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Modo: Corpus Pro

QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNA UNA RESOLUCIÓN EMITIDA CON POSTERIORIDAD A UNA DECLARADA NULA LISA Y LLANAMENTE POR FALTA O INEXACTA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD EMISORA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 80/2010. · Registro digital (IUS): 22255
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO (AHORA TERCERO EN MATERIA DE TRABAJO) Y EL PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, , Pág. 413.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 80/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO (AHORA TERCERO EN MATERIA DE TRABAJO) Y EL PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: ARNULFO MORENO FLORES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis se estima que proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo que, en lo conducente, establecen lo siguiente:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer. La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Los preceptos transcritos anteriormente establecen los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios a través de resoluciones de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito que sustentan los criterios contradictorios, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios, a fin de que se determine el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por los Magistrados integrantes de uno de los tribunales que sustentaron uno de los criterios denunciados como contradictorios a decir el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, razón por la cual es indudable que cuentan con legitimación para denunciar la presente contradicción de tesis, en términos del criterio que se reproduce a continuación, con los datos de localización correspondientes:

"No. Registro: 803,032

"Jurisprudencia

"Materia(s): Común

"Octava Época

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 63, marzo de 1993

"Tesis: 4a./J. 4/91

"Página: 17

"CONTRADICCIÓN DE TESIS, DENUNCIA DE. ES IMPROCEDENTE SI NO SE FORMULA POR PARTE LEGITIMADA. Conforme al artículo 197-A de la Ley de Amparo, sólo podrán denunciar contradicción entre las tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de su competencia: a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; b) El procurador general de la República; c) Los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren; y, d) Las partes que intervinieron en los juicios correspondientes. Consecuentemente, si una denuncia de tal naturaleza se formula por una autoridad o persona distinta de las que señala dicho precepto, la misma es improcedente por carecer de legitimación el denunciante."

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión RA. 14/2010, en sesión de diecisiete de febrero de dos mil diez, por unanimidad de votos, emitió el criterio que, en la parte conducente, es del tenor siguiente:

