Corpus
Modo: Corpus Pro

REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2004, FACULTA EXPRESAMENTE A LAS AUTORIDADES FISCALES PARA REQUERIR DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN RELATIVA A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL CONTRIBUYENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2010. · Registro digital (IUS): 22218
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO (ANTES TERCER) TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, , Pág. 1321.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO (ANTES TERCER) TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: ARNULFO MORENO FLORES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis se estima que proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo que, en lo conducente, establecen lo siguiente:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer. La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Los preceptos transcritos anteriormente establecen los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios a través de resoluciones de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito que sustentan los criterios contradictorios, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios, a fin de que se determine el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por los Magistrados integrantes de uno de los tribunales que sustentaron uno de los criterios denunciados como contradictorios, razón por la cual es indudable que cuentan con legitimación para denunciar la presente contradicción de tesis, en términos del criterio que se reproduce a continuación, con los datos de localización correspondientes:

"No. Registro: 803,032

"Jurisprudencia

"Materia(s): Común

"Octava Época

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 63, marzo de 1993

"Tesis: 4a./J. 4/91

"Página: 17

"CONTRADICCIÓN DE TESIS, DENUNCIA DE. ES IMPROCEDENTE SI NO SE FORMULA POR PARTE LEGITIMADA. Conforme al artículo 197-A de la Ley de Amparo, sólo podrán denunciar contradicción entre las tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de su competencia: a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; b) El procurador general de la República; c) Los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren; y, d) Las partes que intervinieron en los juicios correspondientes. Consecuentemente, si una denuncia de tal naturaleza se formula por una autoridad o persona distinta de las que señala dicho precepto, la misma es improcedente por carecer de legitimación el denunciante."

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito al resolver la revisión fiscal 207/2009, en sesión de siete de enero de dos mil diez, reiteró el criterio que con anterioridad ya había sustentado, al resolver las diversas revisiones fiscales 31/2009, 58/2009, 142/2009 y 199/2009, en sesiones celebradas el veintiséis de marzo, treinta de abril, tres de septiembre (como Primer Tribunal Colegiado del mismo Circuito) y tres de diciembre de dos mil nueve, respectivamente, criterio que, en la parte conducente, es del tenor siguiente:

