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Modo: Corpus Pro

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PROCEDE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN, CUANDO LA BAJA NO SEA RESULTADO DE UNA SANCIÓN FIRME DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 108/2010. · Registro digital (IUS): 22353
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, , Pág. 1334.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 108/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: LUIS ÁVALOS GARCÍA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001 dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año; en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver amparos directos en materia laboral, que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En principio, debe tenerse presente que los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

En este caso, la denuncia de contradicción de tesis es formulada por los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que emitió una de las ejecutorias contendientes y, en consecuencia, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

TERCERO. Toda vez que el asunto de contradicción tiene como punto de partida los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, es preciso reproducirlos en lo conducente:

El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 911/2008 (13505/2008), en lo que al tema interesa, determinó:

"De oficio, este propio órgano jurisdiccional advierte que la vía laboral, en virtud de la cual se ejercita la acción principal de indemnización constitucional, y reclamo de prestaciones inherentes a la relación laboral, es improcedente, por tal motivo este órgano colegiado no está en aptitud de atender los conceptos de violación formulados por el quejoso en relación con el laudo ahora reclamado. Así es, la procedencia de la vía es un presupuesto procesal, que por ser de orden público debe estudiarse de oficio antes de resolver el fondo del asunto. La procedencia de la vía es una condición necesaria para la seguridad del desarrollo del proceso, sin la cual no puede dictarse sentencia de fondo sobre la pretensión litigiosa, es decir, como presupuesto procesal es un requisito sin el cual no puede iniciarse ni tramitarse válidamente, o con eficacia jurídica, un proceso. Los particulares, al accionar, deben ceñirse al procedimiento que expresamente contempla la ley, sin permitírseles adoptar diversas formas de juicio, porque ésta se rige por el principio de indisponibilidad, mediante la cual no puede sustituirse, modificarse o variarse por las partes, ya que el trámite está previsto en la ley precisamente para garantizar la legalidad del mismo. Por tanto, los gobernados no pueden consentir, ni tácita ni expresamente, un procedimiento que no es el establecido por el legislador para el caso concreto, porque la vía correcta para buscar la solución a un caso no es una cuestión que dependa de los particulares y ni siquiera del Juez, sino que está determinada por el legislador ordinario, en uso de la facultad que el artículo 17 de la Constitución Federal le otorga. Estimar que los particulares tienen la capacidad de elegir el camino procesal que prefieran para ejercer su derecho a la tutela jurisdiccional implicaría que tendrían la capacidad de decidir, a su conveniencia, los plazos y condiciones para solicitar la función jurisdiccional, lo cual, sin lugar a dudas generaría una situación de anarquía procesal, y daría lugar a llevar juicios que irían en contra de las normas procesales que son imperativas, con la consiguiente inseguridad jurídica, pues no habría certeza respecto del Juez ante quien se debe solicitar la jurisdicción, cómo hacerlo, en qué plazos, con qué formalidades, etcétera. Por eso, los gobernados no pueden consentir ni tácita y (sic) expresamente una vía que no es la prevista para un procedimiento concreto. Por tanto, aunque exista un auto que admite la demanda y que admite la vía propuesta por la parte solicitante, y aunque la parte demandada tiene la posibilidad de excepcionarse basada en la improcedencia de la vía seleccionada por su contraparte, ello no implica que por un supuesto consentimiento de los gobernados, el camino establecido por el legislador no se deba tomar en cuenta pues, como ya se dijo, ese camino es el que debe seguirse en todos los casos, salvo que el propio legislador autorice vías alternativas. Si el juzgador omitiera estudiar de oficio dicho presupuesto sólo porque el demandado no lo hizo valer como excepción o porque no impugnó, en su momento, se vulnerarían las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 constitucional, de acuerdo con las cuales nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Por ello, el juzgador no tiene la facultad de seguir un procedimiento que no es el que el legislador previó para el caso concreto y, antes de proceder al análisis de los elementos de las acciones y excepciones de las partes, tiene la obligación de cerciorarse de que el camino procesal elegido por la parte actora es el idóneo para ello. Los juzgadores, como órganos del Estado, no pueden hacer más de lo que la ley les faculta y, por ello, no tienen la posibilidad de hacer a un lado las disposiciones específicamente creadas por el legislador para el caso. De igual forma, si bien es cierto que el juzgador no puede variar sus propias determinaciones, es claro que lo que se actúa en una vía no establecida para el caso concreto por la ley no puede considerarse