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Modo: Corpus Pro

SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 150 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE JULIO DE 1997, QUE PREVÉ UN PERIODO DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS EN MATERIA DE PENSIONES, ES INAPLICABLE PARA OBTENER LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, RESPECTO DE QUIENES SE ENCUENTRAN EN EL RÉGIMEN DE LA LEY ANTERIOR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 359/2010. · Registro digital (IUS): 22889
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, , Pág. 710.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 359/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: LUIS ÁVALOS GARCÍA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001 dictado por el Tribunal Pleno; en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios que se suscitaron en asuntos en materia de trabajo, especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En principio, debe tenerse presente que los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

En este caso, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por el procurador general de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y el procurador auxiliar en asesoría, conciliación y defensoría, adscrito a la Dirección de Recursos y Amparos de la Subprocuraduría General de Conciliación y Defensoría, y en consecuencia, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo representó al quejoso en el amparo directo DT. 947/2008, del cual deriva una de las ejecutorias contendientes.

TERCERO. Toda vez que los asuntos de contradicción de tesis tienen como punto de partida los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, es preciso reproducirlos en lo conducente:

El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el juicio de amparo directo número DT. 947/2008, en lo que al tema interesa, determinó:

"QUINTO. Los conceptos de violación que aduce el impetrante son infundados en parte y esencialmente fundados en lo demás. En efecto, el amparista sostiene que es ilegal el laudo que se impugna, pues la autoridad laboral tomó en consideración la excepción hecha valer en el sentido de que se encuentra fuera del periodo de conservación de derechos, cuando en ninguno de los hechos y excepciones que pretende hacer valer el organismo demandado se encuentra el referido argumento. Son infundados los motivos de disenso que se analizan. Se afirma lo anterior porque de la contestación a la demanda se aprecia que la parte demandada indicó, en lo que interesa, lo siguiente: (se transcribe). Lo que permite concluir, contrario a lo que se alega, que el demandado sí hizo valer la defensa de mérito, por tanto, es correcto que la Junta se avocara al estudio de aquélla. Por otro lado, el quejoso aduce, en síntesis, que el laudo es ilegal porque la Junta indebidamente consideró procedente la excepción que opuso el tercero perjudicado al dar contestación a la demanda, y que hizo consistir en que el actor se encontraba fuera del ‘periodo de conservación de derechos’, en términos de lo que establece el artículo 182 de la anterior Ley del Seguro Social en relación con el diverso numeral 150 de la ley vigente, y que al haber presentado la demanda fuera de dicho periodo, su acción resultaba improcedente. Agrega que la autoridad del conocimiento realizó una inexacta interpretación del artículo 150 de la Ley del Seguro Social vigente, pues de la simple lectura de aquél se aprecia que el mismo resulta inaplicable en el ramo de cesantía en edad avanzada, por lo que no debió haberse utilizado en contra de los intereses del amparista, ya que del contenido de aquél se advierte que no contiene disposición alguna que prive al trabajador del derecho a dicha prestación. Añade que no acertó la responsable al decidir en esa forma, porque la afirmación de que se encuentra fuera del periodo de conservación de derechos, pues le corresponden seis años con cuatro días, que comienzan a partir de la fecha de baja que fue el uno de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, tiene su origen en el arábigo 182 de la anterior Ley del Seguro Social, sin embargo, perdió de vista que su petición se fundó en la ‘Ley del Seguro Social vigente’, en consecuencia, la resolución resulta incongruente y contradictoria. Asiste razón al inconforme por las siguientes consideraciones. De las constancias de autos se aprecia que el tercero perjudicado al contestar la demanda adujo: (se transcribe). De la lectura del laudo impugnado se advierte que la responsable absolvió al tercero perjudicado por considerar que era procedente la excepción hecha valer en el sentido de que el actor se encontraba fuera del periodo de conservación de derechos, en términos del artículo 150 de la Ley del Seguro Social vigente. Ahora bien, el referido numeral establece literalmente que: ‘Artículo 150.’ (se transcribe). De lo transcrito se deduce que el precepto citado no menciona que la pensión por cesantía avanzada que solicitó el inconforme, se encuentre dentro de los ramos sujetos al periodo de conservación de derechos (invalidez y vida), como con acierto se alega. Lo que permite concluir que erró la responsable al resolver en la forma en que lo hizo, pues la excepción hecha valer en ese sentido por el instituto demandado, es improcedente. Así las cosas, resulta innecesario analizar todos los restantes motivos de inconformidad que esgrime el impetrante, atendiendo al principio de mayor beneficio, pues aunque éstos resultaran fundados, no mejorarían lo que ya alcanzó el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 3/2005, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 37/2003-PL, visible en la página cinco del Tomo XXI, febrero de dos mil cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, y que es del tenor literal siguiente: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.’ (se transcribe). Bajo ese contexto, se concluye que el laudo impugnado es violatorio de garantías, en consecuencia, lo procedente es conceder al impetrante el amparo solicitado para el efecto de que la Junta responsable lo deje insubsistente, en su lugar dicte otro, en el que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, considere que en términos del artículo 150 de la Ley del Seguro Social vigente, la excepción hecha valer por el demandado respecto a la conservación de derechos, es improcedente, porque sólo aplica para las pensiones y los seguros de invalidez y vida, y resuelva lo que en derecho corresponda."

Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DT. 608/2008, expresó:

"QUINTO. Es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada, el primer concepto de violación que se hace valer. En efecto, para una mejor comprensión del presente asunto, cabe destacar que el actor demandó, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el otorgamiento y pago de una pensión por cesantía en edad avanzada a partir del siete de julio de dos mil seis y demás prestaciones accesorias (fojas 1 y 2 de la demanda laboral). El instituto demandado, al contestar la reclamación formulada en su contra, negó en términos generales que el actor tuviera acción y derecho para hacer sus reclamos, pues manifestó que éste dejó de pertenecer al régimen obligatorio del seguro el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres, ya que en esa fecha fue dado de baja en su trabajo; que es cierto que cotizó 1541 semanas y que la cuarta parte de esas semanas equivale a 385 semanas que en tiempo es igual a 7 años 1 mes aproximadamente, por lo que conservó sus derechos hasta el quince de abril de dos mil uno; que por otra parte el doce de febrero de dos mil cinco cumplió la edad de sesenta años, cuando ya había fenecido el periodo de conservación de derechos. Seguido que fue el trámite del juicio laboral por todas y cada una de sus etapas procesales y desahogadas las pruebas que así lo ameritaron, la responsable, el nueve de agosto de dos mil siete, emitió un primer laudo, en el que determinó absolver al instituto demandado de todas y cada una de las prestaciones que le fueron reclamadas por el actor (foja 43 de ese laudo). Inconforme con el mismo, el actor instó la acción constitucional tocando conocer de la demanda de garantías al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en donde se admitió y registró bajo el número DT. 34/2008 (antes DT. 661/2008) y, por ejecutoria de ocho de febrero de dos mil ocho, determinó concederle la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: (se transcribe) (foja 39 de esa ejecutoria de amparo). En cumplimiento a dicha ejecutoria, la responsable el veintiocho de febrero de dos mil ocho, emitió un segundo laudo que es el que ahora constituye el acto reclamado, en el que determinó: a) Condenar al Instituto Mexicano del Seguro Social a reconocer que el actor se encuentra en estado de cesantía en edad avanzada en términos del artículo 154 de la nueva Ley del Seguro Social y con apoyo en los diversos artículos 155, 156 y 157 de ese ordenamiento, la parte actora podrá disponer de su cuenta individual con el objeto de disfrutar de su pensión y el aguinaldo, así como el otorgamiento y pago de las prestaciones en especie en términos de los artículos 84 y 142 de la ya citada nueva Ley del Seguro Social a partir del seis de julio de dos mil seis, pudiendo el actor optar por las alternativas a que se refiere el artículo 157 de ese cuerpo legal; y, b) Lo absolvió del pago del 15% del monto de la pensión a favor de la esposa del actor, por concepto de ayuda asistencial (fojas 78 vuelta y 79 del laudo reclamado). Así las cosas, como se dijo al principio del estudio de esta ejecutoria, es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada el primer concepto de violación que se hace valer. Lo anterior es así, porque la vigente Ley del Seguro Social, reglamentaria de la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución General de la República, recoge la figura de la cesación involuntaria y la reglamentan como la de cesantía en edad avanzada en los términos siguientes: Artículos 154, 155 y 156 de la Ley del Seguro Social vigente a partir de julio de mil novecientos noventa y siete (se transcriben). De una interpretación armónica de las anteriores disposiciones, se desprende que la Ley del Seguro Social vigente a partir de julio de mil novecientos noventa y siete, comprende la pensión por cesantía en edad avanzada, la cual, para su otorgamiento, exige se cumplan los siguientes requisitos: a) Haber cumplido sesenta años de edad; b) Encontrarse privado de trabajo remunerado; y, c) Haber cubierto mil doscientas cincuenta cotizaciones. De lo anterior se desprende que el otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada, no constituye un acto discrecional del Instituto Mexicano del Seguro Social, es más bien un derecho que el trabajador adquirió a través del tiempo laboral, que medido en un determinado número de cotizaciones, aportó durante