SENTENCIA RECLAMADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE CONTIENE CONDENA EN COSTAS. EL PRINCIPIO DE CONTINENCIA DE LA CAUSA OBLIGA AL JUZGADOR A ESTUDIAR LA RESOLUCIÓN EN SU INTEGRIDAD, AUNQUE DESCANSE EN ACTOS QUE POR SÍ SOLOS NO SEAN DE EJECUCIÓN IRREPARABLE.
AMPARO EN REVISIÓN 270/2006. JOSÉ ABRAHAM ESQUER GONZÁLEZ Y OTRO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Son ineficaces en parte y fundados pero inoperantes en otra los agravios expresados por los inconformes, los cuales por cuestión lógica serán analizados en orden diverso a como fueron planteados.
Los recurrentes aducen en sus agravios que en el punto resolutivo se omitió establecer de manera clara y precisa, tal como lo ordena el artículo 77, fracción III, de la Ley de Amparo, el considerando con base en el cual se emitió, lo que torna a la sentencia recurrida deficiente e ilegal.
El artículo 77 de la Ley de Amparo establece:
"Artículo 77. Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener:
"I. La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados;
"II. Los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado;
"III. Los puntos resolutivos con que deben terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que sobresea, conceda o niegue el amparo."
Del precepto reproducido se observa que en los puntos resolutivos de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, se debe establecer con claridad y precisión el acto o actos por lo que se sobresea, concede o niegue el amparo, mas no obliga a hacer referencia al considerando con base en cual se emite el punto resolutivo, pues basta para cumplir con el imperativo previsto en la fracción III del citado numeral, que se señale el acto o actos reclamados en el juicio y la conclusión respectiva, es decir, si se sobresee, niega o concede la protección federal solicitada.
Ello es así, porque los puntos resolutivos o dispositivos de la sentencia, son aquellos que contienen la decisión de las cuestiones controvertidas en el juicio, esto es, la enunciación del efecto jurídico querido por el Juez y, por tanto, consisten en el acercamiento o en la modificación de la situación jurídica sobre lo que ha sido llamado a proveer.
En ese contexto, si en la especie, en el juicio de amparo se reclamó un solo acto atribuido a la Primera Sala Unitaria Civil del Estado, es indudable que el Juez Federal cumplió con el imperativo establecido en el artículo 77, fracción III, de la Ley de Amparo, al negar en el único punto resolutivo de la sentencia recurrida la protección federal solicitada; de ahí lo infundado del agravio que se analiza.
Es aplicable, en lo conducente, la tesis aislada LXXVII/89, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 363, Tomo III, Primera Parte, enero a junio de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza:
"SENTENCIA, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA. CUMPLE CON ESOS REQUISITOS SI EN SUS RESOLUTIVOS DECRETA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO EN TÉRMINOS DE LOS CONSIDERANDOS RELATIVOS DE LA MISMA. No viola el artículo 16 constitucional la sentencia que en sus resolutivos decreta el sobreseimiento en el juicio en términos de los considerandos relativos de la misma, si en éstos se expresan los motivos por los que se declara dicho sobreseimiento y se citan los fundamentos legales que lo apoyan."
Por otra parte, los recurrentes manifiestan que el Juez emitió una sentencia incongruente y con falta de exhaustividad, ya que, en su opinión, no puede declararse inoperante el tercer concepto de violación, sin analizar la resolución reclamada ni los argumentos tomados en cuenta por la Sala para condenar al pago de gastos y costas, dado que al controvertirse los fundamentos y consideraciones del fondo del acto reclamado, con ello se combatió la base para emitir la condena en costas, pues ésta es consecuencia de la confirmación de la interlocutoria primigenia.
Aducen que como la condena al pago de gastos y costas es un acto de imposible reparación, y ésta es consecuencia de lo resuelto en la sentencia reclamada, a fin de determinar su constitucionalidad, en su opinión, es menester analizar los conceptos de violación que controvertían la sentencia reclamada, por falta de motivo y fundamento.
