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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD EN MATERIA LABORAL. GRADO DE INCAPACIDAD DETERMINADO CON MOTIVO DE UN RIESGO DE TRABAJO. EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 497 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA SOLICITAR SU REVISIÓN ES DE PRESCRIPCIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2010. · Registro digital (IUS): 22308
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL MISMO CIRCUITO, Y PRIMERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCE
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, , Pág. 597.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL MISMO CIRCUITO, Y PRIMERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: ARMIDA BUENROSTRO MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan diversos Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos en materia laboral, que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo que, en lo conducente, establecen:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.

"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

En los preceptos transcritos se fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

En el presente caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por la presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, órgano que dictó una de las resoluciones que participan en la presente contradicción.

TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito conoció del juicio de amparo directo 278/2009, promovido por Instituto Mexicano del Seguro Social, en contra del laudo dictado el veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, en el juicio laboral 652/2002, del índice de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje; órgano jurisdiccional que, en sesión de veinte de enero de dos mil diez, otorgó la protección federal, apoyando su resolución, en la parte que interesa, en las consideraciones siguientes:

"TERCERO. Los anteriores conceptos de violación son sustancialmente fundados, en atención a las siguientes consideraciones jurídicas. Todas las autoridades, incluyendo las laborales, se encuentran constreñidas a resolver los asuntos sometidos a su consideración de acuerdo a los hechos expuestos por los contendientes y, por ende, a examinar la procedencia de las acciones intentadas o defensas expuestas, aunque se hayan denominado incorrectamente, dado que al juzgador deben proporcionarse los hechos y él decidir conforme a derecho proceda, según el aforismo latino: ‘Da mihi factum, dabo tibi ius’ que significa dame los hechos que yo te daré el derecho, y las tesis sustentadas por las entonces Tercera y Cuarta Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 117, Volumen XIX, Cuarta Parte, Sexta Época, 169, Volumen 181-186, Séptima Época y 136, Tomo CXXXI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que señalan: ‘HECHOS, FACULTADES DEL JUZGADOR PARA LA EXACTA CALIFICACIÓN DE LOS.’ (se transcribe). ‘HECHOS, FIJACIÓN DE LOS. CORRESPONDE A LAS PARTES. A LOS TRIBUNALES, LA APLICACIÓN DEL DERECHO.’ (se transcribe). ‘DERECHO, NO ES MATERIA DE PRUEBA.’ (se transcribe). En el caso, el actor, el trece de diciembre de dos mil dos, demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, una nueva valuación de la incapacidad producida por el riesgo profesional que sufrió el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y cuatro y el cual, el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y nueve, se calificó que le produjo una incapacidad parcial permanente valuada en un veintiséis por ciento, la cual, afirmó, ameritaba nueva valuación porque sus padecimientos se habían agravado a grado tal que ahora su incapacidad, aseguró, es del cien por ciento permanente, y como consecuencia, el incremento de la pensión que por el riesgo de trabajo sufrido viene percibiendo. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social contestó la demanda y en su defensa, entre otras cosas, adujo que operó la excepción de prescripción porque el actor no ejercitó su derecho dentro del plazo de dos años que establece el artículo 497 de la Ley Federal del Trabajo. Hechas las precisiones anteriores, se tiene que la Junta se encontraba constreñida a declarar la improcedencia de la acción puesta en movimiento, porque de manera preferente los juzgadores, incluyendo a las Juntas o tribunales laborales, deben estudiar, oficiosamente, si en el caso se encuentran satisfechos los presupuestos de las acciones intentadas, pues es principio general de derecho que en la resolución de los asuntos debe examinarse, prioritariamente, si los presupuestos de las acciones ejercidas se encuentran colmados, ya que, de no ser así, existe impedimento para dictar sentencia condenatoria, a pesar de que la parte demandada se haya defendido defectuosamente o, inclusive, ninguna excepción o defensa haya opuesto, de acuerdo a la jurisprudencia número 16, de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 14, Tomo V, Materia del Trabajo, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: ‘ACCIÓN, PROCEDENCIA DE LA. OBLIGACIÓN DE LAS JUNTAS DE EXAMINARLA, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS.’ (se transcribe). En el caso, se advierte que las acciones intentadas son improcedentes, en virtud de que en la fecha en que se ejercitaron, trece de diciembre de dos mil dos, habían caducado. En efecto, de la demanda laboral, como se dijo, se advierte que el actor reclama esencialmente el incremento de la pensión otorgada con base en la incapacidad parcial permanente dictaminada el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en forma definitiva, en un veintiséis por ciento de incapacidad por el riesgo de trabajo sufrido en el desempeño de sus actividades, y por consiguiente, se modifique el tipo de incapacidad producida por el mismo, de incapacidad parcial permanente a incapacidad total permanente. El artículo 497 de la Ley Federal del Trabajo dispone que: ‘Dentro de los dos años siguientes al en que se hubiese fijado el grado de incapacidad, podrá el trabajador o el patrón solicitar la revisión del grado, si se comprueba una agravación o una atenuación posterior.’. Como es fácil observar, tal norma jurídica contempla un término fijo dentro del cual las acciones correspondientes que tengan los trabajadores que ejercitar, por la reclasificación del grado de incapacidad con motivo de secuelas que pudieran haberse presentado con posterioridad al accidente de trabajo sufrido, deben hacerlas valer en el término de dos años desde la fecha en que se le determinó al operario determinada incapacidad, con cuyo grado ya no se está de acuerdo subsista, es decir, que tal precepto legal contempla la figura jurídica denominada por la doctrina como de la caducidad, pues en tal disposición está claramente expresada la voluntad o intención del legislador, de establecer como condición sine qua non, de las acciones correspondientes, que las mismas se ejerciten dentro del indicado término de dos años siguientes al en que se hubiese fijado el grado de incapacidad; y ello es así, porque la caducidad se produce por la inacción del titular durante un tiempo prefijado: La acción está sometida a un espacio de tiempo dentro del cual debe ser ejercitada; caducidad que, precisa dejar aclarado, no debe confundirse con la prescripción; el término que prevé la norma jurídica transcrita es de caducidad, no de prescripción, porque aunque ambas instituciones o figuras jurídicas constituyen formas de extinción de derechos, que descansan en el transcurso del tiempo, son también marcadas sus diferencias; la prescripción supone un hecho negativo, una simple abstención que en el caso de las acciones consiste en no ejercitarlas, y para que pueda declararse se requiere que la haga valer en juicio a quien la misma aproveche, mientras que la caducidad supone un hecho positivo para que no se pierda la acción, de donde se deduce que la no caducidad es una condición sine qua non para este ejercicio; para que la caducidad no se realice deben ejercitarse los actos que al respecto indique la ley dentro del plazo fijado imperativamente por la misma. Ello explica la razón por la que la prescripción es considerada como una típica excepción; y la caducidad, cuando se hace valer, como una inconfundible defensa; la primera merced al tiempo transcurrido que señale la ley y la voluntad de que se declare, expresada ante los tribunales por la parte en cuyo favor corre, destruye la acción; mientras que la segunda (caducidad), sólo requiere la inacción del interesado, para que los juzgadores la declaren oficiosamente; no hay propiamente una ‘destrucción’ de la acción, sino la falta de un requisito o presupuesto necesario para su ejercicio. Por otra parte, la prescripción admite no sólo su suspensión, sino también su interrupción por los medios que las leyes establecen, lo que no acontece con la caducidad. Las anteriores consideraciones jurídicas encuentran sustento en diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los que se pueden citar los que enseguida, con sus datos de localización, se reproducen: ‘CADUCIDAD CONCEPTO DE.’ (se transcribe). Sexta Época, Cuarta Sala, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Parte, XXIX, página 12. ‘CADUCIDAD, CONCEPTO DE.’ (se transcribe). Sexta Época, Cuarta Sala, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Parte, XXVII, página 11. ‘CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN.’ (se transcribe). Sexta Época, Cuarta Sala, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Parte, VI, página 17. ‘CADUCIDAD, ESTUDIO DE OFICIO DE LA PRESCRIPCIÓN.’ (se transcribe). Quinta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, CXXV, página 1060. ‘CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA.’ (se transcribe). Séptima Época, Sala Auxiliar, Semanario Judicial de la Federación, 109-114, Séptima Parte, página 27. Por lo anteriormente considerado, es que caducidad y prescripción tienen que ser, como lo son, dos instituciones diversas, esto es, se repite, el apuntado término de dos años a que alude el invocado artículo 497 de la Ley Federal del Trabajo, para el ejercicio de las acciones laborales de que se trata, es un término de caducidad y no de prescripción, porque conforme a lo explicado, aunque ambas figuras jurídicas constituyen formas de extinción de derechos que se producen por el transcurso de cierto tiempo, se diferencian, fundamentalmente, en que la primera es condición para el ejercicio de la acción y debe estudiarse de oficio; en cambio, la segunda, sólo puede analizarse cuando se hace valer por parte legítima. De suerte que, precisamente porque dicho término de la caducidad es una condición para el ejercicio de la acción, cabe insistir, que el juzgador tiene la ineludible obligación de examinar si dentro de ese término se efectuaron los actos positivos que sobre el particular señala la ley -pretensión de que el grado de incapacidad presentado por el actor fuera de nuevo valuado por la agravación de que aseguró es objeto-, como en general también la tiene con respecto a los hechos constitutivos de toda acción, que para su ejercicio requiere esa misma ley, ya que, de lo contrario, nunca podría desempeñar su importantísima función de decir el derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, además, el criterio sustentado por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tesis publicada en la página 48, Volumen XII, Quinta Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN, COMPARACIÓN DE LOS FENÓMENOS DE.’ (se transcribe). En suma, bien puede concluirse que el artículo 497 de la Ley Federal del Trabajo, contempla la figura jurídica denominada por la doctrina como de caducidad, pues en tal disposición está claramente expresada la intención del legislador de establecer como condición sine qua non, que las acciones correspondientes de los trabajadores o patrones, se ejerciten dentro del término de dos años siguientes al en que se hubiese fijado el grado de incapacidad parcial permanente al trabajador; luego, si la caducidad se produce por la inacción del titular durante ese tiempo fijado por la ley, la falta de ejercicio oportuno de las acciones atinentes extingue el derecho, y la Junta, de oficio, así debe declararlo. Establecido, pues, que el referido término de dos años, previsto por el invocado numeral 497 de la citada legislación laboral, es de caducidad, es de estimarse que, como con antelación se adelantó, cuando el actor ejercitó contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, las acciones laborales relativas al incremento de la pensión otorgada por la incapacidad parcial permanente dictaminada el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en un veintiséis por ciento de incapacidad con motivo de un accidente de trabajo sufrido en el desempeño de sus funciones y, como consecuencia, la modificación de incapacidad parcial permanente a incapacidad total permanente, dichas acciones habían caducado. Así es, se insiste, para arribar a esa conclusión, se tiene que el actor en el inciso A) de prestaciones reclamadas y punto número uno de hechos de la demanda laboral, reconoce que el accidente de trabajo tuvo lugar el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y cuatro, habiéndose fijado de manera definitiva su grado de incapacidad el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en un porcentaje global del veintiséis por ciento de la total orgánico funcional conforme a las fracciones 118 y 119, del artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo; por tanto, si por confesión debe entenderse el reconocimiento que una persona hace de un hecho propio que se invoca en su contra, y dicha prueba sólo produce efectos en lo que perjudica a quien la hace, de acuerdo a la jurisprudencia identificada con el número 76, de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 67, Tomo V, Materia del Trabajo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: ‘CONFESIÓN EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL.’ (se transcribe); entonces, del diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y nueve en que se fijó en forma definitiva el grado de incapacidad de que se trata, al trece de diciembre de dos mil dos, en que se presentó la demanda laboral, es incuestionable que transcurrió con demasía el término de dos años, con que contaba el actor para presentar dicha demanda, lo que provoca que deba declararse la improcedencia de las acciones intentadas, dada la caducidad que opera y motiva, por consiguiente, que deba absolverse al demandado de las prestaciones que, a través del ejercicio de tales acciones, se le reclamaron. No constituye obstáculo a lo aducido, que el Instituto Mexicano del Seguro Social hubiera alegado que operaba la prescripción de la acción en lugar de la caducidad de la misma, dado que, se repite, puso en claro su pretensión y, como se dijo, al juzgador deben proporcionarse los hechos y él aplicar el derecho, según el principio jurídico señalado al inicio de esta propia resolución. En tales condiciones, al no haberlo apreciado así la responsable, infringió las garantías individuales del quejoso contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En estas circunstancias, sin necesidad de analizar los restantes conceptos de violación, dado el estudiado y declarado fundado, procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y en uno nuevo que dicte, ajustándose a las consideraciones expuestas en esta ejecutoria, declare que las acciones ejercitadas por el actor en la fecha en que se intentaron estaban caducadas y, por tanto, absuelva al Instituto Mexicano del Seguro Social de las prestaciones reclamadas."

