VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 9o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y 21-A DE SU REGLAMENTO (VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006), RELATIVA A LA ENAJENACIÓN DE CONSTRUCCIONES DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN, ENCUENTRA JUSTIFICACIÓN EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS CORRESPONDIENTE Y EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 117/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y NOVENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: ARNULFO MORENO FLORES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la materia administrativa cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis se estima que proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; y 197-A de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen lo siguiente:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer. La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Los preceptos transcritos anteriormente establecen los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios a través de resoluciones de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito que sustentan los criterios contradictorios, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios, a fin de que se determine, el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por el presidente de uno de los tribunales que sustentaron uno de los criterios denunciados como contradictorios, razón por la cual es indudable que cuentan con legitimación para denunciar la presente contradicción de tesis, en términos del criterio que se reproduce a continuación, con los datos de localización correspondientes:
"No. Registro: 803,032
"Jurisprudencia
"Materia(s): Común
"Octava Época
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 63, marzo de 1993
"Tesis: 4a./J. 4/91
"Página: 17
"CONTRADICCIÓN DE TESIS, DENUNCIA DE. ES IMPROCEDENTE SI NO SE FORMULA POR PARTE LEGITIMADA. Conforme al artículo 197-A de la Ley de Amparo, sólo podrán denunciar contradicción entre las tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de su competencia: a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; b) El procurador general de la República; c) Los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren; y, d) Las partes que intervinieron en los juicios correspondientes. Consecuentemente, si una denuncia de tal naturaleza se formula por una autoridad o persona distinta de las que señala dicho precepto, la misma es improcedente por carecer de legitimación el denunciante."
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver la revisión fiscal 402/2009, relacionada con el amparo directo 586/2009 y la revisión fiscal 401/2009, en sesión de veinticinco de febrero de dos mil diez, por unanimidad de votos, sostuvo en la parte conducente lo siguiente:
"SÉPTIMO. En el primer agravio, la autoridad aduce que, contrario a lo resuelto en la sentencia recurrida, la conducta de la actora no se ubica en el supuesto previsto por los artículos 9o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 21-A de su reglamento, ya que la prestación del servicio de impermeabilización de las construcciones destinadas a casa habitación, es una mejora hecha a la construcción que no puede ser una actividad exenta del pago del impuesto al valor agregado, pues no se trata de la enajenación de construcciones adheridas al suelo destinadas a casa habitación, ni de la prestación del servicio de construcción de un inmueble destinado a casa habitación, ampliación de ésta o de la instalación de una casa prefabricada, sino en todo caso se trata de mantenimiento. Que en este sentido, la exención del impuesto al valor agregado no puede ser aplicada extensivamente al mantenimiento o mejora de una construcción, aun cuando se destine a casa habitación, dado que en los términos del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas son de aplicación estricta, siendo que en el caso lo que se está gravando es la prestación del servicio de impermeabilización y no el impermeabilizante mismo. Son esencialmente fundados tales argumentos. En efecto, de la interpretación teleológica y sistemática de los artículos 9o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 21-A de su reglamento, vigente en dos mil cinco, este Tribunal Colegiado considera que la colocación de impermeabilización no es una actividad exenta del impuesto del tributo relativo. Para demostrar el aserto que antecede, resulta conveniente transcribir el contenido de los preceptos relativos al tema en estudio, los que a la letra señalan lo siguiente: ‘Artículo 9o. No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes: ... II. Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación. Cuando sólo parte de las construcciones se utilicen o destinen a casa habitación, no se pagará el impuesto por dicha parte. Los hoteles no quedan comprendidos en esta fracción ...’. ‘Artículo 21-A. La prestación de los servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de ésta, así como la instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, se consideran comprendidos dentro de lo dispuesto por la fracción II del artículo 9o. de la ley, siempre y cuando el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales. Tratándose de unidades habitacionales, no se considerarán como destinadas a casa habitación las instalaciones y obras de urbanización, mercados, escuelas, centros o locales comerciales, o cualquier otra obra distinta a las señaladas.’