válido. El órgano jurisdiccional puede admitir a trámite una demanda presentada en determinada vía, sin que esa admisión prejuzgue sobre la procedencia de la misma. Además, la preservación de los juicios no tiene una jerarquía superior a la seguridad jurídica, porque no es dable preservar un juicio que no es válido por no haberse seguido conforme a la ley. El juzgador, obedeciendo lo establecido en el artículo 17 constitucional, no puede realizar el análisis de la acción y de la excepción, si no se siguió el procedimiento establecido en la ley para el caso concreto. Por tanto, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, debe asegurarse siempre de que la vía elegida por el solicitante de justicia sea la procedente en cualquier momento de la contienda, incluso en el momento de dictar la sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera oficiosa el estudio de la procedencia de la vía, aun cuando las partes no la hubieran impugnado previamente y, en caso de que advierta que la vía propuesta no es la que legalmente procede para el caso concreto, resolver de esa manera dejando a salvo los derechos de las partes para que puedan ejercerlos en la vía que consideren correcta. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 1a./J. 25/2005, por contradicción de tesis, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de dos mil cinco, materia común, página quinientos setenta y seis, del tenor literal siguiente: ‘PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.’ (se transcribe). Una vez establecidos los razonamientos por los que este Tribunal Colegiado de oficio analizará la procedencia de la vía, se impone hacer la subsunción del caso a estudio a la premisa mayor apuntada. En la especie, el actor demandó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el pago de la indemnización constitucional con motivo del despido del que expresó fue objeto al ser rescindido su nombramiento de confianza como director de Planeación y Evaluación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, situación que le fue notificada el veintidós de octubre de dos mil tres. En la etapa de demanda y excepciones, en uso de la voz, el actor precisó que estaba prescrita la acción de la demandada para rescindir el nexo de trabajo, porque había transcurrido en exceso el lapso de un mes a que se refiere el artículo 517, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, para actualizar la causal con que se le separó del empleo (foja 88). La patronal negó acción y derecho al trabajador por considerar que era procedente rescindir el nexo de trabajo en términos de lo previsto en el artículo 47, fracciones II y XV, así como en el 134, fracciones I, IV, VII y 185, todos de la Ley Federal del Trabajo, ya que supuestamente había incurrido en graves faltas de probidad y honradez, en un incumplimiento negligente, y con un proceder que provocó la pérdida de la confianza. El aviso rescisorio se apoyó en el informe de auditoría de seis octubre de dos mil tres, que rindió el ********** en su carácter de titular del área de Auditoría Interna del Órgano de Control en el INEA, dependiente de la Secretaría de la Función Pública derivado de la revisión número 03/03, que se practicó a la Dirección de Planeación y Evaluación de este organismo público descentralizado, al amparo de la orden 11/310/0082/2003. El aviso rescisorio es del tenor literal siguiente (fojas 183-187) (se transcribe). Del oficio rescisorio se desprende que las causales atribuidas al accionante son las siguientes: Que en su carácter de director de planeación y evaluación, en relación a los proyectos: ‘Proyecto de aseguramiento de la calidad de 2001’, ‘Gestión de la calidad de 2002’, desvió de su objeto dinero, tras simular diversos gastos relacionados con los cursos de capacitación, presentando como soporte gastos de venta, de consumo y facturas que no fueron expedidas por los proveedores y prestadores de servicios, generando un daño al patrimonio de la empleadora por un monto de **********. Que en su carácter de director de planeación y evaluación, para el ejercicio 2001, designó a **********, como su secretario particular, designándolo con facultades para firmar en su ausencia diversos documentos sobre comisiones, comprobaciones, requisiciones de compra y de almacén, solicitudes de servicios generales y de fondo fijo, así como la comprobación de este último, lo que se estimó como una causa grave, por no tener facultades dicho director para delegarlas a su vez. Que no tenía atribuciones para nombrar como su secretario particular a **********, porque el manual de organización del instituto de mérito faculta para ello de manera exclusiva al director de administración y finanzas, previo acuerdo del director general del organismo. Ahora, el informe de auditoría que sirvió de sustento al aviso rescisorio de que se trata, determinó que ********** en su cargo de director de planeación y evaluación, era presuntamente responsable de las irregularidades descritas con antelación en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Dado lo ilustrativo del informe de auditoría para determinar la procedencia o no de la vía laboral, conviene citarlo en la parte en que se razona sobre el marco jurídico de apoyo; y, sobre la presunta responsabilidad de **********, como director de planeación y evaluación, con sustento en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, artículo 47, fracciones I, III, XVI, XXII y XXIV; y en el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, normativo 52, fracción I (fojas 13 y 137149-155) (sic): ‘Informe de auditoría.’. ‘... Ahora bien, considerando que los cursos de capacitación del «Proyecto de aseguramiento de la calidad» y de «Gestión de la calidad» se llevaron a cabo en diferentes Estados, con fundamento en los artículos 2o., 12, 13, 16, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 37, fracciones XII y XIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 47, fracción III, punto 5, del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, actualmente Secretaría de la Función Pública; 62 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 132, fracción III y 150 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Con

