativo de ejecución son impugnables y que la norma sólo retrasa el momento», para justificar la procedencia del juicio de nulidad en contra de tales actos, habida cuenta que la expresión usada por el legislador «las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento ...’», debe entenderse, como se dijo en la exposición de motivos, de que «sólo se podrán impugnar ...». Como se aprecia, la nueva voluntad legislativa es respecto a la impugnabilidad de dichas violaciones mediante el recurso de revocación, por constituir actos que guardan unidad con la convocatoria de remate. -La intención objetiva de la norma fue quitarle a las violaciones del procedimiento administrativo de ejecución la naturaleza de actos autónomos, como lo establecía la disposición anterior, de tal modo que a la luz de la nueva normatividad dichos actos son impugnables al mismo tiempo que se cuestione la convocatoria de remate. En otro sentido, por no ser actos autónomos todos aquellos (sic) que se concretan hasta antes del remate, no son impugnables -por sí solas- mediante el recurso de revocación, lo cual trae como consecuencia lógica y jurídica, desde luego, que el juicio de nulidad no proceda en contra de las violaciones del referido procedimiento administrativo. -Ello queda más de manifiesto si se toma en cuenta que al ser inimpugnables en sede administrativa las violaciones de que se trata, no puede cubrirse la exigencia del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consistente en que los actos o resoluciones son definitivas cuando no son impugnables o cuando siéndolo, el recurso es opcional. Es claro que de ninguna forma se cumple con tal exigencia en lo que atañe a las violaciones del procedimiento administrativo de ejecución, ya que no siendo recurribles, no puede ser opcional la interposición del recurso administrativo; por ende, no constituyen actos o resoluciones definitivas. -Lo hasta aquí expuesto tiene que ver con el establecimiento en el primer párrafo del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación de una regla que puede entenderse como general en lo que atañe a la inimpugnabilidad de las violaciones cometidas antes del remate, sin que pase por alto que la misma disposición señala: ‘salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material’, en los que opera una regla distinta o de excepción, ya que el plazo para presentar el recurso se contará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo. En estos últimos supuestos no será necesario esperar a la publicación de la convocatoria de remate para interponer el medio de defensa, además de que siendo procedente el recurso de revocación, se actualizará la hipótesis del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, esto es, que los actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material adquirirán la naturaleza de ‘definitivos’ por ser opcional la interposición del recurso administrativo, resultando, por tanto, procedente el juicio de nulidad en su contra.’. -Dicha ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 18/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos cincuenta y uno, Tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: (se transcribe). De lo considerado por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal, al resolver la citada contradicción de tesis, se desprenden las siguientes conclusiones: a) El requerimiento de pago, la diligencia de embargo y el acta de descripción de los bienes embargados forman parte del procedimiento administrativo de ejecución. b) La fracción II del artículo 117 del Código Fiscal de la Federación establece la procedencia del recurso de revocación respecto de los actos de autoridades fiscales federales dictadas dentro del procedimiento administrativo de ejecución. c) La fracción II, inciso a), del artículo 117 del Código Fiscal de la Federación establece la procedencia del recurso de revocación en contra del requerimiento de pago, previsto en el artículo 145 del propio código tributario. d) La fracción II, inciso b), del artículo 117 del Código Fiscal de la Federación establece la procedencia del recurso de revocación en contra de los actos de autoridades fiscales federales que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que no se han ajustado a la ley. e) Dentro de los actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución a que se refiere la fracción II, inciso b), del artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, no puede ubicarse el requerimiento de pago, pues éste queda comprendido en el inciso a), de la aludida fracción y precepto. f) Conforme a lo dispuesto por el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación antes de su reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de dos mil seis, era posible combatir, a través del recurso de revocación o del juicio de nulidad, por ser optativa la interposición de dicho recurso, cada uno de los actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución y de manera independiente, bastando para ello que se cometieran dentro de dicho procedimiento. g) En la ejecutoria derivada de la contradicción de tesis 76/2005, que dio origen a la jurisprudencia 109/2005, se resolvió respecto de la procedencia del juicio de nulidad contra violaciones cometidas en el procedimiento administrativo de ejecución

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22381-5a10f0f8/revocacion-el-recurso-previsto-contra-los-actos-referidos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.