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Modo: Corpus Pro

TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. SI EL CONTRIBUYENTE ACUDE ANTE LA AUTORIDAD A REALIZAR UN TRÁMITE DE SU AUTOMÓVIL, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES EN MATERIA DE TRÁNSITO Y ÉSTA LE DETERMINA UN ADEUDO POR CONCEPTO DE AQUEL TRIBUTO Y LE CONDICIONA EL SERVICIO A SU PAGO, EL RECIBO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 477/2006. · Registro digital (IUS): 20239
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JUAN CARLOS BEDOLLA ALBA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, , Pág. 2397.

AMPARO EN REVISIÓN 477/2006. JUAN CARLOS BEDOLLA ALBA.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Resultan esencialmente fundados los restantes motivos de agravio que hace valer el recurrente, suficientes para revocar la resolución que se revisa.

Como se advierte de la demanda el quejoso reclama la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo, publicación y aplicación del decreto legislativo de fecha diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta, publicado el treinta del mismo mes y año, en especial los artículos 1o., 5o., fracción V, 8o., fracción VI y 14-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos; al respecto, el juzgador federal estimó que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues consideró que el recurrente carece de interés jurídico para impugnarlos y decretó el sobreseimiento del juicio de amparo, con fundamento en la fracción III del diverso numeral 74 del mismo ordenamiento legal.

Para arribar a la conclusión anterior, el Juez a quo atendió que los numerales tildados de inconstitucionales, ya fueron reformados e incluso adicionados con posterioridad al decreto reclamado, pues en relación con el artículo 1o. de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, sufrió reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, siendo la última el treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres; que el diverso 5o. de la misma ley, en la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta, no contemplaba la fracción V que reclama, sino que en la actualidad se encuentra vigente la reforma que sufrió dicha fracción publicada en el mencionado órgano difusor el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete, así como treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

Por lo que hace al normativo 8o., fracción VI, del mismo ordenamiento jurídico, fue reformado por publicación en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete, y finalmente, el arábigo 14-B que reclama, era inexistente en el Diario Oficial de la Federación de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta, y la última reforma fue el uno de diciembre de dos mil cuatro.

Concluyendo que los preceptos que reclama, publicados en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, al haber sido reformados y adicionados por procesos legislativos posteriores, no le fueron aplicados, sino que al realizar el pago del impuesto relativo el veintiuno de junio de dos mil seis, se le aplicaron los que actualmente tienen vigencia, es decir, los que rigen para el año fiscal dos mil seis, que son diversos a los que precisó como reclamados sobre la base de la publicación realizada en el año de mil novecientos ochenta, por lo que carece de interés jurídico para reclamarlos.

Asimismo, expresó el Juez de Distrito que en el decreto que también reclama el quejoso, como lo es el de fecha treinta de diciembre de dos mil cinco, no se reformó, adicionó o derogó alguna disposición de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, particularmente los artículos 5o., fracción I y 15-B, por lo que es inexistente el acto reclamado por el quejoso, pues no obstante que existe el Diario Oficial de la Federación de esa fecha, en el mismo no se encuentra la promulgación y publicación de decreto alguno que reforme, adicione o derogue alguna disposición de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, particularmente los artículos 5o., fracción I y 15-B.

Por su parte, el inconforme aduce esencialmente que le causa agravio el cuarto considerando de la sentencia recurrida, porque combatió la ley en sí, así como las reformas que le sucedieron y que concluyeron en la actualización del acto que se combate, y no puede ponerse como pretexto para resolver, el hecho de que se haya combatido una ley que fue expedida con antelación y que sufrió reformas, porque sucede que la citada legislación fue actualizada al momento en que al quejoso se le hizo el cobro de la tenencia de su automóvil, y entonces no podía combatir algo que no le estaba afectando, sino que para atacar una ley, se hace necesario que ésta se aplique contra el gobernado, y en la especie se acreditó plenamente que dicha ley tildada de inconstitucional fue aplicada en perjuicio del amparista en el año dos mil seis, y por ese motivo es falso que no le asista el derecho y que no tenga interés jurídico para atacarla, porque en realidad carecería de esas facultades solamente cuando no se le aplique la norma, pero en este caso sí se demostró el interés jurídico cuando demostró plenamente que se le hizo efectivo lo contenido en la ley multicitada.

Agrega el recurrente que le causa agravio el considerando tercero de la sentencia combatida, al decretar el sobreseimiento, supuestamente porque no hubo ninguna modificación a la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, aun cuando las autoridades responsables aceptaron el acto reclamado y solamente una no lo hizo.

