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Modo: Corpus Pro

INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. NO PUEDE DESCONOCER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 186/2007. · Registro digital (IUS): 20353
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MANUEL AGÜERO RAMOS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, , Pág. 2381.

AMPARO EN REVISIÓN 186/2007. MANUEL AGÜERO RAMOS.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Por razón de método, se analizarán, en primer término, los agravios expuestos en los apartados primero, segundo y cuarto, los cuales pretenden combatir la determinación del Juez Federal que negó el amparo solicitado por el quejoso, hoy recurrente, argumentos que resultan inoperantes.

Ello es así, porque el hoy recurrente, a través de sus agravios, no combate la declaración de inoperancia decretada por el Juez Federal, es decir, no expone argumentación alguna para impugnar las consideraciones de la sentencia recurrida, pues sólo se concreta a abundar o profundizar en los razonamientos que expuso en sus conceptos de violación, sin combatir las consideraciones del fallo recurrido, que son del siguiente tenor:

"Los anteriores argumentos son inoperantes, toda vez que constituyen una repetición idéntica de los agravios formulados ante el tribunal ad quem, con motivo del recurso de apelación hecho valer contra la interlocutoria de veinticinco de enero de dos mil siete, que resolvió el incidente de liquidación de sentencia origen del presente amparo; además de que no controvierten las consideraciones en que se sustenta esa resolución, motivo por el que este órgano jurisdiccional no puede analizar el fallo de que se trata de manera oficiosa."

Asimismo, el Juez Federal precisó cuáles fueron las consideraciones que sustentan el acto reclamado en el juicio de garantías, las cuales no fueron combatidas por el quejoso, y que son del siguiente tenor:

"En el primer motivo de inconformidad ... deviene infundado ya que tal y como se desprende de las constancias procesales que se tienen a la vista, las cuales merecen pleno valor probatorio ... como lo adujo el a quo en la sentencia definitiva, en el resolutivo tercero, se condenó a la demandada al pago de los servicios de teléfono, luz, agua y mantenimiento del inmueble arrendado de los meses de enero a junio de dos mil cuatro, siendo que la constancia de fecha veintitrés de septiembre de dos mil cuatro la cantidad de $2,574.00 abarca los servicios de mantenimiento del inmueble arrendado, pero en ellas se incluye los meses de julio, agosto y septiembre de dos mil cuatro, meses diversos a los que fue condenada la demandada en el resolutivo antes citado, por tanto, dichos meses no podían cuantificarse sino únicamente los condenados, es decir, de enero a junio de dos mil cuatro, los cuales a razón de $250.00, lo que arroja la cantidad total de $1,500.00 como lo consideró el a quo, y si bien en dicho documento se contempla el consumo de gas, tal y como se desprende del resolutivo tercero de la sentencia definitiva, sólo se contempló los conceptos de teléfono, energía eléctrica, agua y mantenimiento, pero en el mismo no se especificó el consumo de gas; por tanto, es evidente que no podía incluirse el mismo en la resolución combatida. Por cuanto hace al pago de energía eléctrica como lo señaló el inferior, sólo existen constancias de autos, un citatorio de la Compañía de Luz y Fuerza dirigido al arrendador y en el que le informa que el consumo de dicho servicio asciende a la cantidad de $3,106.00, por lo que la cantidad reclamada por el actor no encontró sustento legal alguno, pues tal y como fueron sumados los diversos conceptos y por mantenimiento es ajustada la condena impuesta por el a quo. En el segundo motivo de inconformidad ... deviene infundado en primer término y en cuanto a la cuantificación de los intereses moratorios, si bien como lo aduce el apelante, en el contrato basal en la cláusula primera se pactó que los intereses se causarían a razón del 2.5 por ciento sobre saldos insolutos, ello fue referido únicamente a la falta del pago de las rentas y no a cualquier otro concepto, es decir, contrario a lo que argumenta el inconforme, no fue pacto expreso el que el resultado de los cálculos de intereses por mensualidades arrendadas en el pago de la renta se capitalizaran, por tanto, la cuantificación hecha por este concepto por el inferior se encuentra ajustado a derecho y en los términos del basal. En segundo término también resulta infundado el agravio en relación a que el inferior ordenó que de la cantidad total por la que se aprobó la planilla se debería aplicar la cantidad consignada en el billete de depósito ya referido, ello en virtud de que así fue ordenado en la sentencia definitiva en su resolutivo segundo, por lo que, al ser cosa juzgada el a quo no puede variar la forma en que se ordenó fuera tomado el billete de depósito en mención, por lo que en su caso y en el momento procesal oportuno debió impugnar la sentencia en donde se contiene el resolutivo que ordena que fuera tomado en consideración el billete ya mencionado."