"CUARTO. El único agravio que hace valer la quejosa inconforme debe desestimarse por las consideraciones que enseguida se expresan. Previo al pronunciamiento respectivo, cabe destacar los antecedentes del presente asunto, como a continuación se señalan: 1. Por sentencia dictada en el juicio de nulidad 10313/05-12-02-3 de veintitrés de mayo de dos mil ocho, la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por este Tribunal Colegiado dictada en el recurso de revisión fiscal RF. 12/2008, en la que se ordenó dejar intocado lo resuelto en el considerando cuarto de la sentencia primigenia y declarar infundado el concepto de anulación séptimo de la demanda de nulidad, debiendo analizar con plenitud de jurisdicción el resto de los conceptos de anulación hechos valer, la Sala Fiscal estimó fundado el décimo tercer concepto de ilegalidad relativo a la indebida fundamentación de la competencia territorial de la autoridad que emitió la resolución impugnada contenida en el oficio 324-SAT-21-II-VD-6147 de veintitrés de mayo de dos mil cinco mediante el cual se determinó a cargo de la contribuyente un crédito fiscal en materia de impuesto sobre la renta, recargos y multas por el ejercicio fiscal de dos mil dos y reparto adicional de utilidades y con apoyo en la jurisprudencia 52/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.’, declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada con fundamento en los artículos 238, fracción I y 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación. Dicho fallo fue confirmado a través de la ejecutoria dictada por este mismo Tribunal Colegiado en el recurso de revisión fiscal número RF. 175/2008 de trece de noviembre de dos mil ocho. 2. Con fecha diecisiete de marzo de dos mil nueve la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Norte, emite la resolución contenida en el oficio 500-48-00-03-00-2009-9742, mediante la cual se determina a cargo de la empresa contribuyente un crédito fiscal por concepto de impuesto sobre la renta, recargos y multas por el ejercicio fiscal de dos mil dos. 3. Por escrito presentado ante la Sala Fiscal señalada el dieciséis de abril de dos mil nueve la parte actora interpuso recurso de queja en contra de la resolución contenida en el oficio 500-48-00-03-00-2009-9742 de diecisiete de marzo de dos mil nueve emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Norte, referida en el punto que antecede. 4. Con fecha diecisiete de junio de dos mil nueve, la Sala Fiscal responsable dictó sentencia en el recurso de queja declarándolo improcedente al estimar que la resolución contenida en el oficio 500-48-00-03-00-2009-9742 se trata de un nuevo acto, por lo que ordenó que se tramitara como juicio contencioso administrativo. Constituyendo esta última resolución la reclamada en el juicio de garantías. La Juez de Distrito, en la sentencia recurrida, sostuvo que los conceptos de violación hechos valer son inoperantes porque no controvierten las consideraciones torales sostenidas por la Sala Fiscal responsable al resolver el recurso de queja y que básicamente se hacen consistir en dos aspectos, el primero en el que la responsable sostiene que en la sentencia de veintitrés de mayo de dos mil ocho se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, sin dar efecto alguno a tal declaratoria, por tanto estimó que no se está en los supuestos a que hace mención el artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, por ello consideró que la autoridad fiscal al dictar la nueva resolución determinante del crédito fiscal no podía incurrir en defecto en el cumplimiento de la sentencia; el segundo aspecto que sostiene la responsable refiere que la autoridad fiscal actuó en el ámbito de sus facultades discrecionales para emitir el nuevo acto, por lo que determinó la improcedencia del recurso de queja y ordenó tramitarlo como juicio de nulidad al tratarse de una nueva resolución determinante de crédito fiscal a cargo de la citada contribuyente; consideraciones que a decir de la Juez Federal no son controvertidas porque la quejosa en sus conceptos de violación se limita a manifestar que fue el Administrador Local de Auditoría Fiscal de Puebla Norte quien señaló que la resolución se dictó en cumplimiento a la resolución de veintitrés de mayo de dos mil ocho, y al respecto, la Juez señala que si bien ello es fundado, resulta inoperante por insuficiente porque subsisten las consideraciones torales del fallo reclamado; por otra parte dice la a quo que la quejosa argumenta que la autoridad repite el acto reclamado y que no se estudiaron todos sus agravios en el recurso de queja, que la repetición del acto no depende de los controles internos y que se le da una segunda oportunidad a la autoridad fiscal con la emisión del acto señalado, pero sin controvertir con tales argumentos lo resuelto por la responsable en el sentido de que la autoridad fiscal en ejercicio de sus facultades de comprobación dictó la nueva resolución por lo que no existe repetición del acto. En primer término, debe precisarse que es inexacto que la resolución impugnada sea violatoria del artículo 14 constitucional, como lo indica la quejosa inconforme al argumentar que la Juez Federal violó en su perjuicio la garantía prevista en dicho numeral, porque los Jueces de Distrito al conocer de los juicios de amparo de su competencia, como acontece en la especie, ejercen la función de control constitucional, y aun cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste es un procedimiento que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional y por ello, técnicamente