IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI LA PARTE INTERESADA OMITE EJERCER SU DERECHO DE INCONFORMARSE CONTRA LA AUTORIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EMITIDA EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
AMPARO EN REVISIÓN 177/2008. **********
CONSIDERANDO:
OCTAVO. Los agravios hechos valer por el recurrente unos son inoperantes, otros infundados y los restantes inatendibles.
Por cuestión de método, los agravios no se estudiarán en el orden planteado y, en su caso, se analizarán en conjunto cuando guarden relación entre sí, en términos de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo.
Previo a su estudio es conveniente reiterar que la a quo, a través de la sentencia recurrida, en resumen, determinó sobreseer en el juicio al considerar que el acto reclamado a la "responsable de la Agencia Investigadora ‘B’ de la Fiscalía Central de Investigación para Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal", consistente en el acuerdo que autorizó el no ejercicio de la acción penal (resolución intermedia), dictado en la indagatoria en comento, no se trataba de un acto definitivo, sino que era impugnable mediante la vía ordinaria, esto es, el recurso de inconformidad a que se refieren los ordinales 17, 18 y 20 a 25 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y los numerales 63, 64 y 68 a 70 del Acuerdo A/003/99 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; en consecuencia, concluyó que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el numeral 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción VII, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la determinación de no ejercicio de la acción penal reclamada estaba supeditada a la autorización definitiva de ese inejercicio que, en su caso, se resolvería mediante el recurso de inconformidad de referencia.
Sentido de la resolución que correctamente justificó a la a quo para no ocuparse del examen de los conceptos de violación planteados y, en consecuencia, no analizó el fondo del asunto como se destacó por la impetrante de garantías a través de la respectiva demanda de amparo; de ahí que resulten inoperantes los agravios de la recurrente en ese sentido.
Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 1a./J. 10/96 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 109, Tomo III, junio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SI EL JUEZ ESTIMÓ PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito consideró que se habían actualizado dos causales de sobreseimiento y con base en ellas resuelve sobreseer en el juicio, en el que se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de su parte, de diversos conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo no lo obligaba a abordar tal estudio sino que lo imposibilitaba para realizarlo, pues de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo."
Ahora bien, este órgano colegiado estima que, en efecto, la determinación de la a quo en cuanto a sobreseer en el juicio es correcta; sin embargo, considera que el fundamento de la actualización de la casual de improcedencia que conlleva al referido sobreseimiento es diversa a la estimada por la juzgadora de amparo, es decir, atento a la naturaleza del acto reclamado, referente a la "autorización de la propuesta de no ejercicio de la acción penal", que constituye una resolución intermedia, esto es, contra la que procede la inconformidad de la que deriva, en su caso, la definitiva, se colige que la causa de improcedencia que en la especie se actualiza es la prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, referente a la obligación de la quejosa de agotar el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo.
En tales condiciones, la técnica que rige el juicio de amparo dispone que al considerarse la actualización de diversa causa de improcedencia en el juicio de amparo, conlleva al innecesario examen de los agravios esgrimidos por la recurrente; empero, toda vez que, en esencia, los razonamientos destacados por la a quo a efecto de sobreseer en el juicio se hicieron depender concretamente en la obligación que tenía la impetrante de garantías de agotar el referido principio de definitividad, y del análisis de los agravios se desprende que son tendentes a combatir tales argumentos, este tribunal se ocupará del estudio de dichas manifestaciones.
Así las cosas, contrario a lo que aduce la recurrente, del examen pormenorizado de las constancias que integran el juicio de amparo, en especial la sentencia sujeta a revisión, se advierte que la misma se encuentra dictada de conformidad con los numerales 76, 77 y 78 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, pues la Juez de Distrito de amparo, de acuerdo con lo que la quejosa destacó como acto reclamado, y de conformidad con el contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, en el sentido de que "es cierto que en la averiguación previa número ********** el quince de julio del año en curso acordó procedente autorizar el no ejercicio de la acción penal (foja 41)", así como de las constancias con las que acompañó dicho informe, en ejercicio de sus facultades legales, correctamente resolvió, de manera congruente con lo demandado, sobreseer en el juicio; para ello, delimitó con claridad el acto combatido, apreció las pruebas relativas a su existencia, expuso los motivos lógicos y los fundamentos legales correspondientes a su fallo y consideró, de manera acertada, en esencia, que el acto combatido no es una determinación definitiva para con ello determinar el sobreseimiento en el juicio, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción III, de la legislación citada; por tanto, resulta infundado lo alegado al respecto.