Consideraciones que sostienen la resolución reclamada en el juicio de garantías, y que el Juez de Distrito determinó en la resolución recurrida que no se combatían con los argumentos que se hicieron valer en vía conceptos de violación, porque constituían una repetición de los agravios que hizo valer el entonces apelante al interponer su recurso de apelación.

Bajo ese orden de ideas, era en esta instancia revisora que el quejoso, hoy recurrente, debió combatir la declaración de inoperancia, pero no profundizando o abundando los argumentos que hizo valer como conceptos de violación, sino precisando cuáles fueron los argumentos con los cuales combatía las consideraciones de la resolución reclamada. Cuestión que no sucedió en la especie, pues de una lectura a los agravios expuestos sólo se advierte que el inconforme repite reiteradamente la forma en que a su parecer, debían calcularse los intereses sobre saldos insolutos, sin combatir las razones por las cuales la ad quem estimó que no procedía el cálculo realizado en los términos que pretendía el incidentista. Además, la recurrente no combate otras consideraciones medulares del fallo reclamado, relativas al porqué no procedía el pago de la cuota de gas, y por qué no se podía tomar en consideración la cantidad que aparecía en un citatorio de la Compañía de Luz y Fuerza dirigido al arrendador y en el que le informa que el consumo de dicho servicio ascendía a la cantidad de $3,106.00; de ahí, lo inoperante de los argumentos.

Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. CXXIII/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 252, que dice:

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que una de las modalidades de la inoperancia de los agravios radica en la repetición de los argumentos vertidos en los conceptos de violación. Al respecto, conviene aclarar que si bien una mera repetición, o incluso un abundamiento en las razones referidas en los conceptos de violación, pueden originar la inoperancia, para que ello esté justificado es menester que con dicha repetición o abundamiento no se combatan las consideraciones de la sentencia del Juez de Distrito. Este matiz es necesario porque puede darse el caso de que el quejoso insista en sus razones y las presente de tal modo que supongan una genuina contradicción de los argumentos del fallo. En tal hipótesis la autoridad revisora tendría que advertir una argumentación del Juez de amparo poco sólida que pudiera derrotarse con un perfeccionamiento de los argumentos planteados ab initio en la demanda. Sin embargo, también puede suceder que la repetición o abundamiento de los conceptos de violación no sea más que un mero intento de llevar sustancia a la revisión, siendo que las razones sostenidas tanto en los conceptos de violación como en los agravios ya fueron plenamente respondidas por el juzgador. En estos casos, la autoridad revisora debe cerciorarse de que el fallo recurrido presenta una argumentación completa que ha contestado adecuadamente todos los planteamientos de la demanda de amparo, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, para estar en aptitud de declarar la inoperancia de los agravios al concluir que aun cuando el recurrente intenta abundar o profundizar sus conceptos de violación, con ello no combate la ratio decidendi del fallo recurrido."

Asimismo, este órgano jurisdiccional comparte el criterio establecido por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, en la tesis de jurisprudencia XIV.1o. J/6, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, página 1009, cuyos rubro y texto son:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CONTRA DECLARACIÓN DE INOPERANCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SON TAMBIÉN INOPERANTES SI NO SE RAZONA EN ÉSTOS EL ATAQUE QUE EN AQUÉLLOS SE HICIERA CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en la sentencia sujeta a revisión el Juez de Distrito declaró inoperantes los conceptos de violación enderezados contra la resolución reclamada, por no controvertirse los razonamientos torales de ésta, y en los agravios el recurrente omite demostrar cuáles fueron los argumentos que esgrimió para combatir las consideraciones del acto reclamado, y no ataca de ninguna otra manera los razonamientos que el Juez de amparo tomó en cuenta para concluir la inoperancia de los referidos conceptos de violación, es de concluirse que los agravios resultan también inoperantes."

Sólo a manera de abundamiento, es preciso aclarar al recurrente, lo siguiente:

Los incidentes de liquidación tienen como fin primordial, determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles relativos a esas prestaciones, que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución.

Asimismo, los incidentes de liquidación no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, sin atentar contra los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis y el de congruencia, o hacer nugatorias instituciones procesales tan esenciales como la de la cosa juzgada; de ahí que los incidentes de liquidación no puedan tener como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la sentencia definitiva, sino en su caso, la liquidación respectiva de lo que fue materia del juicio.

Bajo ese orden de ideas, resulta inoperante el argumento relativo a que no se puede tomar en cuenta la cantidad de $22,800.00 (veintidós mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), consignada en el billete de depósito K541102, para que sea aplicado a rentas, servicios e intereses, en virtud de que en el juicio natural se exhibieron copias certificadas de la sentencia emitida por el Juez Décimo Cuarto del Arrendamiento Inmobiliario en el Distrito Federal, en la cual se reconoce dicha cantidad como pago, por tanto, no se puede tomar dicha cantidad como pago en el juicio de donde deriva el acto reclamado, si anteriormente ya se había tomado en cuenta dicho billete de depósito en diverso juicio.

