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Modo: Corpus Pro

LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYE QUE EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LAS MISMAS NORMAS, SE PRETENDA PROTEGER UN INTERÉS JURÍDICO DISTINTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 127/2010. · Registro digital (IUS): 22360
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y QUINTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, , Pág. 1025.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 127/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y QUINTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo previsto en los artículos 94, párrafo octavo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos tercero, fracción VI y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, reformado mediante el instrumento normativo del quince de octubre de dos mil nueve, en tanto que se trata de una contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuito sobre un tema común, respecto de lo cual es competente esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos de lo que se establece en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por la Magistrada presidenta de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

TERCERO. Ante todo, es significativo tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados que participan de esta contradicción expusieron en las ejecutorias de las que derivaron los criterios presuntamente divergentes.

Así, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el veintitrés de agosto de dos mil cuatro, por mayoría de votos, el amparo en revisión **********, sostuvo, en lo conducente, lo siguiente:

"SÉPTIMO. Hecha que fue la anterior precisión, procede adentrarse en el estudio de los agravios expuestos por la parte quejosa, respecto de los que se anticipa que el primero de los mismos es parcialmente fundado, pero en lo fundado es suficiente para revocar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito. En efecto, tal como lo advirtió la parte quejosa y contra lo considerado por el a quo, respecto del juicio resuelto mediante la sentencia que se revisa, no se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo. Para establecer con claridad el porqué de tal afirmación, es necesario realizar una breve referencia previa respecto de la naturaleza de la figura procesal en comento, y recordar que la misma tiene como fin específico evitar que se emitan sentencias contradictorias por los órganos jurisdiccionales, pero también uno, relativo a evitar el riesgo de que se inutilice la cosa juzgada que en otro juicio pudiera establecerse sobre la misma controversia, aspectos estos (sic) que hacen que la litispendencia encuentre estrecha relación con otra figura a la que incluso el quejoso se refiere, y que resulta ser la de la acumulación. Pues bien, esa estrecha relación entre una figura y otra, se debe en gran medida a que tanto la litispendencia como la acumulación, presuponen la concurrencia de una figura más elemental, a la que doctrinalmente se denomina conexidad, y que se genera precisamente cuando dos o más juicios comparten la misma causa o relación jurídica sustantiva, o bien, porque en ellos intervienen las mismas partes. En el primero de los casos, se habla de conexidad subjetiva o conexidad en la causa, mientras que en el segundo se habla de conexidad objetiva o de partes; pero en ambos, la consecuencia natural es precisamente que se ordene la acumulación de los juicios, pues ante la concurrencia de dos procedimientos en los que la materia en debate resulta ser la misma, sólo la resolución conjunta de los mismos evitará la emisión de sentencias contrarias respecto de la misma cosa litigiosa; en tanto que en el caso de la conexidad objetiva o de identidad de sujetos del proceso, sólo la tramitación conjunta de los juicios hará prevalecer la unidad del litigio propiamente dicho y la continencia de la causa. Pero en cambio, cuando la conexidad de los litigios es plena, es decir, no sólo se surte respecto de la causa o materia sustancial del litigio, sino también respecto de los participantes en el mismo, aunque la lógica mueva a considerar que también esos litigios habrán de acumularse y resolverse en una sola determinación, al tomar en cuenta que en realidad se trata de la misma controversia planteada en más de una ocasión, la acumulación material e incluso formal de todos los litigios en que la controversia se reitere con todos sus extremos, siempre tendrá por consecuencia que sólo subsista la tramitación de uno solo de los juicios incoados, ello como muestra de la plena identidad de los elementos que los conforman. Es entonces cuando surge la figura jurídica de la litispendencia, que presupone que la misma causa es sometida a conocimiento de dos Jueces, o bien, del mismo juzgador, pero que en todo caso se surte sólo cuando los juicios se encuentran pendientes de resolverse en definitiva, pues de lo contrario, no