abilidad y Gasto Público Federal, 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se emitieron órdenes de visita de verificación extraordinaria a proveedores y prestadores de servicios, que amparan las notas de venta, de consumo y facturas que soportan el recurso ejercido de los ejercicios de 2001 y 2002, se obtuvieron los siguientes resultados: ...’ (foja 13). ‘III. Daño patrimonial. Derivado de los resultados de las verificaciones realizadas por los auditores del órgano interno de control que constan en las respectivas actas que forman parte integrante del presente informe, se confirmó que se distrajeron de su objeto los recursos económicos destinados para los proyectos de «Aseguramiento de la calidad dos mil uno» y «Gestión de la calidad dos mil dos» al haber comprobado supuestas erogaciones el ********** y ********** al presentar a la dirección de administración y finanzas del instituto, facturas, notas de venta y de consumo que no fueron expedidas por los respectivos establecimientos, simulando dichos gastos, ocasionando con ello un daño al patrimonio del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, por un importe de **********, Anexos 181 y 182 del apartado de los hechos.’ (foja 137). ‘V. Presuntos responsables: ********** director de Planeación y Evaluación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. (del 1 de abril de 1996 a la fecha). Ejercicio 2001. El **********, es presuntamente responsable de la distracción de los recursos económicos por la cantidad de **********, que le fueron autorizados para la ejecución de ‘El proyecto de aseguramiento de la calidad’ de 2001 a su cargo, por la simulación de los gastos, tras haber firmado las comprobaciones correspondientes en los formatos ‘reembolso de fondo revolvente’ y ‘solicitud de recursos’, ya que autoriza los comprobantes anexos a cada formato de comprobación, lo que de acuerdo con lo señalado en el artículo 4o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el sentido de que los procedimientos se desarrollarán en forma autónoma e independiente según su naturaleza y vía procesal que corresponda, en lo relativo al ámbito de competencia del órgano interno de control en el instituto, coloca al ********** en infracción del supuesto previsto en el artículo 47, fracción I y XVI, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Adicionalmente, el ********** es presuntamente responsable del daño patrimonial ocasionado al instituto por la cantidad de **********, por las comprobaciones simuladas que presentó directamente el **********, derivadas de la distracción de los recursos económicos que le fueron autorizados para la ejecución ‘El proyecto de aseguramiento de la calidad’, de 2001 ya que si bien lo autorizó y facultó para firmar en su ausencia los documentos relativos a su área, también lo es que el **********, tiene a su cargo la administración de dichos recursos, lo que de acuerdo con lo señalado en el artículo 4o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el sentido de que los procedimientos se desarrollarán en forma autónoma e independiente según su naturaleza y vía procesal que corresponda, en lo relativo al ámbito de competencia del órgano interno de control en el instituto, coloca al ********** en infracción del supuesto previsto en el artículo 47, fracciones I y XVI, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Con oficio DPE/001/2001 de fecha 8 de enero de 2001, el **********, director de Planeación y Evaluación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, comunicó al **********, director de administración y finanzas, que designa y faculta a su secretario particular **********, para firmar en su ausencia, oficios de comisión y comprobaciones de los mismos, requisiciones de compra y de almacén, solicitud de servicios generales, solicitudes y comprobaciones de fondo fijo y otros que por su relevancia y urgencia lo ameriten; de lo anterior es de señalar que en el manual de organización del instituto, el director de planeación y evaluación no tiene facultades para realizar este tipo de nombramiento ya que ésta recae en su homólogo de administración y finanzas conforme se establece en el referido manual, en el punto 9.0., apartado de funciones, punto 23, además, que en la estructura orgánica de la dirección de planeación no se cuenta con esta plaza, lo que de acuerdo con lo señalado en el artículo 4o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el sentido de que los procedimientos se desarrollarán en forma autónoma e independiente según su naturaleza y vía procesal que corresponda, en lo relativo al ámbito de competencia del órgano interno de control en el instituto, por lo que coloca al ********** en incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 47, fracciones I, III, XXII