Corpus
Modo: Corpus Pro

EXCEPCIONES CONTRADICTORIAS. NO LO SON LA QUE NIEGA LA RELACIÓN LABORAL BUROCRÁTICA APOYADA EN LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NI LA OPUESTA SUBSIDIARIAMENTE BASADA EN QUE POR LA NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL ACTOR ES TRABAJADOR DE CONFIANZA Y, POR ENDE, NO TIENE DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 212/2010. · Registro digital (IUS): 22647
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER, EL DÉCIMO SEGUNDO Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, , Pág. 1786.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 212/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER, EL DÉCIMO SEGUNDO Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: ALBERTO MIGUEL RUIZ MATÍAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que el tema sobre el cual tratan las ejecutorias participantes en la presente contradicción de tesis, corresponde a la materia de trabajo de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló la Magistrada presidenta del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, participante en esta contradicción de tesis.

TERCERO. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en sesión de veintiséis de noviembre de dos mil ocho, al resolver el juicio de amparo directo 927/2008, en lo interesante, sustentó las consideraciones siguientes:

"CUARTO. El análisis de los conceptos de violación permite definir lo siguiente. Por cuestión de método, se estudia la parte conducente del segundo concepto de violación, en la que la quejosa sostiene la ilegalidad del laudo reclamado porque en el juicio laboral, la demandada opuso excepciones contradictorias, en virtud de que, por un lado, afirmó que la actora no era trabajadora (negó la relación laboral), puesto que había firmado un contrato de prestación de servicios profesionales y no contaba con nombramiento expedido a su favor; y, por el otro, dijo que de llegar a estimarla trabajadora, debía ser considerada como de confianza, lo que implicaba que las excepciones se anulaban entre sí. Lo que así se aduce es fundado, suplido en parte, con arreglo en la fracción IV del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. ... Por otra parte, asiste razón a la impetrante de garantías, al sostener que la demandada opuso excepciones contradictorias, ya que por un lado negó la relación de trabajo con la actora, toda vez que había firmado un contrato de servicios profesionales, regido por la codificación civil, y por otra parte, alegó que en todo caso, sus actividades encuadraban en los supuestos del artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que por ser de confianza carecía de estabilidad en el empleo, conforme al diverso numeral 8o. de la invocada ley. Esta conducta constituye una postura defensiva contradictoria por basarse en dos hechos que se oponen entre sí y no pueden coexistir, en virtud de que ambos no pueden ser verdaderos o falsos a la vez, ya que el primero excluye la posibilidad de que exista el restante y viceversa, y en ese tenor se anulan recíprocamente, haciéndolas improcedentes. Lo anterior, porque así como el actor no debe ejercitar acciones contradictorias en su demanda, tampoco deben tener ese carácter las excepciones o defensas opuestas, ya que de prosperar la primera, se decretaría la absolución respectiva, pero en su contra se surtiría la segunda que impondría la condena de lo reclamado. Por tanto, por razones de probidad procesal, no es admisible que quien niega el vínculo laboral, puede excepcionarse a su vez señalando que las funciones de la actora eran confianza, dado que, según se dijo, no se puede negar y aceptar a la vez un vínculo de trabajo, aduciendo que en caso de que se considerara como trabajadora, sus funciones estaban contempladas en la ley burocrática como de confianza, ya que quien así procede, en realidad no opone ninguna excepción, en virtud de que por su naturaleza dichas defensas se excluyen recíprocamente. Consecuentemente, se arriba a la conclusión de que la Sala responsable indebidamente absolvió a la demandada bajo el razonamiento de que al acreditarse el contrato de prestación de servicios profesionales, la actora se había desempeñado como tercer inspector de la Administración Central de la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera, realizando funciones de adecuada prevención de delitos fiscales, vigilancia aduanera, así como apoyo a las autoridades fiscales en la verificación, inspección y supervisión, entre otras, las cuales correspondían a la de un trabajador de confianza en términos del artículo 5o., fracción III, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Lo anterior porque, según se dijo, la demandada opuso excepciones contradictorias que se anulaban entre sí. Bajo este orden de ideas, se colige que la determinación de la resolutora es incorrecta y debe desaparecer. Así las cosas, al resultar fundada la parte relativa del segundo concepto de violación propuesto, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente el laudo reclamado, y dicte otro en el que considere que la actora tenía la calidad de trabajadora; que son contradictorias las excepciones opuestas por la secretaría demandada, que hizo consistir en la inexistencia de la relación laboral ya que el vínculo había sido civil y que la actora era trabajadora de confianza; y hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, laude lo que en derecho proceda respecto a la totalidad de las prestaciones."

