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Modo: Corpus Pro

SEGURO SOCIAL. EL SALARIO PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 250 SEMANAS DE COTIZACIÓN, BASE PARA CUANTIFICAR LAS PENSIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, TIENE COMO LÍMITE SUPERIOR EL EQUIVALENTE A 10 VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, ACORDE CON EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 143/2010. · Registro digital (IUS): 22380
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCER Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, , Pág. 1262.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 143/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCER Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIO: LUIS JAVIER GUZMÁN RAMOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral, cuya especialidad corresponde a esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis de que se trata proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por lo que en términos del artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo está facultado para denunciar la posible contradicción de criterios.

TERCERO. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo criterio se denuncia como contrario al sostenido por el tribunal mencionado anteriormente, al resolver el amparo directo DT. 482/2008, promovido por el **********, en la parte que interesa determinó:

"QUINTO. El estudio de los conceptos de violación conducen (sic) a determinar lo siguiente. Aduce, sustancialmente, el quejoso que es incorrecta la determinación de la Junta de cuantificar la pensión de vejez a la que se condenó con el salario de $**********, toda vez que éste supera las diez veces el salario mínimo vigente en el año dos mil tres, que correspondía a $**********; lo que transgrede lo dispuesto en el artículo 33 de la anterior Ley del Seguro Social. El concepto de violación es fundado. Esto es así, toda vez, que como bien afirma el impetrante, la Junta, respecto a la cuantificación de la condena de la pensión de vejez a la que condenó, establece lo siguiente: ‘... promedio de cotización que multiplicada por el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización que asciende a $************ da un total de $************ diarios de pensión en la fecha de pago de la pensión, esto es el 1 de junio de 2003, cantidad que se otorga al 100% por tener cumplido el actor los 65 años de edad y cumplió con los requisitos establecidos por la Ley del Seguro Social en su artículo 146. Condenándose al demandado instituto a pagarle a la actora la cantidad de $************ por 214 días de pensión por el lapso comprendido del 1o. de junio de 2003 (fecha de pago de la pensión) al 31 de diciembre de 2003.’ (foja ciento noventa y nueve). De lo anterior se desprende, que efectivamente la Junta cuantifica la condena de la pensión de vejez con el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, que fue demostrado en autos, y que corresponde a la cantidad de $**********. Ahora bien, asiste razón al quejoso al señalar, que si bien es cierto la pensión de vejez se cuantifica con el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, también lo es, que se debe observar lo dispuesto en el artículo 33 de la anterior Ley del Seguro Social, que a la letra dice: ‘Artículo 33.’ (se transcribe). Como se ve, dicho precepto establece que el límite para establecer el pago de los seguros de vejez, será el equivalente a diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. En esta tesitura se tiene que, si la Junta determina que el pago de la pensión de vejez debe pagarse a partir del primero de junio de dos mil tres, y el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a esa fecha corresponde a la cantidad de $**********. Es dable concluir, atendiendo al artículo 33 de la anterior Ley del Seguro Social, que el límite para establecer el pago de este seguro corresponderá a diez veces dicho salario mínimo, esto es, a $**********; cantidad que resulta inferior a los $********** que tomó en cuenta la responsable para cuantificar. En tal virtud, de acuerdo con lo que se ha visto en párrafos precedentes, en el caso, el salario con el que cuantificó la responsable la condena del pago de la pensión de vejez, transgrede lo estipulado en el artículo 33 de la anterior Ley del Seguro Social; por tanto su proceder se considera violatorio de garantías. En consecuencia, lo que procede es conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado, y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, cuantifique la pensión de vejez a la que condenó, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 33 de la anterior Ley del Seguro Social; hecho que sea resuelva lo que en derecho proceda. La concesión de amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados del presidente y actuario de la Junta responsable, toda vez que no se combatieron por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 102, consultable en la página sesenta y seis del Tomo VI, Materia Común, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.’ ..."

