CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO CONTRA NORMAS TRIBUTARIAS. NO PRIVA AL QUEJOSO DEL DERECHO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO POR VIRTUD DE LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS Y, EN SU CASO, IMPUGNAR LA NEGATIVA A TRAVÉS DE LAS VÍAS ORDINARIAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.
SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto, del Acuerdo Plenario 5/2001, en tanto que los asuntos de los que deriva el punto de contradicción son del orden administrativo, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos de lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el presidente de este Alto Tribunal.
TERCERO. Ante todo, es significativo tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados contendientes expusieron en las ejecutorias de las que derivaron los criterios presuntamente divergentes.
En ese sentido, debe señalarse que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el cinco de septiembre de dos mil siete, el amparo directo 211/2007, sostuvo, en lo conducente, lo siguiente:
"SEXTO. ... No obstante lo anterior, resultan esencialmente fundados los argumentos señalados con los incisos c) y d) en el primer concepto de violación, en los cuales la quejosa argumenta que los efectos y consecuencias que la responsable otorga a la caducidad prevista en el párrafo segundo del numeral en cuestión son incorrectos, ya que debe entenderse que ésta opera respecto de los procedimientos tendientes al cumplimiento de la sentencia y no existe disposición legal alguna que señale que tenga como objeto el que quede sin efectos la sentencia y todo lo actuado en juicio, con lo que se deja abierta la posibilidad de iniciar ante la autoridad encargada de dar cumplimiento a la ejecutoria, un procedimiento a efecto de buscar el cumplimiento de esa determinación, lo que le llevó a resolver incorrectamente la litis. Lo anterior queda dilucidado atendiendo a que en el estudio que realizó la Segunda Sala en la ejecutoria acabada de transcribir, se precisa que la finalidad de incluir la figura de la caducidad del procedimiento de ejecución de las sentencias de amparo en el numeral 113 de la ley que rige el juicio constitucional, es la salvaguarda de la seguridad jurídica y evitar la indefinición del derecho en nuestro país, ante la falta de interés de las partes en lograr el cabal cumplimiento de las sentencias protectoras que hubieren obtenido y, la consecuencia de esa inactividad procesal durante el tiempo que la propia ley señale, se traduce en la terminación del procedimiento y en la cesación de los requerimientos a la autoridad responsable, quedando sin materia los procedimientos en trámite, procediendo el archivo del expediente como asunto concluido, además de que no se podrán hacer valer posteriormente los medios de defensa que la ley consagra en materia de cumplimiento de sentencias. Tal consideración se desprende de los razonamientos que la Segunda Sala expuso en los términos siguientes: (se transcribió). Sin que de ellos se advierta, como lo asegura la responsable, que una de las consecuencias de dicha declaratoria sea que la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal ya no sea ejecutable y, por tanto, la autoridad responsable quede liberada de su cumplimiento; sino que cesarán los requerimientos por parte de la autoridad judicial, se tendrá por terminado el procedimiento correspondiente, archivándose el expediente y perdiéndose el derecho para hacer valer los medios de defensa que la ley consagra en materia de cumplimiento de sentencias. Por tanto, también resulta ambigua la afirmación que realiza en el sentido de que resultan inaplicables los términos previstos por los artículos 22 y 149 del Código Fiscal de la Federación, para que opere la prescripción, en razón de que la sentencia de amparo que le dio derecho a la quejosa a que se le devolvieran las cantidades pagadas indebidamente es inejecutable, pues al no estar en presencia de una sentencia inejecutable se tendría que atender al tiempo que prevé el código en cita para ejercer el derecho de la devolución de la cantidad indebidamente pagada ..."