. De la lectura de los preceptos transcritos, se observa que el artículo 9o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece que no se pagará ese impuesto por la enajenación de construcciones adheridas al suelo, cuyo destino sea el de casa-habitación. Por otro lado, el artículo 21-A del reglamento preveía que se consideraban comprendidos dentro de lo dispuesto por la fracción II del artículo 9o. de la ley, la prestación de los servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de ésta, así como la instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, siempre y cuando el prestador del servicio proporcionara la mano de obra y materiales; del mismo modo, se precisó que no se consideraban como casas habitación las instalaciones y obras de urbanización, mercados, escuelas, centros o locales comerciales, o cualquier otra obra distinta. Cabe decir que el legislador no proporciona una acepción específica de la alocución casa-habitación ni el reglamento la consigna; sin embargo, el significado que se dé a ésta constituye un elemento indispensable para establecer el alcance de la exención del pago de la contribución respectiva, por lo cual resulta conveniente atender al sentido natural de ese concepto y con apoyo en la interpretación sistemática y teleológica de las disposiciones invocadas, establecer si el mismo corresponde al propósito del legislador. En efecto, por casa-habitación se entiende la construcción o edificación que un sujeto o sujetos emplean para cubrir necesidades primarias e incluso algunas de carácter secundario, esto es, como el lugar en el que obtienen el resguardo y protección de su persona y de determinados bienes y, en el que desempeñan actividades que son comunes para todo ser humano, tales como alimentarse y descansar, así como aquellas de naturaleza sanitaria. Ahora bien, los preceptos que prevén la exención respecto de la prestación de servicios destinados a casa-habitación, se emplean vocablos como ‘construcción’, ‘inmueble’ y ‘casa-habitación’, por lo que resulta necesario determinar si éstos se emplean o no como sinónimos. Sobre el particular, se estima que el legislador no emplea el concepto ‘casa-habitación’, como sinónimo de ‘bien inmueble’ sino que da una connotación de género a este último vocablo, y a la primera de 'especie', ya que se señala, que sí se causará el tributo relativo, cuando la enajenación del bien no se trate de casa-habitación, lo que permite establecer el beneficio de la ley respectiva, en los casos de enajenación de determinado tipo de bienes. Aunado a lo anterior, de la lectura de la exposición de motivos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, se constata en lo que interesa, lo siguiente: ‘... El impuesto al valor agregado que se propone en esta iniciativa, se debe pagar también en cada una de las etapas entre la producción y el consumo; pero el impuesto deja de ser en cascada, ya que cada industrial o comerciante, al recibir el pago del impuesto que traslada a sus clientes, recupera el que a él le hubieran repercutido sus proveedores y entrega al Estado sólo la diferencia. En esta forma, el sistema no permite que el impuesto pagado en cada etapa influya en el costo de los bienes y servicios y al llegar éstos al consumidor final no llevan disimulada u oculta en el precio, carga fiscal alguna. Con el impuesto que se propone, resultará la misma carga fiscal para los bienes por los que deba pagarse, independientemente del número de productos e intermediarios que intervengan en el proceso económico, lo que permite suprimir numerosos impuestos especiales que gravan la producción o venta de primera mano. En los bienes cuyo consumo tenga características que permitan o hagan aconsejable mantener una mayor carga fiscal, el gravamen al valor agregado quedará complementado con los impuestos especiales existentes como el de producción y consumo de tabaco, de envasamiento de bebidas alcohólicas y otros, cuyas tasas se propone reducir a fin de que en su conjunto, no se modifique dicha carga. ... En efecto, se liberan de pago todos los productos agrícolas y ganaderos, mientras no sufran transformación industrial; así como la carne, la leche, el huevo, la masa, las tortillas y el pan. Debe destacarse que la nueva ley no gravará los terrenos ni las construcciones destinadas a casa habitación, tanto cuando se enajenen como cuando sean motivo de arrendamiento. Con el propósito de desgravar la actividad agrícola y ganadera, se exime la maquinaria destinada a estos fines, los fertilizantes, así como los servicios que a estas actividades se proporcionen. El conjunto de exenciones representa más del 40% del consumo final y tienden a proteger el poder adquisitivo de la mayor parte de la población.’