La anterior resolución dio origen a la tesis aislada III.1o.T.110 L, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, febrero de 2010, página 2916, que dice:

"RIESGO DE TRABAJO. ES DE CADUCIDAD EL PLAZO DE DOS AÑOS PARA SU POSTERIOR VALUACIÓN. El artículo 497 de la Ley Federal del Trabajo, contempla la figura jurídica denominada por la doctrina como de caducidad, pues en tal disposición está claramente expresada la intención del legislador de establecer como condición sine qua non, que las acciones correspondientes de los trabajadores o patrones se ejerciten dentro del término de dos años siguientes al en que se hubiese fijado el grado de incapacidad parcial permanente al trabajador; luego, si la caducidad se produce por la inacción del titular durante ese tiempo fijado por la ley, la falta de ejercicio oportuno de las acciones atinentes extingue el derecho, y la Junta, de oficio, así debe declararlo."

Por su parte, el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito conoció del juicio de amparo directo 771/97-I, promovido por Petróleos Mexicanos en contra del laudo de quince de agosto de mil novecientos noventa y siete, dictado por la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dentro del expediente laboral 217/95.

El tribunal del conocimiento, en sesión de catorce de octubre de mil novecientos noventa y ocho, concedió el amparo y protección de la Justicia a la parte quejosa, apoyando su resolución en las consideraciones siguientes:

"SEXTO. Es sustancialmente fundado el concepto de violación que se hace valer. En principio, se destaca que acorde con lo alegado resulta inexacto lo considerado por la Junta acerca de que la calificación de los riesgos laborales realizada por los médicos de una empresa, conforme al procedimiento interno que tengan diseñado para tal efecto carece de eficacia para servir como base a fin de determinar el plazo para que opere la prescripción, porque no interviene autoridad alguna, y no puede considerarse como una determinación definitiva. En efecto, como se alega, tal motivación resulta errónea, pues conforme al artículo 506, fracción III, los médicos de la empresa se encuentran obligados a emitir opinión sobre el grado de incapacidad de los obreros, y en tal oportunidad estos últimos pueden optar por aceptar su opinión o impugnarla ante el tribunal del trabajo, y carecería de explicación el hecho de que el legislador estableciera tal obligación, si la misma no trascendiera a la esfera jurídica del patrón y del obrero, de modo que a diferencia de lo estimado por la responsable, tal dictamen sí tiene la eficacia referida, según criterio que este tribunal sustentó al dictar ejecutoria en el diverso juicio de amparo directo número 81/95-I, promovido por **********, en sesión celebrada el quince de marzo de mil novecientos noventa y cinco. Acorde con lo anterior resulta claro que, como también se alega, la Junta responsable procedió incorrectamente al estimar que en el caso resultaba improcedente la excepción de prescripción, pues es evidente que si la incapacidad parcial permanente derivada del accidente laboral ocurrido al actor el 22 de julio de mil novecientos setenta y cuatro le fue valuada, e incluso indemnizada, según convenio número AT/GSDG/106/76 de fecha veintitrés de julio de mil novecientos setenta y seis (cuyo original y copia autógrafa obran a fojas 50, 51, 112 y 113 del expediente laboral) a partir de tal fecha comenzó a contar el plazo para que operara la prescripción opuesta por la hoy quejosa, y en todo caso, en lo concerniente a tal riesgo, el actor sólo conservaba el derecho de pedir la revisión del grado de incapacidad decretado, en términos del artículo 497 de la Ley Federal del Trabajo dentro de un plazo igualmente de dos años, sin que conste en autos que hubiera ejercitado la acción correlativa, de modo que carece de trascendencia la consideración consistente en que las secuelas de ese accidente pudieron presentarse con posterioridad a la verificación del propio riesgo, pues en tal hipótesis el interesado debió pedir la reclasificación correspondiente y no dejar pasar más de dos años como aconteció en la especie. Por otra parte, cabe agregar que también asiste razón al promovente en cuanto alega que el hecho de que los peritos que intervinieron en el juicio laboral, hayan opinado ‘en el sentido de que las dolencias del accionante estaban relacionadas con los infortunio (sic) que sufrió’, no excluye la procedencia de la prescripción porque cuando tales dictámenes se emitieron, la acción del obrero para reclamar tal agravamiento ya estaba prescrita. Por lo demás, se advierte del sumario que efectivamente, la propia Junta responsable estimó que el actor no probó la naturaleza de los trabajos que realizó con posterioridad al primer incidente y, por ende, de acuerdo con tal criterio, habrá de convenirse que conforme al artículo 497 de la Ley Federal del Trabajo, la acción intentada se encontraba prescrita, por haberse ejercitado fuera del plazo de dos años que establece tal precepto, máxime si se considera que ninguno de los peritos ofrecidos por las partes, ni el nombrado por la Junta, establecieron que los padecimientos del actor guardan relación con el segundo accidente sufrido por el actor, y que el ocurrido con mayor antigüedad, según se ha visto, fue evaluado e indemnizado al actor, de modo que, evidentemente, se insiste, la acción intentada se encontraba prescrita. En consecuencia, como por las consideraciones que anteceden se advierte que el laudo reclamado es violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; debe otorgarse la protección federal solicitada para el efecto de que se deje insubsistente el laudo reclamado y en su lugar se dicte otro en el que se declare la excepción de prescripción, con la natural consecuencia de que se absuelva a la quejosa de las prestaciones correlativas."

La anterior resolución dio origen a la tesis aislada XIX.1o.28 L, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, página 1079, que dice:

"RECLASIFICACIÓN DEL GRADO DE INCAPACIDAD. PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN. Una correcta interpretación del artículo 497 de la Ley Federal del Trabajo, permite establecer que si la incapacidad parcial permanente derivada de un accidente laboral ocurrido al trabajador, le fue valuada e incluso indemnizada; es a partir de esa fecha que comienza a contar el plazo para que opere la prescripción opuesta por la parte patronal, en contra de la reclasificación de esa incapacidad, con motivo de secuelas que pudieran presentarse con posterioridad; por lo que si el trabajador aduce que su grado de incapacidad se agravó con motivo de la naturaleza de los trabajos que realizó después de aquel accidente, y solicita su reclasificación transcurridos dos años, es evidente que la acción intentada se encontraba prescrita."

CUARTO. En el caso, se actualiza la contradicción de tesis.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, emitió la tesis visible en la página 68 del Tomo XXX, correspondiente al mes de julio de dos mil nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A, de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la op

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22308-a935b663/caducidad-en-materia-laboral-grado-de-incapacidad-determinado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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