no deben analizarse los agravios consistentes en que la Juez Federal violó disposiciones constitucionales al resolver sobre el juicio de amparo, dada la naturaleza de éste y por la función de control constitucional que dicho juzgador desempeña. Así justamente lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2/97, publicada en las páginas 5 y 6, Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: ‘AGRAVIOS INOPERANTES, LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’. Ahora bien, la parte relativa del único agravio que hace valer la quejosa inconforme en el que manifiesta que es inexacto lo resuelto por la Juez a quo en cuanto a que no controvirtió las consideraciones del fallo reclamado, es fundado, ya que es cierto que contrario a lo resuelto por la Juez a quo la impetrante de amparo en los conceptos de violación sí combatió la resolución dictada en el recurso de queja y que señaló como acto reclamado, pues al respecto manifestó en tales conceptos que la responsable omitió pronunciarse sobre los agravios que hizo valer en el recurso de queja y en los que argumentó que en el documento determinante del crédito fiscal debió transcribirse el artículo que establece la circunscripción territorial de quien lo emitió, que el funcionario que firmó el documento debió ser el mismo que dictó el primer acto declarado nulo, que sólo se puede aplicar el Código Fiscal de la Federación de dos mil cinco y que la autoridad tercero perjudicada no tenía posibilidad de emitir un nuevo acto convalidando el declarado nulo; empero lo cierto es que no le asiste razón a la impetrante de amparo en los argumentos que hizo valer en los tres conceptos de violación de la demanda de garantías, como enseguida se verá. En efecto, en el primer concepto de violación, la quejosa de manera resumida manifestó que la Sala Fiscal responsable no analizó los agravios hechos valer en el recurso de queja concretamente sus argumentos en el sentido de que al declararse la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada mediante la sentencia de veintitrés de mayo de dos mil ocho no generaba ningún derecho a la autoridad fiscal de emitir nuevamente el acto motivo de la queja, pues la declaración de nulidad fue en términos del artículo 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación; dado que al respecto, la Sala responsable en el considerando tercero de la resolución reclamada manifestó que al declararse la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en el juicio de nulidad no implicaba el cumplimiento de una obligación a cargo de la autoridad ‘en virtud de que el tipo de nulidad, previsto en la fracción II del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación deja materialmente sin efectos jurídicos los actos controvertidos en juicio y consecuentemente no obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un nuevo procedimiento, por tanto es improcedente la queja ya que la autoridad no puede incumplir con la sentencia precisada si en ella no se señaló algún efecto de cumplimiento’ (foja 173), de lo anterior se sigue que la responsable sí se pronunció sobre los planteamientos de la entonces recurrente relativos a que el tipo de nulidad declarada en términos del artículo 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación no precisa ningún efecto y por ello no debió emitirse la resolución materia de la queja. Por otra parte, la Sala responsable en el fallo que se analiza afirma que la sentencia de veintitrés de mayo de dos mil ocho declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada y no para efecto específico alguno, ‘por lo que no es óbice el argumento de la actora respecto a que la autoridad demandada no dio cumplimiento tácito a dicha sentencia, es decir precisar los preceptos legales que le atribuyen competencia territorial para emitir la resolución que fue declarada nula’, por lo que estima ‘que la queja interpuesta por la parte actora en el juicio en que se actúa es improcedente, respecto a su dicho de que la autoridad demandada incurrió en defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto con fecha 23 de mayo de 2008’ (foja 174); pues con tales razonamientos la Sala Fiscal da respuesta al argumento de la entonces recurrente respecto de que en la resolución materia de la queja no se señaló con precisión la parte específica del artículo segundo del acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades del Servicio de Administración Tributaria y que hizo valer en sus agravios la citada recurrente (foja 137). Por otra parte, si la responsable sostuvo que era improcedente la queja porque no se daba el supuesto de incumplimiento de la sentencia que prevé el artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, ya que la sentencia de veintitrés de mayo de dos mil ocho había declarado la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada sin precisar efecto alguno y por ende el planteamiento de la entonces recurrente relativo al defecto en el cumplimiento de la sentencia era inoperante, luego la Sala no estaba obligada a analizar los argumentos de la entonces recurrente expuestos en sus agravios relativos a combatir el defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva, concretamente el que fue la autoridad fiscal la que adujo en la sentencia que el acto materia de la queja se emitía en cumplimiento a la sentencia de veintitrés de mayo de dos mil ocho; que debió transcribirse el artículo que establece la competencia territorial de la autoridad que emitió el acto, que el funcionario que signa el documento cuestionado debió ser el mismo f

