SEGURO SOCIAL. LOS ARTÍCULOS 5-A Y 15-A, DE LA LEY RELATIVA, REFORMADOS Y ADICIONADOS, RESPECTIVAMENTE, POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE JULIO DE 2009, SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, CON EXCEPCIÓN DE LOS PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO DEL SEGUNDO NUMERAL CITADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 261/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y SÉPTIMO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: ÓSCAR ZAMUDIO PÉREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se refiere a la posible contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver asuntos en materia administrativa, que es una de las materias de especialización de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.
TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que lo motivaron, por lo que a continuación se transcriben:
La parte considerativa conducente de la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 55/2010, es la siguiente:
"SEXTO. Los agravios expuestos por la parte recurrente son, por una parte, inoperantes, por otra, fundados y suficientes para revocar el fallo impugnado; en tanto que el resto de sus motivos de queja son de estudio innecesario; en el entendido que por razón de método se analizarán en un orden distinto al en que fueron planteados. Al principio del único agravio formulado por la disidente, aduce que la sentencia recurrida contraviene los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, pues se sobreseyó en el juicio promovido contra el decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, en específico sus artículos 5-A, fracción VIII y 15-A; ello, no obstante ser procedente la concesión del amparo por tratarse de preceptos inconstitucionales, ya que la aplicación de los citados numerales transgrede sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, además del principio de legalidad tributaria, previstos en los diversos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tales argumentos de queja son inoperantes, ya que el Juez del conocimiento determinó sobreseer en el juicio porque advirtió, en su concepto, que se actualizó una causal de improcedencia, lo cual constituye un impedimento procesal para ocuparse de analizar cuestiones de fondo, como las planteadas por la inconforme en el sentido de que los preceptos reclamados son inconstitucionales porque transgreden sus garantías individuales a que alude; de ahí la inoperancia de los agravios que se atienden. Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 3a./J. 12/94, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, volumen 77, mayo de 1994, página 24, que dice: ‘AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LOS QUE DEBIENDO COMBATIR EL SOBRESEIMIENTO, VERSAN SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS.’ (se transcribe). Por otra parte, antes de dar respuesta al resto de los argumentos de queja esgrimidos por la parte disidente, se estima oportuno recordar que el Juez de amparo, decretó el sobreseimiento en el juicio al estimar que se actualizó la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, debido a que, en su criterio, se evidenció que los numerales 5-A, fracción VIII y 15-A de la Ley del Seguro Social, reformados y adicionados, respectivamente, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de julio de dos mil nueve, vigente a partir del diez siguiente, por su sola entrada en vigor no afectaban de manera personal y directa el interés jurídico de la empresa quejosa, sino que para ello era necesario un acto de aplicación, por lo que estableció que su naturaleza es heteroaplicativa. Agregó el a quo, que las pruebas documentales que la entonces quejosa aportó al juicio resultaron ser insuficientes para acreditar el perjuicio en contra de su esfera de derechos, así como daño alguno en su patrimonio, con motivo de las normas reclamadas. Para combatir tales razonamientos la persona moral disidente sostiene, esencialmente, que sí se acreditó su interés jurídico en el juicio dado que los preceptos reclamados son de naturaleza autoaplicativa, por lo que basta que acredite que la norma reclamada cuenta con algún hecho generador y que derivado de ello se ubica dentro de los supuestos normativos, como lo hizo al probar que tiene celebrado un contrato de prestación de servicios, en el cual tiene el carácter de beneficiario de dichos servicios, así como estar obligado al cumplimiento de diversas obligaciones relacionadas -informe trimestral al IMSS- reguladas por la ley reclamada, para estar en aptitud de cuestionar la constitucionalidad de la norma desde su entrada en vigor. Agrega la discrepante que es inexacto el criterio adoptado por el Juez del conocimiento para considerar la ley reclamada como heteroaplicativa y no autoaplicativa, pues por su sola entrada en vigor afectó su esfera jurídica, ya que, por un lado, se le califica con el carácter de sujeto obligado solidario y, por otro, se le imponen obligaciones que no requieren de un acto concreto de autoridad para que deban ser cumplidas, como son las relativas a que por virtud del contrato de intermediación se encuentra obligada a rendir informes trimestrales al Instituto Mexicano del Seguro Social. Los reseñados argumentos de agravio son fundados. Para dar sustento a la conclusión anterior