sería la litispendencia la que determinaría la mecánica a seguir, sino la existencia de la cosa juzgada. Ahora bien, como ya se dijo, contrario a lo que pudiera sostenerse en una conclusión lógica primaria, la consecuencia de invocar actualizada la litispendencia, no será la acumulación de los juicios, sino la conclusión de tantos litigios reiterativos como sea necesario, para que sólo uno de ellos prevalezca y sea en el que se resuelva, por una sola vez y sin riesgo de incurrir en incongruencias, la controversia sometida a jurisdicción. Al respecto, en el caso en estudio conviene abundar en que surgirá la figura jurídica de la litispendencia, siempre que la identidad entre los procedimientos o litigios sea plena, pues de lo contrario no cabría la posibilidad legal de que se decrete la culminación de uno de esos procedimientos sin que con ello se haga nugatoria la intención de solventar un aspecto litigioso no planteado en el juicio que se deje subsistente. Es decir, nunca podrá la autoridad instructora tener como actualizada la litispendencia en un juicio cuando la identidad de los litigios respecto de los que se invoca no sea plena, pues de existir el mínimo rasgo distintivo entre uno y otro, y elementalmente en cuanto a la causa de pedir o las pretensiones controvertidas en cada juicio, al decretarse la culminación de uno de ellos en virtud de la litispendencia, ese rasgo distintivo que formaba parte de la materia debatida, no será atendido eficientemente por la autoridad jurisdiccional. Lo anterior se plantea de este modo, pues para este órgano revisor no queda inadvertido que en la demanda que motivó la tramitación del juicio de cuyo sobreseimiento se duele en esta instancia la parte quejosa, se planteó como reclamación la inconstitucionalidad de los artículos 3, 7, 11, 15, 16, fracción V y VI, 19, fracciones III, VII y VIII, 20 y 21, fracción I, todos de la Ley Estatal de Prevención y Combate al Abuso del Alcohol, con la clara intención de que se le concediera el amparo y protección de la Justicia de la Unión, con el efecto de que se desincorporaran de su esfera jurídica tales preceptos, es decir, para que los mismos no le fueran aplicados, pero siempre en relación a la actividad mercantil que el quejoso dice desplegar en el expendio de bebidas alcohólicas embotelladas y por copeo, en el negocio ubicado en **********, dedicado al giro de ladie’s bar. En relación a lo anterior, tampoco queda inadvertido que el Juez de Distrito cuya sentencia se revisa, consideró que era improcedente adentrarse en el estudio de fondo del juicio en que la controversia referida se planteaba, porque para dicho juzgador, podía demostrarse la existencia de un diverso juicio de amparo en que el mismo aquí quejoso, demandaba la concesión del amparo respecto de dichos preceptos, también reclamados de las mismas autoridades, lo que le hizo considerar que se estaba ante la presencia de dos juicios idénticos tramitados simultáneamente, en los que no se había dictado resolución. Al hacerlo así, se soslayó en primera instancia que en el diverso juicio cuya existencia invocó para decretar el sobreseimiento de éste cuya sentencia se revisa, si bien se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 3, 7, 11, 15, 16, fracción V y VI, 19, fracciones III, VII y VIII; 20 y 21, fracción I, todos de la Ley Estatal de Prevención y Combate al Abuso del Alcohol, por el mismo aquí quejoso y respecto de las mismas autoridades responsables, la demanda en que este reclamo se planteó, según incluso se advierte de la copia certificada que de la misma se allegara por el a quo a los autos de la instancia primaria, con la intención de que se desincorporaran dichas porciones legales del ámbito legal aplicable al aquí quejoso, pero en el desarrollo de su actividad empresarial como comerciante de bebidas alcohólicas en el restaurant bar sito en calle **********, en el centro de esta ciudad. Desde esta perspectiva, es claro que al soslayar el juzgador de primera instancia la concurrencia de esa circunstancia -la relativa a que el quejoso promovía dos juicios de amparo con el fin de desincorporar la aplicación de determinados artículos respecto de actividades desplegadas en negocios con ubicaciones y giros distintos-, pasó por alto que aunque ciertamente se reclama la inconstitucionalidad de los mismos preceptos legales y se señala a las mismas autoridades responsables, siendo también igual el quejoso; en el fondo, la causa de pedir en cada uno de dichos juicios contiene un aspecto materialmente discrepante, pues en tanto que en el juicio cuya sentencia se revisa se pretende librar de la aplicación de dichos artículos a la actividad mercantil que se realiza en el negocio ubicado en **********, dedicado al giro de ladie’s bar; en el diverso juicio de amparo cuya existencia se invocó para decretar el sobreseimiento del primeramente referido, se buscaba el mismo efecto amparatorio, pero sobre el negocio ubicado en calle general **********, en