ncionario que emitió el primer acto declarado nulo, pues se trata de argumentos que plantean el defecto en el cumplimiento de la sentencia y como se vio la responsable sostuvo que en el caso no puede alegarse defecto en el cumplimiento porque no hay sentencia alguna que cumplimentar dado que la declaratoria de nulidad no imprimió efecto alguno. Asimismo, debe destacarse que son inexactos los argumentos de la quejosa hechos valer en la parte relativa del segundo y tercer conceptos de violación en el sentido de que la responsable considera que para la procedencia del recurso de queja el artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación establece como condición el incumplimiento de la sentencia definitiva, pues alega que puede ocurrir la repetición del acto reclamado, como aconteció en el caso; al respecto cabe señalar que la Sala Fiscal no sostuvo que dicho numeral dispone que para la procedencia del recurso existe como condición el incumplimiento de la sentencia definitiva, sino que consideró que en el caso concreto no puede alegarse defecto en el cumplimiento porque el acto materia del recurso de queja no se dictó en cumplimiento a la misma, habida cuenta que en tal resolución definitiva no se precisaron efectos en la nulidad decretada sino que el tipo de nulidad fue en forma lisa y llana; de ahí lo inatendible de los planteamientos de la quejosa. Ahora bien, como se dijo, es cierto que la responsable no se ocupó de diversos planteamientos de la entonces recurrente como aquellos relativos a que la sentencia de veintitrés de mayo de dos mil ocho es consecuencia de un procedimiento contencioso administrativo instaurado en términos del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil cinco, y que por tanto debieron aplicarse las disposiciones vigentes en esa época y que si la sentencia se dictó en términos de los artículos 236, 237, 238, fracción I y 239, fracción II, del mencionado código debió advertirse que de la lectura de esos numerales no se desprende que la autoridad pudiera emitir nuevamente el acto anulado de manera lisa y llana; pues cabe destacar que no obstante la omisión de la responsable de ocuparse de tales planteamientos, no le asiste la razón a la entonces recurrente porque si bien el artículo 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil cinco, citado por la responsable, preveía el tipo de nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas, también lo es que en la parte considerativa de la sentencia el motivo de ilegalidad de la resolución impugnada se apoyó en la indebida fundamentación de la competencia territorial de la autoridad fiscal que la emitió por tanto la responsable como apoyo de sus consideraciones cita la jurisprudencia 2a./J. 52/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.’, la cual resulta ser de observancia obligatoria para los tribunales jurisdiccionales en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. Así la jurisprudencia citada, cuyos datos de publicación son: Tomo XIV, noviembre de 2001, página 32, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, es del rubro y texto siguientes: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO. Si la ausencia de fundamentación de la competencia de la autoridad administrativa que emite el acto o resolución materia del juicio de nulidad correspondiente, incide directamente sobre la validez del acto impugnado y, por ende, sobre los efectos que éste puede producir en la esfera jurídica del gobernado, es inconcuso que esa omisión impide al juzgador pronunciarse sobre los efectos o consecuencias del acto o resolución impugnados y lo obliga a declarar la nulidad de éstos en su integridad, puesto que al darle efectos a esa nulidad, desconociéndose si la autoridad demandada tiene o no facultades para modificar la situación jurídica existente, afectando la esfera del particular, podría obligarse a un órgano incompetente a dictar un nuevo acto o resolución que el gobernado tendría que combatir nuevamente, lo que provocaría un retraso en la impartición de justicia. No obsta a lo anterior el hecho de que si la autoridad está efectivamente facultada para dictar o emitir el acto de que se trate, pueda subsanar su omisión; además, en aquellos casos en los que la resolución impugnada se haya emitido en respuesta a una petición formulada por el particular, o bien, se haya dictado para resolver una instancia o recurso, la sentencia de nulidad deberá ordenar el dictado de una nueva, aunque dicho efecto sólo tuviera como consecuencia el que la autoridad demandada se declare incompetente, pues de otra manera se dejarían sin resolver dichas peticiones, instancias o recursos, lo que contravendría el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’. El criterio definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia transcrita, señala que la ausencia o indebida fundamentación de la competencia de las autoridades administrativas que emiten los actos, incide en la validez del acto impugnado, por lo que debe declararse la nulidad de éste en su integridad, sin posibilidad de que el juzgador precise determinados efectos, pues se desconoce si la autoridad tiene o no facultades para emitir el acto, pero ello no impide que si la autoridad fiscal está efectivamente facultada para ello podrá emitir el acto de que se trate subsanando la omisión; así justamente se desprende de la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis número 92/2000-SS de donde emanó la jurisprudencia anteriormente transcrita y que resulta de importancia transcribir para una mayor comprensión del asunto, como sigue: ‘... En este contexto, se trata de determinar si la