se impone establecer si los preceptos impugnados son autoaplicativos o heteroaplicativos, por lo cual es conveniente hacer un breve análisis respecto a la diversa naturaleza de las leyes, que se recoge en la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia del juicio de garantías. En principio, conviene tener presente que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 4 de la Ley de Amparo, un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, lo constituye que el acto o la ley reclamados ocasionen un perjuicio a la parte quejosa. En los artículos 21, 22, fracción I, 73, fracciones VI y XII, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo contra leyes, atendiendo a la naturaleza del ordenamiento reclamado; esto es, se debe distinguir si las normas impugnadas son autoaplicativas o heteroaplicativas, para lo cual se debe atender al momento en que las mismas ocasionan al gobernado un perjuicio cierto y directo en su esfera jurídica, lo que igualmente conlleva a determinar cuándo y de qué término dispone el agraviado para ejercer la acción constitucional. En ese contexto, a fin de establecer con precisión la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa de las disposiciones de la Ley del Seguro Social que en el caso concreto se tildan de inconstitucionales, es conveniente analizarlas a la luz de la jurisprudencia P./J. 55/97, que actualmente sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, cuyos rubro y texto son: ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.’ (se transcribe). De la tesis transcrita se advierte que cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación (la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso, comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal), se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento, como explica la jurisprudencia citada. Ahora, los artículos 5-A, fracción VIII y 15-A de la Ley del Seguro Social, contenidos en el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley en comento, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de julio de dos mil nueve, que se tildan de inconstitucionales, disponen lo siguiente: ‘Artículo 5-A.’ (se transcribe). ‘Artículo 15-A.’ (se transcribe). Como se ve, el primero de los dispositivos transcritos en su fracción octava determina quiénes se consideran como sujeto o sujetos obligados para los efectos de la Ley del Seguro Social, y precisa que dentro de éstos se contempla a los previstos en los diversos 12, 13, 229, 230, 241 y 250-A de dicha ley, cuando tengan la obligación de retener las cuotas obrero-patronales del Seguro Social o de realizar el pago de las mismas, así como los demás que esa ley determine. Por su parte, el segundo de los numerales reproducidos, dispone medularmente que en tratándose de la contratación de trabajadores para un patrón, a fin de que ejecuten trabajos o presten servicios para él, con la participación de un intermediario laboral, sin importar el carácter que cada uno de ellos asuma (patrón beneficiario e intermediario), serán responsables solidarios entre sí, con respecto al trabajador, y por cuanto hace al cumplimiento de las obligaciones contenidas en esa ley en el tópico de las cuotas obrero patronales. Esto es, dichos dispositivos pretenden garantizar el pago de las cuotas obrero patronales para el caso específico de la figura jurídica de los subcontratos o contratos de intermediación laboral, quedando el beneficiario de los servicios prestados por el personal contratado, de conformidad con el preámbulo expuesto, como responsable solidario de las obligaciones en materia de seguridad social; por lo que en caso de incumplimiento del patrón, previo requerimiento a este último por parte del instituto, puede exigírsele al responsable solidario (beneficiario de los servicios) el total de las cuotas omitidas por el deudor principal. Relacionado con lo anterior, el artículo 15-A de la ley en cita, prevé una serie de obligaciones en materia de entrega de información a partir de la celebración de un contrato de intermediación laboral, tanto para las empresas prestadoras de los servicios como de las beneficiadas por los mismos; es así, pues obliga al patrón y beneficiario a comunicarle trimestralmente al instituto determinados datos relacionados con cada contrato que de esa naturaleza se convengan. En ese contexto se estima que, contrario a lo considerado por el Juez del conocimiento, dicha norma es de aquellas de carácter autoaplicativo, ya que genera un perjuicio, molestia u obligación a la quejosa, a partir de su vigencia. Para que esto sea así, se debe partir de la preexistencia de un contrato de intermediación laboral -como en la especie lo acreditó haberlo celebrado con una diversa persona moral según consta a fojas 46 a 48-, a fin de que desde el inicio de la vigencia de la norma, se actualice la aplicación y afectación de ésta sobre la esfera jurídica de la peticionaria de garantías, pues al revestir la quejosa el carácter de beneficiaria por virtud de ese subcontrato, se le impone el carácter de sujeto obligado ante el instituto en materia de cuotas patronales respecto de las personas que le prestan sus servicios temporales; y por tanto, la ley la considerará como responsable solidaria de tales obligaciones ante el instituto. En efecto, las normas de carácter general que se analizan son de naturaleza autoaplicativa en la medida que el particular se encuentra ubicado en la hipótesis normativa de referencia, por lo que las obligaciones de hacer o de no hacer, surgen en forma automática con su sola entrada en
