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Modo: Corpus Pro

ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DEL AJUSTE A LA PENSIÓN JUBILATORIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). ISSSTE. EL SALARIO ASIGNADO EN LOS TABULADORES REGIONALES ES EL QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA EFECTUAR LAS COTIZACIONES AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL RELATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). ISSSTE. INTEGRACIÓN DEL SUELDO BÁSICO CONFORME AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY RELATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/2010. · Registro digital (IUS): 22424
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN Y SEGUNDO, NOVENO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, , Pág. 654.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN Y SEGUNDO, NOVENO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: ARNULFO MORENO FLORES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados en asuntos en Materia Administrativa, que es una de las materias, especialidad de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis se estima que proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; y 197-A de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen lo siguiente:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer. La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Los preceptos transcritos anteriormente establecen los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios a través de contradicciones de tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito que sustentan los criterios contradictorios, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios, a fin de que se determine el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por el presidente de uno de los tribunales que sustentó uno de los criterios denunciados como contradictorios, razón por la cual es indudable que cuenta con legitimación para hacerlo, en términos del criterio que se reproduce a continuación, con los datos de localización correspondientes:

"No. Registro: 803,032

"Jurisprudencia

"Materia(s): Común

"Octava Época

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 63, marzo de 1993

"Tesis: 4a./J. 4/91

"Página: 17

"CONTRADICCIÓN DE TESIS, DENUNCIA DE. ES IMPROCEDENTE SI NO SE FORMULA POR PARTE LEGITIMADA. Conforme al artículo 197-A de la Ley de Amparo, sólo podrán denunciar contradicción entre las tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de su competencia: a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; b) El procurador general de la República; c) Los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren; y, d) Las partes que intervinieron en los juicios correspondientes. Consecuentemente, si una denuncia de tal naturaleza se formula por una autoridad o persona distinta de las que señala dicho precepto, la misma es improcedente por carecer de legitimación el denunciante."

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en apoyo al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo administrativo 812/2009, correspondiente al DA. 473/2009 del índice del mencionado Décimo Primer Tribunal Colegiado, en la parte conducente, sostuvo:

"SÉPTIMO. Los conceptos de violación son ineficaces. ... En consecuencia, al contrario de lo que sostiene la quejosa, únicamente los conceptos por los que el trabajador cotizó al instituto deben tenerse en cuenta para el cálculo de la pensión jubilatoria, pues no basta que la actora hubiera demostrado que se le cubre una prestación denominada ‘compensación garantizada’, dado que no siempre dichas prestaciones son consideradas para calcular el monto de las cuotas y aportaciones de seguridad social. Por tanto, no asiste razón jurídica a la impetrante, cuando sostiene que en la sentencia reclamada sin soporte legal se consideró que debe acreditarse que las cuotas y aportaciones cubiertas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tuvieron en consideración al concepto de ‘compensación garantizada’ y que en todo caso, debió la responsable demostrar conforme a derecho su determinación, pues al efecto la Sala Fiscal invocó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 41/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que así lo establece, como previamente se expuso. Aunado a que la responsable valoró los recibos de pago exhibidos por la actora y estimó que no son suficientes para acreditar que las cuotas y aportaciones cubiertas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tuvieron en consideración la ‘compensación garantizada’ y dicha determinación se encuentra ajustada a derecho. Se afirma lo anterior porque los comprobantes de pago exhibidos por la parte actora en el juicio de nulidad demuestran que recibía el sueldo básico tabular, así como una cantidad por concepto de compensación garantizada, entre otras prestaciones, pero en modo alguno se tiene la certeza de que la compensación garantizada que recibía el servidor público, aun de manera permanente y continua, se tuvo en consideración por la dependencia para efectos de cotizar ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Asimismo, de la hoja única de servicios aportada por la parte actora se advierte que el sueldo base tabular del servidor público, cotizable para efectos de las cuotas y aportaciones de seguridad social es de cinco mil novecientos seis pesos con cuarenta y cinco centavos, así también se contempla la prima quinquenal, pero la ‘compensación garantizada’ no se tuvo en cuenta por la dependencia en la que prestaba sus servicios la ahora quejosa para cotizar ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aunado a que en términos del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de mayo de dos mil siete, que se aplica a las dependencias que forman parte de la administración pública federal, como es el caso del Servicio de Administración Tributaria, dicha remuneración no forma parte de la base de cálculo para determinar las prestaciones básicas, así como las cuotas y aportaciones de seguridad social. Así se observa del artículo 2, fracciones II y XI, del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, que disponen: ‘Artículo 2. Las definiciones previstas en los artículos 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 2 de su reglamento, serán aplicables para este manual. Adicionalmente, para efectos de la instrumentación de este ordenamiento, se entenderá por: ... II. Compensaciones: Remuneraciones complementarias al sueldo base tabular, que se cubren a los servidores públicos y que se integran a los sueldos y salarios. Estas remuneraciones no forman parte de la base de cálculo para determinar las prestaciones básicas, así como las cuotas y aportaciones de seguridad social, salvo aquellas que en forma expresa determinen las disposiciones aplicables. Dichos conceptos de pago en ningún caso podrán formar parte integrante de la base de cálculo para efectos de indemnización o liquidación; ... XI. Sueldo base tabular: Importes que se consignan en los tabuladores de percepciones, por concepto de sueldos y salarios, que constituyen la base de cálculo aplicable para computar las prestaciones básicas en favor de los servidores públicos, así como las cuotas y aportaciones por concepto de seguridad social.’. Ahora, al contrario de lo alegado por la quejosa, a ella le correspondía la carga probatoria en el juicio de nulidad para demostrar que su cuota diaria de pensión por jubilación no fue legalmente calculada conforme al salario asignado en el tabulador regional, que la ‘compensación garantizada’ antes mencionada, es de aquellas que se cubren con cargo a la partida específica del presupuesto denominada ‘Compensaciones adicionales por servicios especiales’ o bien que el concepto de compensación garantizada fue tenido en consideración por la dependencia en el cálculo de las cuotas y aportaciones de seguridad social, lo que no aconteció en la especie, por lo que no es veraz que el instituto demandado estaba obligado a demostrar la realización de los descuentos relativos al componente del salario denominado ‘compensación garantizada’. Lo anterior, atento a lo dispuesto en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley que rige el acto reclamado, que dispone que corresponde al actor probar los hechos constitutivos de su acción; de manera que éste tiene la carga procesal de demostrar la procedencia de su acción, para lo cual debió justificar que dicho componente fue objeto de cotización ante el aludido instituto. En efecto, los actos de autoridad administrativa gozan de la presunción de estar apegados a legalidad, por lo que se parte de la idea de que el acto de autoridad es legal, hasta en tanto no se demuestre lo contrario. Esta regla general se obtiene del artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que dispone: ‘Artículo 8. El acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso.’