CUARTO. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DT. 50/2010, promovido por el **********, en la parte que interesa determinó:

"QUINTO. El estudio de los conceptos de violación, conduce a este Tribunal Colegiado a determinar lo siguiente: ... Por otro lado, en parte del segundo concepto de violación, el organismo quejoso se duele de que la responsable emitió un laudo violatorio de garantías porque omitió observar que la ley del organismo de seguridad social demandado, se encuentra regida por el principio de estricto derecho, con lo cual estaba obligada a aplicar lo establecido en el artículo 33 de dicho ordenamiento, en el sentido de que, tratándose del seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, el límite superior con el cual serían inscritos en el régimen obligatorio los asegurados, era el equivalente a diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por lo que, dice, si el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización ($**********) excedía de diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal ($**********), la responsable tuvo la obligación de ajustar el salario promedio de las 250 últimas semanas a dicha limitante. Lo que así se alega deviene infundado. El precepto legal a que se refiere el quejoso dispone: ‘Artículo 33.’ (se transcribe). Cabe destacar que de la exposición de motivos de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, en relación a dicho numeral se lee: ‘... De las bases de cotización y de las cuotas. En virtud de que el sistema del Seguro Social se sustenta económicamente en las cuotas y contribuciones que cubren los patrones y otros sujetos obligados, los asegurados y el Estado, reviste particular importancia toda la regulación que se establezca en esta materia, habida cuenta de que la institución está obligada a conservar el equilibrio financiero en todos sus ramos de seguro en operación. La dinámica de ingresos y cotizaciones es la fórmula más apropiada en los seguros sociales y es también la base de toda proyección futura. De aquí la importancia de mantener una permanente correspondencia entre los salarios e ingresos de los asegurados y las cotizaciones a que están obligados junto con los patrones. La iniciativa determina que tanto para el pago de las cuotas, como para el reconocimiento de derechos y el otorgamiento de las prestaciones en dinero, el salario es la base de cotización. En consecuencia, para lograr una mejor recaudación en beneficio de los propios trabajadores, cuyas prestaciones económicas están en relación con aquélla, se precisa con claridad cuáles son los elementos que la integran. El artículo 33 modifica la tabla de cotización al suprimir grupos que en relación al actual índice nacional de salarios resultan inoperantes y crea, al mismo tiempo, el grupo ********** para comprender salarios superiores a $********** diarios, fijando un límite superior para este grupo equivalente a diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Mediante este tope móvil, que implica el aumento gradual de las cotizaciones, se evitan los inconvenientes de la súbita apertura de grupos de cotización y, al mismo tiempo, se hace posible el periódico y sistemático ajuste de las prestaciones económicas de los asegurados en función de sus ingresos reales. Además, el instituto obtiene un financiamiento dinámico, acorde con la movilidad de los salarios, pudiendo canalizar oportunamente mayores recursos para el cumplimiento de sus fines, modificándose así definitivamente, un sistema de cotización que obligó a diversas reformas a la ley. Se dispone que los trabajadores inscritos en el grupo ********** cotizarán y recibirán prestaciones económicas a base de porcentajes calculados sobre su salario registrado. Se precisan los criterios para determinar el grupo a que pertenece el asegurado y la forma en que deben cubrirse las cuotas atendiendo a los días de salario percibido, a la naturaleza fija o variable de éste y a algunas otras características del trabajo o de la retribución ...’. Por su parte, el diverso artículo 167 de la ley de la materia que tomó en consideración la responsable para calcular el monto de la condena relativa al pago de la pensión de cesantía, dispone la forma en que deberán cuantificarse las pensiones, pues al efecto prevé: ‘Artículo 167.’ (se transcribe). En relación con el tope de la pensión de cesantía, el diverso numeral 169 del mismo ordenamiento, estatuye: (se transcribe). De la interpretación de los artículos en cita y atento a la exposición de motivos transcrita se destaca que el espíritu del legislador al establecer el límite superior de diez salarios mínimos a que se hace referencia en el artículo 33 de la abrogada Ley del Seguro Social, para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, atiende al equilibrio financiero que debe existir entre los salarios e ingresos de los asegurados y las cotizaciones a que están obligados junto con los patrones; y, en ese sentido, el artículo 167 de la misma ley, establece las bases para el cálculo de dichas pensiones de referencia, del que se advierte que, para cuantificar las pensiones anuales, se tomarán en cuenta dos factores: a) Cuantía básica; e b) Incrementos anuales computados de acuerdo con el número de cotizaciones semanales reconocidas al asegurado con