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Modo: Corpus Pro

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. EL ASEGURADO QUE DEMANDA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN RELATIVA, GOZA DE LA PRESUNCIÓN DE QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE TRABAJO REMUNERADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 465/2009. · Registro digital (IUS): 22159
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, , Pág. 702.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 465/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIO: LUIS JAVIER GUZMÁN RAMOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral cuya especialidad corresponde a esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis de que se trata proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por lo que en términos del artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo están facultados para denunciar la posible contradicción de criterios.

TERCERO. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 1230/2009-16433/2009, promovido por **********, determinó negar el amparo apoyándose en las consideraciones siguientes:

"... QUINTO. Resultan infundados los conceptos de violación en atención a las siguientes consideraciones. De las constancias que integran el expediente laboral se advierte que el actor **********, demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras prestaciones, el otorgamiento y pago de una pensión de cesantía en edad avanzada bajo el régimen de la anterior Ley del Seguro Social, desde la fecha en que cumplió los requisitos para su otorgamiento, así como sus incrementos. Relató en los hechos de la demanda, que ha estado inscrito en el régimen obligatorio del Instituto demandado desde mil novecientos sesenta y cuatro, con número de afiliación 1164474027-3; que tiene ante el órgano asegurador 1,872 semanas cotizadas y reconocidas; un salario promedio de las 250 semanas de cotización en la cantidad de $278.40 (doscientos setenta y ocho pesos 40/100 Moneda Nacional); que ya cumplió sesenta años de edad, además de que se encuentra dado de baja por despido como asegurado de dicha institución a partir del ocho de mayo del dos mil, por lo que ya cuenta con todos los requisitos que prevé la Ley del Seguro Social para el otorgamiento de la pensión reclamada. El Instituto Mexicano del Seguro Social, al dar contestación a la demanda por conducto de su apoderado negó acción y derecho al actor para reclamar la pensión de cesantía en edad avanzada, dado que sólo tenía 982 semanas cotizadas al régimen obligatorio, por lo que no cumplía con lo que prevé el artículo 154 de la Ley del Seguro Social vigente porque no tenía por lo menos 1250 semanas de cotización, además de que causó baja el día ocho de mayo de dos mil, por lo que se encontraba fuera del periodo de conservación de derechos a partir del veintiuno de enero de dos mil cinco. Asimismo, precisó que al actor correspondía acreditar que quedó privado involuntariamente de un trabajo remunerador, así como que cumple el número de semanas cotizadas previstas en la ley y cuenta con sesenta años de edad, por lo menos. La Junta responsable, el diez de agosto de dos mil nueve, dictó el laudo que ahora se combate en el que absolvió al Instituto Mexicano del Seguro Social del otorgamiento y pago al actor de la pensión por cesantía en edad avanzada y demás prestaciones accesorias que demandó. Arribó a tal conclusión partiendo de que, por la naturaleza de la acción ejercida, correspondía a la parte actora la carga de la prueba, quien había acreditado el requisito de la edad con la copia certificada del acta de nacimiento; se habían tenido por ciertas las semanas de cotización que dijo en su demanda tenía reconocida, al negarle valor probatorio a la hoja de certificación de derechos aportada por el instituto demandado, por no cumplir los requisitos previstos en los artículos 251, fracciones IV, VI, VII, X, XI, XII y XXXVII de la Ley del Seguro Social y 1, 13, 15, 16, 21 y 25 del reglamento de dicha ley; pero aun así, no reunía la totalidad de los requisitos que prevé el artículo 145 de la anterior Ley del Seguro Social, para obtener la pensión de referencia, ya que no había acreditado que su causa de baja se debiera a un despido, en términos de lo que prevé la jurisprudencia de rubro: ‘CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, EL OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA SÓLO PROCEDE CUANDO LA CESACIÓN EN EL TRABAJO ES INVOLUNTARIA.’