. De lo anterior, se advierte que el legislador consideró que debía otorgarse la exención del pago del tributo relativo, en tratándose de construcciones destinadas a casa-habitación, con el objeto de impulsar la adquisición de bienes inmuebles para ese efecto, y con ello fortalecer el poder adquisitivo de la población. Por tanto, aun cuando el legislador no define el término ‘construcción’, debe entenderse como el género del término ‘casa-habitación’, toda vez que no cualquier edificación se destinará para satisfacer las necesidades primarias e incluso algunas de carácter secundario, de las personas, sino que incluso, podrá ser con fines no lucrativos. De lo expuesto, se aprecia que el legislador, al redactar la disposición relativa a la exención no alude indistintamente a inmuebles, casas habitación, construcciones y edificaciones, toda vez que fija una regla: la exención aplica sólo en tratándose de determinados inmuebles, a saber, los destinados a casa-habitación. Lo anterior muestra que dichos vocablos en apariencia se emplean como sinónimos, empero, no hay duda de la finalidad de la norma. Por tanto, con independencia de que en términos de lo consignado en el Diccionario de la Real Academia Española, el vocablo construcción es toda acción y efecto de construir; y que instalación es un conjunto de cosas instaladas, es decir, edificar o hacer de nueva planta una obra de arquitectura o ingeniería, es indudable, que no puede conferirse a la expresión casa-habitación el sentido que conforme al artículo 750 del Código Civil Federal, corresponde al de inmueble, puesto que dicha acepción tiene una amplitud que rebasa evidentemente el propósito del artículo 9o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Con arreglo al artículo 750 del ordenamiento legal referido en el párrafo precedente, y particularmente en su fracciones I y III, son bienes inmuebles: el suelo y las construcciones adheridas a él, así como todo lo que está unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto adherido. Así, del precepto señalado con antelación, se aprecia que un bien se considera inmueble ya sea por su naturaleza, o por su destino (si ha de quedar incorporado a un bien raíz), lo que claramente rebasa el fin expresado por el legislador, en tanto que bajo una concepción amplísima de casa-habitación se tendría que dicha alocución también la conforman, todos y cada uno de los bienes y servicios que guarden relación con ella, tales como la calefacción, los sistemas de enfriamiento, la pintura, y cualquiera que tienda a brindar mayores comodidades, o incluso, los bienes con un valor artístico, tales como una pintura o una escultura; o funcionales, como antenas receptoras o transmisoras de señales, etcétera, si su propósito es dejarlos incorporados a la casa-habitación. En ese orden de ideas, si bien en su acepción ordinaria o común, el término casa-habitación representa la construcción que un sujeto o sujetos emplean para cubrir necesidades primarias e incluso algunas de carácter secundario, esto es, como el lugar en el que obtienen el resguardo y protección de su persona y de determinados bienes y, en el que desempeñan actividades que son comunes para todo ser humano, tales como alimentarse y descansar, así como aquellas de naturaleza sanitaria, sin embargo, dentro de la enajenación de los servicios de construcción exentos del pago del tributo correspondiente, no debe considerarse a la impermeabilización para casa-habitación como uno de ellos, pues dicha actividad, si bien pasa a formar parte inseparable del inmueble, en realidad se realiza con el fin de proteger de las lluvias o dar mantenimiento a la vivienda, pero no forma parte de la construcción en sí misma considerada, sujeta al beneficio fiscal de referencia. En efecto, el beneficio fiscal establecido en la fracción II del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, sólo se actualizará cuando derive de cualquier prestación de los servicios de construcción de inmuebles destinados a casa-habitación cuyo propósito no sea ajeno a la construcción, por lo que si la prestación del servicio de impermeabilización se tiene que realizar de manera continua, esto es, se tiene que estar impermeabilizando constantemente una casa (que dependiendo del material utilizado varía entre dos y diez años, aproximadamente), dicha actividad ya no será objeto del beneficio fiscal de referencia, por no cumplirse con la finalidad de la exención del tributo relativo expuesta en la presente ejecutoria. Con base en lo anterior, se considera esencialmente fundado el agravio vertido por la autoridad recurrente, en el cual sostiene sustancialmente que el servicio de impermeabilización no puede considerarse como parte de la construcción, sino que se trata más bien de un servicio de mantenimiento. Resulta aplicable, en lo conducente, la tesis I.9o.A.24 A, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que es compartida por este órgano jurisdiccional, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, agosto de 2001, página 1341, que dice: ‘IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN TRATÁNDOSE DE CASA HABITACIÓN COMPRENDE TANTO SU CONSTRUCCIÓN COMO LAS INSTALACIONES REALIZADAS EN ELLA, PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 21-A DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO DE QUE SE TRATA. De una sana interpretación de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 