Agregan que si el Juez determinó que era procedente el amparo, porque una parte del acto reclamado era de imposible reparación y en función de que no se podía dividir la continencia de la causa, deviene incongruente que haya declarado inoperantes los conceptos de violación, debido a que no son materia del amparo indirecto, no obstante que la condena en costas es consecuencia de haber declarado improcedente el recurso de apelación, por lo que en su concepto, era ineludible examinar la constitucionalidad de esa determinación, por ser consecuencia de aquella condena que causa un agravio irreparable.
Es fundado pero inoperante el agravio.
En efecto, si el Juez Federal determinó que la sentencia interlocutoria reclamada causaba a los quejosos un agravio de imposible reparación para los efectos del amparo, porque contenía una condena en costas, debió atender en su integridad tal acto y examinar los conceptos de violación expuestos contra las consideraciones de la resolución reclamada, que llevaron a la Sala responsable a declarar improcedente el recurso de apelación, en función de que la condena en costas es consecuencia de la confirmación de la interlocutoria primigenia, pues tiene como sustento lo ineficaz de los agravios hechos valer en aquel recurso.
El principio de congruencia consiste en que las sentencias deben atender todos los planteamientos de la litis, tal como quedó formulada por medio de los escritos de demanda, contestación, réplica y dúplica, en su caso; además de desarrollar su estructura de manera lógica, debiendo existir correspondencia entre el estudio y los puntos resolutivos.
Ilustran la anterior idea, los siguientes criterios:
"CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. EN QUÉ CONSISTE ESTE PRINCIPIO. La congruencia significa conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás pretensiones deducidas oportunamente por las partes." (Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes: 217-228, enero a diciembre de 1987, Cuarta Parte. Página: 77).
"SENTENCIAS DE AMPARO, PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS. De los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo se desprende que los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en las sentencias de amparo, en esencia, están referidos a que éstas sean congruentes no sólo consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, tratándose del juicio de amparo contra leyes, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados, sin introducir consideraciones ajenas que pudieran llevarlo a hacer declaraciones en relación con preceptos legales que no fueron impugnados." (Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XII, agosto de 2000. Tesis: 1a. X/2000. Página: 191).
Como consecuencia, existen diversas situaciones por las cuales no se cumple con el principio de congruencia, entre otras, las siguientes:
• Cuando el fallo contiene determinaciones contradictorias entre sí;
• Cuando concede al actor más de lo que pide;
• Cuando no resuelve todas las cuestiones planteadas en la litis o resuelve puntos que no figuran en ella.
Correlativamente, el principio de exhaustividad, referido a resoluciones dentro de procedimientos ordinarios, está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate.
La resolución reclamada, como acto de naturaleza judicial o jurisdiccional, debe contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto, conforme al principio de congruencia establecido, entre otros, por los artículos 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, y al de exhaustividad que obliga a la responsable a dirimir todas las cuestiones litigiosas; asimismo, la función de decidir el derecho implica que la sentencia debe emitirse en un solo acto, que contenga y dé respuesta a todos los puntos de la litis, relacionados con el recurso de apelación.
Similar obligación reside en el Juez Federal, según se estableció al tenor de lo dispuesto en los numerales 77 y 78 de la Ley de Amparo, en los que radican los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de garantías y que, en esencia, están referidos a que éstas sean congruentes no sólo consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos.
Precisado lo anterior, deviene violatorio del principio de congruencia lo estimado por el Juez Federal, en el sentido de declarar inoperantes los conceptos de violación contra las consideraciones distintas a la condena en costas, porque a su juicio deben ser combatidos como violación procesal en amparo directo.
De la lectura de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, se puede concluir que cuando se plantean violaciones cometidas durante un procedimiento, por regla general, son reclamadas en amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo; empero, cuando los actos en el juicio tienen una ejecución de imposible reparación, de modo tal que la afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el controvertido, procede entonces reclamarlas, desde luego, en amparo indirecto.