Este argumento, como se dijo, resulta inoperante, porque trata de controvertir lo decidido en la sentencia definitiva y, como ya quedó explicado en párrafos precedentes, el incidente de liquidación de intereses sólo tiene como fin primordial determinar con precisión la cuantía de la condena a la que quedó obligada la demandada Eva Ramírez García, con el propósito de perfeccionar la sentencia definitiva respecto a detalles que no se pudieron dilucidar en el juicio natural.

En la especie, en la sentencia definitiva de seis de noviembre de dos mil seis, que modificó la sentencia de primer grado, y que se encuentra firme por no haber sido impugnada, en el resolutivo tercero se condenó a la demandada al pago de lo siguiente:

"TERCERO. Se condena a Eva Ramírez García, al pago de los servicios por concepto de teléfono, energía eléctrica, agua y mantenimiento del inmueble arrendado de los meses de enero a junio de dos mil cuatro, pago que deberá hacer en el término de cinco días, contados a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable y, no haciéndolo así, le serán embargados bienes de su propiedad suficientes a garantizar el pago de dicha cantidad en términos de lo dispuesto por el artículo 507 del Código de Procedimientos Civiles; en el entendido de que la cantidad consignada mediante el billete de depósito K541102 deberá ser aplicada a rentas, intereses y servicios."

Conforme al resolutivo transcrito, existe una condena respecto al pago de los servicios por concepto de teléfono, energía eléctrica, agua y mantenimiento del inmueble arrendado de los meses de enero a junio de dos mil cuatro, y que a dicho pago deberá tomarse en cuenta la cantidad consignada en el billete de depósito K541102; de ahí que resulte evidente que los argumentos esgrimidos en cuanto a si se debe o no tomar en cuenta la cantidad consignada en el billete de depósito, corresponde al fondo del asunto, y no es materia de análisis a través del incidente de liquidación de intereses, ya que dicho incidente no puede tener como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la sentencia definitiva la cual, por cierto, se encuentra firme por no haberse impugnado por la parte a quien perjudicaba, por lo que constituye cosa juzgada.

Apoya a lo anterior, el criterio establecido por este órgano jurisdiccional, en la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 1090, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDE DESCONOCER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN LA MISMA. Los incidentes de liquidación, aun cuando tienen objeto y contenido propios, como conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de las condenas a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles relativos a esas condenas, que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues ello sería antijurídico e ilegal, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, ya que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general; en cambio, el incidente no puede tener como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la sentencia definitiva sino, en su caso, sólo la liquidación respectiva de lo que fue materia del juicio."

Por otra parte, el recurrente en su tercer agravio, pretende controvertir la determinación del Juez Federal en el considerando séptimo de la resolución recurrida, relativa a haber concedido el amparo a la quejosa Eva Ramírez García.

Al efecto, el recurrente aduce, en síntesis, que la concesión del amparo a la quejosa Eva Ramírez García, le causa perjuicio ya que argumenta que no fueron estudiadas las constancias que integran el juicio natural, porque basta observar que lo que se está cobrando en el recibo telefónico es un adeudo anterior, el adeudo es del mes de agosto, por lo que es el cobro correspondiente a los últimos meses que tuvo en posesión el arrendador el inmueble, ya que lo que se consume en ese mes aparece hasta el mes siguiente.

A efecto de dar respuesta al argumento, resulta pertinente transcribir, únicamente, la parte medular de la sentencia recurrida que nos interesa, que es del siguiente tenor:

"Finalmente, la quejosa sostiene que la resolución reclamada es violatoria de garantías individuales, toda vez que el importe de los servicios a cuyo pago fue condenada es errónea. Tal argumento es fundado y, por tanto, suficiente para conceder la protección constitucional solicitada; toda vez que, como se demostrará, el monto de la condena reclamada es errónea, porque el resultado de la suma de los diversos conceptos no es correcto. En efecto, la Sala responsable al emitir la resolución reclamada, en la que modificó la de primera instancia en lo relativo a la condena por concepto del servicio telefónico, determinó que tal concepto no debe ser comprendido en la planilla de liquidación y, por tanto, motivo de condena; puesto que en la resolución de seis de noviembre de dos mil seis, dictada por la propia autoridad al resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de primer grado, se determinó que la obligación de la fiadora, aquí quejosa, cesó el treinta y uno de junio (sic) de dos mil cuatro; mientras que el recibo telefónico exhibido comprende el periodo de agosto a septiembre de ese año; por lo que resulta evidente que la demandada incidentista no podía responder por ese concepto, por haber sido constreñida en cuanto a la obligación sólo hasta el mes de junio de dos mil cuatro; en consecuencia, el Juez de primera instancia, no debió incluir en la condena el concepto de adeudo telefónico. En mérito de lo anterior, la Sala responsable restó de la cantidad total de la condena, la relativa al servicio telefónico y condenó al pago del resultante. Es decir, el Juez natural aprobó la planilla de liquidación por un total de $14,691.75 (catorce mil seiscientos noventa y un pesos con setenta y cinco centavos); cantidad dentro de la que se incluían $884.00 (ochocientos ochenta y cuatro pesos), por concepto de servicio telefónico. De manera que, al hacer la resta correspondiente, el resultado es $13,807.75 (trece mil ochocientos siete pesos con setenta y cinco centavos); cantidad en la que la ad quem aprobó el incidente de liquidación de donde deriva el acto reclamado. Sin embargo, no deparó en que la suma de los conceptos reclamados estaba mal efectuada. Así es, al resolver el incidente de liquidación de sentencia, el Juez primario consideró las siguientes cantidades:

"a) $11,400.00, equivalente a las pensiones rentísticas de los meses mayo y junio de dos mil cuatro.

"b) $9,262.50, correspondiente al dos punto cinco por ciento mensual sobre las mensualidades aludidas; resultado de la suma de $4,702.50 y $4,560.00; las que se obtuvieron, la primera, de multiplicar $142.50, que equivale al dos punto cinco por ciento de una mensualidad, a razón de $5,700.00. Entonces, $142.50 por 33 meses de mora, que transcurrieron de mayo de dos mil cuatro al quince de enero de dos mil siete, fecha en que fue promovido el incidente de liquidación. La segunda cantidad se obtuvo de la misma manera, pero multiplicando $142.50 por 32 meses de mora, que transcurrieron de junio de dos mil cuatro al quince de enero de dos mil siete.

"c) $5,700.00, que corresponde a la pena convencional pactada en el contrato basal, esto es, un mes de renta.

"d) $6,033.00 por concepto de servicios y mantenimiento, esto es:

"$ 884.00 ' servicio telefónico

543.00 ' suministro de agua

3,106.00 ' energía eléctrica

1,500.00 ' mantenimiento

Total $6,033.00

"Luego, al sumar las cantidades a que se refieren los diversos incisos, el Juez natural obtuvo la cantidad de $37,491.75; a la que restó la cantidad de $22,800.00, tal como se ordenó en la sentencia definitiva; obteniendo un total de $14,691.00, que fue en lo que aprobó el incidente de liquidación origen del amparo. Sin embargo, la suma correcta de las citadas cantidades arroja el total de $32,395.50, a la que se le restan $884.00 del servicio telefónico y que la Sala consideró improcedente condenar por ese concepto, de lo que se obtiene:

"$32,395.50

884.00

$31,511.50

"A esa cantidad, debe restarse la cantidad consignada en el billete de depósito aludido:

"$31,511.50

- 22,800.00

$ 8,711.50

"Cantidad esta última, en la que debió aprobarse el incidente de liquidación de sentencia de donde emana el acto reclamado."

Consideraciones que a juicio de este órgano jurisdiccional resultan legales, en atención al agravio esgrimido con antelación por el recurrente, ya que éste sólo se concreta a manifestar que se está cobrando un adeudo anterior, porque lo que se consume en el mes aparece al mes siguiente.

Sin embargo, debe decirse al hoy recurrente que en el recibo telefónico se está cobrando del periodo del mes de agosto a septiembre de dos mil cuatro, es decir, el consumo fue en esa fecha; de ahí que le asista razón al Juez Federal en haber concedido el amparo en los términos apuntados a Eva Ramírez García, ya que la obligación de pago era hasta junio de dos mil cuatro.

En consecuencia, al ser inoperantes e infundados los agravios expresados, y al no advertir este órgano colegiado causa legal alguna para suplir la deficiencia de la queja, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida que negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado respecto al hoy recurrente Manuel Agüero Ramos, y concedió el amparo solicitado respecto a Eva Ramírez García.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Manuel Agüero Ramos, contra actos de la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que reclamó en el juicio de amparo 251/2007, mismos que quedaron precisados en el resultando primero de este fallo.

TERCERO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Eva Ramírez García, contra actos de la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia y del Juez Trigésimo Segundo del Arrendamiento Inmobiliario, ambos del Distrito Federal, que reclamó en el juicio de amparo 257/2007, mismos que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, integrado por los Magistrados, presidenta María del Carmen Sánchez Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas, María Concepción Alonso Flores e Indalfer Infante Gonzales, siendo ponente el tercero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20353-e160d2a0/incidente-de-liquidacion-no-puede-desconocer-un-derecho · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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