Por otra parte, la recurrente aduce que existe un "razonamiento incongruente en la sentencia que se recurre", en virtud de que la a quo en principio admitió a trámite la demanda y al resolver decide sobreseer en el juicio.
La manifestación planteada por la disconforme es infundada, habida cuenta que parte de un presupuesto equivocado.
Para que el resolutor de amparo en primera instancia esté en posibilidad jurídica de desechar una demanda de garantías, dado lo incipiente del conocimiento que tiene de lo reclamado, solamente puede tomar en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así, de tales extremos se debe desprender un motivo manifiesto e indudable, entendiéndose que lo manifiesto es lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto para ordenar su desechamiento.
Contrario a ello, si la causa de improcedencia no es completamente clara y considera necesario el examen de diversos elementos distintos a los planteados en la demanda, como podrían ser las constancias que en la prosecución del juicio aporten las partes, entonces es necesario admitirla a fin de no dejar a la promovente en estado de indefensión, al no darle oportunidad de allegar ante el Juez los elementos de convicción que justifiquen su reclamo.
En esa tesitura, el hecho de que aun cuando la Juez de Distrito haya admitido a trámite la demanda de referencia, no implica, ni mucho menos constituye una "incongruencia" como desacertadamente lo alega la recurrente, el que finalmente haya sobreseído en el juicio, pues las razones que soportan su determinación en ese sentido encontraron apoyo jurídico en el examen de las constancias que se aportaron al sumario, lo cual la Juez en cita logró definir hasta el dictado de la sentencia a estudio.
Ahora bien, como se indicó, la acción constitucional intentada por la quejosa ciertamente resulta improcedente, lo que determina que se confirme el sobreseimiento decretado en la sentencia dictada por la a quo, pero con apoyo en las consideraciones subsecuentes:
De conformidad con lo anterior, debe precisarse que el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo establece:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.
"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación."
Del análisis de la norma precitada se colige que el juicio de garantías está condicionado a que si existe algún recurso o medio de defensa legal que pueda modificar o revocar el acto de autoridad, sin que se exijan mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva por la Ley de Amparo, lo que en el caso acontece, pues dicho recurso no exige requisitos, éste debe ser ineludiblemente agotado, de tal manera que no resulta optativo, sino obligatorio para la parte quejosa cumplir con el principio de definitividad para la procedencia del amparo.
Así las cosas, es pertinente reiterar que, en la especie, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de quince de julio de dos mil ocho, por medio de la cual la autoridad responsable "autorizó la determinación del no ejercicio de la acción penal" en la averiguación previa en cuestión, esto es, la resolución previa y contra la cual procede el recurso de inconformidad que, en su caso, da origen a la determinación definitiva de no ejercicio de la acción penal; por tanto, el amparo es improcedente contra la primera de las mencionadas.
Con el objeto de sustentar la improcedencia del juicio de amparo, con apoyo en las precedentes consideraciones, es necesario tomar en cuenta lo previsto en los artículos 2, 3 y 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que disponen:
"Artículo 2. La institución del Ministerio Público en el Distrito Federal, estará a cargo del procurador general de Justicia del Distrito Federal, y tendrá las siguientes atribuciones que ejercerá por conducto de su titular o de sus agentes y auxiliares, conforme a lo establecido en esta ley y demás disposiciones aplicables:
"I. Perseguir los delitos del orden común cometidos en el Distrito Federal. ..."
"Artículo 3. Las atribuciones a que se refiere la fracción I del artículo 2 de esta ley respecto de la averiguación previa, comprenden:
"...