posterioridad a las primeras quinientas semanas de cotización. Aunado a lo anterior, la cuantía básica junto con los incrementos se calculará de acuerdo a la tabla que se encuentra en el artículo 167, tomando como base el salario diario promedio que corresponde a las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización; y, en términos del artículo 169, el monto de la pensión no excederá del cien por ciento del salario promedio que sirve de base para fijar la cuantía de la pensión, esto es el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización. Así tenemos que para calcular la cuantía básica y determinar el monto de la pensión correspondiente, la autoridad deberá convertir el salario promedio de cotización de las últimas doscientas cincuenta semanas, en veces el salario mínimo, con la finalidad de ubicar el porcentaje de la cuantía básica que ha de considerarse para establecer el monto de la pensión anual, en términos de la tabla que destaca el propio artículo 167, el cual, en su caso, no podrá ser superior al ciento por ciento del salario promedio de referencia (el de las últimas 250 semanas de cotización). Ahora, en lo que interesa, el aludido artículo 167 en cuestión, pone de relieve que la cuantía básica considerable para calcular la pensión correspondiente, en ningún caso podrá exceder del 13%, partiendo del supuesto de que ésta corresponderá a cualquier salario base de cotización que, convertido en veces el salario mínimo equivalga a: ‘6.01 a límite superior establecido.’. Por su parte, si bien la leyenda ‘límite superior establecido’, que contiene la tabla del multicitado artículo 167 de la anterior Ley del Seguro Social, está relacionado con lo dispuesto por el artículo 33 del mismo ordenamiento que, en relación a las bases de cotización y de las cuotas, establece que tratándose de seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, el límite superior de cotización será el equivalente a diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, ello debe entenderse aplicable únicamente para efectos de establecer las bases de cotización y cuotas, atento a los salarios e ingresos de los asegurados y las cotizaciones a que están obligados junto con los patrones, pues de no tener en cuenta la aplicabilidad de dicho artículo, en los términos expuestos, dicha disposición contravendría lo regulado en el primer párrafo del propio artículo 33, que estatuye un límite superior de cotización de veinticinco veces el salario mínimo, en relación con el numeral 169 de la misma ley, que otorga el beneficio de percibir la pensión de cesantía hasta por el cien por ciento del salario promedio que sirvió de base para fijar la cuantía básica de esa gratificación, el cual, en atención a lo dispuesto por el artículo 167 corresponde al de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización. De ahí que resulte infundado el concepto de violación que aduce el quejoso, en el sentido de que si el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización excede de diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la responsable tiene la obligación de ajustar el salario promedio de las 250 últimas semanas a dicha limitante y considerar que la pensión del asegurado debió partir de la base de diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; ya que, se insiste, el artículo 33 que contiene el tope a que se refiere el quejoso, regula lo relativo al máximo de cotizaciones con que el ********** ha de registrar a los asegurados; siendo el caso que los diversos numerales 167 y 169 son los que reglamentan lo concerniente a las cuantificaciones y límites de las pensiones; amén de que ninguna de las disposiciones de referencia, obliga a la autoridad a que ajuste el salario promedio de cotización de las últimas doscientas cincuenta semanas a la limitante establecida en el artículo 33 en cita, sino que sólo lo refiere. Además, si se tratara de establecer un tope, de acuerdo a la cotización de los diez salarios mínimos, sería necesario que el ********** hubiere demostrado que, para el rubro que nos ocupa, se cotizó de la manera prevista en el multicitado artículo 33, lo cual no obra en autos. Consecuentemente, si la responsable tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 167 de la Ley del Seguro Social aplicable al caso concreto cuantificó la pensión a que se hizo acreedor el quejoso e, incluso, consideró la cuantía básica que refiere la tabla del mismo precepto, en relación con el límite superior establecido en la aludida disposición, relativa al ‘Grupo de salario en veces el salario mínimo general para el D.F.’, que nunca excederá del 13%, el cual fue tomado en consideración en el aludido cálculo; es inconcuso que, conforme a las consideraciones expuestas, la autoridad no atentó contra lo dispuesto por el artículo 33 de la ley de la materia, sino, por el contrario, al haber cotizado el tercero perjudicado con cantidades superiores a los diez salarios mínimos, tendría derecho a que en aras del equilibrio financiero que originó la determinación del Constituyente, para la promulgación de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, su pensión se pague obedeciendo a dicha pensión. De ahí que no asista razón al quejoso y lo procedente sea negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados ..."