De esa ejecutoria derivó la tesis que a continuación se identifica y transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXVI, octubre de 2007
"Tesis: I.7o.A.108 K
"Página: 3108
"CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. NO IMPIDE QUE EL QUEJOSO INTENTE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ORDINARIOS LEGALMENTE PREVISTOS, PUES NO DEJA SIN EFECTOS, REVOCA O ANULA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. De conformidad con el segundo párrafo del artículo 113 de la Ley de Amparo, los procedimientos tendentes al cumplimiento de las sentencias de amparo caducarán por inactividad procesal o ante la falta de promoción de parte interesada durante el término de trescientos días, incluyendo los inhábiles; hipótesis en las cuales el Juez o tribunal del conocimiento, de oficio o a petición de parte, debe resolver sobre si se surte o no alguna de dichas condiciones y, en su caso, ordenar que el expediente respectivo se envíe al archivo como asunto concluido. Así, la finalidad de esta figura estriba en salvaguardar la seguridad jurídica y con ello evitar la indefinición del derecho ante la falta de interés de las partes en lograr el cabal cumplimiento de las sentencias de amparo, lo que se traduce específicamente en la terminación del procedimiento extraordinario tendente a exigir su cumplimiento y, evidentemente, en la cesación de los requerimientos a la autoridad responsable en ese mismo sentido. Sin embargo, dicha determinación no deja sin efectos la sentencia que concedió la protección de la Justicia Federal, ni la revoca o anula, sino simplemente impide que se haga uso de los mecanismos jurídicos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo establecen para esos fines, los que pueden dar lugar incluso a la destitución de la autoridad responsable contumaz y a su consignación ante el Juez de Distrito para que la juzgue por la desobediencia cometida; atento a ello, el quejoso que obtiene un fallo favorable, que constituye la verdad legal inmutable al alcanzar el estado de cosa juzgada, conserva la prerrogativa jurídica de exigir su respeto o intentar su cumplimiento a través de los medios ordinarios legalmente previstos.
"Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
"Amparo directo 211/2007. ********** 5 de septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez."
A su vez, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintinueve de febrero de dos mil ocho, la revisión fiscal 44/2008 señaló, en lo atinente, lo siguiente:
"CUARTO. ... Para resolver tales planteamientos, los cuales se analizan conjuntamente atento a su estrecha relación, es necesario determinar el alcance de la caducidad decretada en el procedimiento de ejecución de sentencia de amparo, por lo que para tal efecto se cita el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: ‘Artículo 113.’ (se transcribió). Del precepto legal reproducido se advierte que los procedimientos de ejecución de las sentencias de amparo caducan por inactividad procesal o por falta de promoción de parte interesada, lo cual tiene como finalidad salvaguardar la seguridad jurídica y evitar la indefinición del derecho en nuestro país, ante la falta de interés en lograr el cabal cumplimiento de las sentencias. Ahora, como se adelantó, la caducidad prevista en el segundo párrafo del artículo 113 de la ley de la materia se refiere a ‘los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo’, por lo que es necesario determinar cuáles son esos procedimientos que señala el numeral en mención. Para tal fin, preferentemente se toma en cuenta el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, si bien no resuelve específicamente el tópico en análisis, sí precisa cuáles son los procedimientos considerados como tendentes al cumplimiento de la sentencia de amparo, a que hace referencia el numeral 113 de la Ley de Amparo. El criterio de referencia se encuentra contenido en la tesis P. LXIV/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, octubre de mil novecientos noventa y cinco, página 160, del tenor siguiente: ‘SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO.’ (se transcribió). Dicho criterio, producto de la interpretación de los artículos 95, 98, 104 a 108 y 111, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, hacen referencia al sistema dispuesto por el legislador para lograr el cumplimiento de las sentencias que concedan la protección federal, el cual se compone de diversos procedimientos, excluyentes entre sí, previstos en consideración de los supuestos que pueden presentarse según la conducta que adopten las autoridades responsables frente a los requerimientos del Juez o tribunal que conoció del juicio (incidente de inejecución, de inconformidad por desacato de la sentencia, recurso de queja por exceso o defecto en la ejecución) y que, una vez agotadas las instancias y en caso de incumplimiento de la sentencia por parte de la autoridad, pueden originar la sanción de destitución y su consignación ante un Juez de Distrito. De lo anterior se advierte que, del análisis sistemático de la Ley de Amparo, así como de los artículos 103 y 107 constitucionales, el Máximo Tribunal ha establecido que los procedimientos considerados como tendentes al cumplimiento de la sentencia de amparo son aquellos previstos por la propia ley de la materia y la Constitución, cuya