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DERECHOS POR INSCRIPCIÓN O REGISTRO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD O POSESIÓN DE BIENES INMUEBLES. EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA QUE LOS ESTABLECE TOMANDO EN CUENTA EL DISTINTO VALOR DE LOS INMUEBLES OBJETO DE INSCRIPCIÓN, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 276/2006. · Registro digital (IUS): 20130
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FERNANDO JOSÉ ELIZONDO ALANÍS Y OTRO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, , Pág. 1766.

AMPARO EN REVISIÓN 276/2006. FERNANDO JOSÉ ELIZONDO ALANÍS Y OTRO.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Puntualizado lo anterior, cabe decir que los conceptos de agravio hechos valer por los revisionistas devienen infundados, procediendo por razón de método, en primer término, a analizar los motivos de disenso esgrimidos por la diversa autoridad responsable recurrente, para enseguida abordar los del quejoso revisionista.

Este Tribunal Colegiado considera infundados los dos conceptos de agravio vertidos por la autoridad inconforme, mismos que se analizan de forma conjunta por la estrecha relación que guardan entre ellos, a fin de evitar repeticiones innecesarias.

Aduce la autoridad que la sentencia recurrida adolece de una debida fundamentación legal, en contravención a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, ya que contrariamente a las afirmaciones de la Juez de Distrito, la revisionista considera que no todos los derechos prestados por el Estado pueden calcularse atendiendo al costo erogado, pues su costo se elevaría, ya que tendrían que considerarse sueldos, rentas, servicios de mantenimiento, papelería, impuestos, etc., siendo por ello que la naturaleza de las contribuciones denominadas derechos no puede ser comparada con las contraprestaciones derivadas de servicios entre particulares, pues del servicio de registro público prestado por el Estado, se deriva una seguridad jurídica para el ciudadano, pues puede oponer los actos inscritos contra terceros, y de ahí la connotación diferente de los derechos.

En este orden de ideas, la recurrente considera que en materia de las contribuciones denominadas derechos, los principios de equidad y proporcionalidad tienen una connotación distinta a los impuestos, empezando por el hecho de que los derechos son generados por servicios públicos prestados a petición del usuario, implicando que la proporcionalidad debe ajustarse a la capacidad económica del ciudadano, por lo que en este sentido, la forma más adecuada de determinar el monto de los derechos, como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es a través de tarifas progresivas, como en la especie sucede con los artículos 79 y 82 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, impugnados por la quejosa en el juicio de garantías.

Los anteriores motivos de disenso devienen infundados, ya que como lo sostuvo la Juez a quo en la sentencia recurrida, en el caso de las contribuciones denominadas derechos, que en la especie son generadas por la prestación del servicio público de inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, previsto en los artículos 79 y 82 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, debe subsistir la correlación entre la prestación del servicio público y el monto de la cuota, la cual debe considerar todas las erogaciones que hacen posible que el Estado ejecute el servicio de registro público, pues esa y no otra es la naturaleza jurídica de las contribuciones denominadas derechos, las cuales no pueden ser comparadas con las contraprestaciones derivadas de relaciones contractuales celebradas entre particulares, pues los servicios públicos y, por consecuencia, su valor, se organizan en función del interés público.

Al respecto resulta aplicable la tesis número P. IX/89, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, enero a junio de 1989, página 77, que a la letra establece:

"DERECHOS FISCALES. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y EL MONTO DE LA CUOTA. Pese a que en la legislación vigente en la actualidad se suprimió de la definición de derechos fiscales el concepto de ‘contraprestaciones’ por el servicio público prestado, como precisaba el Código Fiscal de la Federación de 1967, subsiste cuando se trata de una hipótesis la correlación entre la prestación del servicio público y el monto de la cuota, a tal grado que son términos interdependientes y que aquél es supuesto de causación de ésta; dichas características que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, permiten considerar, aplicando los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, que debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, y que se impone dar el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar en lo esencial los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del causante, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y de que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares."