y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ejercicio 2002. El **********, es presuntamente responsable de la distracción de los recursos económicos por la cantidad de **********, que le fueron autorizados para la ejecución de ‘El proyecto gestión de la calidad’, de 2002, a su cargo por la simulación de los gastos, tras haber firmado las comprobaciones correspondientes en los formatos ‘reembolso de fondo revolvente’ y ‘solicitud de recursos’, ya que autoriza los comprobantes anexos a cada formato de comprobación, lo que de acuerdo con lo señalado en el artículo 4o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el sentido de que los procedimientos se desarrollarán en forma autónoma e independiente según su naturaleza y vía procesal que corresponda, en lo relativo al ámbito de competencia del órgano interno de control en el instituto, coloca al ********** en infracción del supuesto previsto en el artículo 47, fracciones I y XVI, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Adicionalmente, el ********** es presuntamente responsable del daño patrimonial ocasionado al instituto por la cantidad de ********** por las comprobaciones simuladas que presentó directamente el **********, derivadas de la distracción de los recursos económicos que le fueron autorizados para la ejecución ‘Del proyecto gestión de la calidad’, de 2002 ya que si bien lo autorizó y facultó para firmar en su ausencia los documentos relativos a su área, también lo es que el **********, tiene a su cargo la administración de dichos recursos, lo que de acuerdo con lo señalado en el artículo 4o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el sentido de que los procedimientos se desarrollarán en forma autónoma e independiente según su naturaleza y vía procesal que corresponda, en lo relativo al ámbito de competencia del órgano interno de control en el instituto, coloca al ********** en infracción del supuesto previsto en el artículo 47, fracciones I y XVI, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Con oficio DPE/001/2002 de fecha 7 de enero de 2002, el **********, director de Planeación y Evaluación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, comunicó al **********, director de administración y finanzas, que designa y faculta a su secretario particular **********, para firmar en su ausencia, oficios de comisión y comprobaciones de los mismos, requisiciones de compra y de almacén, solicitud de servicios generales, solicitudes y comprobaciones de fondo fijo y otros que por su relevancia y urgencia lo ameriten; de lo anterior es de señalar que en el manual de organización del instituto, el director de planeación y evaluación no tiene facultades para realizar este tipo de nombramiento ya que ésta recae en su homólogo de administración y finanzas conforme se establece en el referido manual, en el punto 9.0, apartado de funciones, punto 23, además, que en la estructura orgánica de la Dirección de Planeación no se cuenta con esta plaza, lo que de acuerdo con lo señalado en el artículo 4o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el sentido de que los procedimientos se desarrollarán en forma autónoma e independiente según su naturaleza y vía procesal que corresponda, en lo relativo al ámbito de competencia del órgano interno de control en el instituto, por lo que coloca al **********, en incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 47, fracciones I, III, XXII y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.’ (fojas 149-155). El informe de auditoría tuvo como consecuencias las siguientes: Que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos notificara al actor la terminación del nexo de trabajo el veintidós de octubre de dos mil tres, a través del correspondiente aviso rescisorio, por lo que éste demandó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el diecinueve de diciembre de dos mil tres, el pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones laborales (fojas 1 y 183-187). Que el órgano de control interno en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos entablara en contra de ********** el procedimiento administrativo disciplinario PA/02/2004, expediente este último que fue ofrecido como prueba por la empleadora en el sumario laboral de mérito (foja 217). Conviene precisar que el procedimiento administrativo en comento concluyó con la resolución de veinticinco de mayo de dos mil cinco, que ordenó la inhabilitación temporal de **********, por diez años, y que le impuso una sanción económica. De lo antes expuesto, y haciendo la subsunción de los hechos a la premisa mayor contenida en la jurisprudencia 1a./J. 25/2005, por contradicción de tesis, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de dos mil cinco, materia común, página quinientos setenta y seis, del rubro: ‘PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.’, citada a foja nueve de esta ejecutoria, se colige que en el caso a estudio la vía laboral era improcedente para impugnar el ‘despido’ de que se trata. Así es, como se expuso con antelación, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos sustentó el aviso de rescisión de terminación del nexo de trabajo en el informe de auditoría de mérito. Ahora, en el informe de auditoría se determinó que ********** como director de Planeación y Evaluación de la empleadora incumplió con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos artículo 47, fracciones, I, III, XVI, XXII y XXIV; y en el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, normativo 