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Modo: Corpus Pro

ENERGÍA ELÉCTRICA. PARA PROCEDER AL CORTE DEL SERVICIO POR FALTA DE PAGO OPORTUNO DURANTE UN PERIODO NORMAL DE FACTURACIÓN, LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NO REQUIERE DEL CONSENSO DEL AFECTADO NI DE ACUDIR ANTE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 261/2007. · Registro digital (IUS): 21236
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ALFONSO MORALES BARTOLO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, , Pág. 903.

AMPARO EN REVISIÓN 261/2007. ALFONSO MORALES BARTOLO.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Son ineficaces por una parte y fundados por otra los conceptos de violación.

En una parte de sus motivos de inconformidad el demandante de amparo sostiene esencialmente que como el contrato de suministro de energía eléctrica es de adhesión, cualquier controversia derivada de ese pacto con motivo de cobros indebidos por parte de la Comisión Federal de Electricidad debe resolverse por una autoridad judicial competente en la vía ordinaria mercantil, en virtud de que el suministro de fluido eléctrico es un acto de comercio en términos de la fracción V del artículo 75 del Código de Comercio.

Ahora, para sustentar lo infundado del disentimiento precisado, debe tenerse en cuenta que de conformidad con los artículos 7o., 8o. y 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la prestación del servicio público de energía eléctrica que corresponde a la Nación, estará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, la cual es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios y deberá suministrar dicho servicio público a todo el que lo solicite.

Asimismo, resulta oportuno destacar que los artículos 26, 30, 31, 32 y 34 del ordenamiento en consulta prescriben:

"Artículo 26. La suspensión del suministro de energía eléctrica deberá efectuarse en los siguientes casos:

"I. Por falta de pago oportuno de la energía eléctrica durante un periodo normal de facturación;

"II. Cuando se acredite el uso de energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medida;

"III. Cuando las instalaciones del usuario no cumplan las normas técnicas reglamentarias;

"IV. Cuando se compruebe el uso de energía eléctrica en condiciones que violen lo establecido en el contrato respectivo;

"V. Cuando se esté consumiendo energía eléctrica sin haber celebrado el contrato respectivo;

"VI. Cuando se haya conectado un servicio sin la autorización del suministrador.

"En cualesquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Federal de Electricidad procederá al corte inmediato del servicio, sin requerirse para el efecto intervención de autoridad. En los supuestos a que se refieren las fracciones I, III y IV que anteceden, se deberá dar aviso previo."

"Artículo 30. La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"Las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de éstos, serán aprobados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, oyendo a la de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Dichas formas de contrato se publicarán en el Diario Oficial de la Federación."

"Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía.

Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas."

"Artículo 32. El ajuste, modificación y reestructuración de las tarifas, implicará la modificación automática de los contratos de suministro que se hubieren celebrado.

"En ningún caso serán aplicables las tarifas, mientras no sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación y cuando menos en dos periódicos diarios de circulación nacional."

"Artículo 34. El contrato de suministro de energía eléctrica termina:

"I. Por voluntad del usuario;

"II. Por cambio de giro o características del mismo que impliquen la aplicación de tarifa diversa;

"III. Por cambio de propietario o arrendatario del inmueble, industria o comercio, en el caso de que sean usuarios; y

"IV. Por falta de pago del adeudo que requiere suspensión, dentro de los siguientes quince días naturales a la fecha en que se efectuó dicha suspensión."

La primera de las referidas normas jurídicas precisa las diversas hipótesis de suspensión del suministro de fluido eléctrico, entre las que se encuentra la falta de pago oportuno del servicio durante un periodo normal de facturación, así como la atribución de la Comisión Federal de Electricidad para proceder al corte inmediato, sin requerir la intervención de la autoridad, con la salvedad que en caso de falta de pago deberá dar aviso previo.

Asimismo, conforme a los citados artículos 30, 31 y 32 la venta de energía eléctrica se rige por las tarifas que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (quien también podrá ajustarlas o reestructurarlas), con la participación de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal (ahora Secretaría de Energía), y de Comercio y Fomento Industrial (ahora Secretaría de Economía), y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad.

De igual manera precisan que las condiciones de prestación de servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de éstos, serán aprobados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, oyendo a la de Energía, Minas e Industria Paraestatal, cuyas formas se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y el ajuste, modificación y reestructuración de las tarifas, implicará la modificación automática de los contratos de suministro que se hubieran celebrado.