RF. 207/2009

"SEXTO. Son infundados los argumentos que plantea la autoridad recurrente en su primer y único agravio que hace valer, por las consideraciones siguientes: En efecto, en esencia, sostiene la autoridad recurrente que la sentencia recurrida viola lo dispuesto en el artículo 51, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como 38, fracciones III y IV, y 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, porque afirma que ilegalmente la Sala a quo declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, con base en el argumento de que los oficios de solicitud de información y documentación carecen de la debida fundamentación y motivación, debido a que al requerir a la contribuyente la documentación relativa a sus cuentas bancarias, no se citó el último párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, inadvirtiendo la Sala Fiscal con tal pronunciamiento, que en dicho numeral no se encuentra la facultad para requerir informes y documentos, sino que esa facultad está prevista en el artículo 42, fracción II, del propio ordenamiento tributario. Arguye también la inconforme, que ‘de manera alguna puede estimarse, que en el último párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, se contenga la facultad de la autoridad de requerir a los sujetos que se mencionan en dicho precepto legal, la exhibición de documentos o informes que se les requieran, es específico, la que deriva de sus cuentas bancarias; siendo que en el caso, el requerimiento de documentación quedó debidamente fundamentado con la cita del artículo 42, fracción II, del Código Fiscal, por resultar este dispositivo legal el que faculta a la autoridad emisora para requerir al contribuyente la exhibición de la contabilidad, datos, informes u otros documentos que tengan relación con el cumplimiento de las obligaciones fiscales objeto de la revisión.’. Agregando que ‘de ninguna manera es factible considerar que la facultad de requerir los estados de cuenta bancarios, es una facultad expresa que deriva exclusivamente del último párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que el único presupuesto de dicho párrafo, es el de precisar que los estados de cuenta constituyen un género de «documentos», los cuales la autoridad se encuentra plenamente facultada a requerir de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 42 del mismo código tributario.’. Finalmente, el revisionista manifiesta que sí se citó el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, y sin que fuese necesaria la precisión del último párrafo de tal numeral donde se encuentran mencionados los estados de cuenta bancarios, pues dicho apartado sólo es una aclaración del legislador para el efecto de que la contribuyente pueda entender que la documentación relativa a las cuentas bancarias que le pertenezcan, se considera como parte de la documentación e información que puede solicitar la autoridad cuando ejercite las facultades de comprobación, que por ello la cita del numeral 48 se entiende en todo su contenido, y al formar parte de la fundamentación de la solicitud en comentario, debe tenerse como legal. En respaldo a su criterio, la discordante cita un precedente del Tercer Tribunal Colegiado de este circuito, sustentado al resolver la revisión fiscal número 155/2009. Ahora bien, se sostiene la inconsistencia jurídica de los argumentos expresados por la discordante, porque si bien es cierto que la Sala Fiscal al dictar la sentencia recurrida, concluyó que la resolución contenida en el oficio número 500-53-04-01-2008-01471, de fecha cinco de julio de dos mil ocho, mediante la cual se le determinó a la actora un crédito fiscal en cantidad de $10,720.00 (diez mil setecientos veinte pesos 75/100 (sic) M.N.), se apoyó en una solicitud de documentación en la que existe una evidente falta de fundamentación de la competencia material de la autoridad, porque no se citó el párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, que fue utilizado como fundamento legal para ejercer su facultad de comprobación fuera de una visita domiciliaria, a fin de solicitar del contribuyente informes, datos o documentos relacionados con las cuentas bancarias de la empresa contribuyente. Sin embargo, tal pronunciamiento de la Sala Fiscal es correcto, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2008, al llevar a cabo el estudio del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de cinco de enero de dos mil cuatro, analizó el contexto legal de tal precepto, cuyo contenido si bien no corresponde íntegramente al numeral 48 vigente, sin embargo, el análisis realizado marca la pauta o da los lineamientos para concluir que el pluricitado artículo en la actualidad contiene la facultad material de la autoridad para requerir las cuentas bancarias del contribuyente, al considerarlas expresamente como parte de los datos o documentos, que la autoridad hacendaria está facultada a requerir, tratándose de las revisiones de gabinete. Para efecto de acreditar lo anterior, se transcribe a continuación la referida tesis de jurisprudencia J. 85/2008, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, mayo de 2008, página 155, de la Novena Época, que dice: ‘REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. EL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 5 DE ENERO DE 2004, NO FACULTA A LAS AUTORIDADES FISCALES PARA REQUERIR DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN RELATIVA A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL CONTRIBUYENTE. El citado precepto establece los requisitos a cumplir cuando la autoridad fiscal practica una revisión de escritorio o gabinete, supuesto en el cual puede requerir al contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado, la contabilidad, datos, informes o documentos necesarios para el ejercicio de sus facultades de comprobación, sin que pueda entenderse incluido en ese supuesto el requerimiento de documentación o información relativa a las cuentas bancarias del contribuyente, ya que tal disposición no prevé una facultad general a favor de la autoridad fiscal para solicitar toda la documentación que estime necesaria para el ejercicio de sus facultades de comprobación, toda vez que la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente no constituye en estricto sentido información contable, pues no contiene información sobre las obligaciones fiscales, sino referente a las operaciones