Ahora, en el caso concreto, el acto reclamado es de imposible reparación, y ello es así porque, si bien el acto destacado consiste en una resolución interlocutoria de segundo grado, misma que resuelve improcedente un incidente atípico o no especificado, dicho fallo condena a los apelantes al pago de los gastos y costas, lo que evidentemente se torna como de imposible reparación en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que no podrá analizarse con posterioridad dicha condena, pues aunque la sentencia definitiva fuera favorable a los quejosos, no se ocuparía de este aspecto y menos los eximiría de realizar aquel pago de gastos y costas por la apelación de la que deriva el acto reclamado, afectándose de este modo de manera cierta y directa sus derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal.
Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, el criterio sustentado en la tesis III.5o.C.7 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 973, Tomo XVII, febrero de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SE CONSIDERA PARA EFECTOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ADEMÁS DE RESOLVER SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON EL OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, CONDENA AL PAGO DE GASTOS Y COSTAS. La resolución dictada con motivo de la apelación interpuesta en contra de diversos proveídos relacionados con el ofrecimiento de pruebas, que condenó al pago de gastos y costas, constituye, en cuanto a esto último, un acto de imposible reparación en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que no podrá analizarse con posterioridad, pues aunque la sentencia definitiva fuera favorable al quejoso, no se ocuparía de este aspecto y menos lo eximiría de realizar aquel pago de costas por la apelación de la que deriva el acto reclamado, afectándose de este modo de manera cierta y directa sus derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal; además, tal condena no podría combatirse como violación procesal en el amparo directo por no encontrarse en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 159 de la ley en cuestión, lo que hace que se actualice la procedencia del juicio de amparo biinstancial. Por otro lado, aun cuando la materia del fondo del recurso de apelación sí constituye, por regla general, una violación procesal reclamable en el amparo directo, lo cierto es que, se reitera, al condenarse en la propia resolución al pago de costas, se actualiza un caso de excepción a dicha regla, ya que para analizar la procedencia o improcedencia de tal condena debe partirse de lo resuelto en cuanto al fondo del propio recurso de apelación, por lo que sí procede el amparo indirecto."
Ahora bien, en divergencia a lo considerado por el Juez, no es motivo para desvincular el estudio de la condena en costas, la circunstancia de que la determinación de fondo contenida en la resolución reclamada sea un acto en el juicio cuya ejecución no produce de manera inmediata un perjuicio a la esfera jurídica de los impetrantes, porque para analizar la obligación pecuniaria impuesta (gastos y costas), debe partirse de la procedencia o no de la cuestión de fondo planteada, ante la indivisibilidad de la continencia de la causa.
Un criterio contrario implicaría aceptar la división o fraccionamiento de la función de decidir el derecho a cargo de la Sala responsable, toda vez que puede llegar al grado de que coexistan dos resoluciones que podrían ser incongruentes entre sí, pues en amparo indirecto podría confirmarse la condena en costas y quedaría firme, no obstante que al ser accesoria, se sustenta en la ineficacia de los agravios vertidos en la apelación; de ahí, que aun cuando en amparo directo se modificase la determinación adoptada por la Sala, no impactaría a la condena en costas, por haberse negado el amparo en la vía indirecta, lo que no es posible conforme a los principios de unidad que rigen a toda resolución.
En efecto, con el citado criterio se divide o fracciona la continencia de la causa, pues por un lado se analiza la condena en costas y, por otro, se niega el examen de las consideraciones que soportan tal condena (ineficacia del recurso de apelación), en lugar de atender y resolver todos los aspectos sometidos a consideración del Juez Federal, ya que a juicio de este Tribunal Colegiado, basta que la resolución reclamada sea de imposible reparación ante la condena en costas, para que se esté en condiciones de examinar y resolver sobre todos los puntos sometidos a su consideración.
Ello es así, porque la sentencia es una unidad indivisible que guarda una coherencia interna, motivo por el cual no es válido escindir su estudio a través de dos medios extraordinarios de defensa, la vía indirecta para costas ante el Juez de Distrito y la vía directa para el fondo de la cual emana aquella condena.