Por ello, si las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias, en el caso de las contribuciones denominadas derechos, se observan en la legislación secundaria mediante la determinación de una cuota razonablemente equilibrada con la prestación del servicio, que además otorgue un mismo trato fiscal a los que reciban igual servicio, en consecuencia, el artículo 79 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, específicamente en su fracción II, que previene las hipótesis de causación de derechos por inscripción o registro de documentos públicos o privados, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, viola las precitadas garantías contenidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que establece una base gravable que solamente toma en cuenta, para efectos de la causación de derechos, el valor del bien inmueble objeto de inscripción en el registro público, y de ningún modo hace referencia ni considera las erogaciones que hacen posible que el Estado preste el servicio de registro público, como se observa de la parte conducente del numeral 79, fracción II, de la ley en cita, que establece:

"Artículo 79. Los servicios prestados por el registro público, relativos a la propiedad, causarán derechos conforme a la siguiente:

"TARIFA

"...

"II. La inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles:

"1. Hasta con valor de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), se pagarán $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)

"2. Si el valor excede de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), se pagará por los primeros $10,000.00, conforme al inciso anterior y por lo que exceda de dicha cantidad hasta $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), el 15 al millar

"3. Si el valor excede de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), se pagará por los primeros $50,000.00, conforme a los incisos anteriores y por lo que exceda de dicha cantidad hasta $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), el 12 al millar.

"4. Si el valor excede de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100), se pagará por los primeros $100,000.00, conforme a los incisos anteriores y por lo que exceda de dicha cantidad hasta $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), el 8 al millar.

"5. Si el valor excede de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), se pagará por los primeros $150,000.00, conforme a los incisos anteriores y por lo que exceda de dicha cantidad, el 6 al millar.

"6. Si el valor es indeterminado, se pagarán $38.00 (treinta y ocho pesos 00/100 M.N.), por hoja.

"Cuando una parte del valor sea determinada y la otra indeterminada se pagará por cada parte lo que corresponde, con arreglo a lo dispuesto en esta fracción."

En adición a lo anterior, si bien es cierto que en el Registro Público pueden inscribirse diversos tipos de documentos, a los que por consecuencia les pueden corresponder diferentes tarifas, no menos cierto resulta que la violación alegada por el quejoso en el juicio de amparo en que se actúa, solamente se refiere a la desproporcionalidad e inequidad de las contribuciones denominadas derechos, previstos en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, causados por la inscripción de documentos en los que se hagan constar cuestiones relativas a la propiedad y posesión de bienes inmuebles, ya que como quedó transcrito en líneas precedentes, esa disposición legal contempla la causación de derechos solamente sobre la base del valor del inmueble objeto de inscripción, por lo que en el presente caso no está sujeto a discusión si resulta justificado o no que existan diversas tarifas para la inscripción de otros tipos de documentos no relacionados con bienes inmuebles, siendo por ello que los agravios que expresa la autoridad en este sentido, resultan infundados para desvirtuar la sentencia recurrida, ya que la razón por la que la agraviada obtuvo el amparo y la protección de la Justicia Federal, únicamente se debió a que la norma tildada de inconstitucional prevé la imposición de diversos montos de derechos según el distinto valor de los inmuebles objeto de inscripción, siendo ésta la razón por la que la Juez a quo consideró que la cantidad cobrada al impetrante del amparo era inequitativa.

Finalmente, este Tribunal Colegiado también considera que tampoco le asiste la razón a la autoridad revisionista, cuando afirma que debido a que los derechos son generados por servicios públicos prestados a petición del usuario, entonces la proporcionalidad tributaria en materia de derechos debe ajustarse a la capacidad económica del ciudadano, lo cual se logra a través de tarifas progresivas, ya que contrariamente a dichas argumentaciones y como bien quedó establecido en la sentencia recurrida, la proporcionalidad y la equidad en materia de derechos se rige por un sistema distinto al de los impuestos, que como se dijo previamente, los montos que por concepto de derechos se impongan en la legislación secundaria, han de tener en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas que se cobren a los usuarios sean iguales para todos los que reciban servicios públicos análogos, de lo que se concluye que la causación de derechos basados en sistemas de tarifas progresivas, viola los principios de proporcionalidad y equidad que deben regir para esta especie de contribuciones, y de ahí lo infundado de los agravios bajo análisis, en lo que a este tema se refiere.

Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número P./J. 2/98, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 41, que a la letra establece:

"DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: ‘las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten’, de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos."

Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada P. XLVIII/94, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 83, noviembre de 1994, Octava Época, página 33, que a la letra establece:

"DERECHOS FISCALES. PARA EXAMINAR SI CUMPLEN CON LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD, DEBE ATENDERSE AL OBJETO REAL DEL SERVICIO PRESTADO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y QUE TRASCIENDE TANTO AL COSTO COMO A OTROS ELEMENTOS. Esta Suprema Corte ha sentado en la tesis jurisprudencial 9, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Primera Parte-1, Pleno, página 158, que las leyes que establecen derechos fiscales por inscripción de documentos sobre constitución de sociedades mercantiles o aumentos de sus capitales en el Registro Público correspondiente, fijando como tarifa un porcentaje sobre el capital, son contrarias a los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, porque no toman en cuenta el costo del servicio que presta la administración pública, sino elementos extraños que conducen a concluir que por un mismo servicio se paguen cuotas diversas. En cambio, tratándose de derechos por servicio de agua potable, ha tomado en consideración para juzgar sobre la proporcionalidad y equidad del derecho, no la pura correlación entre el costo del servicio y el monto de la cuota, sino también los beneficios recibidos por los usuarios, las posibilidades económicas de éstos y razones de tipo extrafiscal, como se infiere de la tesis XLVII/91 publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Primera Parte, página 5. El examen de ambas tesis no hace concluir que ha cambiado el criterio de este Alto Tribunal, sino que ha sentado criterios distintos para derechos fiscales de naturaleza diferente, atendiendo al objeto real del servicio prestado por el ente público y que trasciende tanto al costo como a otros elementos. Ello, porque tratándose de derechos causados por el registro de documentos o actos similares, el objeto real del servicio se traduce, fundamentalmente, en la recepción de declaraciones y su inscripción en libros, exigiendo de la administración un esfuerzo uniforme a través del cual puede satisfacer todas las necesidades que se presenten, sin aumento apreciable del costo del servicio, mientras que la prestación del servicio de agua potable requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo a fin de lograr la captación, conducción, saneamiento y distribución del agua que, además, no está ilimitadamente a disposición de la administración pública, pues el agotamiento de las fuentes, la alteración de las capas freáticas, los cambios climáticos y el gasto exagerado, abusivo o irresponsable por los usuarios, repercuten en la prestación del servicio porque ante la escasez del líquido, es necesario renovar los gastos para descubrir, captar y allegar más agua, todo lo cual justifica, cuando son razonables, cuotas diferentes y tarifas progresivas."

Es dable señalar, que en similares términos se pronunció este Tribunal Colegiado al resolver en sesión plenaria de seis de febrero de dos mil cuatro, el toca administrativo 320/2003.

OCTAVO. Por otra parte, alega el quejoso ahora recurrente, en el primero de los conceptos de agravio esgrimidos en el recurso de revisión, que la sentencia recurrida fue emitida en contravención de los dispuesto en los artículos 73, fracción XVIII, 74, fracción III, 77, 79 y 116, fracción V, de la Ley de Amparo, al decretar el sobreseimiento en el juicio, por lo que hace a los numerales 149 y quinto transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, ya que contrario a lo estimado por la Juez de Distrito, sí expresó conceptos de violación, al haber alegado que dichos artículos resultaban inconstitucionales en virtud de la inconstitucionalidad de los numerales que contienen el sistema tributario de los derechos de inscripción reclamados; por lo cual, es evidente que expresó por qué consideraba que aquellos preceptos legales eran contrarios a la Carta Magna.

La propia Juez a quo al emitir la sentencia combatida, sigue diciendo el recurrente, reconoció que el quejoso expresó un razonamiento con el que pretendía la declaración de inconstitucionalidad de los referidos artículos 149 y quinto transitorio, sin embargo, para sobreseer sustentó que el agraviado no tenía razón en su alegación, porque la inconstitucionalidad de una norma no podía derivar de la contrariedad de otro artículo, sino únicamente de la contravención a la Constitución; es decir, la juzgadora dio contestación a un argumento de fondo, expresando una razón para declararlo infundado y sobreseer por lo que hace a los citados numerales, violando con ello las normas del procedimiento.