veinticuatro años (1250 semanas), condición que satisfecha con los restantes requisitos que exige la ley, el trabajador podrá obtener la pensión por cesantía en edad avanzada. Ahora bien, para determinar sobre el derecho a obtener una pensión por cesantía en edad avanzada, respecto de un trabajador que antes de cumplir los sesenta años dejó de cotizar, debe tomarse en cuenta si esto aconteció dentro de su periodo de conservación de derechos, calculado en términos de los artículos 150 y 151 de la vigente Ley del Seguro Social. Dichos preceptos establecen: (se transcriben). De lo anterior se desprende que los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio, conservarán los derechos que tuvieran adquiridos a pensiones en el seguro de invalidez y vida por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja. Este tiempo de conservación de derechos no será menor a doce meses. Pues bien, conforme a los preceptos transcritos, se procede a determinar si procede o no el derecho a obtener una pensión en cesantía en edad avanzada, respecto de un trabajador no pensionado que, antes de cumplir los sesenta años, dejó de cotizar y si al cumplirlos estaba o no dentro de su periodo de conservación de derechos, calculado en términos de lo dispuesto en el artículo 150 de la actual Ley del Seguro Social. Ahora bien, el derecho a disfrutar de las prerrogativas que otorga el seguro social a todas las personas que se encuentran vinculadas a otras por una relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón, está condicionado, en principio, a que los asegurados o los trabajadores que debieran estarlo, se ubiquen en la hipótesis de hecho que provoca que deban encontrarse inscritos al régimen del seguro obligatorio del seguro social, la cual consiste, precisamente, en encontrarse prestando un trabajo personal y subordinado. En esos términos, cuando esa hipótesis ya no subsiste, por haber concluido el referido vínculo laboral, la consecuencia inmediata consiste en que el asegurado deja de pertenecer al régimen del seguro obligatorio, lo que implica que él mismo, su patrón y el Estado, dejen de enterar las respectivas aportaciones de seguridad social, que constituyen el sustento económico del seguro social. Por la trascendencia social que tienen las prestaciones otorgadas a través del referido seguro, el legislador confirió a los asegurados que dejaran de pertenecer al régimen obligatorio, el derecho a continuar voluntariamente en el mismo régimen, bien fuera en los ramos conjuntos de enfermedades y maternidad y de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, o bien en cualquiera de ambos, siempre y cuando el asegurado tuviera un mínimo de mil doscientos cincuenta cotizaciones semanales, quedando a su cargo la obligación de pagar, íntegramente, las cuotas obrero-patronales respectivas, las que puede enterar por bimestres o anualidades adelantadas. Para que el asegurado que es dado de baja del régimen obligatorio, por concluir su relación laboral, tenga el derecho de continuar en el régimen obligatorio respecto de los referidos ramos, es necesario que lo solicite dentro de un plazo de doce meses, a partir de la fecha de su baja. Inclusive, cuando el sujeto anteriormente asegurado reingrese al régimen obligatorio del seguro social, si la interrupción no fuese mayor de tres años, se le reconocerán todas sus cotizaciones; si fuese mayor a ese número de años, pero menor a seis, se le reconocerán las mismas, una vez que haya cubierto un mínimo de veintiséis semanas de nuevas cotizaciones y si la interrupción es mayor a seis años, se le reconocerán las anteriormente cotizadas al reunir cincuenta y dos en su nuevo aseguramiento. Ahora bien, dado que el derecho del gobernado para continuar gozando de la protección que respecto de diversas contingencias sociales otorga el seguro social, depende, precisamente, de la circunstancia de que aquél se encuentre prestando un trabajo personal subordinado, en aras de proteger al individuo que cuenta con su fuerza de trabajo como único medio de sustento tanto de él como de su familia y que aún no ha incorporado en su esfera jurídica el derecho a recibir una pensión, por no actualizarse alguna de las contingencias que se restañan (sic) por el seguro social a través de una prestación de esa naturaleza, el legislador estimó conveniente extender el periodo durante el cual se tiene la prerrogativa de acceder a una prestación derivada de alguna de las contingencias