Es aplicable, por compartirse, la tesis aislada VI.2o.C.180 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 911, Tomo XVII, junio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:
"ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL PRINCIPIO DE CONTINENCIA DE LA CAUSA OBLIGA AL JUZGADOR A ESTUDIAR TODOS SUS COMPONENTES, AUNQUE ALGUNOS NO SEAN DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. En los juicios de amparo, tomando en consideración la unidad de la demanda y que se trata de un solo acto reclamado, no puede dividirse la continencia de la causa, esto es, no es posible examinar una parte de dicho acto y omitir el estudio de otra bajo el argumento de que la determinación contenida en una de ellas sí trae aparejada una ejecución de imposible reparación y lesiona los derechos de la agraviada, en tanto que las consideraciones en que se sustenta la segunda parte no ocasiona una afectación de tal naturaleza, por tratarse de una violación procesal reclamable en el juicio de amparo directo que llegare a promoverse en contra de la sentencia definitiva, puesto que al ser procedente la vía indirecta en la primera hipótesis referida, ello es suficiente para que la autoridad jurisdiccional que conozca del juicio constitucional emprenda el estudio del resto de los argumentos que conforman el acto reclamado, aunque estos últimos no ocasionen una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la quejosa."
También sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis aislada I.9o.C.5 K, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 762, Tomo III, junio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario se copia enseguida:
"ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. LO CONSTITUYE EL DESECHAMIENTO DE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA QUE IMPUSO MULTA Y CONDENÓ EN COSTAS. Si para el desechamiento de la demanda de amparo únicamente se atiende a la improcedencia de la excepción de incompetencia planteada por declinatoria, sin atender también a la imposición de una multa y la condena en costas, consecuencia de aquella determinación, es incorrecto no considerar el acto como de imposible reparación, cuando de hecho se dividió la continencia de la causa, al no atender a la multa y a las costas, íntimamente relacionadas con la cuestión de competencia."
Como corolario de lo anterior, al advertir que fue incorrecto que en la sentencia recurrida se hubieran declarado inoperantes los conceptos de violación distintos a la condena de gastos y costas, y se hubiese omitido su estudio, lo procedente es reasumir jurisdicción y examinar tales agravios.
QUINTO. Del capítulo de conceptos de violación de las sendas demandas de garantías, se desprende la similitud de inconformidades, al tenor siguiente:
"... Primero. La autoridad responsable, mediante el acto reclamado, vulnera la garantía de legalidad prevista en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues sin una motivación ni fundamentación adecuada confirma la sentencia interlocutoria de fecha 8 de agosto de 2005, emitida dentro del expediente número 50/2005 por el Juez Tercero de lo Civil en el Estado de Nuevo León y, con lo anterior, me causa un agravio de imposible reparación, pues deja materialmente sin efecto las consignaciones que el suscrito he hecho para liberarme de la obligación de pago que se me reclama.
"Es indebida la fundamentación y motivación del acto que reclamo, pues mediante una incorrecta motivación se dejan de aplicar los artículos 561 y 564 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, no obstante que los citados artículos eran los aplicables.
"Así es, el acto reclamado está indebidamente fundado, producto de una incorrecta motivación, ya que aun cuando las reglas aplicables al incidente que dio origen al recurso en que se emitió el acto impugnado eran las relativas a un incidente atípico, la responsable sostiene que lo que se presentó fue una acumulación y, consecuentemente, emite el acto reclamado sin aplicar las reglas relativas a un incidente atípico.
"Así las cosas, la responsable motiva incorrectamente el acto impugnado, sosteniendo que:
"1. Que lo que pretendió el alcista (ahora quejoso) es lo que en doctrina se conoce como acumulación de autos, la cual tuvo como propósito que las consignaciones de pago efectuadas ante el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, tuvieran efecto dentro del juicio especial sobre cuestiones de arrendamiento en que se actúa.
"2. Que de acuerdo al tratadista Rafael de Pina Vara, acumular significa ‘reunir una diversidad de funciones, actos, penas, acciones, con alguna finalidad determinada y concreta’ y que la acumulación de autos es la ‘reunión de los autos de varios procesos con objeto de resolver en una sola sentencia las pretensiones formuladas en los mismos’.