. De igual manera, en el juicio seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa opera la referida presunción legal del acto administrativo, según se observa de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que prevé: ‘Artículo 42. Las resoluciones y actos administrativos se presumirán legales. Sin embargo, las autoridades deberán probar los hechos que los motiven cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho.’. Luego, si en juicio contencioso administrativo se reclama por una trabajadora la nulidad de la resolución por la que se otorgó una pensión por jubilación, determinada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con motivo de la falta de inclusión del concepto de ‘compensación garantizada’ en la cuota diaria para el cálculo de la pensión, y la determinación de dicha cuota se realiza con base en la hoja única de servicios expedida por la dependencia que afilió a la trabajadora; y si la actora afirma que ello se hizo de forma ilegal; entonces, en principio, esa afirmación es suficiente para arrojar la carga de la prueba a la accionante, en términos de lo previsto en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dispone lo siguiente: ‘Artículo 81. El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones.’. El numeral reproducido tiene aplicación supletoria al juicio contencioso administrativo, en términos del numeral 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece lo siguiente, en lo conducente: ‘Artículo 1o. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece esta ley.’. De lo expuesto, se obtiene que si la trabajadora demanda la nulidad de la resolución del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que le otorgó la pensión por jubilación, bajo la afirmación de que no se incluyeron determinados conceptos, entonces esa aseveración de la operaria, en carácter de parte actora en el juicio de nulidad, debe probarla; es decir, si al concluir el juicio, la actora omite aportar pruebas que demuestren que cotizó el concepto que afirma no se incluyó en el salario cotizable, bastará entonces la presunción de legalidad de los actos administrativos para sostener la resolución administrativa que se basa en la hoja única de servicios elaborada por la afiliada. La situación descrita en el párrafo anterior, obedece a que para calcular la cuota diaria pensionaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deben computarse los años de servicio y determinarse las cotizaciones de los trabajadores, para lo cual se tendrá como base los datos asentados en la hoja única de servicios expedida por las afiliadas. Luego, si la propia actora exhibió la hoja única de servicios de la que se observa que no se venía cotizando ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la ‘compensación garantizada’, ahora es insuficiente para destruir la presunción de legalidad del acto administrativo, únicamente demostrar que se percibió dicho concepto en el último año, pues le corresponde acreditar además que tal concepto era parte motivo de entero de cuotas y aportaciones. Por tanto, atento el desarrollo anterior, si la parte actora omite aportar pruebas que pretendan demostrar que la ‘compensación garantizada’ fue motivo de cotización, sino únicamente que dicho concepto se recibió dentro de las percepciones que le entregaba la dependencia para la que laboraba; entonces, debe reconocerse la validez de la resolución administrativa relativa por virtud de que la pretensión de la actora se basa en que la resolución impugnada es ilegal porque no comprende las prestaciones que se percibían, no así porque se hubiera cotizado y aún así no se hubiera incluido al otorgar la pensión jubilatoria, pues como se precisó, para calcular el monto de la pensión que solicitó la trabajadora, únicamente deben tenerse en cuenta los conceptos por los que se hubiese cotizado al instituto de seguridad social; de manera que es legal que ello se efectúe con base en la referida hoja única de servicios, que es el documento idóneo para justificar los conceptos sobre los cuales existió cotización. Ilustra a lo anterior la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, tomo CXXXVI, Tercera Parte de la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: ‘JUICIO FISCAL. ES A LA ACTORA A QUIEN CORRESPONDE DEMOSTRAR LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE SU ACCIÓN.’ (se transcribe). No constituye un obstáculo para considerar que corresponde a la actora en el juicio de nulidad, demostrar que los conceptos que reclama y que no se incluyeron para el cálculo de su pensión, fueron cotizados a la institución demandada, la circunstancia de que la quejosa alegue que la actora no cuenta con los elementos probatorios para acreditarlo, sino que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado e