. Aduce el quejoso, que la autoridad responsable infringe sus garantías individuales y diversas disposiciones secundarias al dictar el laudo que se combate, ya que omitió valorar y analizar conforme a derecho las constancias de autos, pues de haberlo hecho se hubiera percatado de la procedencia de la pensión reclamada. Es así, pues omitió considerar que dentro del juicio principal señaló que fue dado de baja por despido del régimen obligatorio en el mes de mayo de dos mil, habiendo manifestado inclusive que se encontraba sin empleo y sin trabajo remunerado alguno, no habiendo realizado el instituto demandado ninguna manifestación al respecto, es decir, sin que existiera controversia al respecto, por lo tanto, debieron tenerse por acreditados y ciertos tales extremos, pues se genera la presunción de baja involuntaria, aunado a que no ofreció prueba para acreditar lo contrario. Agrega que, le correspondía al instituto demandado acreditar la causa de la baja del régimen obligatorio, siendo aplicable la jurisprudencia de rubro: ‘EDAD AVANZADA. ACREDITADA POR EL ASEGURADO GENERA LA PRESUNCIÓN DE LA INEXISTENCIA DE UNA RELACIÓN LABORAL O DE TRABAJO REMUNERADO PARA LOS EFECTOS DE LA PENSIÓN POR CESANTÍA Y DE SUSCITARSE CONTROVERSIA LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.’. Los anteriores conceptos de violación resultan infundados, por lo siguiente. En primer lugar, no le asiste la razón al quejoso cuando esgrime que, le corresponde la carga de la prueba al instituto demandado para acreditar que quedó privado de un trabajo remunerado. Lo anterior es así, en virtud de que, de acuerdo con el artículo 154 de la Ley del Seguro Social abrogada, para el otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada se requiere que el asegurado: I. Tenga reconocido en el instituto un mínimo de quinientas cotizaciones semanales; II. Haya cumplido sesenta años de edad; y, II. Quede privado de trabajo remunerado. Ahora bien, cuando se demanda al instituto dicha prestación, corresponde a éste demostrar el primer elemento por ser quien procesa la información relativa a los movimientos afiliatorios del asegurado ante dicha institución, a través de la hoja de certificación de vigencia de derechos, conforme a la jurisprudencia 27/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 524, Tomo VII, mayo de 1988, de la Novena Época en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: ‘SEGURO SOCIAL. LA CARGA DE LA PRUEBA DE LAS COTIZACIONES DE LOS TRABAJADORES QUE SIRVEN DE BASE SALARIAL PARA DETERMINAR LA CUANTIFICACIÓN DE LAS PENSIONES QUE PREVÉ LA LEY RELATIVA, CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.’ (se transcribe). Sin embargo, respecto a los restantes elementos, corresponde al asegurado, ahora quejoso, su justificación, toda vez que en cuanto al segundo, siendo una controversia entre asegurado y órgano asegurador, éste sólo procesa información de los trabajadores concernientes a las semanas de cotización, altas y bajas, así como vigencia de los derechos (información contenida en la hoja relativa), pero no respecto a la edad (cuya demostración plena es a través del acta de nacimiento del asegurado); y en relación con el tercero, porque sólo al asegurado le consta que a pesar de las gestiones realizadas no ha podido conseguir empleo. Sin que lo anterior implique la demostración de un hecho negativo, sino el acreditamiento de uno positivo, consiste en que realizó las gestiones para ello a través de las documentales relativas a las solicitudes de empleo y las respuestas correspondientes. Lo anterior se robustece con el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 178/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 195 del Tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: ‘CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, EL OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA SÓLO PROCEDE CUANDO LA CESACIÓN EN EL TRABAJO ES INVOLUNTARIA.’, en la que se estableció que sólo procede el otorgamiento de la aludida pensión cuando la cesación en el trabajo es involuntaria, aspecto que escapa del alcance demostrativo de los documentos que procesa el referido organismo. Por tanto, es al actor ahora quejoso a quien correspondía acreditar que quedó privado de trabajo remunerado, sin que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, sea obligatorio para este Tribunal Colegiado, aplicar el criterio jurisprudencial a que hace referencia el quejoso, por haberlo emitido otro órgano jurisdiccional similar a éste. Ahora, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, en la jurisprudencia IV.3o.T. J/52, que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, marzo de 2004, página 1375, estableció: ‘EDAD AVANZADA. ACREDITADA POR EL ASEGURADO GENERA LA PRESUNCIÓN DE LA INEXISTENCIA DE UNA RELACIÓN LABORAL O DE TRABAJO REMUNERADO PARA LOS EFECTOS DE LA PENSIÓN POR CESANTÍA, Y DE SUSCITARSE CONTROVERSIA LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.’ (se transcribe). De la transcripción de la jurisprudencia en cita, se advierte que el tribunal de referencia, sostiene que al suscitarse controversia en cuanto al hecho de que el asegurado quedó privado de trabajos remunerados para el otorgamiento y pago de la pensión de cesantía en edad avanzada, la carga de la prueba le corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo tal criterio no se comparte por este Tribunal Colegiado, pues por un lado atendiendo a la naturaleza de la reclamación, que es de seguridad social, le corresponde al actor acreditar los presupuestos de su acción; y en segundo término, como se dijo anteriormente, sólo al asegurado le consta que, a pesar de los trámites realizados, no ha podido conseguir empleo o que se le cesó en el trabajo involuntariamente; aspectos que evidentemente escapan del alcance demostrativo de los documentos que procesa el Instituto Mexicano del Seguro Social. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo se denuncia la posible contradicción que existe entre el criterio sustentado en la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, de rubro: ‘EDAD AVANZADA. ACREDITADA POR EL ASEGURADO GENERA LA PRESUNCIÓN DE LA INEXISTENCIA DE UNA RELACIÓN LABORAL O DE TRABAJO REMUNERADO PARA LOS EFECTOS DE LA PENSIÓN POR CESANTÍA, Y DE SUSCITARSE CONTROVERSIA LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.’, cuyo texto se encuentra transcrito en párrafos precedentes, y el criterio que se sostiene en la presente ejecutoria, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decida cuál debe prevalecer. Por otro lado, contrario a lo que afirma el quejoso, la Junta responsable legalmente absolvió del otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada y analizó debidamente las constancias de autos, pues tal como lo estimó en el laudo, aun cuando el artículo 145 de la anterior Ley del Seguro Social, establece que para gozar de las prestaciones del seguro de cesantía en edad avanzada se requiere que el asegurado tenga reconocido en el instituto un mínimo de quinientas cotizaciones semanales; que haya cumplido sesenta años de edad y que quede privado de trabajo remunerado; y el diverso artículo 146 de la ley en cita, dispone que el derecho al goce de la pensión de cesantía comenzará desde el día en que el asegurado cumpla los requisitos señalados en el artículo anterior, siempre que solicite el otorgamiento de dicha pensión y haya sido dado de baja del régimen del seguro obligatorio; sin que alguno de dichos numerales disponga expresamente que la pensión de cesantía en edad avanzada sólo puede otorgarse cuando la cesación en el trabajo es involuntaria; empero, como ya se precisó existe criterio jurisprudencial de nuestro Máximo Tribunal del país en el que se sostuvo que sí es necesario ese elemento para la procedencia de la pensión aludida. Dicha jurisprudencia la emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 178/2006, localizable en la página 195, Tomo XXIV, diciembre de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ‘CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, EL OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA SÓLO PROCEDE CUANDO LA CESACIÓN EN EL TRABAJO ES INVOLUNTARIA.’ (se transcribe). Por tanto, como dicho criterio jurisprudencial es de observancia obligatoria para este Tribunal Colegiado y para la autoridad responsable en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, es de concluirse que la resolutora actuó correctamente al absolver al instituto demandado de la pensión de cesantía en edad avanzada que el quejoso le reclamó, ya que ciertamente no ofreció ningún medio de prueba con el que acreditara que la baja ante el órgano asegurador, se debió a que lo despidieron, tal como lo narró en su demanda laboral, pues no basta la sola manifestación sino que debía probar tal extremo. ... Así las cosas, al no haberse demostrado que el laudo combatido viole precepto constitucional o legal alguno y no advirtiéndose deficiencia que suplir, se impone negar a ********** el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. ..."

CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Cuarto Circuito, cuyo criterio se denuncia como contrario al sostenido por el tribunal mencionado anteriormente, al resolver el amparo directo AD. 787/2003, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, determinó no conceder el amparo solicitado apoyándose en las siguientes consideraciones:

"... SÉPTIMO. Son infundados e inoperantes los conceptos de violación. De los antecedentes del juicio laboral se observa que **********, demandó entre otras prestaciones, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el otorgamiento y pago de una pensión por cesantía en edad avanzada a partir del seis de abril de mil novecientos noventa. El instituto demandado al producir su contestación, manifestó que era improcedente la acción reclamada, ya que no reunía los requisitos que señala el artículo 145 de la Ley del Seguro Social para tener derecho a la pensión por cesantía pues no contaba con el mínimo de semanas cotizadas, no demostraba tener sesenta años o más de edad y, haber quedado privado de trabajos remunerados, pues sólo tenía trescientas sesenta y dos semanas de cotización, reconocidas al quince de diciembre de dos mil uno, fecha de su última baja. La Junta dictó laudo el catorce de abril de dos mil tres, en el que condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social, a otorgarle al actor la pensión de cesantía en edad avanzada, pagar las mensualidades de la misma, otorgarle las asignaciones familiares y aguinaldos a partir del veinticinco de febrero de dos mil dos; además, a otorgarle a él y a su esposa la atención médica y clínica, absolviéndole del resto de las reclamaciones. ... Es infundado el concepto de violación en el que alega el instituto quejoso que la responsable, le impuso la carga de la prueba de extremos que tocaba probar al actor; que fue omisa en analizar si se cumplió con la totalidad de los requisitos señalados en los artículos 145, 146 y 182 de la Ley del Seguro Social.