"3. Que la acumulación obedece a la relación existente entre los objetos de dos o más procesos y que cuando existe conexidad en dos o más procedimientos el demandado puede formular una petición al tribunal, en el sentido de que el juicio promovido por el actor se acumule a otro juicio.
"4. Que el maestro José Ovalle Favela señala que ‘a través de la petición de acumulación por conexidad se trata de evitar que dos litigios diversos, pero conexos, sean resueltos en forma separada, a través de sentencias distintas que puedan resultar, incluso, contradictorias’.
"5. Que desde el punto de vista jurídico, las finalidades que se persiguen con la acumulación de autos son dos: obtener la economía en los juicios y que se eviten sentencias contradictorias.
"6. Que la institución jurídico procesal de la acumulación atiende a la necesidad de evitar el dictado de fallos contradictorios.
"7. Que la acumulación procede cuando la sentencia que haya de dictarse en uno de los juicios produzca excepción de cosa juzgada en el otro, cuando hubiere pendientes juicios distintos sobre un mismo objeto o cuando de seguirse separadamente los juicios se divida la continencia de la causa, y que no procederá la acumulación cuando los juicios estén sujetos a diversos procedimientos.
"De lo anterior se puede apreciar el error en la motivación del acto reclamado, pues las reglas aplicables eran las de un incidente atípico, no de una acumulación, lo anterior pues la acumulación, debe cumplir las siguientes características:
"1. Que exista identidad de personas, de cosas y de acción; o identidad de personas y de cosas aun cuando la acción sea diversa; que haya identidad de personas y de acciones, aunque las cosas sean distintas y las acciones provengan de una misma causa; aunque se den contra muchos y haya diversidad de personas.
"2. Que la finalidad de dicha figura procesal es:
"a. Por un lado, obtener economía en los juicios; y, por otro,
"b. Evitar que se dicten en juicios diversos fallos contradictorios.
"Así las cosas, se puede concluir que el incidente promovido por el suscrito, del que deriva la apelación en que se emitió el acto reclamado, no es una acumulación como erróneamente se sostiene en dicho acto, pues:
"1. Al no haber una tramitación especial para lo solicitado, lo que se promovió fue, como oportunamente se hizo valer, un incidente atípico.
"En efecto, en el incidente atípico que dio origen al recurso de apelación, cuya resolución se reclama de inconstitucional, se solicitaba se atrajera el expediente 1016/2004, llevado a trámite en el Juzgado Quinto de lo Civil, a fin de que las consignaciones realizadas a favor de Epigmenio Garza Rodríguez (ahora tercero perjudicado), por concepto de pago de rentas del inmueble señalado en el documento base de la acción, constaran en el expediente 50/2005, pues en ese expediente, la misma persona (Epigmenio Garza Rodríguez) está reclamando el pago de rentas por el mismo inmueble. Lo anterior a fin de que se diese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, que consagra el derecho de los demandados de probar sus excepciones por todos los medios probatorios que tengan a su alcance, siempre que estén previstos en la ley.
"En suma, no hay en la codificación adjetiva en el Estado, un procedimiento para hacer constar en un juicio especial de arrendamiento el pago de las rentas que se reclaman, aun cuando dichas rentas se hayan consignado oportunamente en otro expediente; precisamente por esto, a fin de salvaguardar el derecho consagrado en el artículo 223 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, es que se promovió un incidente atípico no una acumulación.
"2. No se está en presencia de una acumulación, pues la acumulación procede cuando se está en presencia de litigios, y no existe figura alguna para atraer un acto prejudicial a un litigio.
"Así es, lo que se pretendía con el incidente planteado era hacer constar las consignaciones de rentas que como obligación de tracto sucesivo se generan mes con mes. En esta tesitura es que el suscrito, para poder hacer uso del derecho consagrado a mi favor en el artículo 223 del Código de Procedimientos Civiles, a fin de demostrar la excepción de pago que hice valer en la contestación ad cautelam, formulada en el expediente 50/2005, llevado a trámite en el Juzgado Tercero de lo Civil, planteé (sic) la incidencia atípica, pues la forma de hacer valer mis derechos procesales consistentes en la excepción de pago generada mes con mes, es consignar las rentas adeudadas en el Juzgado en que se me reclama dicho pago.