Finalmente, el último de los numerales alude a las causas de terminación del contrato de suministro de energía eléctrica, entre las que se encuentra la falta de pago del adeudo que requiere suspensión, dentro de los quince días naturales a la fecha en que se efectuó dicha suspensión.

Ahora, conforme el anterior marco normativo se pone de manifiesto que, en efecto, como se alega en el concepto de violación, los contratos de suministro de energía eléctrica celebrados con la Comisión Federal de Electricidad son contratos de adhesión que se caracterizan por la ausencia de la voluntad en la contratación, puesto que una sola de las partes fija las condiciones del contrato a las que debe sujetarse la otra en caso de aceptarlo, lo que se patentiza con la circunstancia de que un tercero que no interviene en la relación contractual (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), es quien fija el importe de las tarifas, su ajuste o reestructuración y esas variantes se reflejan de manera automática en los contratos de suministro que se hubieran celebrado, todo lo cual evidencia que no se requiere del consentimiento del usuario para la eficacia del referido contrato.

Lo anterior fue definido por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página 28 del Volumen 67 Cuarta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ENERGÍA ELÉCTRICA. CONTRATOS DE SUMINISTRO DE. SON DE ADHESIÓN."

Empero, al contrario de lo que se expresa en el motivo de impugnación, las controversias que se susciten con motivo del contrato de adhesión, particularmente las que se deriven del cobro de suministro de energía eléctrica no se requiere de la intervención de la autoridad judicial, en virtud que el último párrafo del artículo 26 de la ley en consulta faculta a la Comisión Federal de Electricidad al corte inmediato del servicio por falta de pago oportuno durante un periodo normal de facturación sin intervención de autoridad, cuyo precepto al no hacer distinción alguna deben entenderse incluidas las judiciales.

Lo anterior significa que el proceder de dicho organismo público se erige en actos de autoridad puesto que afectan unilateralmente la esfera jurídica de los consumidores, lo que evidencia que ese tipo de relaciones no son de coordinación sino de supra a subordinación al imponerse la voluntad de la empresa paraestatal sin el consenso del afectado.

Las ideas antes mencionadas fueron sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 41/2002, que dio lugar a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 91/2002, consultable en la página 245 del Tomo XVI, agosto de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada:

"COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL APERCIBE AL CONSUMIDOR DE REALIZAR O REALIZA EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. La determinación por la cual la Comisión Federal de Electricidad apercibe de realizar o realiza el corte del suministro de energía eléctrica a los consumidores, constituye un acto de autoridad susceptible de impugnarse mediante el juicio de garantías, en virtud de que, con fundamento en las facultades que le otorga la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a través de dicho acto extingue unilateralmente una situación jurídica que afecta la esfera legal del gobernado, pues aunque la relación existente entre el particular y la referida comisión deriva de un contrato de adhesión, ello no significa que ambas partes se encuentren en un mismo plano, como particulares, sino en un nivel de supra a subordinación, al imponer el referido organismo su voluntad sin el consenso del afectado. Es decir, la citada comisión ejerce facultades de decisión que le están atribuidas en un ordenamiento legal y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que revela que dicho ente al emitir tal acto, es una autoridad para efectos del juicio de amparo; lo anterior no implica que en todos los casos la indicada comisión deba ser considerada como autoridad para tales efectos, sino sólo cuando ejerce facultades de decisión que le estén atribuidas por ley y que afecten la esfera de derechos del gobernado."

La potestad administrativa de la Comisión Federal de Electricidad para afectar la esfera jurídica de los gobernados que tengan contratado el servicio de energía eléctrica para suspenderles el servicio por falta de pago oportuno, por ende, que constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo fue reiterada por la mencionada Segunda Sala en la diversa tesis de jurisprudencia 2a./J. 66/2004, visible en la página 524 del Tomo XIX, mayo de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto, dicen:

"COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL ‘AVISO-RECIBO’ DE LUZ CONTIENE UN APERCIBIMIENTO IMPLÍCITO, QUE VÁLIDAMENTE PUEDE CONSIDERARSE ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, MAS NO SUSTITUYE AL ‘AVISO PREVIO’ QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. De conformidad con dicho precepto, la entrega del ‘aviso-recibo’ de luz que expide la Comisión Federal de Electricidad no sustituye la notificación del ‘aviso-previo’ o apercibimiento formal que se requiere para efectos de suspender el servicio de energía eléctrica, por falta de pago oportuno en un periodo normal de facturación, porque aun cuando aquél contiene un apercibimiento implícito, en la medida en que con la expresión ‘corte a partir de’ advierte anticipadamente al usuario de la consecuencia que puede derivar del incumplimiento de pago oportuno, lo cierto es que dicho aviso no sustituye al previo que exige la ley, toda vez que éste tiene como finalidad constatar formalmente el conocimiento del gobernado, respecto de los términos en que se genera su obligación de pago, a fin de que tenga oportunidad de defensa y asuma la consecuencia legal del incumplimiento a dicha obligación. De ahí que, aunque la ley exige un ‘aviso previo’ sin el cual no se debe suspender el servicio por falta de pago, no puede desconocerse que el recibo de luz contiene ya un apercibimiento de corte, de modo que también puede considerarse, válidamente, como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo."

Consecuentemente, carece de consistencia jurídica la apreciación de la parte quejosa al pretender que las controversias suscitadas entre el usuario y la Comisión Federal de Electricidad con motivo del corte del servicio público deban someterse a la potestad de un órgano jurisdiccional, pues ha quedado de manifiesto que el aludido organismo público, por disposición legal (artículo 26 de la ley en consulta), tiene atribuciones para proceder al corte inmediato de dicho servicio por falta de pago oportuno de energía eléctrica durante un periodo normal de facturación, sin intervención de autoridad alguna.

Por ende, con independencia de que el suministro de energía eléctrica sea o no un acto de comercio en términos de la fracción V del artículo 75 del Código de Comercio, se ha evidenciado que el indicado organismo público al apercibir al usuario de realizar el corte del servicio de suministro eléctrico por falta de pago oportuno o llevarlo a cabo tiene facultades decisorias para imponer su voluntad, sin el consenso del afectado, ni de la necesidad de acudir ante autoridad alguna.

De ahí que no resulten aplicables las tesis invocadas por la impetrante en el motivo de desacuerdo, puesto que, además de tratarse de criterios aislados emitidos por órganos de la misma jerarquía que el que resuelve por lo que su acatamiento no es obligatorio, este tribunal tiene el deber de observar la jurisprudencia antes transcrita de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, en torno a que la relación jurídica que existe entre el particular y el citado organismo público deriva de un contrato de adhesión en el que las partes no se encuentran en un mismo plano de igualdad, sino en un nivel de supra a subordinación, en virtud de que la Comisión Federal de Electricidad ejerce las facultades de decisión que le son atribuidas por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

En otra parte de sus conceptos de violación el quejoso alega que se viola en su perjuicio el artículo 16 de la Constitución Federal toda vez que el acto reclamado carece de motivación y fundamentación.

Aduce que fue ilegal que la autoridad responsable se concrete a señalar de manera unilateral la cantidad que debe pagar y que en caso de no hacerlo en la fecha límite de pago se realizará el corte definitivo de energía eléctrica a partir de una determinada fecha, con lo cual no se funda ni motiva debidamente el acto de autoridad.

El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y razón de ser que el justiciable conozca el "porqué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.

Esa interpretación se obtiene de la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 178, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca."

Ahora, la prueba documental aportada por el quejoso Alfonso Morales Bartolo consistente en el "aviso-recibo" 73 DP 09 V 01 731 0140, de seis de noviembre de dos mil seis, el cual constituye un apercibimiento por virtud al cual se conmina al usuario que de no cubrir el pago respectivo hasta el día veintisiete de noviembre de dos mil seis, se procedería al corte a partir del veintiocho siguiente, carece de los atributos de motivación y fundamentación, en la medida en que en tal documento no se cita dispositivo legal alguno, ni contiene las razones por las cuales se apercibe al consumidor con cortar el suministro de energía eléctrica.

En las relatadas condiciones, se impone conceder el amparo solicitado por Alfonso Morales Bartolo para el efecto de que la Comisión Federal de Electricidad con residencia en San Luis de la Paz, Guanajuato, deje insubsistente el "aviso-recibo" 73 DP 09 V 01 731 0140, de seis de noviembre de dos mil seis, sin perjuicio de que para el caso de que el demandante de amparo haya incurrido en alguna irregularidad la autoridad pueda actuar conforme a derecho, pero fundando y motivando su determinación.