Que sí existe la Ley del Impuesto sobre Tenencia de Vehículos, tan es así que se realizó el cobro de esa contribución y se exhibieron las pruebas conducentes para desvirtuar la negativa de la responsable, y aún con esa probanza se sobreseyó, alegando el Juez de Distrito la inexistencia de reformas a la ley, así que el hecho de que probablemente apareciera en otro Diario Oficial de la Federación lo relativo a la ley aludida no es motivo alguno para que se sobresea, porque mientras aparezca bien definido en la demanda la causa de pedir, eso es suficiente para entrar a su análisis.

Pues bien, lo fundado de sus argumentos deriva de que en el juicio de amparo contra leyes, debe aplicarse el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba, por lo que sin necesidad de que se le ofrezca al Juez de Distrito como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración.

Lo anterior es así, pues como ya quedó precisado el inconforme reclama la discusión, aprobación, expedición, promulgación refrendo, publicación y aplicación del decreto legislativo de fecha diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta, publicado el treinta del mismo mes y año, así como el de fecha treinta de diciembre de dos mil cinco.

Ahora, si bien es cierto lo aducido por el Juez de Distrito, en el sentido de que los artículos 1o., 5o., fracción V, 8o., fracción VI y 14-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, ya sufrieron varias reformas a lo largo de la existencia de la ley, reformas que no fueron reclamadas por el recurrente; asimismo, que en la fecha señalada por el quejoso, treinta de diciembre de dos mil cinco, no se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que reformó, adicionó o derogó los artículos 5o., fracción I y 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, que precisamente reclama.

Sin embargo, el Juez de Distrito no atendió que el ordenamiento legal que le fue aplicado, lo es la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente en el ejercicio fiscal de dos mil seis, que es el año en que cubrió el importe de dicho recibo de pago del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos y derechos por servicio de control vehicular (foja 9 del juicio de amparo), lo cual demuestra con el recibo de pago que realizó correspondiente al año de dos mil seis, pues en la documental de referencia, se advierte que fue expedido a su nombre Juan Carlos Bedolla Alba, respecto del vehículo modelo de ese mismo año -dos mil seis-, Chevrolet Astra, cuatro puertas, con número de serie 93CTC69B189947, clave del vehículo 0-03-30-16, motor hecho en Brasil, por la cantidad de $2,746.00 (Dos mil setecientos cuarenta y seis 00/100 M.N.), cantidad que fue cubierta el día veintiuno de junio de dos mil seis, según el sello que aparece en dicha documental.

Así las cosas, no obstante que el inconforme reclama decretos que tuvieron como finalidad reformar, adicionar o derogar diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, que precisó fueron emitidos en diversas fechas, el Juez de Distrito debió atender a lo previsto por los artículos 77 y 79 de la Ley de Amparo, y concluir que el acto que reclama el inconforme lo es la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en vigor en el año de dos mil seis.

Por su contenido, procede invocar la jurisprudencia número 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resultó de resolver la contradicción de tesis 23/2000-SS, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 260 del Tomo XII del mes de agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice:

"PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo."

De igual forma, procede invocar el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en la página 15 del Volumen 65 Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de la Séptima Época, que a la letra dice:

"LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba."

También por su contenido, sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. XLVIII/98, visible en la página 69 del Tomo VII del mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

"ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto."

Finalmente, el Juez de Distrito estimó que el juicio de amparo también resulta improcedente por lo que se refiere a los vicios propios contenidos en el recibo de pago de la tenencia por uso de vehículos, toda vez que la expedición del citado recibo por concepto del impuesto sobre tenencia de automóviles, no es un acto de autoridad para efectos del amparo, los que tienen ese carácter, dijo el a quo, cuando el órgano que aplica los dispositivos que se reclaman toma decisiones o dicta resoluciones que afecten, unilateralmente, la esfera jurídica del interesado.

Precisando que al determinar la cantidad a pagar y que la hubiere pagado el contribuyente, no se trata de una obligación impuesta de manera ineludible, es decir, no se le obligó de manera imperativa a que en ese momento hiciera el pago relativo, como puede ser a través de un procedimiento administrativo de ejecución, por lo que no es un acto de imperio en cuanto a que no se obliga al particular a realizar de manera inmediata y coercitiva el pago del monto calculado.

Al respecto, el inconforme aduce que es contrario a la naturaleza del juicio de garantías, el hecho de que el Juez de Distrito no considere al recibo de referencia como un acto de autoridad, pues en el momento en que quiso realizar el trámite administrativo que relató en los hechos, le informaron sobre la necesidad de hacer un pago, y ya cuando lo efectuó, sucede que el recibo emitido no contenía los requisitos de legalidad establecidos en los artículos 14 y 16 del Pacto Federal, porque carece de la debida motivación y fundamentación, por lo que se desconoce el origen del pago que hizo.