finalidad es precisamente lograr la restitución de las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, acorde con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo. Lo anterior se corrobora con el hecho de que, sobre el tema específico de la caducidad del procedimiento de ejecución de sentencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte ha determinado que el incidente de inejecución de sentencia queda sin materia si se decreta la caducidad del procedimiento de cumplimiento de sentencia por inactividad procesal, criterio contenido en la tesis 2a. LXXX/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de dos mil dos, página 458, que se cita enseguida: ‘INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA SI EL JUEZ DE DISTRITO INFORMA QUE DECRETÓ LA CADUCIDAD POR INACTIVIDAD PROCESAL.’ (se transcribió). Atento a lo expuesto se concluye que la caducidad del procedimiento de ejecución de sentencia, prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, tiene como finalidad evitar que los juicios de amparo queden inconclusos indefinidamente, cuando no exista interés de las partes en lograr el cabal cumplimiento de las sentencias de amparo; es decir, constituye una sanción que la ley impone al quejoso como consecuencia de su inactividad procesal durante el tiempo que la propia ley señala, que origina la terminación del procedimiento de ejecución ante el tribunal de amparo, lo que implica que cesen los requerimientos a la autoridad responsable y queden sin materia los procedimientos previstos por la Carta Magna y la Ley de Amparo que se hayan instaurado para tal fin, procediendo el archivo del expediente como asunto concluido. Sin embargo, debe precisarse que si bien la caducidad decretada en los términos del segundo párrafo del artículo 113 de la Ley de Amparo tiene como efecto dejar sin materia cualquier requerimiento efectuado por la autoridad federal a la responsable, así como cualquier procedimiento de los previstos por dicha ley tendente a lograr el cumplimiento de la sentencia de amparo, lo cierto es que no tiene el alcance de dejar insubsistente la sentencia ejecutoria que concedió la protección de la Justicia Federal, dado que sus efectos constituyen cosa juzgada. Por tanto, la figura de la caducidad prevista en el segundo párrafo del numeral 113 de la ley de la materia no origina la revocación o anulación de la sentencia de amparo, sino que simplemente constituye una sanción al quejoso como consecuencia de su inactividad procesal, que le impide hacer uso de los mecanismos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo prevén con la finalidad de que la autoridad federal vigile el cumplimiento de la sentencia de amparo, pero de ninguna manera destruye los efectos de la protección constitucional concedida mediante sentencia ejecutoriada, los cuales, de manera general, se traducen en la anulación a favor del quejoso del acto declarado inconstitucional y, tratándose de leyes fiscales, el efecto del amparo en su contra origina también que a partir de la sentencia el acto de aplicación también carezca de efectos, por lo que la erogación que se hubiera realizado por concepto de pago del impuesto respectivo se torna, a su vez, en pago de lo indebido. En este tenor, resultan infundados los agravios en análisis, toda vez que en el caso, mediante sentencia dictada en el juicio de amparo *********** del índice del Juzgado Quinto de Distrito ‘A’ en Materia Administrativa en el Distrito Federal, confirmada mediante ejecutoria dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el expediente RA. **********, se concedió el amparo de la Justicia Federal a ********** contra la Ley del Impuesto sobre la Renta, específicamente su artículo 109, fracción XI, vigente en dos mil tres, con la consecuencia jurídica de que se le devolviera al quejoso la cantidad retenida y enterada al fisco por ese concepto, relativo a un bono de productividad, por lo que la caducidad decretada en el juicio de amparo por inactividad del quejoso en el procedimiento de ejecución de sentencia tiene como efecto únicamente que dicho solicitante de amparo no pueda acudir ante el Juez Federal ante quien se llevó a cabo el juicio de amparo a exigir el cumplimiento de la sentencia de amparo a través de los procedimientos extraordinarios que para tal efecto establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, al haber caducado por inactividad el procedimiento de ejecución de sentencia pero, contrariamente a lo afirmado por la recurrente, nada le impide al quejoso exigir el respeto a la decisión adoptada con la concesión de la Justicia Federal, por parte de las autoridades ordinarias, a través de las vías correspondientes. De ahí que se considere ajustada a derecho la determinación de la Sala en relación a que la caducidad decretada en el expediente de garantías sólo incide sobre el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, pero no se extiende a los efectos de dicho fallo protector y, por ende, no constituye una razón suficiente que justifique, por sí misma, la determinación de la autoridad de negar la devolución de la cantidad solicitada por el actor en el juicio de nulidad, como pago de lo indebido derivado de lo resuelto en la ejecutoria de amparo. En estas condiciones, ante lo infundado de los agravios expuestos, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida."