"X. Determinar el no ejercicio de la acción penal ...
"Para los efectos de esta fracción, el procurador o los subprocuradores que autorice el reglamento de esta ley, resolverán en definitiva los casos en que el agente del Ministerio Público proponga el no ejercicio de la acción penal. ..."
"Artículo 20. El procurador expedirá los acuerdos, circulares, instructivos, bases y manuales de organización y procedimientos conducentes al buen despacho de las funciones de la procuraduría."
Asimismo, es preciso considerar el contenido de los preceptos 2, 17 a 25 y 38 del reglamento de la ley invocada, que disponen:
"Artículo 2. La procuraduría, para el ejercicio de las atribuciones, funciones y despacho de los asuntos de su competencia, se integrará con las unidades administrativas siguientes: ...
"Subprocuraduría, fiscalías, agencias y unidades centrales de investigación o averiguaciones previas; ..."
"Artículo 17. Cuando la averiguación que motive la propuesta de no ejercicio de la acción penal verse sobre delitos no graves o sancionados con pena alternativa o exclusivamente multa, el agente del Ministerio Público del conocimiento formulará la propuesta al responsable de la agencia de su adscripción, para su acuerdo, quien después de resolver sobre su procedencia, en su caso, hará saber de inmediato su determinación al denunciante, querellante u ofendido, mediante notificación personal de acuerdo con lo previsto en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, informando al titular de la fiscalía de su adscripción y a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador. Dicha coordinación podrá revisar la determinación dentro del plazo de treinta días y revocarla, en cuyo caso precisará, motivará y fundará debidamente las causas que la originaron para que sean subsanadas por el agente del Ministerio Público del conocimiento. Transcurrido dicho término sin que se ejerza dicha facultad, el responsable de agencia estará obligado a remitir de inmediato al archivo la averiguación correspondiente."
"Artículo 18. Cuando se trate de delitos graves, el responsable de agencia investigadora remitirá el expediente y la propuesta de no ejercicio de la acción penal a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador para su dictamen y conservará copia certificada del acuerdo de propuesta.
"Cuando dicha coordinación determine el no ejercicio de la acción penal, remitirá de inmediato la averiguación correspondiente al archivo, lo que hará conocer al querellante, denunciante u ofendido mediante la notificación debida en los términos del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal."
"Artículo 19. Cuando la resolución de no ejercicio de la acción penal esté fundada en el perdón del querellante, no será necesaria la notificación a la que se refieren los dos artículos anteriores."
"Artículo 20. Cuando la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador reciba la averiguación previa en la que se propuso el no ejercicio de la acción penal a la que se refiere el artículo 18 de este reglamento, la canalizará a la fiscalía, agencia y unidad de revisión de su adscripción que corresponda, a fin de que se resuelva su procedencia en un término que no podrá exceder de 30 días hábiles y emitirá la determinación correspondiente, que hará saber de inmediato al denunciante u ofendido mediante notificación personal en los términos previstos en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal."
"Artículo 21. El denunciante, querellante u ofendido tendrá derecho a inconformarse respecto de la determinación de no ejercicio de la acción penal, expresando las razones por las cuales la estima improcedente, en un término que no podrá exceder de 10 días hábiles contados a partir de su notificación."
"Artículo 22. El escrito de inconformidad se interpondrá ante el responsable de la agencia del conocimiento en los casos en que la averiguación que motive la propuesta de no ejercicio de la acción penal verse sobre delitos no graves, pena alternativa o exclusivamente multa, quien lo remitirá al fiscal de su adscripción en un término que no podrá exceder de tres días hábiles contados a partir de su presentación, para que la fiscalía resuelva lo conducente en un plazo que no excederá de 15 días hábiles a partir de la presentación del escrito."