el centro de esta ciudad, con el giro de restaurant bar. Ante ello, es inconcuso que al haberse decretado la improcedencia por litispendencia del estudio de fondo de lo planteado en el juicio cuya sentencia se revisa, invocando para ello tan sólo la existencia del otro juicio de amparo en que se tenía, al menos materialmente, otra pretensión por el aquí quejoso, se dejó en términos prácticos en estado de indefensión a dicha parte, pues se hizo nugatoria la posibilidad de que su elemental pretensión, fuera sometida al conocimiento de la autoridad de control constitucional, ya que al no contenerse en el diverso juicio que se dejó subsistente la manifiesta pretensión de que se conceda el amparo respecto de la aplicación de los preceptos reclamados en el desarrollo de la actividad mercantil desenvuelta en el negocio de ladie’s bar, ubicado en la calle de **********, al norte, en el centro de esta ciudad, sin prejuzgar, incluso de haber resultado fundados los conceptos de violación esgrimidos en el juicio que quedó subsistente, la protección que se concediera no habría tenido por consecuencia sino sólo impedir que se aplicaran dichos preceptos respecto de la actividad realizada en una negociación diversa. Frente a esas circunstancias, no puede hablarse de que exista una identidad plena entre los elementos de la causa de pedir planteada en aquél (sic) juicio y el que se sobreseyó mediante la sentencia que se revisa, por lo que no era dable al a quo invocar la concurrencia de la figura jurídica de la litispendencia, ya que la causa de pedir en cada uno de los juicios, aunque formalmente resulta similar, materialmente habría de proyectarse con efectos diversos; por ello, esa falta de plena identidad de los juicios que el a quo no tomó en cuenta, le impedía proceder como lo hizo, al decretar el sobreseimiento del juicio resuelto mediante la sentencia que ahora se revisa. Ahora, en un análisis exhaustivo debe considerarse respecto del caso concreto como una particularidad, que la mayor parte de las disposiciones que el quejoso impugnó, se tratan de normas autoaplicativas que, tal como se asentó en estudio precedente, tienen como nota común que arrojan su carga u obligación sobre sujetos que se definen, delimitan o particularizan en la propia norma, que los distingue por sus circunstancias personales específicas y la condición jurídica en que se encuentran; es decir, la mayor parte de las disposiciones impugnadas son, como se dijo autoaplicativas, porque se refieren de forma recurrente a los dueños de establecimientos en que se expenden bebidas alcohólicas (entre otros sujetos), como aquellos sobre los que recaerán determinadas cargas y obligaciones, como pueden ser no expender bebidas embriagantes a determinados sujetos, no realizar venta de bebidas a precio de descuento, entre otras. Es claro entonces que entre los sujetos sobre los que recaen esas cargas se encuentran los dueños de los establecimi

ntos, esto es, los propietarios de los mismos o aquellos a cuyo favor y nombre se expidieron las licencias correspondientes para el ejercicio de esa actividad (respecto de las que cabe acotar se expiden una para cada negocio y giro debidamente identificados, y no una para que un gobernado opere tantos negocios y giros como le sea posible) y que, en todo caso, las cargas que las normas impugnadas generan, trastocan desde luego el ejercicio de la actividad de comercio de bebidas alcohólicas y de prestación de servicios relacionados, pero no sujetan a cualquier individuo que se dedica a esa actividad, sino especialmente a los dueños o propietarios de los establecimientos en que la actividad se realiza, ello evidentemente con la intención de obtener una eficaz sujeción de los negocios al cumplimiento de las obligaciones que la norma impone, de forma que lo que la norma hace al establecer que son sujetos de la ley los dueños de los establecimientos en que se realiza la actividad que la ley pretende regular, es identificar la relación que existe entre una persona y el establecimiento en que se suscita la actividad objeto de regulación, pero no sólo la identifica, sino que la circunscribe a un ámbito concreto: la propiedad, con una asequible significación de que sólo los dueños o propietarios de los establecimientos, son responsables de lo que en los mismos acontece. Luego la ley que se impugna atiende a ese concepto para alcanzar de algún modo su eficacia, logra ubicar un nexo entre la actividad a regular y un gobernado bien identificable, y sobre éste, arroja la carga de atender a ciertas obligaciones o prohibiciones en relación a la actividad desenvuelta en el negocio, y se reitera, en el núcleo de ese nexo está, como se dijo, el concepto de dueño o la propiedad. No es necesario en este estudio abundar en cómo es que la propiedad llega a definirse como el derecho de gozar y disponer de un bien, sin otras limitaciones que las establecidas por las leyes, pero sí se estima conveniente recordar que no existe