DERECHO A LA SALUD. SU PROTECCIÓN EN EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD. RESTRICCIÓN A LA LIBERTAD DE TRABAJO. EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD PREVÉ UNA RESTRICCIÓN VÁLIDA A LA LIBERTAD DE TRABAJO DE LOS MÉDICOS. SALUD. EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD. SALUD. EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SALUD. EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. SALUD. EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VIOLA LAS PREVISIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SALUD. EL ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA DISTINCIÓN PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 271 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, DEBE SOMETERSE A UN ESCRUTINIO DE IGUALDAD ORDINARIO. SALUD. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 271 DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO INVADE EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE TITULARIDAD ESTATAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS.
AMPARO EN REVISIÓN 173/2008. **********.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que el recurso de revisión se interpuso en contra de una sentencia dictada por una Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que se cuestiona la constitucionalidad de los artículos 271, segundo párrafo y 81, segundo párrafo, de la Ley General de Salud, en el que no resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. Oportunidad. No se hace consideración alguna en este apartado, dado que el Tribunal Colegiado ya determinó que el presente recurso fue presentado oportunamente.
TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto.
1. Hechos. La parte quejosa en el presente asunto obtuvo cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, el once de abril de dos mil cinco, con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de licenciatura como médico.
La parte recurrente afirma que, desde que obtuvo esta habilitación, ha realizado cirugías estéticas y cosméticas relacionadas con el cambio o corrección del contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara o cuerpo y que, para la realización de estos procedimientos médicos, no necesitaba la autorización de ninguna autoridad sanitaria federal, sino la sola titularidad de su cédula profesional.
Sin embargo, señala que a partir de la reforma realizada al segundo párrafo del artículo 271 de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil siete, por ministerio de ley requiere además de la titularidad de su patente profesional, la autorización de la Secretaría de Salud, quien tomará en cuenta la certificación de la especialidad médica respectiva registrada por las autoridades educativas.
El amparo interpuesto por la quejosa tiene el propósito de impugnar el mecanismo legal por el cual, desde la entrada en vigor de la mencionada reforma legal, la realización de los procedimientos quirúrgicos arriba señalados quedan reservados para quienes satisfacen los requisitos establecidos en el artículo 271 de la Ley General de Salud.
2. Antecedentes procesales del asunto. Como se observa de los autos que integran el presente caso, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro emitió sentencia el cuatro de octubre de dos mil siete, en la cual determinó sobreseer en el juicio de garantías, por considerar que no se había acreditado el acto de aplicación de las normas generales impugnadas.
Contra dicha sentencia de sobreseimiento, la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Tocó conocer del mencionado recurso al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, quien emitió resolución el seis de marzo de dos mil ocho, por medio de la cual levantó el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, al considerar que las normas generales calificadas de inconstitucionales fueron combatidas en su carácter de autoaplicativas, por lo que no era necesario acreditar ningún acto de aplicación de éstas.
El Tribunal Colegiado determinó, en consecuencia, que debían analizarse los conceptos de violación formulados por la quejosa, y dado que se trataba de un estudio que implicaba el análisis de la constitucionalidad de normas generales federales respecto de las cuales no existe jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, reservó la jurisdicción de este Alto Tribunal para conocer del asunto. Por tanto, es claro que en la presente instancia deberán analizarse los argumentos formulados por la parte quejosa en sus conceptos de violación.
3. Conceptos de violación. En sus conceptos de violación, la parte quejosa argumenta en esencia lo siguiente:
1. El segundo párrafo del artículo 271 de la Ley General de Salud viola la garantía de libertad de trabajo, contenida en el artículo 5o. constitucional.
Lo anterior, toda vez que el artículo impugnado exige a la parte quejosa, en su carácter de médico cirujano, para ejercer su profesión tener la autorización de la Secretaría de Salud. Afirma que el actual esquema legal produce que su actividad profesional consistente en la realización de procedimientos de cirugía estética y cosmética, vinculados con el cambio o corrección del contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo, quede al arbitrio de esta autoridad sanitaria, a pesar de que previamente haya reunido todos los requisitos exigidos por la autoridad educativa, por estar en manos de ésta otorgar la autorización para realizar dichas actividades.
Argumenta que el artículo 5o. constitucional establece que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que determine, siempre y cuando sea lícita y que esta disposición constitucional es vulnerada por el segundo párrafo del artículo 271, dado que le impide realizar libremente su actividad laboral. En su opinión, dicha norma legal produce que su actividad médica, que es practicada en los procedimientos y cirugías estéticas y cosméticas, se convierta en ilícita si no se cuenta con la autorización de la Secretaría de Salud.