"Artículo 23. El escrito de inconformidad se interpondrá ante la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, cuando la averiguación verse sobre delitos graves, la que remitirá el escrito, en un término que no podrá exceder de tres días hábiles contados a partir de su presentación, al subprocurador de Averiguaciones Previas correspondiente. El subprocurador considerará los planteamientos del inconforme y resolverá en un plazo que no excederá de 15 días hábiles contados a partir de la recepción del escrito de inconformidad. Dicha resolución se notificará por el mismo procedimiento establecido en este reglamento."
"Artículo 24. Cuando el fiscal o el subprocurador correspondiente resuelva improcedente la determinación de no ejercicio de la acción penal, devolverá la averiguación respectiva a la agencia del conocimiento para su integración debida, señalando las causas de la improcedencia y las diligencias necesarias para su determinación. ..."
"Artículo 25. Una vez que se haya autorizado en definitiva la determinación de no ejercicio de la acción penal, se archivará el expediente ... En este caso, la averiguación no podrá reabrirse, sino por acuerdo fundado y motivado del subprocurador de Averiguaciones Previas competente y en consulta con el coordinador de agentes del Ministerio Público auxiliares del procurador, por acuerdo del procurador o por resolución judicial ejecutoria."
"Artículo 38. La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales tendrá bajo su supervisión las fiscalías, agencias y unidades centrales de investigación, con excepción de la Fiscalía para Servidores Públicos que estará bajo la supervisión de la oficina del procurador y ejercerá el subprocurador por sí o a través de los servidores públicos que le estén adscritos, las atribuciones específicas siguientes:
"I. Resolver, en el ámbito de su competencia, sobre los casos en que se plantee inconformidad respecto de la determinación del no ejercicio de la acción penal ..."
Disposiciones que, en esencia, tienen correspondencia con lo establecido en el Acuerdo A/003/99 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en sus artículos 63 a 68; en lo que interesa, el último ordinal citado dispone:
"Artículo 68. El denunciante, querellante u ofendido tendrá derecho a inconformarse respecto de la determinación de no ejercicio de la acción penal, expresando las razones por las cuales la estima improcedente, en un término que no podrá exceder de 10 días hábiles contados a partir de su notificación.
"El escrito de inconformidad se interpondrá ante el responsable de la agencia del conocimiento en los casos previstos en el artículo 63 anterior, quien lo remitirá al fiscal de su adscripción en un término que no podrá exceder de tres días hábiles contados a partir de su presentación, para que la fiscalía resuelva lo conducente en un plazo que no excederá de 15 días hábiles a partir de la presentación del escrito.
"El escrito de inconformidad se interpondrá ante la Coordinación de Agentes Auxiliares en los casos previstos en el artículo 64 anterior, la que remitirá el escrito, en un término que no podrá exceder de tres días hábiles contados a partir de su presentación, al subprocurador de averiguaciones previas correspondiente. El subprocurador considerará los planteamientos del inconforme y resolverá en un plazo que no excederá de 15 días hábiles contados a partir de la recepción del escrito de inconformidad. Dicha resolución se notificará por el mismo procedimiento establecido en este acuerdo."
De los anteriores preceptos legales se desprende con claridad que si bien los agentes del Ministerio Público del Distrito Federal tienen la función de proponer el inejercicio de la acción penal, cuya consulta se autoriza por los agentes del Ministerio Público auxiliares del procurador general de Justicia de la entidad, el encargado de resolver en definitiva sobre el particular lo es el subprocurador de Averiguaciones Previas dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en ejercicio de un arbitrio regulado por las disposiciones constitucionales y legales aplicables, pero no supeditado ni vinculado a la propuesta ministerial, ni tampoco a las consideraciones de la autorización de los agentes auxiliares del procurador citados, cuyas resoluciones, por consecuencia, resultan ser solamente opiniones que el subprocurador indicado puede tomar o no en cuenta al resolver, en su caso, en definitiva el no ejercicio de la acción penal.