limitación alguna para que una persona pueda ser propietaria de una infinidad de bienes, desde luego todos susceptibles de apropiación particular, y que incluso la propia Constitución estatuye como prerrogativa de los gobernados, el que no se menoscabe injustificadamente el ejercicio de ese derecho real. Así se establece en los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema de la República, la proscripción de los actos de privación, e incluso de molestia en el ejercicio de los derechos reales de propiedad y posesión. Se impone entonces considerar, que no existe en primer término un límite máximo respecto de la cantidad de bienes que pueden formar parte del patrimonio de una persona, y de entre ellos, tampoco existe límite respecto de la cantidad de bienes de que se puede ser propietario u (sic) actuar a título de dueño; y si los bienes que se ostentan en propiedad son diversos e incluso distintos, o en última instancia independientes, es una conclusión más o menos natural que por cada bien de que se es propietario, o respecto del que se actúa como dueño, se puede tener un interés distinto o particularizado, hablando en un ámbito eminentemente material o patrimonial. A partir de lo anterior, aunque se reconoce que puede una persona defender en forma conjunta su derecho a ejercer la propiedad sobre la totalidad de los bienes sobre los que la ejerce, pues la propiedad como derecho real puede entenderse como concepto abstracto, que incluso puede apreciarse como comprensivo de todo el patrimonio, ello no debe excluir la factibilidad de que el propietario pueda ejercer acciones autónomas o al menos individuales, para defender su calidad de propietario respecto de cada uno de los bienes en su individualidad, o bien, para defender intereses que sólo se refieren a esos bienes en forma concreta y no a todos aquéllos de los que le asiste la calidad de propietario. Luego, si se toma en cuenta que como se reconoce en teoría procesal, el interés es siempre la medida de la acción, puede hablarse de que por una ficción procesal o jurídica, cada acción que se ejerce atiende a un interés distinto, aunque se ejerza por el mismo sujeto, e incluso, puede afirmarse que ese mismo sujeto ostenta un carácter distinto en cada uno de los procedimientos en que interviene para defender su acción, pues en la medida en que lo que lo mueve a intentarla es un interés particular respecto de determinado bien, aunque la pretensión elemental (proteger o defender sus prerrogativas de propietario del bien), sea la misma, la manera en que esa pretensión se refleja dentro del procedimiento es distinta y ello le otorga al propio promovente, al menos en ficción jurídica, una personalidad distinta, una legitimación más dirigida específicamente a ese interés particular que pretende defender mediante el ejercicio de la acción individualizada; sólo se refiere a un bien específicamente delimitado y diferente de los que pudieran estar en juego en cada uno de los otros procedimientos. Pues bien, las anteriores consideraciones vienen a colación, porque si la norma que se impugna es, en la porción combatida de naturaleza autoaplicativa, y ocasiona su perjuicio o vinculación ineludible, entre otros, a los dueños de los establecimientos en que se expenden bebidas alcohólicas, y en el caso, el quejoso resulta ser dueño de varios de esos establecimientos, y es además titular de más de una licencia expedida para dedicarse a esa actividad en al menos dos giros distintos, ciertamente puede estar en aptitud de ocurrir ante los órganos jurisdiccionales en defensa de un interés individualizado respecto de cada negocio, e incluso puede hacerlo mediante la promoción de un juicio para cada uno de ellos, sin que con tal conducta se surta causa de improcedencia notoria, pues es claro que la actividad que la norma tiende a controlar es una actividad reglada que comúnmente se autoriza mediante licencias expedidas, como se dijo, en función del establecimiento en que la actividad se realizará, y no del propietario del mismo. Se afirma lo anterior así, pero con ello no se sugiere que ineludiblemente deban los gobernados promover tantos amparos como bienes tengan para defender en juicios autónomos los intereses que respecto de cada uno de dichos bienes tengan; más bien, lo que se sostiene aquí es que en caso de que los gobernados opten por hacerlo así, su conducta no debe hacer que sus acciones en que denotan su interés de destacar aspectos particulares de cada uno de dichos bienes, o bien, lograr que el pronunciamiento que se obtenga respecto de bienes que son en parte distintos, sea lo más preciso y específico para cada uno de esos bienes o intereses, sea improcedente, al menos no en la medida en que exista aunque sea una mínima distinción en la causa de pedir que constituya la materia de cada uno de los juicios promovidos. Debe reiterarse que en el caso sí existe una distinción entre lo que el quejoso pretendía en cada uno de los juicios de amparo