El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 1308/2008, 189/2009, 467/2009 y 566/2009, en lo interesante, sustentó similares consideraciones a las precedentes, razón por la cual, en obvio de repeticiones innecesarias, no se transcriben.

De las ejecutorias dictadas en los amparos directos precitados derivó la jurisprudencia, cuyos rubro, texto y datos de localización son:

"EXCEPCIONES CONTRADICTORIAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL BUROCRÁTICO. LO SON LA QUE NIEGA LA RELACIÓN LABORAL ADUCIENDO LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y LA QUE AFIRMA QUE EL TRABAJADOR ES DE CONFIANZA Y, POR TANTO, CARECE DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. Cuando el demandado en el procedimiento laboral burocrático niega la relación de trabajo aduciendo que con el actor lo ligaba un contrato de servicios profesionales regido por la codificación civil, y se excepciona argumentando que, en todo caso, sus actividades encuadran en los supuestos del artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y que por ser de confianza carece de estabilidad en el empleo conforme al diverso numeral 8o. de la invocada ley; dicha conducta constituye una postura defensiva contradictoria por basarse en dos supuestos que se oponen entre sí y no pueden coexistir, en virtud de que ambos no pueden ser verdaderos o falsos a la vez, ya que el primero excluye la posibilidad de que exista el otro y viceversa. Lo anterior porque, así como el actor no debe ejercitar acciones contradictorias, tampoco deben tener ese carácter las excepciones o defensas; consecuentemente, por razones de probidad procesal no es admisible que quien niega el vínculo laboral pueda excepcionarse señalando que las funciones realizadas por el accionante eran de confianza, por no poderse negar y aceptar a la vez un vínculo de trabajo." (No. Registro: 166161. Jurisprudencia. Materia(s): Laboral. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, octubre de 2009, tesis I.13o.T. J/11, página 1195).

CUARTO. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito resolvió el veintiuno de enero de dos mil diez, el amparo directo 1257/2009, el cual se apoyó en las consideraciones que se transcriben a continuación.