En efecto, el acto que hoy se reclama no tiene el carácter de definitivo, por ende, la impetrante de amparo debió inconformarse contra tal resolución, pues de las constancias que integran el expediente de amparo se advierte que la autoridad "responsable de la Agencia Investigadora ‘B’ de la Fiscalía Central de Investigación para Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal", dirigió la notificación de la determinación de quince de julio del año en curso a la quejosa, lo cual tuvo verificativo el diecinueve de agosto del presente año (fojas 54, 58 y 60), en la que textualmente, en lo que es de relevancia destacar, se expuso:
"... con fundamento en lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 82 y demás aplicables del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal en vigor y 63 del Acuerdo A/003/99 emitido por el C. Procurador general de Justicia del Distrito Federal, se le notifica que la averiguación previa citada al rubro iniciada con motivo de los hechos que hizo del conocimiento del órgano investigador, se determinó en fecha 15 de julio del año 2008, con el no ejercicio de la acción penal definitivo, propuesto por el C. Agente del Ministerio Público, titular de la Unidad de Investigación ‘B-3’, adscrito a esta agencia a mi cargo, determinación que se acordó de procedente autorizar por el suscrito en la misma fecha citada. Lo que se le notifica para los efectos legales del párrafo primero y segundo del artículo 68 del acuerdo antes mencionado, contando con el término de diez días hábiles a partir de su notificación para que manifieste lo que en su derecho corresponda ante el suscrito responsable de la agencia ‘B’..."
En tales condiciones, la autoridad dejó la indagatoria a disposición de la ofendida, la cual, como ya se ha dicho, omitió ejercer su derecho de inconformarse, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 21 del reglamento que rige las actuaciones del Ministerio Público; previsión del medio de inconformidad que se reitera en el acuerdo precitado, referente a la legitimidad con que cuenta el denunciante, querellante u ofendido para interponerlo, el plazo concedido legalmente para ello, la forma en que debe hacerlo, etcétera.
En ese orden de ideas, resulta infundado lo alegado por la disconforme, en el sentido de que el medio ordinario de defensa (inconformidad) procedente contra la determinación del Ministerio Público de no ejercer la acción penal, al contenerse en un reglamento, no se encontraba constreñida a agotarlo.
Ello es así en virtud de que, como ya quedó establecido, el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal prevé en su fracción X, que el procurador o los subprocuradores que autorice el reglamento de esta ley resolverán en definitiva los casos en que el agente del Ministerio Público proponga el no ejercicio de la acción penal.
Al respecto, cabe destacar que la ley de referencia, emanada del Congreso de la Unión, de acuerdo al desiderátum del legislador, realiza una remisión expresa al Poder Ejecutivo a efecto de reglamentar, es decir, para que determine y pormenorice la forma, términos y alcances para arribar a esa resolución definitiva emitida por el procurador o subprocurador legalmente competente para tal efecto, esto es, el reglamento únicamente establece la metodología necesaria para que la parte interesada inste a fin de obtener, en su caso, la resolución final, es decir, los requisitos a los que se debe ceñir para lograr esa determinación, la cual incluso es a la que se refiere el numeral 114, fracción VII, de la Ley de Amparo.
El ordenamiento de referencia establece:
"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:
"...
"VII. Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en los términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 21 constitucional."
En consecuencia, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en sus artículos 2, 17 a 25 y 38, transcritos con antelación, establecen los lineamientos en que se desarrolla, complementa o pormenoriza lo plasmado en la ley, en la que encuentra expresa justificación.
Además, debe precisarse que el reglamento en comento fue expedido por el Ejecutivo Federal en ejercicio de la facultad establecida en el ordinal 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dicha facultad constitucional y en el caso concreto legal del jefe del Ejecutivo Federal, comprende la atribución de expedir, entre otros, reglamentos, los cuales tiene por objeto desarrollar y detallar, mediante reglas generales, las normas contenidas en la ley para hacer posible y práctica su aplicación, que es la característica propia de los reglamentos.