Además, dice, una cosa es la emisión del recibo y que se tenga que cubrir determinado monto de dinero por pago del impuesto, pero otro muy distinto es el hecho de que no tenga que satisfacer los requisitos de motivación y fundamentación, ya que un cobro sin reunir tales requisitos transgrede de manera toral los principios de legalidad y seguridad jurídica consignados en los ordinales 14 y 16 constitucionales.

Argumentos que resultan esencialmente fundados, para lo cual se toma en cuenta que es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que para que proceda el estudio de los mismos, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, pues tal criterio obedece a la necesidad de precisar que los mismos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero la causa de pedir no abarca modificar o cambiar el acto reclamado.

Dicho criterio de jurisprudencia al que se hace mención, es el identificado con el número 1a./J. 81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 61 del Tomo XVI del mes de diciembre de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del tenor literal siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."

En el caso, es criterio de este tribunal federal, estimar que el recibo expedido por el cobro del impuesto de tenencia, constituye el acto de aplicación de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos para los efectos del juicio de amparo, el cual se encuentra plasmado en la tesis registrada con el número XXI.1o.P.A.64 A, del Tomo XXIV del mes de diciembre de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, sostenida en los juicios de amparo en revisión administrativa registrados con los números 259/2006, 391/2006 y 377/2006, resueltos en sesiones de fechas cuatro de agosto, diecinueve de octubre y veintiséis de octubre, todos de dos mil seis, que a la letra dice:

"TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. SI EL CONTRIBUYENTE AL ACUDIR ANTE LA AUTORIDAD A REALIZAR UN TRÁMITE DE SU AUTOMÓVIL, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES EN MATERIA DE TRÁNSITO, ÉSTA LE DETERMINA UN ADEUDO POR CONCEPTO DE AQUEL TRIBUTO Y LE CONDICIONA EL SERVICIO A SU PAGO, EL RECIBO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Si un contribuyente acude ante la autoridad responsable con el propósito de efectuar trámites relacionados con la documentación de su vehículo, de conformidad con la reglamentación en materia de tránsito, y el personal de la oficina recaudadora, utilizando los documentos que aquél había entregado, le determinó un adeudo por concepto del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos que tuvo que ser cubierto por el monto señalado, a fin de que fueran atendidas todas sus pretensiones, sin lugar a dudas que esa forma de recaudación es un acto impugnable a través del juicio de amparo. Ello es así, porque al exigirse al solicitante los documentos que llevaba consigo, la autoridad ejerció las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, emprendiendo lo que, para efectos jurídicos, debe conceptuarse como una revisión equiparable a las de gabinete, además de que cuando indicó al contribuyente cuál era la suma adeudada, su acción resulta sustancialmente análoga a lo que debía ser la resolución determinante del crédito fiscal a que se refiere el precepto 48, fracción IX, del propio ordenamiento, y finalmente, la exigencia de pago, condicionando la prestación de servicios de control vehicular a su inmediato entero, constituye el cobro coactivo que, si se hubiese hecho formalmente, debió revestir la naturaleza de un procedimiento administrativo de ejecución, máxime que los actos unilaterales y coactivos así desplegados por la autoridad responsable deben encontrar fundamento en la norma, atendiendo al principio de legalidad, según el cual el poder público únicamente puede actuar de conformidad con las facultades que específicamente tiene encomendadas, y al plasmarse en el recibo de pago, éste debe cumplir con los requisitos formales de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 de la Carta Magna, ya que la intervención directa del ente fiscalizador en las fases de liquidación, requerimiento y cobro de la contribución correspondiente, es un acto que crea, modifica y extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del gobernado y, por tanto, impugnable a través del juicio de amparo."

Por tanto, en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se procede al estudio de las causales de improcedencia propuestas por las autoridades responsables en el juicio de amparo; hecho lo cual, de ser procedente se estudiarán los conceptos de violación que omitió analizar el Juez Federal.

OCTAVO. Del informe justificado rendido por el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, y administrador Fiscal Estatal de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, se advierte que estiman que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que el recibo de pago respecto del cual alega el quejoso, adolece de fundamentación y motivación, debe ser impugnado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, toda vez que el mismo no constituye una resolución definitiva.

La fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, a la letra dice:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños. Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución."