que posee los comprobantes e información idónea para probar, entre otros aspectos, si los conceptos reclamados fueron o no tomados en cuenta para calcular el monto de las cuotas y aportaciones de seguridad social. Lo anterior, porque si bien es cierto, son las dependencias y entidades de la administración pública, Poderes Federales y órganos autónomos las que para cumplir con las obligaciones vinculadas en el nexo laboral, entre otras, las que derivan de la previsión social, deciden y realizan, con base en los manuales de percepciones, la forma en que habrán de cubrirse las cuotas y aportaciones de seguridad social, pues respecto de las primeras, la patronal interviene como retenedor de esa contribución, que posteriormente entera al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, organismo obligado a otorgar y pagar las pensiones correspondientes, entre las que figuran, la jubilatoria; lo relevante es que tratándose del juicio contencioso administrativo federal la carga de demostrar los hechos constitutivos de la acción le corresponde a la parte actora, por lo que en el caso no ocurre, como en los juicios en materia laboral, que la carga de la prueba no corresponde al actor cuando no cuenta con los medios para demostrarla, dado que el juicio natural, en materia administrativa, se rige por las reglas específicas de la carga probatoria que se han visto y, por lo tanto, considerar lo contrario rompería con éstas. Además, aun cuando es verdad que corresponde a las dependencias o entidades decidir cuáles son los conceptos que integran el salario base para la cotización y enterar las cuotas y aportaciones que deriven de esos cálculos, directamente a la institución de seguridad social, no es veraz que el trabajador, ajeno a ese trámite, no cuente con los elementos para probar que los conceptos que reclama se incluyeron para la cotización correspondiente y que, ante ello, se le deje en estado de indefensión. Lo anterior, si se tiene en cuenta la naturaleza del juicio contencioso administrativo cuya finalidad es establecer un medio jurisdiccional que permita resolver las controversias surgidas entre la administración pública y los gobernados, en relación con la validez de los actos emitidos por aquélla, pues el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no es el único capacitado para probar en relación con la procedencia de la acción intentada en su contra, dado que el actor puede obtener los elementos para probar que los conceptos que reclama se incluyeron para la cotización correspondiente, ya que se trata de documentos que le deben ser entregados por la autoridad correspondiente, cual es la dependencia afiliada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado para la que presta sus labores la parte actora, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la hoja única de servicios, de la que se determinan las cotizaciones de los trabajadores y que sirve de base para calcular la cuota diaria pensionaria, es expedida por ésta; y, en todo caso, teniendo en cuenta las circunstancias que aquél puede enfrentar, existe la posibilidad de que solicite a las autoridades administrativas, incluso previamente a la presentación de la demanda, la expedición de copias de aquéllos, lo que permite al mencionado actor contar oportunamente con los citados documentos. Así se observa de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que prevé: ‘Artículo 45. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad, previo pago de los derechos correspondientes, las copias certificadas de los documentos que les soliciten; si no se cumpliera con esa obligación la parte interesada solicitará al Magistrado instructor que requiera a los omisos. Cuando sin causa justificada la autoridad demandada no expida las copias de los documentos ofrecidos por el demandante para probar los hechos imputados a aquélla y siempre que los documentos solicitados hubieran sido identificados con toda precisión tanto en sus características como en su contenido, se presumirán ciertos los hechos que pretenda probar con esos documentos. En los casos en que la autoridad requerida no sea parte e incumpla, el Magistrado instructor podrá hacer valer como medida de apremio la imposición de una multa por el monto equivalente de entre noventa y ciento cincuenta veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, al funcionario omiso. También podrá comisionar al secretario o actuario que deba recabar la certificación omitida u ordenar la compulsa de los documentos exhibidos por las partes, con los originales que obren en poder de la autoridad. Cuando se soliciten copias de documentos que no puedan proporcionarse en la práctica administrativa normal, las autoridades podrán solicitar un plazo adicional para realizar las diligencias extraordinarias que el caso amerite y si al cabo de éstas no se localizan, el Magistrado instructor podrá considerar que se está en presencia de omisión por causa justificada.’