Los argumentos que anteceden devienen infundados, en atención a las razones siguientes:

El quejoso al reclamar la inconstitucionalidad de los artículos 149 y quinto transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, se concretó a alegar que dichos numerales se aplicaron como consecuencia directa e inmediata de la aplicación de los artículos 79, fracción II y 82, fracción IV, del invocado ordenamiento legal; esto es, como exactamente lo estimó la Juez a quo en la sentencia recurrida, el agraviado omitió expresar argumento suficiente que pudiera ser considerado como un verdadero concepto de violación, tendente a demostrar la inconstitucionalidad de los numerales citados en primer término, pues la inconstitucionalidad de dichas normas no puede hacerse depender de la de otros artículos, ya que su inconstitucionalidad está en función a la transgresión directa a los preceptos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, los términos de la propuesta que el quejoso formuló, como pretendido aspecto de constitucionalidad de las citadas disposiciones legales, resulta insuficientemente integrado para llegar a tener el carácter de un verdadero concepto de violación, ya que la impugnación suficiente de una norma legal, en función del aspecto de su constitucionalidad, requiere que se base en premisas esenciales mínimas a satisfacer en la demanda de amparo que en el caso no ocurre.

Esto es así, pues en el presente asunto existía la necesidad de que las normas legales señaladas como reclamadas (artículos 149 y quinto transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila), debían ser impugnadas en confrontación expresa con una disposición específica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante concepto de violación suficiente, y no hacer depender su inconstitucionalidad de la de otras normas secundarias.

El silogismo requerido en tal situación se apoya en las premisas imprescindibles siguientes:

a) Señalamiento de la norma de la Carta Magna.

b) Invocación de la disposición legal secundaria que se designe como reclamada.

c) Conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente, que la ley impugnada resulta contraria a la hipótesis normativa de la norma constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance.

A partir del cumplimiento de precisión de las anteriores premisas esenciales, surgirá la actualización de la pauta para la conclusión del silogismo y establecer, de esa manera, el problema constitucional, así como la procedencia de la declaración respectiva en torno a la ley secundaria.

Si no se satisfacen las premisas medulares que se han indicado, el señalamiento de la ley reclamada y el concepto de violación que no indica el marco y la interpretación de una disposición constitucional que pueda transgredir aquélla, resultan motivos de insuficiencia, que desestiman la actualización de un verdadero concepto de violación.

En la especie, el contexto del motivo de inconformidad expresado por el quejoso en torno a la inconstitucionalidad de los artículos 149 y quinto transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, evidencia la falta de invocación de la norma constitucional, así como del derecho que ella tutele, que en su caso sea con la que pudiera existir una contraposición de dichas disposiciones legales secundarias reclamadas. En particular, se omite establecer el marco de una norma específica de la Carta Magna, respecto de la cual pudiera constituirse su rebasamiento o contraposición.

Así, en el presente caso el quejoso incumplió con la carga de demostrar la pretendida inconstitucionalidad de los ordenamientos legales reclamados, al no confrontarlos con una disposición de la Carta Magna, que sea detallada en su contexto y alcance jurídico, como resulta ser una premisa esencial que debe satisfacerse para que se estime actualizado un formal problema de constitucionalidad.

En tales condiciones, es de concluirse que como motivo de problema constitucional, no se dieron las bases por el agraviado, al no confrontar los citados numerales en relación con una norma específica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del derecho tutelado por éste, que pudiera contraponerse o rebasarse en su marco y, por tanto, en modo alguno puede estimarse que las alegaciones antes destacadas tengan la conformación de un verdadero concepto de violación; de ahí que la Juez de Distrito hubiese estado en lo correcto al haber estimado actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 116, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseyendo en el juicio ante la ausencia de un capítulo de queja enderezado a controvertir la constitucionalidad de los artículos 149 y quinto transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila.

Tiene aplicación a las consideraciones expuestas, la tesis de jurisprudencia P./J. 25/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, página 38, cuyos rubro y texto disponen:

"LEYES, INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS.-La inconstitucionalidad de una ley surge de su contradicción con un precepto de la Constitución y no de oposición entre leyes secundarias."