No asiste razón a las citadas autoridades responsables, toda vez que es criterio de este tribunal federal, contenido precisamente en la tesis transcrita en el considerando que antecede, que el recibo de mérito es un acto que puede ser impugnado a través del juicio de amparo; además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 169/2004-SS, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo circuito, emitió la jurisprudencia 2a./J. 193/2004, visible en la página 554 del Tomo XX del mes de diciembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es aplicable en el caso, misma que textualmente dice:

"TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS Y DERECHOS POR SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR. EL RECIBO QUE ACREDITA SU ENTERO NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. El artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa prevé que este órgano conocerá de los juicios promovidos contra resoluciones definitivas que, entre otras cuestiones, determinen la existencia de una obligación fiscal; fijen en cantidad líquida o den las bases para una liquidación; nieguen la devolución de un ingreso regulado por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; impongan multas por infracción a las normas administrativas federales o causen un agravio en materia fiscal distinto a los anteriores. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 2a. X/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, página 336, con el rubro: ‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. «RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS». ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.’, sostuvo que el concepto ‘resoluciones definitivas’ a que hace referencia el mencionado artículo 11 abarca no sólo aquellas resoluciones que no admitan recurso o admitiéndolo éste sea optativo, sino también las que reflejen el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento; o bien, como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En tal virtud, si el artículo 4o. de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos sólo establece que los contribuyentes del impuesto comprobarán su pago con la copia de la forma mediante la cual lo efectuaron, se pone de manifiesto que el recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y derechos por servicios de control vehicular no constituye una resolución definitiva impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sino simplemente es el cumplimiento de la obligación tributaria a cargo del contribuyente, cuyo monto puede o no coincidir con el contenido de la propuesta de declaración que al efecto emita la autoridad hacendaria, pues siempre existe la posibilidad de que se pague una cantidad mayor o menor a ese monto, o bien, que en los casos en que no se cuente con dicha propuesta se autodetermine el monto del impuesto a pagar, supuestos en los cuales se evidencia que la autoridad no ha manifestado su última voluntad en relación con el cumplimiento de esas obligaciones tributarias, por lo que cuando el juicio contencioso administrativo se promueva contra el recibo de pago que contiene esas contribuciones resulta improcedente y debe sobreseerse de conformidad con la fracción II del artículo 202, en relación con la fracción II del diverso numeral 203, ambos del Código Fiscal de la Federación."

Por su parte, el procurador fiscal federal de amparos, al rendir el informe justificado, en representación del presidente de la República y del secretario de Hacienda y Crédito Público, estimó que en el caso se actualizan las causales de improcedencia previstas por las fracciones XII y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, esta última en relación con el diverso numeral 116, fracción V, del mismo ordenamiento legal.

Las fracciones a que refiere la citada autoridad responsable, literalmente dicen:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218. No se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de este ordenamiento. ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley."

"Artículo 116. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán: ... V. Los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violadas, así como el concepto o conceptos de las violaciones, si el amparo se pide con fundamento en la fracción I del artículo 1o. de esta ley."

El artículo 73, en su fracción XII de la ley de la materia, prevé la restricción para el ejercicio de la acción de amparo cuando se hayan consentido los actos reclamados, es decir, que no se promueva dentro de los términos que la ley prevé; sin embargo, en el caso, dicha casual no se actualiza porque el artículo 21 establece que debe ejercerse la acción de amparo dentro del término de los quince días siguientes a la notificación o conocimiento del acto reclamado.

De la demanda de garantías se advierte que el quejoso adujo tener conocimiento de los actos que reclama el día veintiuno de junio de dos mil seis, lo que se corrobora con el sello que aparece en el recibo mediante el cual cubrió el importe del impuesto; en consecuencia, si la demanda de garantías se recibió en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito con residencia en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, el cuatro de julio del mismo año, es evidente que se hizo dentro del plazo de quince días a que alude el artículo 21 de la ley de la materia, pues el término transcurrió del día veintitrés de junio al trece de julio de dos mil seis.

Asimismo, de la lectura de la demanda de amparo formulada por el quejoso Juan Carlos Bedolla Alba, se advierte que expresó las garantías que estima le fueron violadas, así como los conceptos de violación que considera le causa el acto reclamado.

Sin embargo, este tribunal federal estima que se actualiza una causal de improcedencia diversa a las invocadas por la autoridad responsable, como es la prevista por la fracción V en relación con la diversa fracción VI, ambas del artículo 73 de la Ley de Amparo, respecto del artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente en dos mil seis, los cuales establecen:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... V. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. VI. Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio."

El artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, señala:

"Artículo 4o. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su repres

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20239-c1addb35/tenencia-o-uso-de-vehiculos-si-el-contribuyente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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