o servicios contratados por el particular con alguna institución de crédito, como los enumerados en el artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito. Además, acorde con el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, la contabilidad comprende los libros, registros contables, así como los comprobantes de cumplimiento de las disposiciones fiscales, de manera que dentro de ese tipo de documentación no puede entenderse incluida la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente. Lo razonado no significa que la autoridad fiscal estuviera imposibilitada para obtener información de esa naturaleza, ya que el propio artículo 48 señala que ésta al practicar una revisión de gabinete podrá requerir información o documentos no sólo al contribuyente, sino también a terceros y, por su parte, el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, establece que las autoridades hacendarias federales podrán solicitar información a las instituciones de crédito por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para fines fiscales, de donde es claro que dichas autoridades podían obtener por ese medio, información referente a los estados de cuenta bancarios de contribuyentes sujetos a una revisión de gabinete.’. Luego, al remitirnos a la parte conducente del considerando sexto de la ejecutoria derivada de la contradicción de tesis 23/2008-SS, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que dio lugar a la jurisprudencia clave 2a./J. 85/2008 antes citada, se advierte que en lo que interesa, se estableció que el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, anterior a las reformas de que fue objeto, no contenía la facultad de la autoridad fiscal, para con base en esa disposición, formular requerimientos para la exhibición relativa a las cuentas bancarias del contribuyente, tratándose de las revisiones de gabinete, y que tampoco podía considerarse que dicha norma contenía una facultad general a favor de las autoridades fiscales para solicitar toda aquella documentación que estimara necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación, toda vez que la documentación correspondiente a las cuentas bancarias del contribuyente, no constituía en estricto sentido información contable, porque no contenía datos sobre las obligaciones fiscales, sino que por documentación de carácter bancario se entendía aquella que contuviera la información referente a alguna de las operaciones o servicios que un particular hubiese contratado con alguna institución de crédito, esto es, alguna de las operaciones y servicios enumeradas en el artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito. Que sin embargo, no podía estimarse que esa falta de precisión en el artículo 48 multicitado, implicara que la autoridad estaba impedida para obtener documentación de esa naturaleza, ya que el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, si bien consignaba fundamentalmente lo que se conocía como secreto bancario, empero contenía excepciones a la regla, ya que las instituciones de crédito estaban obligadas a dar noticia o información entre otras a las autoridades federales. Destacando que su conclusión se veía corroborada ‘... por el hecho de que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de enero de dos mil cuatro, se adicionó al artículo 48 del código [sic] un párrafo que establece que para los efectos del primer párrafo de esa norma, se considera como parte de la documentación o información que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente, lo que viene a confirmar que ese supuesto no podía entenderse tácitamente contemplado en la norma que fue objeto de la reforma; tan es así que en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de trece de diciembre de dos mil dos, se afirma que la adición propuesta por el Ejecutivo Federal sería una herramienta importante para que el fisco federal determine el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, lo que hace evidente que ese supuesto no se contemplaba en la disposición vigente con anterioridad al año de dos mil cuatro.’. De la misma forma, puntualizó dicho Alto Tribunal en la ejecutoria de mérito, que lo reflexionado no implicaba desconocer que la documentación relativa a las cuentas bancarias de un contribuyente puede ser útil en la revisión del cumplimiento de las obligaciones, que sin embargo, por razones de seguridad jurídica se debía procurar que los actos de autoridad se encontraran fundados y motivados, lo que significaba que debía tener un sustento legal que autorizara su realización, que ‘... por ello, si el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación (ahí analizado), no establecía que como parte de la documentación o información a requerir se encontraba la referente a las cuentas bancarias del contribuyente, debe concluirse que las autoridades fiscales no podían con apoyo en esa norma, formular requerimientos de esa naturaleza.’. Dilucidaciones precisas, de las que se colige que si la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, que con base en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, que se encontraba vigente antes de la adición de que fue objeto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil cuatro, no podía hacerse requerimiento vinculado con la exhibición de las cuentas bancarias del contribuyente, tratándose de revisiones de gabinete, porque sobre ese tópico nada indicaba el precepto en comento; en consecuencia, ha de considerarse que con la adición preindicada, esto es, al haberse señalado en el último párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación vigente, que ‘... para los efectos del primer párrafo de este artículo, se considera como parte de la documentación o información que puedan solicitar las autoridades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente’, ello hace evidente que, con base en tal precepto, ahora sí es factible hacer ese tipo de requerimientos, cuando se está en presencia de una revisión de gabinete, por así consignarlo expresamente el pluricitado artículo 48, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Bajo el anterior contexto, no es factible estimar que es el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, el numeral que faculta a la autoridad para requerir los estados de cuenta bancarios y que por ello el pronunciamiento de la Sala Fiscal se extralimitó al considerar necesaria la cita del último párrafo del artículo 48 del propio ordenamiento tributario. Toda vez que es en el referido párrafo final del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, donde se consigna una facultad material de la autoridad hacendaria, entendida como la posibilidad de actuar regulada a través del conjunto de modalidades jurídicas a que debe sujetarse un acto de cualquier autoridad para producir válidamente desde el punto de vista jurídico, la afectación a la esfera del gobernado; pues en dicho párrafo final se hace alusión a la potestad de la autoridad para requerir al contribuyente, la documentación o informes relativos a las cuentas bancarias de aquél, como se aprecia del apartado en mención, que a la letra dice: ‘Artículo 48. Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria se estará a lo siguiente: I. ... II. ... III. ... IV. ... V. ... VI. ... VII. ... VIII. ... IX. ... Para los efectos del primer párrafo de este artículo, se considera que como parte de la documentación o información que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente.’ (lo subrayado es de este Tribunal Colegiado). De donde se sigue que, cuando el numeral transcrito con antelación en su parte conducente, alude a que las cuentas bancarias del contribuyente, son de aquellos documentos o información que las autoridades fiscales al realizar una revisión de gabinete ‘pueden solicitar’, entre otros, a los contribuyentes, consigna una facultad expresa de la autoridad, porque a través de esa premisa legal se establece la potestad que legitima a las autoridades tributarias para penetrar a la esfera jurídica del gobernado cuando estime que ello es necesario en uso de sus facultades de comprobación. Por otra parte, no mengua lo antes considerado, lo argüido por la autoridad recurrente, en el sentido de que en todo caso, en la solicitud o requerimiento de información o documentos, sí se citó el artículo 48 preindicado, y que por ende, debe entenderse mencionado en todo su contenido. Pues al respecto cabe decir que, si bien se advierte de la solicitud de informes o documentos cuestionada (fojas 129 a 135 y 219 a 225), que el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, fue citado en sus fracciones I, II y III, sin embargo, nunca se aludió al párrafo final de tal precepto, a pesar de que ello era imprescindible, ya que no es válido estimar que la posibilidad del requerimiento de las cuentas bancarias de la contribuyente, se encuentra implícita en las referidas fracciones del artículo en mención, y que por inferencia se pueda deducir la atribución de la autoridad para desplegar un determinado acto, cuando existe un lineamiento legal específico, y que es el contenido en el párrafo final del mismo dispositivo, en el que expresamente se tutela dicha posibilidad, ya que no debe perderse de vista que los actos de la autoridad tributaria deben ceñirse estrictamente a la ley, pues sólo así se cumple íntegramente con los principios de legalidad y seguridad jurídica que se consignan en el artículo 16 de nuestra Carta Fundamental, y a los que de manera absoluta deben ceñirse los actos que se dirijan a afectar la esfera jurídica del gobernado, sin que resulte dable jurídicamente, como ya se dijo, obtener una determinada facultad de la autoridad tributaria, a base de inferencias o presunciones. Sobre el particular, cabe señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que las autoridades administrativas deben fundar su competencia en el acto de molestia, señalando con precisión el precepto legal que les otorgue la atribución ejercida e incluso la fracción, inciso o subinciso que corresponda, criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, noviembre de 2001, tesis 2a./J. 57/2001, página 31, que dice: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 77, mayo de 1994, página 12, de rubro: «COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.», así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se desprende que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica.’. También sirve de apoyo el criterio jurisprudencial del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable con el número VI.2o. J/248, visible en la página 43 del tomo 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a) Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b) Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.’. Es pertinente señalar, que el criterio contemplado en el presente fallo, ya fue sustentado por este Tribunal Colegiado, al resolver las revisiones fiscales 31/2009, 58/2009, 142/2009 y 199/2009, en sesiones plenarias celebradas el veintiséis de marzo, treinta de abril, tres de septiembre y tres de diciembre de dos mil nueve, respectivamente. Por todo lo externado, no se comparte el precedente que invoca la inconforme, sustentado por el entonces Tercer Tribunal Colegiado de este Circuito. En las relatadas condiciones, y ante la ineficacia del agravio propuesto por la autoridad discordante, lo procedente es confirmar en sus términos la sentencia recurrida."

CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito (actual Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito), al resolver la revisión fiscal 155/2009, en sesión de veinticuatro de septiembre de dos mil nueve, reiteró el criterio que con anterioridad había sostenido al resolver, en sesión de veinticuatro de diciembre de dos mil ocho, la revisión fiscal 250/2008, el cual, en la parte conducente, se apoya en lo siguiente:

RF. 155/2009

"SÉPTIMO. A juicio de este Tribunal Colegiado, el primer agravio que hace valer la recurrente resulta fundado y suficiente para revocar la sentencia que se analiza. En el agravio de mérito, la recurrente expresa que la Sala Fiscal incurrió en una indebida interpretación del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, al resolver que las solicitudes de información y documentación emitidas por el administrador local de Auditoría Fiscal, de Saltillo, Coahuila, contenidas en los oficios 324-SAT-05-II-6-6834 de veinte de junio de dos mil siete y 324-SAT-05-II-1-3027 de veinticuatro de enero de dos mil siete, son ilegales debido a que en su texto, la señalada autoridad quedaba constreñida a citar, el último párrafo del precitado numeral, que le

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22218-6ce4e3f2/revision-de-escritorio-o-gabinete-el-ultimo-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.