De esa ejecutoria derivó la tesis que a continuación se identifica y transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXVIII, agosto de 2008
"Tesis: I.1o.A.160 A
"Página: 1067
"CADUCIDAD. AUN CUANDO SE DECRETE RESPECTO DE UN PROCEDIMIENTO TENDENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO CONTRA UNA LEY FISCAL, EL QUEJOSO PUEDE EXIGIR POR LAS VÍAS ORDINARIAS LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES EROGADAS POR LA APLICACIÓN DE LA NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL, COMO PAGO DE LO INDEBIDO. La figura de la caducidad prevista en el segundo párrafo del artículo 113 de la Ley de Amparo no origina la revocación o insubsistencia de la sentencia de amparo, sino simplemente constituye una sanción al quejoso como consecuencia de su inactividad procesal, que le impide hacer uso de los mecanismos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo prevén con la finalidad de que la autoridad jurisdiccional federal vigile el cumplimiento de la sentencia de amparo, pero de ninguna manera destruye los efectos de la protección constitucional concedida mediante sentencia ejecutoriada, los cuales, de manera general, se traducen en la anulación a favor del quejoso del acto declarado inconstitucional y, tratándose de leyes fiscales, el efecto del amparo en su contra origina también que a partir de la sentencia el acto de aplicación también carezca de efectos, por lo que la erogación que se hubiera realizado por concepto de pago del impuesto respectivo se torna, a su vez, en pago de lo indebido; sin que nada impida al quejoso exigir el respeto a la decisión adoptada con la concesión de la Justicia Federal, por parte de las autoridades ordinarias, a través de las vías correspondientes.
"Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
"Revisión fiscal 44/2008. ********** 29 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Óliver Chaim Camacho."
Por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver las revisiones fiscales 415/2008 y 229/2009, en sesiones del veintiuno de mayo y quince de julio de dos mil nueve, respectivamente, sostuvo, en lo atinente, lo siguiente:
En la revisión fiscal 415/2008:
"SEXTO. ... Pues bien, para sustentar la afirmación inicial cabe analizar el contenido de las disposiciones legales que convergen en el tema. El artículo 113 de la Ley de Amparo dice: ‘Artículo 113.’ (se transcribió). Por su parte, el artículo 22 del Código Fiscal dice: ‘Artículo 22.’ (se transcribió). ‘Artículo 146.’ (se transcribió). Del primero de los dispositivos legales transcrito, se aprecia que los procedimientos encaminados a lograr el cumplimiento de las sentencias de amparo caducan por inactividad procesal o por falta de promoción de parte interesada durante el término de trescientos días incluidos los hábiles (sic). Por su parte, el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación dispone que las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que proceda conforme a las leyes fiscales, igualmente, dispone que la obligación de devolver tales cantidades prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal, término que es de cinco años de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, como ya se anticipó, se estima que asiste la razón al recurrente pues aun cuando el artículo 22 del código tributario impone a las autoridades fiscales la obligación de devolver las cantidades enteradas de manera indebida, también lo es que en el presente caso la calidad de ‘indebidas’ de las cantidades cuya devolución solicitó la actora, deriva de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la sentencia de amparo con la que culminó el juicio número *********, tramitado en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco. Entonces, contrario a lo sostenido por la Sala Fiscal, no es posible desvincular esa ejecutoria y sus efectos de la pretensión del demandante. Esto es, el gobernado adquirió el derecho a la devolución de determinadas cantidades como consecuencia o efecto de la aludida sentencia de amparo, luego, es evidente que dicha devolución debía lograrse a través de la ejecución de la sentencia respectiva. Las constancias evidencian que el actor en el juicio de nulidad y quejoso en el juicio de amparo dejó de instar a efecto de lograr el cumplimiento de la sentencia y por ende la devolución, conducta de omisión que provocó el decreto de caducidad del procedimiento de ejecución en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En consecuencia, debe asumirse que el