"Más aún, se pone de manifiesto la incongruencia en la motivación del acto reclamado por la autoridad responsable, pues:
"1. No obstante sostiene que la acumulación implica que haya dos litigios, y que el suscrito hice valer un incidente atípico a fin de que constara en autos la excepción, deja de aplicar las reglas relativas al incidente atípico y pretende aplicar las de la acumulación.
"En efecto, la incongruencia de la motivación de la responsable puede advertirse de una lectura de lo sostenido por dicha autoridad en el considerando cuarto de la resolución que se le reclama, en la que expresamente determina que:
"‘No es dable decretar la acumulación de los procedimientos, pues una correcta intelección de las tres fracciones del artículo 568 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, nos permite establecer que la acumulación solamente es procedente en tratándose de juicios, vocablo jurídico que implica una controversia o discusión sobre una causa, ventilado ante y por el Juez competente, con la finalidad de obtener sentencia que ponga fin a la controversia, definiendo el derecho de las partes.
"‘... no puede establecerse que las diligencias preliminares de consignación constituyan un juicio, pues éstas constituyen medios preparatorios de juicios, generalmente para prueba ...
"‘Consecuentemente, ante la diferenciación de lo que constituye un juicio y los medios preparatorios del juicio, es claro que el segundo no puede acumularse al primero ...’
"Es evidente la incongruencia del acto reclamado pues, por un lado, la autoridad sostiene que para que haya acumulación, es necesario que se trate de dos juicios y, por otro lado, aun cuando el suscrito presenté un incidente atípico, precisamente por no ser procedente una acumulación, deja de aplicar las reglas dispuestas en la codificación adjetiva para los incidentes atípicos.
"2. De la misma manera se pone en evidencia la incongruencia de la resolución reclamada si se analiza que la responsable en el mismo considerando cuarto del acto reclamado, sostiene que:
"‘No procede la acumulación, en virtud de que los autos que se pretenden acumular se encuentran sujetos a diversos procedimientos ...
"‘Es decir, el primer procedimiento participa de naturaleza prejudicial, puesto que es el medio que tiene el deudor para librarse de sus obligaciones mediante el depósito de la cosa, en aquellos casos en los que el acreedor rehusare recibir la prestación debida o a dar el documento justificativo de pago ... por otro lado, el segundo de los procedimientos que se pretende acumular participa de naturaleza contenciosa ...’
"De una lectura a lo anteriormente transcrito, se hace patente la incongruencia en la motivación del acto reclamado, pues por un lado la misma responsable demuestra que lo reclamado por el suscrito mediante un incidente atípico no es una acumulación, y por otro lado confirma la resolución del a quo en el expediente de origen dejando de aplicar lo dispuesto para los incidentes atípicos.
"En cuanto al principio de congruencia que debe regir toda resolución judicial, el Poder Judicial Federal ha emitido diversos criterios jurisprudenciales que fortalecen mi argumento, por lo que a continuación me permito invocarlos:
"‘Registro No. 184268
"‘Localización:
"‘Novena Época
"‘Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: XVII, mayo de 2003
"‘Tesis: I.6o.C. J/42
"‘Página: 1167
"‘Jurisprudencia
"‘Materia (s): Civil
"‘SENTENCIAS, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS. El principio de congruencia previsto en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, consiste en que la autoridad resuelva sobre todas y cada una de las cuestiones oportunamente sometidas a su consideración.
"‘SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. ’
"‘Registro No. 198165
"‘Localización:
"‘Novena Época
"‘Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: VI, agosto de 1997
"‘Tesis: XXI.2o.12 K
"‘Página: 813
"‘Tesis Aislada
"‘Materia (s): Común
"‘SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA. El principio de congruencia que debe regir en toda sentencia estriba en que ésta debe dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo, la interna. En la especie, la incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna, puesto que se señalan concretamente las partes de la sentencia de segunda instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmándose que mientras en una parte se tuvo por no acreditada la personalidad del demandado y, por consiguiente, se declar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20155-82ed12a6/sentencia-reclamada-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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