Por otra parte, es innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación en los que la parte quejosa sostiene, esencialmente que:

a) Se viola su derecho de libertad al trabajo porque el cobro que se le hace por el servicio del suministro de energía eléctrica es excesivo, inexacto e injusto; que al superar sus posibilidades de pago no podrá realizar sus actividades agrícolas.

b) Se le deja en estado de indefensión por no dársele el derecho de estar presente al momento de la toma de lectura del consumo de energía eléctrica, la que fue realizada de manera unilateral por la Comisión Federal de Electricidad;

c) El efectuarse de manera equivocada la lectura del consumo de energía eléctrica fue la causa porque se le está cobrando indebidamente la suma de trescientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y ocho pesos; cantidad que, reitera, no puede cubrir dada su situación de campesino;

d) Debe existir equidad entre los diversos usuarios del servicio de energía eléctrica.

Se afirma que es innecesario el examen de esos motivos de disenso, en virtud de que dados los efectos otorgados a la concesión del amparo, la autoridad responsable deberá dejar sin efecto el acto reclamado en contra del cual expresa las ya precisadas alegaciones; pero además porque, para el caso que la Comisión Federal de Electricidad reitere su postura en el sentido de apercibir al quejoso de hacer el corte del suministro de energía eléctrica, entonces, dicha entidad paraestatal deberá expresar también suficientemente las razones que apoyen esa decisión a efecto de que el demandante de amparo esté en posibilidad de refutarlas.

En efecto, ello es así porque la consecuencia jurídica de esa concesión de la protección de la Justicia Federal implica la insubsistencia del referido aviso-recibo que expidió la Comisión Federal de Electricidad, lo que torna irrelevante si la determinación de la cantidad a pagar por concepto de consumo de energía eléctrica, señalada en el aviso-recibo, se efectuó de manera unilateral, con o sin oportunidad para que el quejoso se inconformara con ese procedimiento de medición, si la cuantificación y cobro, contenidos en ese documento, es indebido, inexacto o injusto, pues cualquiera que haya sido el método de obtención de los montos fijados como cantidades a pagar por consumo, su cuantificación, los términos expresados en los documentos de mérito, lo trascendente es que ese documento quedó insubsistente.

Luego, con respecto al argumento sintetizado en el inciso d) precedente, debe precisarse que al quedar insubsistente el aviso-recibo con motivo de la concesión del amparo, quedó también sin efecto la aplicación de lo que el quejoso denomina como "cuotas"; razón por la que no es factible analizar si éstas resultan excesivas o inequitativas, como se alegó en la demanda de garantías, pues, se insiste, al haberse decretado la insubsistencia del documento en el que se aplicaron las referidas "cuotas", es patente que desapareció cualquier afectación que las mismas pudieran haber generado al peticionario de garantías.

Resulta importante precisar que la quejosa no señaló en la demanda de amparo como acto reclamado destacado, la fijación de las tarifas que rigen la venta de energía eléctrica, la cual, conforme a lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía y de Economía, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad; razón por la cual ese aspecto debe analizarse desde un plano de legalidad.

Precisado lo anterior, cabe afirmar que no le asiste razón jurídica al quejoso al sostener que a otras personas que también reciben el servicio de energía eléctrica se les asignan "cuotas" más bajas, conforme a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, toda vez que tal afirmación no tiene sustento, habida cuenta de que, como ya se ha precisado, no es en ese ordenamiento en donde se fijan las tarifas que deben cubrir los usuarios.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 78, 80, 85, fracción II, 91, fracción I y 192 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Queda firme el sobreseimiento decretado respecto de los actos reclamados a la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en las ciudades de Celaya, Guanajuato y Querétaro, Querétaro, los cuales se hicieron consistir en el inminente corte del servicio de energía eléctrica.

SEGUNDO.-Se modifica la sentencia recurrida de treinta y uno de mayo de dos mil siete, dictada en el juicio de amparo número 1225/2006-B, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado.

TERCERO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Alfonso Morales Bartolo, en contra del acto reclamado a la Comisión Federal de Electricidad, con sede en San Luis de la Paz, Guanajuato, consistente en el inminente corte de suministro del servicio de energía eléctrica número 083040100965, en el bien inmueble ubicado en el rancho "El Tepeyac de Guadalupe", perteneciente al Municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato. El amparo se concede para el efecto indicado en la parte final del considerando séptimo de esta ejecutoria.

Notifíquese, anótese lo conducente en el libro de registro correspondiente; con testimonio de esta ejecutoria, vuelvan los autos respectivos a su lugar de origen y, en su oportunidad archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Alejandro de Jesús Baltazar Robles, Víctor Manuel Estrada Jungo y Lorenzo Palma Hidalgo, siendo ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21236-39fe6ec2/energia-electrica-para-proceder-al-corte-del-servicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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