52, fracción I, (fojas 13 y 137149-155), por el indebido manejo de recursos económicos institucionales. Por tanto, si con motivo del informe de auditoría: a) el veintidós de octubre de dos mil tres se notificó el aviso rescisorio del nexo de trabajo al actor, se insiste, por incumplir con diversas disposiciones legales de índole administrativa (como lo era la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos) en el ejercicio del cargo como director de planeación y evaluación; y b) se resolvió el procedimiento administrativo disciplinario PA-02/2004 (previo a emitirse el laudo ahora impugnado), que impuso sanción de inhabilitación temporal de diez años a ********** para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; inconcuso es que era administrativa la vía jurisdiccional que debió intentar el actor, al derivar el despido injustificado de irregularidades administrativas detectadas en el aludido informe de auditoría por incumplimiento en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos artículo 47, fracciones I, III, XVI, XXII y XXIV; y en el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, normativo 52, fracción I. En el entendido de que de obtenerse la nulidad de la sanción administrativa de inhabilitación en resolución que cause ejecutoria, se tendría que restituir al servidor público que en el goce de todos los derechos de que hubiere sido privado con motivo de la ejecución de la sanción anulada. De ahí, que tratándose del despido de un trabajador derivado de una falta o responsabilidad administrativa, como aconteció en la especie con motivo del informe de auditoría (en el que se determinó que ********** había incumplido con diversas disposiciones de carácter administrativa -Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos-), no podría plantearse el problema de prescripción de la acción laboral para demandar la indemnización constitucional y demás prestaciones accesorias al despido, dado que la presente vía no procede respecto de un acto que no tiene naturaleza laboral, sino administrativa, como lo es la separación del empleo de que fue objeto el trabajador con apoyo en la auditoría de que se trata, en la que se determinó su responsabilidad, se insiste, con base en la ley de responsabilidades de mérito. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el siguiente criterio: (se transcribe). El citado criterio jurisprudencial, dio origen a las siguientes jurisprudencias, que por identidad de razón se consideran aplicables al presente caso. Jurisprudencia 2a./J. 13/99, por contradicción, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y nueve, página doscientos noventa y ocho, del tenor literal siguiente: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. NO PUEDE PLANTEARSE UN PROBLEMA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN DE LEY CUANDO LA DESTITUCIÓN, CESE O SUSPENSIÓN CONSTITUYE UNA SANCIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS, YA QUE EN ESTE SUPUESTO ES IMPROCEDENTE LA VÍA LABORAL.’ (se transcribe). Jurisprudencia 2a./J. 14/99, por contradicción de tesis, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y nueve, página doscientos cincuenta y siete, que indica: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ES IMPROCEDENTE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CUANDO LA DESTITUCIÓN, CESE O SUSPENSIÓN CONSTITUYE UNA SANCIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS.’ (se transcribe). Jurisprudencia 2a./J. 15/99, por contradicción de tesis, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y nueve, página doscientos noventa y nueve, que establece: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. NO PUEDE SURGIR UN PROBLEMA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN DE LEY CUANDO LA DESTITUCIÓN, CESE O SUSPENSIÓN CONSTITUYE UNA SANCIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS, YA QUE EN ESTE SUPUESTO ES IMPROCEDENTE LA VÍA LABORAL CONFORME A LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE.’ (se transcribe). No pasa inadvertido que las transcritas jurisprudencias hubieran tenido como antecedente asuntos en que la sanción administrativa fue decretada con anterioridad a la conclusión del nexo de trabajo; ya que en el caso a estudio, el informe de auditoría de mérito, que fue el sustento del aviso de rescisión, determinó que **********, como director de planeación y evaluación había incumplido con acatar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, artículo 47, fracciones I, III, XVI, XXII y XXIV, y el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, normativo 52, fracción I (disposiciones legales que, se insiste, son de índole eminentemente administrativa), lo que llevó a que el veinticinco de marzo de dos mil cinco el relativo procedimiento administrativo decretara en contra del nombrado servidor público una inhabilitación temporal del cargo, y una sanción económica, por diversas irregularidades en que incurrió como director de planeación y evaluación. Luego, ante la calificativa de responsabilidad administrativa atribuida a ********** en el informe de auditoría, sustentada en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos artículo 47, fracciones I, III, XVI, XXII y XXIV y el Reglamento de la Ley de Presup

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22353-eb7d48c8/trabajadores-al-servicio-del-estado-procede-la-via · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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