falta, sea total o parcial, de fundamentación de la competencia de la autoridad emisora del acto que se impugna, al encuadrar dentro de la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal y, por ende, constituir una violación de carácter formal (calificación en la cual los Tribunales Colegiados coinciden plenamente), obliga al órgano jurisdiccional a decretar una nulidad para el efecto de que la autoridad emita nuevamente su acto fundando su competencia, o bien, si debe decretarse una nulidad lisa y llana, al no resultar conveniente obligar a una autoridad a emitir un nuevo acto cuando se desconoce si ésta es o no competente para hacerlo. Así, en términos del artículo 239 del Código Fiscal, en cualquiera de sus textos, las sentencias dictadas por el ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrán reconocer la validez del acto o resolución impugnados, o bien, decretar su nulidad, caso en el cual se hace la distinción entre nulidad absoluta o para determinados efectos. Si la sentencia declara la nulidad absoluta (lisa y llana) del acto o resolución impugnados en el juicio respectivo, tal declaración implica que el acto o resolución queda insubsistente, no puede producir efectos jurídicos, y la autoridad emisora deberá abstenerse de realizar cualquier acto de aplicación o ejecución de los mismos. Mientras que si la nulidad fuera declarada para determinados efectos, el acto o resolución quedará insubsistente, pero la autoridad emisora estará constreñida a emitir un nuevo acto o dictar una nueva resolución purgando los defectos que hubiera presentado el original, según haya sido precisado en la sentencia correspondiente. A su vez, los casos o supuestos en los cuales se declara la nulidad lisa y llana o la nulidad para efectos están determinados en el propio artículo 239 del Código Fiscal, mediante la remisión a las causales de nulidad previstas en el artículo 238 del mismo ordenamiento. Dentro de este contexto normativo, uno de los últimos párrafos del artículo 239 del Código Fiscal señala de manera particular que en aquellos casos en que la nulidad sea decretada por haberse acreditado el supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del mismo ordenamiento, ésta será para el efecto de que se emita una nueva resolución, en el entendido de que la fracción II del artículo 238 en cita, prevé como causa de nulidad de las resoluciones administrativas la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que ésta afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de las mismas, incluyéndose en este supuesto la ausencia de fundamentación o motivación. Ahora bien, la posibilidad de que el órgano jurisdiccional decrete la nulidad del acto o resolución impugnados para determinados efectos, está vinculada con la jurisdicción híbrida que es característica del ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, esto es, dada la diversidad de actos o resoluciones que emiten los entes de la administración pública y que son susceptibles de impugnación, es claro que existen casos en los cuales la mera anulación lisa y llana del acto impugnado no es suficiente para restaurar el orden jurídico, ni mucho menos reparar el perjuicio causado en la esfera jurídica del particular, motivo por el cual el tribunal está facultado para precisar de qué manera deberá actuar la autoridad fiscal o administrativa para subsanar las violaciones cometidas. Además, sobre este punto en particular, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 2/97, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, resuelta por el Tribunal Pleno el veintinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho, ha considerado que la posibilidad de que la nulidad sea para determinados efectos, tiene como propósito fundamental el de preservar la seguridad jurídica que consagra como garantía el artículo 16 constitucional, puesto que se está indicando a la autoridad obligada a dictar o emitir el acto o resolución que sustituyen al anulado, de qué manera lo haga, respetándose los derechos del gobernado, evitándose una cadena interminable de juicios de nulidad y lográndose la certeza en los fallos dictados en los procedimientos contencioso administrativos. Igualmente, al resolver la contradicción citada, tal y como se desprende de la tesis respectiva, quedó establecido que la disposición que prevé la nulidad para efectos sólo puede entenderse a partir de la interpretación armónica de los artículos 239 y 238, del código tributario federal, interpretación que posibilita la existencia de diversas excepciones a la aparentemente estricta regla general que indica que, ante la falta de fundamentación y motivación de la resolución impugnada, la sentencia de nulidad deberá precisar, en todos los casos, los efectos de ésta, excepciones que dependerán, primordialmente, del tipo o clase de actos impugnados así como de su procedimiento de creación. Dicha tesis aparece publicada en la página 5 del Tomo VIII, septiembre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época y su texto íntegro es el siguiente: ‘SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Así, del texto de la tesis transcrita y por lo que al caso concreto se refiere, interesa destacar que para determinar si, en ejercicio de la jurisdicción híbrida con la que está investido el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la nulidad decretada por falta de fundamentación y motivación deberá ser e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22255-adbd3c5d/queja-prevista-en-el-articulo-239-b-del-codigo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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