"QUINTO. Estudio del asunto. Previo a dar respuesta a los motivos de inconformidad se citan algunos antecedentes del acto reclamado (se precisan algunos antecedentes del laudo impugnado). Alega, que el demandado opuso excepciones contradictorias y excluyentes una de la otra, en virtud de que deja en total estado de indefensión respecto de su carácter, ya que por un lado señaló que es un prestador de servicios profesionales lo cual implica la negativa de una relación de trabajo y por la otra estableció que era un trabajadora de confianza, por lo que la Sala no debió tener por interpuesta ninguna de las dos excepciones. Lo anterior es infundado. En efecto, ante la pretensión principal de la parte actora consistente en que se le reconociera su calidad de trabajador al servicio del Estado, la secretaría demandada, entre otras cuestiones, expuso los siguientes argumentos defensivos de contenido distinto: En primer término adujo que no existía relación laboral con el actor, sino una relación de carácter civil derivada del contrato de prestación de servicios profesionales bajo el pago de honorarios firmado por las partes el primero de julio de dos mil seis, razón por la que los conflictos vinculados con la aplicación del referido contrato debían ser del conocimiento de las autoridades civiles correspondientes y no así de las autoridades laborales. Al respecto, cabe establecer que tal alegación no constituye una negativa lisa y llana del vínculo de trabajo alegado por la accionante, sino la negación del nexo laboral por existir uno de diversa naturaleza, en la especie, de carácter civil originado por el contrato de prestación de servicios profesionales celebrado por las partes. Luego, la demandada argumentó, que para el supuesto de que la autoridad laboral sostuviera que la relación establecida entre las partes era de trabajo, debía tomar en cuenta que las actividades desarrolladas por el actor eran de confianza ya que encuadran en lo establecido por el artículo 5o., fracción II, incisos b) y l), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Cuestión que se corrobora con la transcripción siguiente: ‘Por otra parte, en el supuesto dado sin conceder que ese tribunal considere que el actor realizó actividades para mi representado, contrario a lo que aduce el hoy actor, cabe señalar que conforme a las pruebas que ofrece la parte actora, se desprende que realizaba acciones de «prevención de delitos fiscales, vigilancia aduanera, apoyo a otras autoridades fiscales en sus facultades de inspección, supervisión, verificación y fiscalización», encomendadas al actor, en su calidad de prestador de servicios profesionales, ya que estuvieron debidamente contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales que celebró con mi representada, la cual se encuentra consignada en los artículos 43, 44, 45 y 144, fracción VI, de la Ley Aduanera que consisten en practicar el reconocimiento aduanero de las mercancías de comercio exterior en los recintos fiscales y fiscalizados a petición del contribuyente, en su domicilio o en las dependencias, bodegas, vigilancias, inspecciones, verificaciones de mercancías en transporte, así como el reconocimiento aduanero derivado del mecanismo de selección automatizada; de conformidad con el artículo 144, fracciones II, III, VII, IX, X, Xl, XVI y XXX, de la Ley Aduanera. ... Todas y cada una de las actividades enmarcadas son consideradas como de confianza, conforme a lo dispuesto en la fracción II, incisos b) y l) del artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que relacionado con el 8o. de la dicha ley, en el cual se establece que están excluidos del régimen de aplicación las personas que desempeñen las acciones antes indicadas.’ (foja 235). Por lo anterior, este órgano colegiado estima que, contrario a lo que aduce el peticionario de amparo en el motivo de inconformidad en estudio, los argumentos aducidos por la demandada de modo alguno resultan excepciones contradictorias y excluyentes entre sí, ya que, como se ha señalado, su oposición se hizo depender de situaciones distintas que debía tomar en cuenta la autoridad al resolver los aspectos litigiosos del asunto. Así es, derivado de la celebración del contrato de prestación de servicios profesionales con la parte actora, el demandado adujo que la relación jurídica entre ambos era de naturaleza civil, no así laboral. Finalmente, y para el caso de que la autoridad considerara que la relación existente entre las partes, originada precisamente por la celebración del contrato de prestación de servicios profesionales ya indicado, fuese de naturaleza laboral, se debía considerar que las actividades desempeñadas por el actor correspondían a las de un trabajador de confianza, en términos de lo previsto por el artículo 5o., fracción II, incisos b) y l), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Como se ve, los indicados argumentos de defensa que en vía de excepción opuso la demandada, en modo alguno se pueden considerar contradictorios y excluyentes entre sí, pues se insiste el primero, fue derivado de la negativa de una relación de trabajo bajo la aseveración de ser de naturaleza civil, y el segundo, se opuso de manera cautelar, ya que incluso refirió que para el caso sin conceder, de que se estimara un vínculo laboral debía tomarse en cuenta que el impetrante era un trabajador de confianza atendiendo a las actividades desempeñadas. Así, al oponerse excepciones que se sustentan en diversos supuestos, es de estimarse infundado el motivo de inconformidad en estudio."

QUINTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el veintiuno de abril de dos mil diez, al resolver el juicio de amparo directo laboral 44/2010, en lo interesante, sustentó las consideraciones siguientes:

"SEXTO. Los conceptos de violación son infundados y fundados, mejorados en suplencia de la queja con apoyo en la fracción IV del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 2a./J. 39/95, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Laboral, Tomo II, correspondiente a septiembre de mil novecientos noventa y cinco, visible en la página trescientos treinta y tres, del siguiente tenor literal: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.’ (se transcribe). En el segundo concepto de violación, la quejosa sostiene la ilegalidad del laudo reclamado porque en el juicio laboral la demandada opuso excepciones contradictorias, en virtud de que, por un lado, afirmó que la actora no era trabajadora (negó la relación laboral), puesto que había firmado un contrato de prestación de servicios profesionales y no contaba con nombramiento expedido a su favor; y, por el otro, dijo que de llegar a estimarla trabajadora debía ser considerada como de confianza, lo que implicaba que las excepciones se anulaban entre sí. Lo que así se aduce es fundado, suplido en parte con arreglo en la fracción IV del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. Con el propósito de evidenciar este aserto, es oportuno hacer una referencia breve a que Héctor Felipe Hernández Ortiz demandó de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el reconocimiento de su calidad de trabajador al servicio del Estado desde el quince de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, como inspector en la Administración Central de la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera de la Administración General de Aduanas, del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras prestaciones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al contestar la reclamación, negó derecho al actor y, en lo que aquí interesa, afirmó que el actor nunca fue trabajador al servicio del Estado ya que el tipo de contratación es de carácter civil; aunque por otro lado, afirmó (folio 688): Por otra parte, en el supuesto dado sin conceder que ese tribunal considere que el actor realizó actividades para mi representado, contrario a lo que aduce el hoy actor, cabe señalar que conforme a las pruebas que ofrece la parte actora, se desprende que realizaba acciones de prevención de delitos fiscales, vigilancia aduanera, apoyo a otras autoridades fiscales en su facultades de inspección, supervisión, verificación y fiscalización, encomendadas al actor, en su calidad de prestador de servicios profesionales, ya que estuvieron debidamente contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales que celebró con mi representada, las cuales se encuentran consignadas en los artículos 43, 44, 45 y 144, fracción VI, de la Ley Aduanera que consisten en practicar el reconocimiento aduanero de las mercancías de comercio exterior en los recintos fiscales y fiscalizados a petición del contribuyente, en su domicilio o en las dependencias, bodegas, vigilancias, inspecciones, verificaciones de mercancías en transporte, así como el reconocimiento aduanero derivado del mecanismo de selección automatizada; de conformidad con el artículo 144, fracciones II, III, VII, IX, X, XI, XVI y XXX, de la Ley Aduanera realizando las siguientes actividades: (sic) Se insiste que los argumentos del actor son falsos ya que como se ha dicho nunca fue trabajador, toda vez que como prestador de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios, siempre se ha desempeñado como un cuerpo de seguridad pública, encargado de efectuar la adecuada prevención de delitos fiscales, vigilancia aduanera, así como el apoyo eficiente a otras autoridades fiscales, en la verificación, inspección y supervisión, así como haber llevado a cabo operativos policiales en coordinación con la Agencia Federal de Investigación (AFI), Policía Federal Preventiva (PFP). Procuraduría General de Justicia (PGJ), Procuraduría General de la República (PGR) y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en los caminos rurales, rutas terrestres y brechas de diversas entidades federativas, con el objeto de detectar el posible tráfico de drogas y violaciones a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, estableciendo filtros de revisión y vigilancia en los citados lugares, para lo cual fue dotado de armas de fuego y radiopatrullas, como se desprende de sus gafetes de identificación que ofrece como pruebas en donde se aprecia que el actor contaba con un permiso especial otorgado por la Secretaría de la Defensa Nacional, para portar armas de fuego largas y cortas, resultando que de esa documentación se infiere que las actividades que desarrolló mi contraparte son de carácter policial, por tanto, era integrante de un cuerpo de seguridad y realizaba actividades de vigilancia, por ende, tratándose de policía fiscal es de señalar que con las últimas reformas constitucionales los cuerpos policiacos deben regirse por sus propias normas, según lo contenido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todas y cada una de las actividades enmarcadas son de considerarse como confianza, conforme a los dispuesto en la fracción II, incisos b) y 1), del artículos 5o. de la de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que relacionado con el 8o. de dicha ley, en el cual se establece que están excluidos del régimen de aplicación las personas que desempeñen las actividades antes indicadas. Al efecto, cabe transcribir lo que para el caso establece el artículo 5o., que en lo aplicable indica: (se transcribe). En el laudo reclamado, la Segunda Sala consideró que con las pruebas ofrecidas por las partes la relación que unía a las partes era de naturaleza laboral y no civil; por tanto, condenó al titular a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reconocer a favor del actor su calidad de trabajador al servicio del Estado, desde el quince de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, como inspector en la Administración Central de la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera, al pago de quinquenios, aguinaldo de dos mil tres y los que se sigan