promovidos, a los que se ha hecho alusión en este estudio, y ese distingo consiste en que solicitaba la desincorporación de la misma ley, pero respecto de negocios distintos, con giros y licencias distintas, por lo que al menos en ficción jurídica, el carácter que le asistía era en uno el de propietario de un establecimiento con licencia y giro de ladie’s bar, mientras que en otro le asistía el carácter de propietario de un establecimiento con licencia para funcionar como restaurant bar; ambos negocios ubicados en domicilios distintos y sometidos, cada uno en su individualidad, a la aplicación de la ley impugnada, que incluso puede decirse entró en vigor y ocasionó perjuicios tal vez no distintos pero sí independientes para cada negocio. Por todo ello, sí cabe entonces apreciar que no necesariamente existe plena identidad entre cada uno de los juicios planteados por el quejoso, sino que si se atiende a las consideraciones destacadas en párrafos precedentes, se pueden vislumbrar algunos rasgos distintivos entre la causa de pedir que se planteaba en cada juicio; y si además se advierte que la promoción de más de un juicio contra la misma ley por el mismo quejoso y contra las mismas autoridades, no partió sino de la circunstancia de que el quejoso es propietario de más de un establecimiento dedicado a la actividad que dicha ley regula, y que la promoción de cada juicio sólo manifiesta su intención de obtener una declaración de desincorporación de la aplicación de la ley para cada uno de esos establecimientos, entonces en virtud de que la propia actividad desenvuelta en dichos negocios con giros distintos se autoriza mediante licencias distintas, de forma que la ley pudo entrar en vigor de manera independiente (no distinta), para cada negocio, no existe razón alguna para concluir que existe entre tales juicios litispendencia y por tanto, que la acción en que se reiteró la petición de amparo es improcedente, porque no está plenamente demostrado que exista esa conexidad plena que la litispendencia requiere para invocarse válidamente, pero sobre todo, porque con ello se desatenderían pretensiones que son en lo específico distintas, pues al menos hasta donde se advierte de la sentencia que se revisa, el a quo se limitó a decretar la improcedencia de la acción intentada, pero de ninguna manera precisó que hubiere advertido que entre uno y otro juicio se buscaba desincorporar del ámbito de aplicación de la ley a dos negocios distintos, ni tampoco precisó que esa circunstancia no obstaba para decretar el sobreseimiento en razón de que la misma pretensión específica se habría de atender e incluso pudiera prosperar en diverso juicio en que se afirmó ya se conocía de la controversia, de ahí que se sostenga en esta instancia que la causa de improcedencia invocada para sobreseer el juicio, lejos de ser plenamente comprobada e irrefutable, constituye una endeble negación de acceso a la justicia, pues aunque se reconoce que seguramente el interés del quejoso al promover el amparo contra la ley que aquí se reclama, tiende a librarse de la aplicación de la misma, y aunque ello pueda apreciarse como una pretensión abstracta que puede alcanzar eficiencia con una declaración de que la Justicia de la Unión ampare al promovente del juicio contra la aplicación de la ley (sobre lo que no se prejuzga en esta etapa), con seria posibilidad de que esa ejecutoria pueda alcanzar pleno cumplimiento bajo la consideración de que bastaría con que se concediera el amparo al gobernado para esos efectos para que nunca se volviera a considerar sujeto de la ley declarada inconstitucional en el ejercicio de la actividad que la ley regula; en la práctica, nada garantiza que la desincorporación de la actividad del quejoso del ámbito de aplicación de la ley a declararse inconstitucional, no se limite al negocio cuya propiedad, licencia y funcionamiento quede probada en el juicio subsistente ni mucho menos garantiza que las responsables o encargadas de aplicar la ley, de concederse el amparo en aquél (sic) juicio, se abstengan de aplicar la ley al quejoso en cualquiera de los establecimientos que opera, cuando para dichas autoridades, es natural entender que cada uno de esos negocios, aunque pertenezcan al mismo dueño, funcionan en virtud de una licencia distinta y, por ello, están sujetos al control y regulación en su individualidad, en razón de su propio funcionamiento y no del resto de los establecimientos o de su propietario. Máxime que podría interpretarse que a virtud de los efectos de la sentencia en que se concediera el amparo contra una ley autoaplicativa, éstos se limitarían a proteger al gobernado respecto de la aplicación presente y futura de la ley que se estime inconstitucional, pero tal protección constitucional podría interpretarse que sólo regiría respecto del bien o actividad específica que motivó la acción constitucional, y no de otro bien o actividad idénticos, en relación con los cuales no se pidió el amparo dado que debe tenerse presente que el interés es la medida de la acción y que dicho interés deriva en cada caso de la titularidad del derecho que se pretende tutelar. Es aplicable al caso la jurisprudencia 112/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19 del Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: ‘AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.’ (se transcribió). Además, sólo a mayor abundamiento, conviene precisar que incluso de haberse actualizado de manera efectiva la causa de improcedencia por litispendencia a que se ha hecho referencia en el presente juicio, tampoco se habría compartido la determinación adoptada por el a quo, si se considera que aunque la consecuencia lógica y jurídicamente natural de que sobrevenga la figura jurídica de la litispendencia, ciertamente es la que de que se dé (sic) por terminado cada uno de los juicios que constituyan la reiteración de la misma acción intentada contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, pero ello supone que el juicio cuya sustanciación debe quedar subsistente, será aquel que haya sido el primero en incoarse formalmente; ello obedece no sólo a una razón de economía procesal eminentemente encaminada a evitar que quede insubsistente el juicio cuya tramitación se encuentra mayormente avanzada, sino también atento a que, si como se ha dicho, la litispendencia como excepción procesal, supone que la sustancia controvertida en el procedimiento en que esa excepción se hace valer, ya se encontraba sometida al conocimiento de la autoridad jurisdiccional mediante la tramitación de un diverso juicio, entonces, sólo puede invocarse actualizada con efectos perentorios, respecto de los juicios posteriores a aquél en que por primera vez se sometió a conocimiento de la autoridad judicial determinado litigio, mas nunca en el primer juicio en que ese litigio se sometiera a la autoridad del Juez, pues es claro que cuando se intentó la acción correspondiente y se ordenó la iniciación del procedimiento, no existía juicio alguno que se (sic) le fuera idéntico. Por ello, tampoco se habría compartido la determinación de sobreseer el juicio cuya sentencia se revisa mediante la invocación de la causa de improcedencia por litispendencia, pues del análisis de las constancias que integran el expediente formado en primera instancia, se obtiene que mientras el juicio de amparo **********, de cuyo sobreseimiento se duele en esta instancia la parte quejosa, fue el primero en iniciarse a virtud de que la demanda que lo originó, se presentó ante la oficina de correspondencia común adscrita a los Juzgados de Distrito en materia administrativa, con sede en esta ciudad, a las diez horas con cincuenta y nueve minutos, del día veinticinco de noviembre de dos mil tres, en tanto que el juicio de amparo **********, cuya existencia se trajo a colación por el a quo para establecer que se surtía la causa de improcedencia por litispendencia, se formó con motivo de la interposición de la demanda de amparo en la misma fecha mencionada, pero a las trece horas con dos minutos, esto es, con posterioridad a la interposición de la demanda originaria del juicio cuya sentencia se revisa; de ahí que pueda aseverarse que incluso de existir una plena identidad entre ambos juicios, cuando el juicio cuya sentencia se revisa inició su tramitación, no habría existido diverso juicio idéntico, ni mucho menos causa de improcedencia por litispendencia, sino que en todo caso, ésta se habría surtido respecto del segundo juicio en mención, y respecto de éste, habría surtido sus efectos culminatorios del procedimiento. Por todo lo anterior, al no compartirse por este tribunal las consideraciones que llevaron al a quo a estimar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo que se impone es modificar la sentencia que se revisa, para dejar insubsistente el sobreseimiento decretado en primera instancia respecto de la totalidad de los actos, y, consecuentemente, al no advertirse por este tribunal causa alguna de improcedencia diversa a las invocadas en el considerando que antecede, se procede al estudio de los conceptos de violación expuestos por el peticionario del amparo."

De esa ejecutoria derivaron las tesis que a continuación se identifican y transcriben:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXI, febrero de 2005

"Tesis: IV.2o.A.20 K

"Página: 1715

"LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. NO SE SURTE DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA IDÉNTICAS NORMAS LEGALES EN DEFENSA DE BIENES O ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DISTINTOS. La causa de improcedencia por litispendencia en el juicio de amparo, prevista en el artículo 73, fracción III, de la ley de la materia, req

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22360-34b6ca96/litispendencia-en-amparo-contra-leyes-autoaplicativas-en-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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