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CIRCULACIÓN VEHICULAR. LA RESTRICCIÓN DERIVADA DEL ACUERDO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS PARA LIMITAR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN LAS VIALIDADES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA CONTROLAR Y REDUCIR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y CONTINGENCIAS AMBIENTALES, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 19 DE JUNIO DE 2008, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2010. · Registro digital (IUS): 22323
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, Y CUARTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, , Pág. 387.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, Y CUARTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIA: PAOLA YABER CORONADO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y el punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia administrativa, especialidad de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues fue denunciada por los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en representación de uno de los órganos emisores de los criterios en contienda.

TERCERO. En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe prevalecer.

Para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia hayan:

1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.

Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para ello que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales, en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.

En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal en la tesis aislada que a continuación se cita:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXX, julio de 2009

"Tesis: P. XLVI/2009

"Página: 68

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impide su resolución.

"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala."

CUARTO. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es conveniente conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las resoluciones respectivas.

I. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla.

El diez de diciembre de dos mil nueve al resolver el amparo en revisión 638/2009, sostuvo lo siguiente:

"Asiste razón al impetrante de amparo por cuanto afirma que los artículos del acuerdo reclamado violan las garantías de igualdad ante la ley y no discriminación previstas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones que se expondrán con posterioridad en esta ejecutoria. Para entrar en materia, debe atenderse al contenido literal del artículo 1o., primer y tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (se transcribe). El primer párrafo de ese numeral contiene una afirmación general del principio de igualdad en el disfrute de las garantías individuales que otorga la Constitución, al señalar que todo individuo gozará de las garantías contenidas en la Norma Suprema, lo cual significa que a ninguna persona que se encuentre en nuestro país, se le negará el goce de las garantías individuales. Esa redacción evidencia la voluntad constitucional de asegurar en los más amplios términos el goce de los derechos fundamentales y de que las limitaciones a los mismos sean concebidas restrictivamente, de conformidad con el carácter excepcional que la Constitución les atribuye. El tercer párrafo del precepto constitucional en cita, establece la prohibición de discriminar por varios motivos expresamente enumerados, entre ellos, por origen nacional. ... Así, la igualdad se tutela en la Constitución Federal como uno de los principios estructurales del orden jurídico, lo cual implica que ha de servir como criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación. Es un principio complejo que otorga a las personas no solamente la garantía de que son iguales ante la ley, esto es, como destinatarios de las normas, sino que también son iguales ante la ley en relación con su contenido, la cual tiene que ajustarse a las disposiciones constitucionales sobre igualdad para ser constitucional. El sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, pero ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, pues la propia Constitución Federal acepta implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas, de ahí que se refiere a la igualdad jurídica que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio injustificadamente. Consideraciones que se desprenden de la jurisprudencia ... del tenor siguiente: ‘IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO.’ (se transcribe). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que la intención constitucional es extender las garantías implícitas en el principio de igualdad al ámbito de las acciones legislativas que tiene un pacto significativo en la libertad y dignidad de las personas, así como al de aquellas que se articulan en torno al uso de una serie de criterios clasificatorios mencionados en el tercer párrafo del artículo 1o. constitucional, sin que ello implique que al legislador le esté vedado absolutamente el uso de dichas categorías en el desarrollo de su labor normativa, sino que debe ser cuidadoso al hacerlo, por ello siempre que la acción clasificadora del legislador incida en los derechos fundamentales garantizados constitucionalmente, será necesario aplicar con especial intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad y no discriminación. Orienta lo dicho en ese sentido la jurisprudencia ...: ‘IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).’ (se transcribe). Bajo ese contexto, se tiene que la garantía de la igualdad lo que exige es, en definitiva, que la persecución de un objetivo constitucionalmente válido no se haga a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. En ese orden de ideas, se colige que el valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica. En diverso aspecto, en lo que atañe el principio de no discriminación, según interpretación de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, constituye una verdadera garantía, consistente en el derecho subjetivo público del gobernado de ser tratado en la misma forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias. Por tanto, bajo la tutela de esa garantía está prohibido todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana, anule o menoscabe los derechos y libertades del varón y la mujer, porque ambos deben ser protegidos por la ley sin distinción alguna, independientemente de sus preferencias y, por ello, deben gozar de los mismos derechos y de la igualdad de oportunidades para ejercer las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra. Ese aserto encuentra sustento en la tesis 2a. CXVI/2007 de ese órgano jurisdiccional, legible en la página 639, Tomo XXVI, agosto de dos mil siete, cuyo rubro y texto establecen a la letra lo que sigue: ‘GARANTÍA DE NO DISCRIMINACIÓN. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). De este modo, se ha concebido que la prohibición de la discriminación se trata de una reafirmación del principio de igualdad contenido en el primer párrafo del artículo 1o. constitucional. La discriminación implica dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, entre otros. El principio en comento muestra la voluntad del Constituyente de extender la garantía de igualdad a otros ámbitos, pues prohíbe que el legislador incurra en prácticas discriminatorias por motivos accidentales o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y propenda a menoscabar los derechos de las personas. En consecuencia, la discriminación se presenta cuando por diversas factores, el trato dado a las personas se diversifica, normalmente para ser más benévolo respecto de unas que de otras. ... Es menester precisar, que de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son mexicanos por nacimiento: Los que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. ... También debe tenerse presente que la forma de organización política de nuestro país es la de una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación. Las partes integrantes de dicha Federación son los Estados (se transcribe). La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior implica, que la faceta de no discriminación derivada de origen nacional a la que se alude en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no solo debe atender al ámbito internacional, sino también se puede hacer extensiva hacia el interior de la nación respecto de los habitantes o residentes de cada una de las entidades federativas, considerando que el concepto de nacionalidad también se visualiza desde contexto interno, ya que como se ha visto es el nexo de cada individuo frente al Estado y, por ende, a su régimen político, aspecto que encuentra justificación cuando, como en el caso de México, existen entidades federativas (Estados) unidos por un pacto federal. Lo anterior cobra mayor relevancia si se toma en consideración el contenido del artículo 121 constitucional, que es del tenor siguiente: (se transcribe). Conforme al citado precepto constitucional, los Estados de la Federación deben dar entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. Establece límites y obligaciones comunes, verbigracia, la disposición contenida en la fracción I de ese numeral, en el sentido de que las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio, y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él. Lo anterior sólo se explica en un contexto de Estados independientes uno de otro y jurídicamente iguales, esto es, no existe una relación de jerarquía entre el derecho de una entidad sobre el que emite otra, pues pertenecen al mismo rango, es decir, son entidades políticas independientes y equivalentes.