igor. Lo anterior, cuenta habida que en los preceptos reclamados dicha ley impone a partir de su nacimiento a la vida jurídica el carácter de sujeto obligado al beneficiario en un contrato de intermediación laboral, e inmediatamente actualiza una liga o vínculo jurídico entre éste y el patrón, obligando al primero a responder solidariamente respecto del cumplimiento de las obligaciones a que originalmente se encuentra sujeto el patrón o intermediario, en caso de que incumpla con las obligaciones en materia de cuotas obrero patronales. Así, se colige, siempre que exista un contrato de intermediación laboral, automáticamente se establecen obligaciones para ambos contratantes, además de que construye un vínculo jurídico entre éstos, del que destaca la obligación que se impone al beneficiario al sujetarlo como responsable solidario del patrón referente a las cuestiones en materia de cuotas obrero patronales. Ahora, con independencia de que el tercer párrafo del artículo 15-A de la ley en cita establece que el beneficiario asumirá las obligaciones establecidas con dichos trabajadores, únicamente en el supuesto de que el patrón omita su cumplimiento, e incluso cuando el instituto hubiese notificado previamente al patrón el requerimiento correspondiente y éste no lo hubiera atendido; dicha salvedad no puede estimarse como la condición para la realización o actualización del perjuicio que origina la ley. Ello es así, ya que tal circunstancia, en todo caso, es una cuestión accesoria a la obligación previamente contraída con la celebración de un contrato de intermediación, pues con independencia de su actualización, es decir, que se dé o no el incumplimiento del patrón y entonces exigirle al beneficiario el cumplimiento de las obligaciones en comento; el vínculo jurídico, como se dijo, ya se encuentra construido y en virtud de éste le reviste a dicho beneficiario el carácter de responsable solidario del patrón respecto de las obligaciones que este último tiene con el instituto por virtud de la ley. Por tanto, no puede estimarse que la afectación de la ley en cuestión, se encuentre condicionada a la posible actualización de un diverso acto de autoridad como lo sería en el caso, el incumplimiento del patrón; pues se insiste, la obligación como sujeto responsable solidario del beneficiario de las obligaciones en materia de cuotas patronales para con el instituto, se adquiere independientemente de que el patrón incumpla o no con éstas. Además, lo preponderante para sostener la naturaleza autoaplicativa de los preceptos reclamados, es que el artículo 15-A de la Ley del Seguro Social, a partir de su vigencia impone una serie de medidas en materia de comunicación, es decir, obliga al patrón y beneficiario a comunicarle trimestralmente al instituto determinados datos relacionados con cada contrato que de esa naturaleza se convengan. Así pues, basta el inicio de la vigencia de los imperativos controvertidos para advertir que desde ese momento sujeta al quejoso a cumplirla, pues se insiste, en este caso, no se requiere la actualización de una condición que implique un acto material para la aplicación de los numerales los artículos (sic) 5-A, fracción VIII y 15-A de la Ley del Seguro Social, por lo cual se concluye, como se anticipó, es autoaplicativa la naturaleza de tales dispositivos. Por ello, es de concluir, al tener la naturaleza de normas autoaplicativas los preceptos que se tildan de inconstitucionales, debe decirse que contrariamente a lo sostenido por el a quo, este tribunal estima que por lo que hace a tales artículos no se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo y de ahí lo fundado de los agravios en examen. No pasa inadvertida para este órgano colegiado la existencia de la tesis I.7o.T.93 L, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 3010, cuyo rubro es: ‘LEY DEL SEGURO SOCIAL. LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 5 A Y LOS PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO DEL ARTÍCULO 15 A, DE LA LEY RELATIVA, REFORMADOS Y ADICIONADOS POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE JULIO DE 2009, SON NORMAS DE CARÁCTER HETEROAPLICATIVO, POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN EL QUE SE IMPUGNAN DICHOS ARTÍCULOS COMO AUTOAPLICATIVOS.’, en la que esencialmente se sostiene que son de naturaleza heteroaplicativa las normas que fueron objeto de pronunciamiento en el presente asunto. Sin embargo, ello no es óbice para la conclusión a que se arribó, puesto que el citado criterio aislado no obliga a este Tribunal Federal y del cual debe decirse, por las razones antes expuestas, no se comparte; por tanto, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, se considera pertinente denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios, para lo que tenga a bien resolver. En esa tesitura, deviene innecesario el estudio del resto de los argumentos de queja esgrimidos por la parte recurrente, pues el ya atendido fue suficiente para revocar el fallo impugnado. Apoya a lo anterior la jurisprudencia número V.2o. J/50, sustentada por el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, volumen 