gobernado desistió de manera tácita de la pretensión de obtener la multialudida devolución. Así las cosas resulta inasequible el que se pretenda ahora conseguir la devolución mediante un procedimiento administrativo independiente del juicio de amparo, pues si como ya se precisó la pretensión de devolución se fundamenta en la concesión del amparo y el cumplimiento de esa sentencia debe estimarse agotado por lo que a la devolución de cantidades se refiere en atención a la declaración de caducidad, es obvio que no es posible con base en ella proceder a esa devolución. -Tanto es así que la lectura de la constancia relativa a la solicitud de devolución signada por ********** muestra que esa petición tuvo como fundamento precisamente lo decidido en la sentencia de amparo, pues al respecto se dijo: ‘... ÚNICO. Se de cumplimiento a la sentencia señalada en el proemio de este escrito y se me devuelvan las cantidades que me correspondan por concepto de pago indebido por el ejercicio 2002, así como la actualización y los intereses de conformidad al artículo 22 y demás correlativos del Código Fiscal de la Federación.’. El párrafo transcrito pone de relieve que la propia actora asume la vinculación necesaria que existe entre la pretensión de devolución y la ejecutoria de amparo de manera que si el procedimiento para cumplir esa sentencia ha caducado no procede ahora intentar su cumplimiento a través de la vía administrativa, negando existencia al decreto de caducidad ..."
Y en la revisión fiscal 229/2009:
"SEXTO. ... Sentado lo anterior, son fundados los sintetizados agravios. El Pleno del Más Alto Tribunal del País -en la jurisprudencia 538, localizable en la página 353, Tomo VI, Parte SCJN del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995-, estableció lo siguiente: ‘TRIBUNALES FEDERALES DE AMPARO, ATRIBUCIONES DE LOS.’ (se transcribió). Como se advierte, del criterio jurisprudencial transcrito, el Máximo Tribunal de Justicia del país limita las facultades de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de no involucrarse en cuestiones que son propias de la potestad común. Por mayoría de razón, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no le compete intervenir en el cumplimiento de una sentencia de amparo, cuya facultad atañe a los órganos del Poder Judicial de la Federación. Esto es, no corresponde a dicho tribunal irrogarse facultades que constitucionalmente corresponden al Poder Judicial de la Federación, como lo es el verificar el cumplimiento de un fallo protector dictado en un juicio de amparo. En efecto, el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: ‘Artículo 103.’ (se transcribió). Por su parte, el numeral 1o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone: ‘Artículo 1o.’ (se transcribió). De lo anterior, se advierte que a los órganos del Poder Judicial de la Federación les compete resolver a través del juicio de amparo, entre otros medios, de toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales; por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Por otra parte, el precepto 73, fracción XXIX, inciso h), de la Ley Suprema de la Nación dispone: ‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ... XXIX-H.’ (se transcribió). Esto es, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa le compete dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley. Por otro lado, si bien es cierto que la figura de la caducidad -prevista en el segundo párrafo del artículo 113 de la Ley de Amparo-, no origina la revocación o insubsistencia de la sentencia de amparo, la cual constituye la verdad legal que, ineludiblemente, debe respetarse; también lo es que la resolución dictada por el Juez de Distrito en que, precisamente, decretó la caducidad del procedimiento de ejecución de dicha sentencia de garantías, igualmente, debe ser respetada. Justo, porque es a través de los medios de cumplimiento previstos en la ley reglamentaria del juicio constitucional y ante el propio juez de distrito en que se podría ejecutar el fallo protector. Cierto, el juicio de amparo es un medio extraordinario que tiene como principal finalidad hacer respetar los derechos subjetivos públicos de los gobernados; sus sentencias no son constitutivas de derechos que, como un título, pueda el propio quejoso hacer valer ante las autoridades ordinarias; de ahí que no resulta jurídicamente dable hacer nacer un derecho por medio de una sentencia de amparo. Por tanto, si en determinado fallo protector se decretó la inconstitucionalidad de una norma