"Es infundado porque del laudo impugnado se desprende que la responsable estableció que correspondía al actor acreditar haber cumplido sesenta años de edad y, al Instituto Mexicano del Seguro Social la carga de probar las semanas de cotización y, que el actor se encontraba privado de un trabajo remunerado. Es correcta la consideración de la responsable en cuanto a que determina que corresponde al instituto la carga de acreditar las semanas de cotización y que el actor se encuentra privado de un trabajo remunerado, para de ahí deducir que se cumplió con todos los requisitos que al efecto señala el artículo 145 de la Ley del Seguro Social para el otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada. En efecto, tocante a las semanas de cotización, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro: ‘SEGURO SOCIAL. LA CARGA DE LA PRUEBA DE LAS COTIZACIONES DE LOS TRABAJADORES QUE SIRVEN DE BASE SALARIAL PARA DETERMINAR LA CUANTIFICACIÓN DE LAS PENSIONES QUE PREVÉ LA LEY RELATIVA, CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, mayo de 1998, página 524, ya estableció que toca al Instituto Mexicano del Seguro Social la carga de esa prueba. En lo concerniente a la edad, obra el acta de nacimiento aportada por el actor de la que se aprecia cuenta con setenta y tres años de edad; y, tocante a que no cuenta con trabajo remunerado se deduce de las actuaciones y la prueba presuncional, ya que se demuestra que cuenta con setenta y tres años de edad, lo que presume que carece de trabajo remunerado. Para concluirlo así, en términos de lo dispuesto por el numeral 145 de la Ley del Seguro Social, resulta conveniente analizar de manera conjunta los diversos preceptos 146 y 182 del propio ordenamiento legal, los cuales textualmente dicen: ‘Artículo 145.’ (se transcribe). ‘Artículo 146.’ (se transcribe). ‘Artículo 182.’ (se transcribe). Del citado artículo 146 se desprende que establece el derecho de los asegurados a gozar de una pensión de cesantía en edad avanzada, a partir de la fecha en que se cumplan con los requisitos contenidos en los diversos preceptos 145 y 182 de la Ley del Seguro Social, que son: Tener un mínimo de quinientas semanas cotizadas; haber cumplido sesenta años de edad; haber quedado privado de trabajo remunerado; y, estar dentro del periodo de conservación de derechos. Del laudo se advierte que la Junta estableció la litis para determinar si el actor tenía o no derecho al otorgamiento y pago de la pensión por cesantía en edad avanzada y, a las prestaciones accesorias. La concretó sobre tres aspectos, uno que el actor hubiera cumplido sesenta años de edad, otro, sobre las semanas de cotización y, el tercero en la justificación de haber quedado privado de trabajo remunerado. Dejó fuera de ella el extremo precisado en el inciso d), consistente en deducir si estaba dentro del periodo de conservación de derechos. Se aprecia de autos que sobre este último no se suscitó controversia. Es correcto que haya determinado que la carga de la prueba del primer punto corresponde al actor y, del segundo y tercero al instituto demandado. En efecto, la responsable correctamente le impuso al instituto la carga de probar las semanas de cotización, porque corresponde al instituto poseer los comprobantes e información idónea para acreditar el tiempo de cotización por tener el registro e inscripción de los trabajadores para efectos del seguro social obligatorio, altas y bajas de éstos, así como el registro de los salarios y sus modificaciones. Así, fue atinado que la responsable determinara que correspondía al instituto demandado, la carga de probar las semanas de cotización, ya que por disposición de los artículos 240 de la Ley del Seguro Social anterior y 251 de la ley en vigor, 4o., 6o., 7o., 10, 13, 14 y 15 del Reglamento de Afiliación de Patrones y Trabajadores, corresponde al instituto poseer los comprobantes e información idónea para acreditar el tiempo de cotización por tener el registro e inscripción de los trabajadores para efectos del seguro social obligatorio, altas y bajas de éstos, así como el registro de los salarios y sus modificaciones; consideración que encuentra su apoyo y fundamento, en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, mayo de 1998, página 524, cuyo rubro y texto es: ‘SEGURO SOCIAL. LA CARGA DE LA PRUEBA DE LAS COTIZACIONES DE LOS TRABAJADORES QUE SIRVEN DE BASE SALARIAL PARA DETERMINAR LA CUANTIFICACIÓN DE LAS PENSIONES QUE PREVÉ LA LEY RELATIVA, CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.’ (se transcribe). En relación al requisito precisado en el inciso c), consistente en la demostración de que el asegurado se encontraba privado de un trabajo remunerado, no corresponde al actor justificarlo, ya que constituye un hecho negativo pues se le obligaría a probar la falta de trabajo. Por ende, acertadamente la Junta atribuyó al instituto, demostrar que el actor sí cuenta con trabajo, pues por su edad se presume además que carece de ese trabajo remunerado; al concluirlo así este Tribunal Colegiado comparte la opinión que al respecto ha sustentado el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, del mes de septiembre de 1999, página 844, cuyo rubro y texto dice: ‘SEGURO SOCIAL. LE CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE EL ASEGURADO QUE SOLICITE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA SE ENCUENTRA PRIVADO DE TRABAJO REMUNERADO (LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL TREINTA DE JUNIO DE 1997).’ (se transcribe). Este Tribunal Colegiado considera en adición a ese criterio que como uno de los requisitos para obtener la pensión de cesantía es que el trabajador cuente con sesenta años de edad, esa edad genera la presunción de que es una persona que cuenta con el desgaste físico acorde a esa edad, que lo imposibilita de contar con un trabajo remunerado, pues la pensión de cesantía es la compensación del riesgo de la desocupación a que se ve sometido el asegurado debido a su edad. La Ley del Seguro Social tiene un sistema encaminado a proteger al trabajador y a su familia contra riesgos de existencia, instituyéndose así diversas prestaciones a los asegurados y sus beneficiarios, que originó la existencia, entre otros seguros, del concerniente al de cesantía en edad avanzada cuya contingencia le obliga al otorgamiento de una pensión que tiene como finalidad compensar el riesgo de desocupación a que se ve sometido el asegurado debido a su edad. Ese desgaste físico limita la posibilidad y presume que no puede encontrarse un trabajo remunerado, ya que los sistemas actuales de trabajo no tienen tareas que ofrecer cuando los individuos pierden sus energías. El desgaste físico y la pérdida de energía en sus cuerpos les impiden por tal razón adquirir trabajo remunerado. El otorgamiento de las prestaciones relativas a la pensión de cesantía en edad avanzada, según se infiere del artículo 143 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete (artículo 154 del ordenamiento en vigor), obedece a la necesidad de proteger al asegurado de la desocupación por falta de oportunidad para desempeñar un trabajo remunerado. Tal prestación pretende garantizar el medio de subsistencia, ya que por su avanzada edad, su capacidad de trabajo se encuentra limitada y, por ende, privada de ganancias. En el caso concreto el actor reclamó la pensión de cesantía en edad avanzada y prestaciones accesorias, y con la certificación relativa al acta de su nacimiento expedida por el oficial del Registro Civil de Charcas, San Luis Potosí, (foja 6) acreditó que es una persona de más de sesenta años; por ende, que cumple con el requisito de la fracción II del artículo 145 de la Ley del Seguro Social que invoca el instituto quejoso. Tocante a la carencia de empleo remunerado la edad de setenta y tres años con que cuenta, aunado a la petición que eleva en su demanda laboral genera la presunción humana de que por lógica natural el desgaste físico que va sufriendo el cuerpo por razón de la edad le limita la posibilidad de encontrar un trabajo. Circunstancia que a juicio de este Tribunal Colegiado presume la inexistencia de una relación laboral o trabajo remunerado, teniendo en consideración que las personas mayores de sesenta años sufren debido a su edad desgaste físico generalizado, ya que pierden movilidad, fuerza y resistencia y tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, hipertensión, obesidad y diabetes, por citar algunas; cuyos efectos naturales por el envejecimiento son que su piel pierde espesor y elasticidad (aparición de arrugas), se contusiona más fácilmente al debilitarse los vasos sanguíneos cercanos a la superficie; su cerebro y sistema nervioso pierde parte de la capacidad de memorización y aprendizaje a medida que las células mueren; se da una mayor lentitud de reacción ante los estímulos (los reflejos se debilitan); los sentidos se hacen menos agudos al irse perdiendo las células nerviosas; en sus pulmones se reduce su eficacia al disminuir su elasticidad; el corazón bombea con menos eficacia, dificultando el ejercicio; la circulación empeora y aumenta la presión sanguínea al endurecerse las arterias; las articulaciones pierden movilidad (rodillas, cadera) y se deterioran debido al desgaste y presión constantes; la desaparición del tejido cartilaginoso entre las vértebras provoca el ‘encogimiento’ típico de la ancianidad; y, sus músculos pierden masa y fortaleza. Luego, el desgaste físico y la poca salud en sus cuerpos no les proporciona facilidad para adquirir trabajo que les permita ganar dinero; amén de ello, es de dominio público que la oferta de empleo es para personas de dieciocho a treinta y cinco años de edad como máximo, lo que influye para estimar que una persona mayor de sesenta años no tiene posibilidad de tener un trabajo remunerado. En esas condiciones, se estima correcta la consideración de la Junta al haber impuesto al Instituto Mexicano del Seguro Social esa carga probatoria, por disponer de más y mejores elementos de prueba que el propio asegurado. Sostener lo contrario implicaría además, como se dijo, obligar al demandante a probar un hecho negativo. ..."

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito sustentó similares consideraciones al resolver los juicios de amparo directo 819/2003, 959/2003, 1095/2003 y 1158/2003, en cuanto al punto de contradicción que se denuncia, razón por la cual, en obvio de repeticiones innecesarias, no se transcriben.

QUINTO. En principio, es relevante precisar que es criterio del Pleno de este Alto Tribunal que para tener por configurada la contradicción de tesis es innecesario que los elementos fácticos analizados por los Tribunales Colegiados contendientes sean idénticos, sino que lo trascendente es que el criterio jurídico establecido por ellas respecto de un tema similar sea discordante esencialmente.

Cabe advertir que la regla de mérito no es absoluta, pues el Tribunal Pleno dejó abierta la posibilidad de que previsiblemente cuando la cuestión fáctica analizada sea relevante e incida en el criterio al cual arribaron los Tribunales Colegiados contendientes, sin ser rigorista, es válido declarar la inexistencia de la contradicción de tesis denunciada.

Lo anterior, de acuerdo a las tesis siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXX, julio de 2009

"Tesis: P. XLVI/2009

"Página: 68

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas ju

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22159-c8bb439b/cesantia-en-edad-avanzada-el-asegurado-que-demanda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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