. Del precepto antes transcrito, se observa que a fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en el juicio contencioso administrativo, los funcionarios y autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad a aquéllas, las copias o documentos que les soliciten, lo que debe entenderse que, en el caso de la parte actora, incluye a las autoridades demandadas, pues debe entenderse que también pueden ser éstas a quienes la accionante puede solicitar copias certificadas de documentos o expedientes directamente relacionados con los actos impugnados, a más de que a la actora corresponde aportar las pruebas necesarias para acreditar sus pretensiones y, en consecuencia, le incumbe la carga de gestionarlas. Luego, la circunstancia de que la carga de la prueba le corresponda a la parte actora, no le deja en estado de indefensión, dado que el anterior precepto le proporciona los medios adecuados para conseguir los elementos probatorios que les sean necesarios, por lo que no es jurídicamente imposible obtenerlas; además de que en el supuesto de que las autoridades demandadas pretendan no cumplir con dicho deber, el tribunal podrá requerirlas, previa petición del interesado, incluso hacer uso de los medios de apremio, con la finalidad de que en el juicio tengan la oportunidad de conseguir y presentar en el juicio (con excepción de las prohibidas por la ley) todas las probanzas con las que pudiere acreditar su acción. Por tanto, a manera de corolario, se concluye que la carga probatoria para demostrar que los conceptos reclamados se incluyeron en la referida cotización, recae en el actor, quien debe aportar al contencioso los elementos que demuestren que los conceptos que pretende se consideren para el cálculo de su pensión, formaron parte de los cálculos que para efectos del entero de las cuotas y aportaciones de seguridad social realizó la dependencia respectiva, al margen de que el trabajador sea ajeno a ese trámite, por corresponder a las dependencias o entidades decidir cuáles son los conceptos que integran el salario base para la cotización y enterar las cuotas y aportaciones que deriven de esos cálculos, directamente a la institución de seguridad social, dado que, como se puso de manifiesto, sí cuenta con los elementos para probar que los conceptos que reclama se incluyeron para la cotización correspondiente. Resta precisar que, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; este cuerpo colegiado procedió a consultar el referido sistema, y encontró que en la ejecutoria de tres de diciembre de dos mil nueve, pronunciada en el expediente de amparo directo 450/2009 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dicho tribunal sostuvo que tratándose del tema relativo a demostrar si los conceptos reclamados por el trabajador actor, percibidos por él, pero que no se incluyeron para el cálculo de su pensión, se tuvieron en cuenta o no para calcular el monto de las cuotas y aportaciones de seguridad social, corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como parte demandada, la carga de la prueba, por ser el que posee la información idónea para acreditar qué conceptos fueron objeto de cotización, en los siguientes términos: ‘... nuestro Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 28/2009, determinó que para que no exista un desequilibrio en las finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el monto de las pensiones y demás prestaciones en especie y en dinero que paga el instituto a sus beneficiarios, debe ir en congruencia con las aportaciones y cuotas que se realizaron de cada trabajador en particular; por lo que una prestación que no haya sido considerada por la dependencia o entidad como aquellas sobre las cuales se cubren cuotas y aportaciones al instituto, no podrá considerarse para el cálculo de la pensión jubilatoria. Sin embargo, tal y como lo señala el quejoso en sus conceptos de violación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12, 21, 22, 25 y 26 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el procedimiento para cubrir dichas cuotas y aportaciones, únicamente participan el instituto demandado y la dependencia o entidad para la que laboró el trabajador. En efecto, los citados dispositivos disponen lo siguiente: ... De lo arriba transcrito se advierte que las dependencias y entidades sujetas al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tienen la obligación de retener y enterar las cuotas y aportaciones que el trabajador debe cubrir al instituto, de conformidad con las disposiciones administrativas que al efecto se emitan; y que es facultad del instituto verificar la información recibida, para que en caso de encontrar errores o discrepancias, las dependencias y entidades realicen las aclaraciones o el pago correspondiente. Los artículos transcritos señalan también el procedimiento a seguir cuando las dependencias y entidades no enteren las cuotas, aportaciones y descuentos dentro del plazo establecido, así como cuando el pago de éstas se realice en exceso; y disponen que los encargados de realizar las retenciones y descuentos serán responsables en los términos de ley, de los actos y omisiones que resulten en perjuicio de la dependencia o entidad para la que laboren, del instituto y de los trabajadores o pensionados. De lo arriba expuesto, resulta evidente que el procedimiento mediante el cual se realiza el pago de cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es un procedimiento entre éste y la dependencia o entidad en que labore el trabajador, en el cual este último, no participa. Por lo anterior, es innegable que en el juicio de nulidad que nos ocupa, la carga de la prueba no podía corresponder al trabajador, pues al ser el pago de las cuotas y aportaciones una circunstancia ajena a él, se encuentra imposibilitado material y legalmente para demostrar que cotizó al instituto respecto del concepto «44 Asignación por radicación en el exterior». Siendo así, la carga de la prueba corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues es éste el que cuenta con la información idónea (aportada por la dependencia o entidad en que laboró el trabajador) para acreditar respecto de qué conceptos sí s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22424-646183f6/issste-carga-de-la-prueba-tratandose-del-ajuste · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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