generando, a las prestaciones se seguridad y absolvió a la demandada del pago de diferencias salariales, seguro de vida institucional, vacaciones, prima vacacional, seguro de gastos médicos mayores y seguro de separación individualizada, pero, por otro lado, determinó que el actor era un empleado de confianza en términos de lo dispuesto en el artículo 5o., fracción II, inciso b), de la Ley Federal del Trabajo. La conclusión de la Sala en cuanto a que la relación que unió a las partes fue laboral se estima correcta, aun cuando sea por razones distintas a la que tomó en cuenta; sin embargo, este Tribunal Colegiado no se comparte la consideración en torno a que el actor es un trabajador de confianza, en atención a lo siguiente: La secretaría demandada, al contestar las pretensiones y hechos planteados por el actor, opuso excepciones contradictorias que se nulifican, porque en primer término afirmó que el demandante no era su trabajador (ni de base ni de confianza); a continuación señaló que entre ellos existió una relación civil derivada de un contrato de prestación de servicios profesionales; finalmente, aseveró que, en todo caso, realizaba funciones propias de un empleado de confianza, en términos del artículo 5o., fracción II, inciso b), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Esa conducta procesal constituye una postura defensiva que es contradictoria por basarse en hechos que se oponen y no pueden coexistir, en virtud de que no pueden ser verdaderos o falsos a la vez, ya que el primero excluye la posibilidad de que existan los restantes, porque así como el actor no debe ejercitar acciones contradictorias en su demanda, tampoco deben tener ese carácter las excepciones o defensas opuestas, ya que de prosperar la primera, se decretaría la absolución respectiva, pero en caso de no ser así, no podrán analizarse las subsecuentes excepciones que son contradictorias. Así, por razones de probidad procesal, no es admisible que quien niega el vínculo laboral, pueda excepcionarse a su vez señalando que las funciones de la parte actora eran de confianza, dado que no se puede negar y aceptar a la vez un vínculo de trabajo, aduciendo que en caso de que se considerara como trabajadora, sus funciones estaban contempladas en la ley burocrática como de confianza, ya que quien así procede, en realidad no opone ninguna excepción, en virtud de que por su naturaleza dichas defensas se excluyen recíprocamente. En ese orden de ideas, se arriba a la conclusión de que la Sala correctamente estimó que se acreditó que entre el accionante y la ahora quejosa existió una relación laboral, en virtud de que ésta opuso excepciones contradictorias que se anularon. Empero, se considera incorrecto que determinara que el actor es de confianza, porque como la secretaría demandada opuso excepciones contradictorias, que hizo consistir en la inexistencia de la relación laboral, ya que el vínculo había sido civil y que el actor era trabajador de confianza; eso trajo como sanción jurídica que el vínculo que unió a las partes se repute de índole laboral y, además, que el puesto en que pidió ser reinstalado el accionante deba considerarse de base, pues también quedó destruida la excepción relativa a que las funciones desarrolladas por el trabajador eran de confianza. Consecuentemente, se arriba a la conclusión de que la Sala responsable incorrectamente consideró que el actor desempeñaba funciones de prevención de delitos fiscales, vigilancia aduanera y el apoyo eficiente a otras autoridades fiscales en la verificación, inspección y supervisión, las cuales correspondían a la de un trabajador de confianza en términos del artículo 5o., fracción II, inciso b), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Lo anterior, porque según se dijo, la demandada opuso excepciones contradictorias que se anulaban entre sí. Bajo este orden de ideas, se colige que la determinación de la resolutora es incorrecta y debe desaparecer y, por tanto, deberá considerar que la trabajadora es de base. Apoya lo antepuesto la jurisprudencia I.13o.T. J/11, aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que este tribunal comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, octubre de dos mil nueve, Novena Época, Materia Laboral, visible en la página 1195, del siguiente tenor literal: ‘EXCEPCIONES CONTRADICTORIAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL BUROCRÁTICO. LO SON LA QUE NIEGA LA RELACIÓN LABORAL ADUCIENDO LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y LA QUE AFIRMA QUE EL TRABAJADOR ES DE CONFIANZA Y, POR TANTO, CARECE DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.’ (se transcribe)."

Similares consideraciones a las precedentes sustentó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el veintiuno de abril de dos mil diez, al resolver el amparo directo 134/2010, razón por la cual en obvio de repeticiones innecesarias no se transcriben.

SEXTO. Como cuestión previa, cabe determinar si la presente contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia.

Al respecto, de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la figura de la contradicción de tesis se presenta cuando existen dos o más criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno de la interpretación de una misma norma jurídica o punto concreto de derecho y que por seguridad jurídica deben uniformarse a través de la resolución que establezca la jurisprudencia que debe prevalecer y dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de idéntica o similar naturaleza.

Al respecto, resulta aplicable la tesis aislada del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que enseguida se transcribe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009, tesis P. XLVI/2009, página 68).

Ahora bien, del análisis de las ejecutorias preinsertas se advierte que existe la contradicción de tesis denunciada, pues los Tribunales Colegiados participantes en ésta an

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22647-2762ac47/excepciones-contradictorias-no-lo-son-la-que-niega · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.