"Igualmente, debe tomarse consideración que el hecho de que el artículo 121 constitucional obligue a las autoridades de los Estados a dar fe y crédito de los actos de los otros, debe darse el mismo crédito cuando los actos emanen de autoridades federales, así como las del Distrito Federal; por tanto, con base en esa norma, las autoridades del Distrito Federal deben dar entera fe y crédito a lo actuado por las diferentes entidades federativas del país. Asimismo, se puede estimar que el artículo 121 constitucional, permite la colaboración que debe existir entre las entidades federativas y del Distrito Federal, sobre la base de que el derecho de cada una de éstas es válido o tiene efecto únicamente dentro de su territorio. Ahora, todos los habitantes de las diversas entidades federativas del país y del Distrito Federal, son connacionales, es decir, tienen un mismo origen nacional desde el punto de vista del Estado federado, y no existe una base constitucional para hacer una discriminación interna atendiendo a su origen en cuanto a su pertenencia al Distrito Federal o a una entidad federativa, por ende, es válido que esa circunstancia se tome como premisa a efecto de analizar si el contenido de una norma ya sea emitida por el Distrito Federal o bien, los diversos Estados de la Federación, es violatoria de la garantía de igualdad y no discriminación tutelada por el artículo 1o. constitucional, en la faceta relativa al origen nacional. En diverso aspecto, también se precisar (sic) cuál es el alcance del artículo 1o. constitucional, respecto de los extranjeros. El término ‘extranjero’ se ha definido de este modo: ‘Extranjero. En relación con una nación determinada, la persona que no pertenece a ella ni por nacimiento ni por naturalización.’. El artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que son extranjeros los que no poseen las calidades determinadas en el artículo 30. También prevé que los extranjeros tienen derecho a las garantías, que otorga el capítulo I, título primero, de la Constitución; sin embargo, les prohíbe inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Bajo esa premisa, se considera que la primera parte del artículo 1o. constitucional, que establece el principio de igualdad, al decir que ‘todo individuo’ gozará de las garantías de la Norma Suprema, se refiere a que ninguna persona, incluyendo a los extranjeros (con ciertas excepciones), que se encuentren en nuestro país, se le negará el goce de las garantías individuales. Asimismo, se ha interpretado que los extranjeros están obligados a acatar las leyes del país, sin que tal acatamiento implique una violación de las garantías que le otorga la Constitución, esto es, salvo los casos de excepción previstos en el Texto Constitucional, se encuentran un plano de igualdad con los nacionales; por tanto, también tienen derecho a disfrutar de las garantías de igualdad y no discriminación que se tutelan en el artículo 1o. de la Constitución Federal. Robustece lo dicho en ese sentido, la tesis de la Segunda Sala ... intitulada: ‘EXTRANJEROS, GARANTÍAS DE LOS.’ (se transcribe). En diverso aspecto, también es necesario precisar como una premisa fundamental para la correcta resolución de los planteamientos esgrimidos por el quejoso, cuál es el tratamiento metodológico que debe seguirse cuando en el conflicto que se examine se reclame la inconstitucionalidad de una norma y se advierta la existencia de un conflicto de intereses constitucionales, como es el caso, según se expondrá con posterioridad en esta ejecutoria. Al respecto debe decirse, que tanto las Salas como el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sostenido diversos criterios que permiten la solución de los asuntos en los que existen conflictos entre bienes constitucionalmente protegidos, y para establecer los límites del desarrollo y reglamentación legislativa en relación con la garantía de igualdad. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ... ha establecido diversos criterios que deben observarse en el control de constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad. La jurisprudencia a la que se ha hecho mención es del tenor siguiente: ‘IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Conforme al texto de la tesis en comento, los criterios que deben observarse a fin de establecer si el legislador respeta el principio de igualdad son: a) La distinción debe perseguir una finalidad objetiva y constitucionalmente válida; b) La distinción hecha por el legislador debe ser racional o adecuada, esto es, debe existir una relación de instrumentalidad entre la medida confiscatoria y el fin pretendido. c) Si cumple con el requisito de proporcionalidad. A su vez, la Segunda Sala