61, enero de 1993, página 90, que este órgano colegiado comparte, de rubro y texto siguientes: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe). En consecuencia, al no surtirse en la especie la causa de improcedencia invocada por el a quo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se revoca el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito respecto de la ley combatida, en concreto por cuanto hace a los numerales 5-A, fracción VIII y 15-A, párrafos tercero al octavo, de la Ley del Seguro Social. ... OCTAVO. Es innecesaria la transcripción y análisis de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa en la demanda de garantías tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de los artículos 5-A, fracción VIII y 15-A de la Ley del Seguro Social, toda vez que este Tribunal Colegiado considera que subsiste la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del análisis de fondo del presente asunto. Para advertirlo así, se impone mencionar que el presente recurso de revisión, se interpuso en contra de una sentencia emitida por un Juez de Distrito en la cual el acto reclamado se hizo consistir en una ley que tiene el carácter de federal dado su ámbito espacial de aplicación, como lo son los artículos 5-A, fracción VIII y 15-A de la Ley del Seguro Social; por ende, resulta inconcuso que se está en presencia de un juicio de amparo contra leyes federales en el cual, como ya se estableció anteriormente en esta ejecutoria, subsiste el problema de constitucionalidad. En ese tenor, atento a lo dispuesto por el Acuerdo 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha veintiuno de junio de dos mil uno, este órgano colegiado considera que carece de competencia legal para conocer del presente recurso de revisión en el aspecto de constitucionalidad que se combate de la citada ley federal, ya que no se surten los supuestos de competencia delegada a los Tribunales Colegiados de Circuito, previstos en el artículo quinto, fracción I, incisos c), punto 3, y d) del citado acuerdo. Es así, en razón de que la materia de constitucionalidad que subsiste en el caso concreto no tiene como tema esencial de fondo ninguno de los siguientes: a) Práctica de una visita domiciliaria; b) Multas y arrestos administrativos; c) Procedimientos administrativos que ordenen el aseguramiento o embargo de bienes; d) Procedimiento administrativo de ejecución; e) Afectación de la actividad de los concesionarios del servicio público de transporte; f) Cese o suspensión de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública; y g) Fianzas. Asimismo, en relación con el tema debatido no se ha integrado, aunque no se haya publicado, jurisprudencia del Pleno o de las Salas, ni existen cinco precedentes emitidos por tales órganos colegiados indistintamente, en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, aun cuando no hubieran alcanzado la votación idónea para ser jurisprudencia. Para sustentar este último aspecto, debe puntualizarse que de la búsqueda realizada por este Tribunal Colegiado, tanto en el sistema de consulta temática de expedientes de la página de intranet e internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, no se encontró tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno o Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se dirimieran las cuestiones relativas al tema de constitucionalidad de los mencionados preceptos reclamados; en virtud de lo anterior, se procedió a verificar si ya existe por parte de nuestro más Alto Tribunal, algún criterio jurídico sobre el tópico, que hubiese sido reiterado en cinco ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario y que, por lo tanto, tenga el carácter de obligatorio para este órgano jurisdiccional. Lo anterior, en observancia a la jurisprudencia número 2a./J. 107/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, octubre de dos mil dos, página doscientos noventa y dos, del tenor literal siguiente: ‘JURISPRUDENCIA. FORMA EN QUE DEBEN PROCEDER LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LA SUSTENTADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ANTE LA FALTA DE TESIS FORMALMENTE PUBLICADA.’ (se transcribe). De la búsqueda realizada por este Tribunal Colegiado en los antecedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se obtuvo que en relación con la constitucionalidad de los artículos 5-A, fracción VIII y 15-A de la Ley del Seguro Social, reformados y adicionados por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de julio de dos mil nueve, aquí reclamados, fue materia de análisis por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 268/2010, en sesión correspondiente al diecinueve de mayo de dos mil diez, de la cual emanaron las tesis aisladas LXXXVIII/2010, LXXXIX/2010 y XC/2010, pendientes de publicar, del rubro y texto siguientes: ‘SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 5-A, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD.’ (se transcribe). ‘SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 15 A DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.’ (se transcribe). ‘SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 15 A DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD.’ (se transcribe). Asimismo, la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, se pronunció sobre el tema de constitucionalidad de que se trata al dictar resolución en el amparo en revisión 419/2010, en la sesión correspondiente al nueve de junio de dos mil diez. Con lo anterior, no obstante la existencia de los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia y de las reproducidas tesis aisladas, se pone de manifiesto que, como se adelantó, no existen cinco ejecutorias en las que se hubiese abordado el referido tema. Por lo tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo segundo del punto décimo primero del Acuerdo General 5/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (sic), toda vez que este Tribunal Colegiado ha colmado los supuestos del mismo, entre ellos, verificar la procedencia del recurso de revisión, así como de la vía, y resolver en su caso sobre la caducidad de la instancia o la reposición del procedimiento, deviene procedente dejar a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia y remitirle los autos, sin analizar los conceptos de violación expuestos. En consecuencia, con fundamento en el inciso a) de la fracción II del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, previa notificación por oficio (y telegráfico) que de la presente resolución se haga a las autoridades responsables, así como al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora, y personalmente a la quejosa, remítanse testimonio de esta resolución y el diskette relativo, así como el toca de revisión 55/2010 y sus anexos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con residencia en México, Distrito Federal, para los efectos legales procedentes."
Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 223/2009, se pronunció de la siguiente manera:
"CUARTO. Resulta innecesario el estudio de los agravios expresados por las recurrentes en el presente recurso, en virtud de que este tribunal advierte que se actualiza una diversa causal de improcedencia a la invocada en la sentencia que se revisa. Para justificar la afirmación que antecede y con el objeto de lograr un mejor entendimiento del problema planteado en la presente revisión, resulta necesario reseñar de manera sucinta los antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias que envió el Juez Federal. Por escrito presentado el veinte de agosto de dos mil nueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, remitido al día siguiente, al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, ********** por conducto de su apoderado, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; del secretario de Gobernación, del director del Diario Oficial de la Federación; y del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, que hicieron consistir en el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de treinta de abril de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de julio de dos mil nueve, por lo que se refiere a su artículo único, concretamente la reforma de la fracción VIII del artículo 5-A y la adición de los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo del artículo 15-A de la Ley del Seguro Social, así como el segundo párrafo del artículo segundo transitorio. La Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a quien por razón de turno tocó conocer de la demanda de amparo, mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, se declaró incompetente para conocer de la citada demanda de amparo, al estimar que los actos reclamados son de naturaleza laboral, por lo que ordenó remitir la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, en turno, a efecto (sic) que proveyera sobre la competencia planteada. En razón de lo anterior, el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante auto de veintiocho de agosto de dos mil nueve, aceptó la competencia declinada y admitió la demanda de garantías y, una vez agotado el trámite, se dictó la sentencia que se revisa, iniciada el dieciséis de octubre de dos mil nueve y autorizada el veintinueve del mismo mes y año, en la cual se sobreseyó en el juicio. Las consideraciones en las que la Juez Federal se apoyó para arribar a su determinación, son las que a continuación se exponen: Estimó que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 4o. interpretado a contrario sensu de la citada ley, que establece que el juicio de amparo puede promoverse únicamente por la parte a quien le perjudique el acto o la ley que se reclaman, siendo que en el presente juicio de amparo, el acto reclamado es la inconstitucionalidad del decreto que contiene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de julio de dos mil nueve, por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social en su artículo único, en especial los artículos 5-A, fracción VIII y la adición de los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, con lo que el tercero pasa a ser noveno del artículo 15-A de la Ley del Seguro Social, así como el artículo segundo transitorio, de cuya transcripción se evidenciaba que sólo impone obligaciones establecidas en la Ley del Seguro Social a los beneficiarios laborales, en relación con los trabajadores, en el supuesto de que las empresas (patrón) que pongan a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22725-b226a7ab/seguro-social-los-articulos-5-a-y-15-a-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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