tuteladas por el seguro social. Para ello, la actual Ley del Seguro Social dispone en su artículo 150, que los asegurados que dejen de pertenecer al régimen del seguro obligatorio, conservarán los derechos que tuvieren adquiridos a pensiones en los seguros de invalidez y vida, por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja, tiempo que no podrá ser menor de doce meses. En esos términos, al establecer la ley el periodo de conservación de derechos para los anteriormente asegurados cuyo vínculo laboral ya concluyó, permite a los trabajadores continuar gozando por un periodo que no será menor de doce meses y cuya duración se encontrará en relación directa con el tiempo que lleve de pertenecer al referido régimen, de la protección que respecto de diversas contingencias otorga el seguro social, específicamente, respecto de los riesgos cuya actualización se compensa con las pensiones de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. Por ello, si el actor antes asegurado, que no tiene derecho a alguna pensión, solicita la de cesantía en edad avanzada, por haber cumplido los sesenta años de edad, dicha petición debió hacerla cuando estaba vigente su periodo de conservación de derechos y si en ese periodo no había cumplido esos años y ya no cotizaba al seguro social por no prestar algún trabajo a diverso patrón, debió continuar voluntariamente en el mismo régimen, es decir, pagar íntegramente las cuotas obrero-patronales respectivas, para poder tener derecho a la prestación que ahora reclama. Por tanto, si como está demostrado en autos, el actor dejó de trabajar el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres y a esa fecha tenía 1541 semanas reconocidas, pues así lo asentó en su demanda laboral y se corroboró con el certificado de derechos que exhibió el instituto demandado (foja 28 del laboral), de acuerdo con el artículo 150 de la actual Ley del Seguro Social, al dejar de pertenecer al régimen del seguro obligatorio conservará los derechos que tuviera adquiridos a pensiones en los seguros de invalidez y vida, por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja, tiempo que no podrá ser menor de doce meses y esa cuarta parte es de 7 años 1 mes aproximadamente, sumando esas fechas se obtiene que su periodo de conservación de derechos feneció el quince de abril de dos mil uno y si solicita la pensión por cesantía en edad avanzada el siete de junio de dos mil seis, pues así se desprende de la resolución por la cual el instituto le negó la misma (foja 25 del natural), no cabe duda que ya había concluido su periodo de conservación de derechos y, por lo mismo, ya no gozaba de la prerrogativa que le confería el seguro social, de recibir como compensación de ello, el disfrute de la pensión por cesantía en edad avanzada y menos aún sus beneficiarios, pues, se reitera, no basta que acredite reunir los requisitos que establece el artículo 154 de la actual Ley del Seguro Social, para que de inmediato se le otorgue la pensión que reclama, sino que también debe demostrar que se encontraba dentro del periodo de conservación de derechos. Por tanto, si el actor anteriormente fue asegurado y no gozaba de pensión alguna y ahora solicita la pensión por cesantía en edad avanzada cuando ya está fuera del periodo de conservación de derechos, es decir, cuando ya no goza de la prerrogativa a ser compensado en caso de acontecer esa precisa contingencia, aun cuando se cumplan los otros requisitos específicos para obtener la pensión reclamada, en tanto que este derecho se encuentra condicionado a la existencia de aquél, el respectivo beneficiario no tiene derecho a disfrutar de la pensión que solicita. Al particular, es aplicable en forma analógica la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 91/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece visible en el Tomo X, agosto de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 186, que dice: ‘PENSIÓN DE VIUDEZ. EL DERECHO A DISFRUTAR DE ÉSTA SE ENCUENTRA CONDICIONADO, RESPECTO DE UN TRABAJADOR NO PENSIONADO, A QUE SU MUERTE ACONTEZCA DENTRO DEL PERIODO DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS (LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997).’ (se transcribe). Por tanto, al no considerarlo así la responsable, es evidente que el laudo reclamado es violatorio en perjuicio del instituto (sic) de las garantías constitucionales de que se duele. Cabe decir que, a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, entró en vigor la nueva Ley del Seguro Social, en cuyos artículos 150 y 151 se prevé lo relativo a la conservación y reconocimiento de derechos y del 152 al 160 se establecen los requisitos para disfrutar de una pensión por cesantía en edad avanzada, dispositivos que se ubican, respectivamente, en las secciones séptima del capítulo V, intitulado ‘Del seguro de invalidez y vida’ y primera del capítulo VI, intitulado ‘Del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez’, del referido ordenamiento. Ahora bien, dicha Ley del Seguro Social tuvo una trascendente reforma del sistema de seguridad social, empero, en relación con la cesantía en edad avanzada las disposiciones aplicables no sufrieron modificaciones trascendentales, pues si bien cambió la denominación del ramo dentro del que se prevé la pensión de viudez, antes ‘Del seguro por muerte’, actualmente ‘Del ramo de vida’; y la estructura dentro de la cual se ubica el ramo relativo, antes en el capítulo denominado ‘De los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte’, actualmente ‘Del seguro de invalidez y vida’, con ello no se alteraron las disposiciones que rigen la cuestión en estudio, máxime que el sistema para la conservación de derechos, respecto de esa precisa pensión, se mantiene incólume. Al particular, es aplicable la tesis aislada número 1a. XVIII/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece visible en el Tomo XXV, enero de 2007 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 485, que dice: ‘SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 150 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE JULIO DE 1997, QUE PREVÉ UN PERIODO DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS EN MATERIA DE PENSIONES, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.’ (se transcribe). En ese orden de ideas, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y emita otro en el que determine que el actor no tiene derecho a la pensión por cesantía en edad avanzada que reclama en virtud de que a la fecha en que la solicitó siete de junio de dos mil seis, ya se encontraba fuera del periodo de conservación de derechos. De acuerdo con lo anterior, es innecesario hacer el estudio de los demás conceptos de violación que se hacen valer en términos de la tesis de jurisprudencia emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que con el número 107, aparece visible en el Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Séptima Época, página 85, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ (se transcribe). La protección de la Justicia Federal, debe hacerse extensiva a los actos de ejecución que se le atribuyen al presidente de la Junta y actuario adscrito en atención a que los mismos no se combaten por vicios propios, sino en vía de consecuencia del laudo reclamado."

CUARTO. Ahora procede decidir respecto a la existencia o inexistencia de la contradicción de tesis.

Ante todo, debe destacarse que una contradicción de tesis se actualiza cuando los Tribunales Colegiados contendientes adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales. Lo verdaderamente importante es que el criterio jurídico establecido en las ejecutorias respectivas sea discordante respecto de un tema en esencia similar. A este respecto, resulta aplicable la tesis que se transcribe a continuación:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Núm. registro: 164120. Jurisprudencia. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, tesis P./J. 72/2010, página 7).

De igual forma, hay que resaltar que no es necesario que la diferencia de criterios derive indefectiblemente de jurisprudencias o de tesis ya publicadas, sino que únicamente se requiere que provenga de las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano jurisdiccional de que se trata. Tal como se establece en la tesis siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así." (Núm. registro: 205420. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 83, noviembre de 1994, tesis P. L/94, página 35).

Pues bien, con el propósito de verificar si en el caso se configura la divergencia de criterios, se impone sintetizar las consideraciones fundamentales en que se apoyaron los fallos sujet

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22889-df1a5ba4/seguro-social-el-articulo-150-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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