del Más Alto Tribunal en la tesis 2a. LXXXII/2008, ... ha sostenido que del principio de igualdad derivan dos normas que vinculan específicamente al legislador ordinario: por un lado, un mandamiento de trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual y, por el otro, un mandato de tratamiento desigual, que obliga al legislador a establecer diferencias entre supuestos de hecho distintos cuando la propia Constitución las imponga. De esta forma, se considera que para que las diferencias normativas puedan considerarse apegadas al principio de igualdad es indispensable que se acrediten (sic) que exista una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con estándares y juicios de valor generalmente aceptados, su pertinencia debe apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo concurrir una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida. Lo anterior, según se desprende del contenido de la tesis ... de rubro y texto que dicen: ‘PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD. SU CONTENIDO Y ALCANCE. EL.’ (se transcribe). Al respecto debe decirse que la tesis antes mencionada derivó de la ejecutoria por la que se resolvió el amparo en revisión 1260/2006, en la que se estableció que las prohibiciones de discriminación del artículo 1o. constitucional tienen como fin, y generalmente como medio, la paridad en el trato de los individuos cuya nota diferenciadora sea alguno de los criterios enumerados en el párrafo tercero del artículo 1o. constitucional, impone la necesidad de usar en el juicio de legitimidad constitucional un canon mucho más estricto, que implique un mayor rigor respecto a las exigencias materiales de la proporcionalidad, dado que en tales casos la propia Constitución impone una regla de tratamiento igual, que sólo admite excepciones cuando se busque satisfacer una finalidad constitucionalmente imperativa y exige medios estrechamente ajustados a esa finalidad. Sobre ese aspecto, en la ejecutoria en cita se establece, en lo que importa lo siguiente: ‘Al respecto, debe tenerse en cuenta que la posición constitucional del legislador democrático no exige que toda diferenciación normativa esté amparada en permisos de diferenciación derivados del propio Texto Constitucional, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de discriminación, pues respecto de éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable, sino imperativo. La siguiente exigencia del principio de igualdad es que la diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo buscado. Es decir, que la medida sea capaz de causar su objetivo, bastando para ello una aptitud o posibilidad de cumplimiento, sin que quepa exigir que los medios se adecuen estrechamente o estén diseñados exactamente para lograr el fin en comento. En este sentido, no se cumplirá el requisito de adecuación cuando la medida legislativa no contribuya de ningún modo a la obtención de su fin inmediato. Tratándose de las prohibiciones concretas de discriminación, en cambio, será necesario analizar con mayor intensidad la adecuación, siendo exigible que la medida esté directamente conectada con el fin perseguido. Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es decir, establecer si la medida guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre las ventajas y desventajas de la medida, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos. El juicio de proporcionalidad exige comprobar si el trato desigual resulta tolerable, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido, en el entendido de que mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la entidad de la diferenciación.’. De donde se sigue, que acorde a las consideraciones expresadas en esa ejecutoria, los criterios que consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de establecer si una norma respeta la garantía de igualdad por establecer un trato diferenciado que se considera injustificado, son los siguientes: a) Determinar si la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de discriminación, pues respecto de éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable, sino imperativo. b) La diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo buscado. Conforme a este supuesto, se requiere que (sic) determinar si la medida legislativa contribuye a la obtención de su fin inmediato. Además, tratándose de las prohibiciones concretas de discriminación es necesario analizar con mayor intensidad la adecuación, siendo exigible que la medida esté directamente conectada con el fin perseguido. c) Determinar si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional. Para lo cual se requiere realizar una ponderación entre las ventajas y desventajas de la med

da, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos. Asimismo, se requiere comprobar si el trato desigual resulta tolerable, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido, en el entendido de que mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la entidad de la diferenciación. A su vez, de manera más reciente, el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del País ha sostenido que para la solución de conflictos entre bienes constitucionalmente protegidos, son relevantes las nociones de contenido esencial y proporcionalidad, y para establecer los límites del desarrollo y reglamentación legislativa de las garantías individuales, pues esos conceptos implican la idea de que el legislador bien puede limitar las garantías individuales con base en la Constitución, siempre que lo haga de manera justificada, es decir, estableciendo una relación de proporcionalidad entre los medios y los fines que pretende alcanzar a través de la medida de intervención respectiva. En ese sentido, ha sostenido el criterio de que el legislador no puede actuar en exceso de poder ni arbitrariamente en perjuicio de los gobernados, lo que implica que debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica, bajo los criterios a que se aluden en la jurisprudencia ...: ‘GARANTÍAS INDIVIDUALES. EL DESARROLLO DE SUS LÍMITES Y LA REGULACIÓN DE SUS POSIBLES CONFLICTOS POR PARTE DEL LEGISLADOR DEBE RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD JURÍDICA.’ (se transcribe). Conforme a la jurisprudencia en cita, a fin de evaluar si una norma cumple con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, se deben (sic) verificar que se cumpla con los (sic) siguiente: a) Finalidad constitucionalmente legítima. Lo anterior implica que los medios escogidos deben ser legítimos y constitucionalmente permitidos. b) Ser adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido. Bajo ese criterio se requiere determinar si la medida adoptada es eficaz para lograr la consecución del objetivo. c) Ser necesaria. Ese concepto se traduce en que la medida sea suficiente para lograr la finalidad perseguida, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobernado. d) Justificación en razones constitucionales. Esto implica verificar si existen motivos que hagan comprensible la diferenciación, esto es, que no la tornen en desproporcional, injustificada o arbitraria, esto es, implica el análisis del juzgador respecto de la existencia de una razón suficiente o imperativa. Es importante mencionar, que a efecto de poder llevar a cabo el ejercicio de valoración al que se ha hecho alusión, debe tomarse en cuenta que la igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. A este respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria por la que se resolvió el amparo en revisión 1260/2006, cuyos datos de localización ya se han precisado, consideró que la comparación intrínseca al principio de igualdad no debe hacerse respecto de todos los elementos de los regímenes jurídicos en cuestión, sino únicamente atendiendo a los aspectos que sean relevantes teniendo en cuenta la finalidad de la diferenciación. Esto es, dos regímenes jurídicos no son iguales o diferentes entre sí en cuanto a todos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22323-c650ab77/circulacion-vehicular-la-restriccion-derivada-del-acuerdo-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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