21-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con los servicios de construcción de casa habitación a que se refiere la fracción II del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se arriba a la convicción de que la exención de pago del impuesto al valor agregado, tratándose de construcción de casas habitación, incluye tanto la construcción misma de la casa habitación como los servicios de instalación propios de ella, al disponer: «Artículo 21-A. La prestación de los servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de ésta, así como la instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, se consideran comprendidos dentro de lo dispuesto por la fracción II del artículo 9o. de la ley, siempre y cuando el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales. Tratándose de unidades habitacionales, no se considerarán como destinadas a casa habitación las instalaciones y obras de urbanización, mercados, escuelas, centros o locales comerciales, o cualquier otra obra distinta a las señaladas.» y «Artículo 9o. No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes: ... II. Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación. Cuando sólo parte de las construcciones se utilicen o destinen a casa habitación, no se pagará el impuesto por dicha parte. Los hoteles no quedan comprendidos en esta fracción.» Por tanto, la exención del pago del impuesto al valor agregado prevista en el artículo 21-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, abarca a las actividades propias de creación o edificación y, por ende, de construcción de casas habitación, dentro de las cuales se incluyen las correspondientes a la instalación. Se debe destacar que la exclusión de la exención del pago del impuesto al valor agregado, a que se refiere el párrafo segundo del citado artículo 21-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, corresponde a las instalaciones colocadas en el exterior de la casa habitación, no a las propias de la vivienda; por ello, la instalación hidráulica, eléctrica o de ventanas o puertas, debe quedar comprendida en la exención, no así aquellas instalaciones exteriores y obras de urbanización.’. En las relacionadas condiciones, ante lo fundado de los argumentos expuestos por la recurrente, lo que procede es revocar la sentencia recurrida, para el efecto de que la Sala del conocimiento la deje insubsistente y, en su lugar, emita otra en la que considere que el servicio de impermeabilización no se ubica dentro de las hipótesis que contempla el artículo 9o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y resuelva lo que en derecho corresponda."
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito al resolver el amparo directo 37/2005, en sesión de doce de mayo de dos mil cinco, por unanimidad de votos, sostuvo en la parte conducente, el criterio siguiente:
"SEXTO. Son de una parte infundados y de otra fundados pero inoperantes los conceptos de violación que propone la parte quejosa, atento a las siguientes consideraciones. En principio, necesario es especificar que el presente asunto es de la materia administrativa y, por tanto, de estricto derecho. En la sentencia reclamada, la Sala responsable precisó que las resoluciones impugnadas se hicieron consistir en la contenida en el oficio número 324-SAT-12-I-2-1-7442, de treinta de julio de dos mil tres, que suscribió el administrador local de Auditoría Fiscal de Acapulco, por la que determinó un crédito fiscal a cargo de la sociedad mercantil inconforme, por concepto del impuesto al valor agregado, recargos y multas por el ejercicio fiscal de dos mil uno, así como la contenida en el oficio número 325-SAT-12-I-4949, de veintisiete de agosto del citado año, que emitió el administrador local jurídico de Acapulco, por la que resolvió en forma negativa la consulta relativa al traslado del impuesto al valor agregado en términos de lo dispuesto por los artículos 9o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 21 y 21-A de su reglamento. En el tercer considerando de la sentencia combatida, la aludida Sala transcribió el primer concepto de anulación que expuso la parte actora y la respuesta que aportaron las demandadas; enseguida, determinó que **********, de acuerdo a los contratos que suscribió en el ejercicio fiscal dos mil uno con **********, está obligada a enterar el impuesto al valor agregado, porque los trabajos de instalaciones que los constructores de inmuebles contraten con terceros, para que estos incorporen instalaciones a inmuebles o construcciones nuevas destinadas a casas habitación, no se encuentran incluidos en la exención prevista por los artículos 9o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 21-A de su reglamento. Adujo que el primero de los preceptos legales exenta del pago del impuesto a las enajenaciones de construcciones adheridas al suelo, que se destinen o utilicen para casa habitación, lo que no se actualiza en el asunto a estudio, porque de los contratos que le exhibió la parte actora se desprende que no se trata de enajenaciones de bienes, sino de prestación de servicios. En lo que concierne al arábigo 21-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Sala responsable adujo que establece la exención del