QUINTO. En principio es relevante precisar que es criterio del Pleno de este Alto Tribunal que para tener por configurada la contradicción de tesis, es innecesario que los elementos fácticos analizados por los Tribunales Colegiados contendientes sean idénticos, sino que lo trascendente es que el criterio jurídico establecido por ellas respecto de un tema similar sea discordante esencialmente.

Cabe advertir que la regla de mérito no es absoluta, pues el Tribunal Pleno dejó abierta la posibilidad de que previsiblemente cuando la cuestión fáctica analizada sea relevante e incida en el criterio al cual arribaron los Tribunales Colegiados contendientes, sin ser rigorista, es válido declarar la inexistencia de la contradicción de tesis denunciada.

Lo anterior, de acuerdo a las tesis siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXX, julio de 2009

"Tesis: P. XLVI/2009

"Página: 68

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXX, julio de 2009

"Tesis: P. XLVII/2009

"Página: 67

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."

Hechas las precisiones anteriores, conviene determinar los elementos fácticos y jurídicos que los tribunales contendientes consideraron en sus resoluciones respectivas.

I. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el amparo directo DT. 482/2008, promovido por el **********.

a) En el juicio laboral número 1022/2004, ********** demandó del **********, en esencia, el otorgamiento de la pensión de vejez, conforme a la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete.

b) En el laudo correspondiente, la Junta condenó al otorgamiento de la pensión de vejez, a partir del uno de junio de dos mil tres, y cuantificó su monto con el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, de ********** ($**********).

c) El Tribunal Colegiado sostuvo que si bien es cierto que la pensión de vejez se cuantifica con el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, también lo es que debe observarse lo dispuesto en el artículo 33 de la anterior Ley del Seguro Social, en tanto establece que "el límite para establecer el pago de los seguros de vejez, será el equivalente a diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal".

Luego determinó que si la pensión de vejez debía pagarse a partir del uno de junio de dos mil tres, fecha en que el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal era de ********** ($**********); entonces, atendiendo al artículo 33 de la citada ley, el límite para establecer el pago de esa pensión corresponde a ********** ($**********); cantidad que resulta inferior al salario de ********** ($**********), con el que se cuantificó la pensión.

II. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el amparo directo DT. 50/2010, promovido por el **********.

a) En el juicio laboral 1177/2005, ********** demandó del **********, en esencia, el otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada, conforme a la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete.

b) En el laudo reclamado, la Junta condenó al otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada, a partir del veintinueve de junio de dos mil cinco, y cuantificó su monto con el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, que asciende a la cantidad de ********** ($**********).

c) El Tribunal Colegiado consideró que el "espíritu" del legislador al establecer en el segundo párrafo del artículo 33 de la abrogada Ley del Seguro Social, el límite superior de diez salarios mínimos, para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, atendió al equilibrio financiero que debe existir entre los salarios e ingresos del asegurado.

Que el artículo 167 de la misma ley, refiere que la cuantía básica, junto con los incrementos de la pensión, se calculará tomando como base el salario diario promedio que corresponda a las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización; y que el numeral 169 señala que el monto de la pensión no excederá el cien por ciento del salario promedio que sirve de base para su cuantificación.

A partir de esos elementos, concluyó que el límite superior de diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, establecido en el segundo párrafo del artículo 33 para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, debe entenderse aplicable únicamente para determinar el tope máximo del salario base de cotización, pues de lo contrario se contravendría el primer párrafo de ese precepto, en tanto estatuye un límite superior de cotización de veinticinco veces el salario mínimo.

Además, refirió que los artículos 167 y 169 de la derogada Ley del Seguro Social son los que regulan lo concerniente a la cuantificación y límite de las pensiones, pero su contenido no obliga a la autoridad del trabajo a ajustar el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización a la limitante establecida en el citado artículo 33; pues para establecer el tope de diez salarios mínimos sería necesario que el ********** acreditara que en el rubro de cesantía en edad avanzada se cotizó de la manera prevista en este último precepto.

Conforme a lo anterior, se concluye que sí existe contradicción de criterios entre el Décimo Segundo y el Décimo Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

Esto es así, porque el primero de los órganos jurisdiccionales considera que el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, con que debe cuantificarse la pensión de vejez, no puede exceder el límite de diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, establecido en el segundo párrafo del artículo 33 para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte.

Mientras tanto, el segundo de ellos estima que el referido límite de diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, debe entenderse aplicable únicamente para determinar el tope máximo del salario base de cotización, pues de lo contrario se contravendría el primer párrafo del citado numeral, en tanto estatuye un límite superior de cotización de veinticinco veces el salario mínimo.

Por tanto, el problema de la contradicción de criterios que debe resolverse en la presente ejecutoria, consiste en determinar: si el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, con que deben cuantificarse las pensiones de invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, puede o no exceder el límite de diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, establecido en el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, para tales seguros.

No es obstáculo a lo anterior que en el asunto analizado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, la pensión reclamada al ********** haya sido de vejez, mientras que en el juicio laboral estudiado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, la pensión pretendida haya sido de cesantía en edad avanzada; porque ambas pensiones, junto con la de invalidez, se cuantifican con la misma base salarial, es decir, con el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización. De ahí que la solución que derive de la presente contradicción de criterios resultará aplicable a ambos casos.

SEXTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el crite

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22380-ee1cc336/seguro-social-el-salario-promedio-de-las-ultimas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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