También apoya lo que se expone, aplicada por analogía, en lo conducente y sustancial, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 58/99, sostenida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 150, cuyos rubro y texto dicen:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA IMPUGNACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES LEGALES PRECISA DE REQUISITOS MÍNIMOS A SATISFACER.--La impugnación suficiente de una norma jurídica, en función del aspecto de su constitucionalidad, requiere que se base en premisas esenciales mínimas a satisfacer en la demanda de amparo directo. Esto es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracciones IV y VII de la Ley de Amparo, se advierte la necesidad de que la norma jurídica señalada como reclamada, deba ser impugnada en confrontación expresa con una disposición específica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante concepto de violación suficiente. La causa requerida en tal situación se apoya en los siguientes elementos imprescindibles: a) señalamiento de la norma de la Carta Magna; b) invocación de la disposición secundaria que se designe como reclamada y, c) conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente, que la ley impugnada resulta contraria a la hipótesis normativa de la norma constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance. A partir del cumplimiento de precisión de esos requisitos esenciales, surgirá la actualización del problema constitucional, así como la procedencia de la declaración respectiva en torno a la ley secundaria. Si no se satisfacen los requisitos medulares que se han indicado, el señalamiento de la ley reclamada y el concepto de violación que no indique el marco y la interpretación de una disposición constitucional que pueda transgredir aquélla, resultan motivos de insuficiencia, que desestiman la actualización de un verdadero problema de constitucionalidad de ley. En este orden, a la parte quejosa, dentro de la distribución procesal de la carga probatoria, incumbe la de demostrar la inconstitucionalidad de la ley o de un acto de autoridad, excepción hecha de los casos en que se trate de leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales en las que exista jurisprudencia obligatoria sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o cuando se esté en presencia de actos que sean inconstitucionales por sí mismos. Así la situación, deberá considerarse carente de la conformación de un verdadero concepto de violación, la simple enunciación como disposiciones constitucionales dejadas de aplicar, pues de ello no puede derivarse la eficiente impugnación de la constitucionalidad de leyes secundarias, en tanto que no existe la confrontación entre éstas y un específico derecho tutelado por la norma constitucional en su texto y alcance correspondientes."

Asimismo, es aplicable a fin de sustentar las anteriores consideraciones, la tesis de jurisprudencia 3a./J. 28/93, sostenida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 72, diciembre de 1993, página 38, cuyos rubro y texto establecen:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO.-Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo."

A mayor abundamiento, cabe decir que si bien es cierto la Juez de Distrito sobreseyó en el juicio respecto a los artículos 149 y quinto transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, por falta de un verdadero concepto de violación; también lo es que la concesión del amparo se hizo extensiva a las cantidades pagadas por concepto de fomento a la educación e impuesto adicional sobre los derechos que se causen por los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad, establecidos en dichos numerales reclamados; de ahí que en todo caso, ningún perjuicio se origina al quejoso con el referido sobreseimiento.

Alega el amparista en el segundo capítulo de queja de la demanda de garantías, que la sentencia recurrida fue emitida en contravención a lo dispuesto por los artículos 76, 77, 78, 79 y 80 de la Ley de Amparo, ya que la Juez a quo al establecer el efecto de la concesión del amparo en relación con la inconstitucionalidad de los numerales 79, fracción II y 82, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, que hace extensivo al pago de las cantidades erogadas por concepto de fomento a la educación e impuesto adicional sobre los derechos que se causen por los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad, fue omisa en determinar que la devolución de las cantidades cubiertas por esos conceptos, debería ser con la actualización conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y sus respectivos intereses mensuales, desde el momento del pago hasta que se hiciera la devolución de esas cantidades, en virtud de que conforme a las leyes fiscales correspondientes, al concederse el amparo para desvincular al quejoso de cubrir tales tributos, lo que procede es la devolución de lo indebidamente pagado, con la actualización correspondiente y sus respectivos intereses.

El agravio en cuestión resulta infundado; ello es así, ya que si bien es cierto que en relación a los artículos 79, fracción II y 82, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, la Juez de Distrito decretó su inconstitucionalidad concediendo al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que no se aplicaran en su perjuicio dichas normas y se devolvieran las cantidades de $8,267.00 (ocho mil doscientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.) y $4,149.00 (cuatro mil ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), que exhibió el siete de abril de dos mil seis, por conceptos de pagos de derechos de inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad, fomento a la educación e impuesto adicional; no menos cierto es, que la Juez Federal estuvo en lo correcto al conceder el amparo en los términos antes precisados, pues de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 80 de la ley de la materia, el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20130-175b678c/derechos-por-inscripcion-o-registro-de-documentos-relativos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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