tributo para aquellas actividades relacionadas con la prestación de servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de ésta y la instalación de casas prefabricadas que se utilicen para tal fin; indicó que el precepto en comento dispone que no se consideran como destinadas a casas habitación las instalaciones y obras de urbanización, mercados, escuelas, centros o mercados comerciales que se relacionen con unidades habitacionales, en la inteligencia de que la prestación de servicios otorgados por la parte actora consistió en que, como tercero, fue contratada para el suministro e instalación del sistema de aire acondicionado en la torre central del **********, y en cuatro edificios que forman la sección central del proyecto denominado **********, por lo que los trabajos contratados no se encuentran en la hipótesis de exención. Para reforzar tales consideraciones, la autoridad responsable especificó que los trabajos que fueron materia del contrato no guardan relación con servicios de construcción de inmuebles designados a casa habitación, ni ampliación de ésta, como tampoco con instalación de casas prefabricadas, ya que sólo se trata de los servicios que prestó un tercero a un constructor, para instalar el sistema de aire acondicionado en cuatro edificios, y por ello, la parte actora del juicio de nulidad no se colocó en las hipótesis de exención previstas por los artículos 9o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 21-A de su reglamento. Con base en tales argumentos, calificó como infundados los conceptos de impugnación y reconoció la legalidad de las resoluciones impugnadas. En el quinto considerando, la Sala responsable consideró fundado el concepto de impugnación en el que la actora alegó que la multa impuesta por la autoridad exactora es ilegal, al haberse determinado con fundamento en la fracción II del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, que establece un porcentaje y la actualización, y por ello vulnera el artículo 22 constitucional, porque se castiga al contribuyente con base en un elemento ajeno a la conducta que se pretende sancionar. Determinó que la porción normativa del precepto legal que sirvió de fundamento para imponer la multa, hace referencia a la actualización de esta última cuando no sea pagada en la fecha establecida para ello, y que por tal circunstancia la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 128/2004, declaró la inconstitucionalidad del artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación que se reformó por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de julio de mil novecientos noventa y dos. Así, estimó que en el asunto se actualiza la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, en lo que concierne a la imposición de la multa, y declaró su nulidad con apoyo en la fracción III del arábigo 239 del ordenamiento legal en cita, invocando en apoyo de tal decisión el criterio jurisprudencial de rubro: ‘MULTA. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE JULIO DE 1992, AL ESTABLECER SU CUANTÍA EN RELACIÓN CON LA CONTRIBUCIÓN ACTUALIZADA, VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’. Por su parte, la impetrante propone dos conceptos de violación, en los que se duele esencialmente de la determinación que adoptó la Sala responsable en el sentido de que la exención contenida en los artículos 9o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 21-A de su reglamento, no beneficia a la sociedad mercantil **********, en lo que concierne a los contratos que celebró en dos mil uno con **********. En el primer concepto de violación, sostiene que la sentencia reclamada viola las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, por errónea interpretación de los arábigos 9o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 21-A de su reglamento. Manifiesta el promovente que la sociedad mercantil quejosa presta servicios de construcción de inmuebles, mediante la instalación de aire acondicionado destinado a casas habitación, por lo que su actividad se encuentra comprendida dentro de la exención que contempla el primer párrafo del numeral 21-A del Reglamento al Impuesto al Valor Agregado; indica que es errónea la apreciación de la Sala responsable en la parte que sostuvo que los servicios de la sociedad mercantil hoy quejosa fueron contratados como provenientes de un tercero, para el suministro e instalación de sistemas de aire acondicionado en el edificio central del conjunto **********, y la sección central del proyecto denominado **********, siendo que resulta intrascendente el que los servicios se hayan contratado con terceros en calidad de subordinados, lo que señala en función de que la contratación con un tercero es un supuesto que no contempla el artículo 21-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado como condicionante para la procedencia de la exención, esto es, no existe disposición que establezca alguna condición para que se exente del pago del tributo al suministro de servicios que s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22356-081b5f64/valor-agregado-la-exencion-prevista-en-los-articulos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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