fiscal, tal declaratoria se concreta hasta que el propio juzgador de garantías verifique el debido cumplimiento de dicha resolución concesoria; esto, a través de los medios previstos en la Ley de Amparo para tal fin. Es decir, compete a los órganos del Poder Judicial de la Federación velar por el respeto y debido cumplimiento del fallo protector dictado en el juicio de garantías; habida cuenta que la legislación que regula el juicio de garantías prevé los procedimientos tendentes al cumplimiento y respeto de las sentencias que se dicten en dicho juicio. Por consiguiente, si bien es cierto que tratándose de leyes fiscales, el efecto del amparo en su contra origina también que a partir de la sentencia el acto de aplicación también carezca de efectos; la exigencia del respeto a la decisión adoptada con la concesión de la Justicia Federal, debe llevarse a cabo por los propios órganos de amparo -mas no a instancia de un particular mediante juicio promovido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa-. Ello es así, toda vez que la esencia del Poder Judicial de la Federación exige que los diversos órganos del mismo poder sean los que provean sobre el debido cumplimiento de las sentencias de amparo; esto es, corresponde a la instancia extraordinaria de amparo verificar todo lo relativo al cumplimiento del fallo protector dictado en un juicio de amparo. En efecto, la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución General de la República establece que, dada la majestad con que están investidas las sentencias de amparo, su cabal y oportuno cumplimiento implica una cuestión de orden público, no sólo por el interés social que existe de que la verdad legal prevalezca en aras de la concordia, tranquilidad y seguridad de los individuos, sino porque primordialmente, constituye la forma de hacer imperar, por sobre todas las cosas, los mandatos de la Ley Suprema. Los artículos 104 a 112 de la Ley de Amparo consagran el procedimiento mediante el cual los órganos del Poder Judicial de la Federación pueden constreñir a las autoridades responsables al cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, dicho procedimiento obedece a un principio unitario, con propósitos definidos, con espíritu de coordinación y enlace, como lo es el que se acaten los fallos protectores. En esa tesitura, el órgano garante de los derechos subjetivos públicos de los gobernados ante quien se instó la acción de amparo -en el caso, el Juez de Distrito- corresponde hacer cumplir con la ejecutoria de garantías, dictando las órdenes necesarias para ello. De ahí que correspondía al particular acudir ante la instancia constitucional -Juzgado de Distrito- a fin de efectuar el planteamiento derivado de la ejecución del fallo protector -solicitud de devolución del pago de lo indebido-; pues ese órgano jurisdiccional es el que tendría que emitir la determinación que conforme a derecho proceda; justo porque, precisamente, la devolución solicitada deriva de lo resuelto -en la vía extraordinaria- dentro de un juicio de amparo contra leyes. Así es, no compete a la instancia ordinaria -el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa- involucrarse en relación con la ejecución del fallo protector que, como quedó apuntado, corresponde al Juez de Distrito de donde deriva dicha sentencia de amparo. Actuar de forma contraria propiciaría desatender el mandato del juzgador de amparo con relación a la determinación asumida con relación al procedimiento tendente al cumplimiento del fallo protector, al decretar la caducidad de dicho procedimiento. Máxime que, como lo aduce la disconforme, de las constancias de autos se advierte que la quejosa no interpuso recurso en contra del auto en que se decretó la caducidad de que se trata; lo que se traduce en una decisión firme. Además, cabe destacar que, la quejosa del juicio de amparo -actora en el juicio fiscal- obtuvo sentencia concesoria de garantías con relación al reclamo del artículo 109, fracción XI, del impuesto sobre la renta -que a virtud del fallo protector se declaró inconstitucional-. Ahora bien, el juzgador de amparo consideró que la referida actora del juicio de nulidad -quejosa en el juicio de amparo- fue omisa en acreditar ante la instancia constitucional que solicitó a las autoridades r
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22303-2baf1ff1/caducidad-del-procedimiento-oficioso-de-cumplimiento-de-sentencias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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