Aunado a lo anterior, se considera pertinente destacar algunas de las consideraciones sostenidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que diera origen a la jurisprudencia 1a./J. 122/2007, de rubro: "FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN.", consultable en la página 122, Tomo XXVI, septiembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establecen:
"... El argumento planteado por la ahora recurrente se basa en que, al ser la deducción un elemento que incide en la base gravable del tributo, su regulación debe estar prevista en la ley, motivo por el cual no es posible que se remita a las disposiciones reglamentarias para la observancia de determinados requisitos; adicionalmente, se hizo valer el que, a la fecha de presentación de la demanda, no se hubiere emitido alguna disposición reglamentaria en ese sentido.
"A juicio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el argumento jurídico hecho valer es infundado, de conformidad con las siguientes anotaciones.
"En reiteradas ocasiones esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio relativo a que el presidente de la República, en ejercicio de la potestad que le concede la fracción I del artículo 89 constitucional, para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes emanadas del Congreso de la Unión, está autorizado para expedir disposiciones reglamentarias que tengan por objeto hacer posible la aplicación de las normas jurídicas contenidas en esos ordenamientos jurídicos, desarrollándolos y complementándolos a fin de asegurar su cumplimiento.
"Estas normas reglamentarias, aunque desde el punto de vista material son similares a aquellas expedidas por el Congreso de la Unión -toda vez que reúnen las características de ser generales, abstractas, impersonales y de observancia obligatoria-, se distinguen de éstas básicamente, por definición, por dos razones fundamentales, a saber:
"1. La ley emana normalmente del Poder Legislativo, mientras que las normas reglamentarias provienen del Poder Ejecutivo a quien se le encomienda la tarea de procurar la debida aplicación y, por tanto, ejecución de la mencionada en primer término.
"2. La ley puede existir y tener plena validez sin que haya un reglamento de la misma, sin embargo, las disposiciones reglamentarias a estudio, suponen la preexistencia de una ley cuyos preceptos desarrolla y a los cuales están subordinadas.
"La primer diferencia señalada depende del órgano que expide una y las otras, ya que obedece a la diversa competencia del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, es decir, a una razón extrínseca relacionada con el autor del acto, esto es, a una razón de carácter formal; asimismo, la segunda distinción de las precisadas con antelación entre la ley y las normas reglamentarias, atañe concretamente a que estas últimas únicamente pueden regular determinada clase de situaciones, en tanto que la primera no se encuentra limitada en tal sentido, motivo por el cual la diferencia en comento no atañe a la naturaleza jurídica de ambas normas, sino a consideraciones meramente formales.
"En efecto, es indudable que existen materias que pueden ser objeto de la ley y no de reglamentos, lo cual permite hacer una diferencia entre el contenido de las disposiciones que integran cada uno de esos ordenamientos jurídicos, pues la potestad reglamentaria en estudio se rige por dos principios fundamentales denominados de ‘la reserva de la ley’ y el de ‘la preferencia o primacía de la ley’.
"El principio de ‘la reserva de la ley’, se refiere a que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hay materias que sólo pueden ser reguladas por una ley, por tanto, el reglamento no puede abordar materias reservadas en exclusiva a las leyes expedidas por el Congreso de la Unión.
"El segundo principio de ‘la preferencia o primacía de la ley’, consiste en que las disposiciones contenidas en una ley de carácter formal no pueden ser modificadas por un reglamento, luego, la materia a que se refieren las normas reglamentarias si bien no pueden contradecir el espíritu de la ley que contiene las normas primarias relativas, sí es posible que desarrollen, complementen o detallen las disposiciones de la ley que precede.
"Al respecto, la Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sostenido la tesis de jurisprudencia 2a./J. 84/98, de rubro: ‘FACULTAD REGLAMENTARIA DEL EJECUTIVO FEDERAL. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN.",(29) la 2a./J. 29/99, de rubro: "FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN.’,(30) así como la número 2a./J. 47/95, de rubro: ‘FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES.’,(31) todas ellas compartidas por esta Primera Sala.
"Las diferencias que por aplicación de los dos principios enunciados pueden encontrarse en el contenido de las leyes y de los reglamentos, no implican -como se dijo con anterioridad-, una diversidad en la naturaleza jurídica de unas y otras
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21439-5644f951/improcedencia-del-juicio-de-amparo-se-actualiza-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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