En opinión de la parte quejosa, el precepto legal impugnado es inconstitucional también desde la perspectiva de las facultades de la autoridad sanitaria, pues señala que la Secretaría de Salud no tiene dentro de su esfera de competencias la referida a la regulación de las profesiones.
La quejosa fundamenta su afirmación alegando que el artículo 5o. constitucional, establece que es facultad de las entidades federativas determinar cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones para su obtención y las autoridades facultadas para su expedición y, concluye, que el artículo impugnado viola esta distribución competencial, dado que obliga a un profesional de la salud a obtener una autorización especial de la Secretaría de Salud para ejercer un específico tipo de actividades de su carrera.
Señala que el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece el listado de las facultades que corresponde ejercer a la Secretaría de Salud, de la cual afirma no se desprende que ésta tenga aquella que le inviste el segundo párrafo del artículo 271 de la Ley General de Salud, esto es, autorizar las profesiones que puedan realizar determinadas actividades profesionales. Por tanto, al ser los Congresos de los Estados y no la Federación la facultada para regular en materia de profesiones, señala que el artículo impugnado viola el artículo 5o. constitucional.
La quejosa también apoya esta afirmación en el hecho de que el artículo 73 de la Constitución Federal, que establece el listado de las facultades del Congreso de la Unión, no contiene alguna que se refiera a la materia de profesiones.
Argumenta que bajo los alcances de la libertad de trabajo, contenida en el artículo 5o. constitucional, es claro que el único requisito que debe cumplir para la práctica profesional de la medicina es contar con el título respectivo y que, por tanto, debe considerarse injustificado, desde la perspectiva de esta garantía individual, exigir a los ciudadanos acreditar ante la autoridad administrativa estudios adicionales a los de licenciatura.
Insiste en su afirmación de que la Secretaría de Salud no es la autoridad educativa para determinar qué tipo de profesionales de la salud están capacitados o no para la práctica de los procedimientos médicos a los que se refiere el artículo impugnado, al pertenecer este aspecto a la esfera competencial de la autoridad educativa.
Para ilustrar su argumentación, la quejosa se refiere a la materia de tránsito, en la cual dice resulta muy claro que la cuestión referente a las licencias de conducir corresponde a los Estados y no a la Federación, en forma análoga a la de las profesiones, en la cual la expedición de los títulos corresponde igualmente a los Estados y no a la Federación.
Subraya que el artículo 121, fracción V, constitucional, establece que en cada Estado de la Federación se dará entera fe a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros, entre ellos, los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, con sujeción a sus leyes.
La quejosa señala que el segundo párrafo del artículo 271 de la Ley General de Salud, establece que los procedimientos médicos mencionados sólo los podrán realizar aquellos profesionales de la salud en los términos del artículo 81 de dicha ley, que se refiere al registro de especialidades. Por un lado, la quejosa alega que no existe una ley de profesiones que prescriba que este tipo de procedimientos médicos sólo puedan ser realizados por profesionales con especialidad y, por el otro, alega que el citado artículo 81 no específica qué tipo de especialidad es necesaria para esa práctica médica. Asimismo, puntualiza, que el segundo párrafo del artículo 271 sólo hace mención a los "profesionales de la salud", categoría que no sólo abarca a los médicos, que cuentan con cédula profesional, sino también aquellas categorías de personas relacionadas con esta profesión, por ejemplo, enfermeros, por lo que, afirma, es clara la vaguedad del contenido normativo del citado artículo 81.
2. En segundo lugar, la parte quejosa señala que el artículo 271 de la Ley General de Salud, transgrede el artículo 13 de la Constitución Federal. Lo anterior, toda vez que viola la prescripción según la cual a ninguna ley se le debe dar efectos privativos. En su opinión, la norma impugnada no reúne las cualidades de generalidad, abstracción e impersonalidad que necesariamente deben reunir las leyes en nuestro país, pues "en lugar de establecer una determinada autorización para todos los médicos, sólo lo hace para aquellos que practican cirugías estéticas y cosméticas, relacionadas con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo".
La quejosa sostiene que el artículo impugnado viola el artículo 13 constitucional, pues establece un contenido normativo que sólo constriñe a los médicos que realizan ciertas cirugías y no a todos.
3. La quejosa afirma que el artículo 271 de la Ley General de Salud viola el artículo 14 constitucional, porque afirma que establece una prescripción que viola la prohibición de retroactividad que consagra la norma constitucional.
Ello es así, pues afirma que cuando obtuvo su cédula profesional, que se constituye como una patente para el ejercicio de la profesión médica, no existía ningún requisito legal adicional que tuviera que satisfacer para la realización de los procedimientos médicos pormenorizados en la norma legal impugnada. Por tanto, dado que dicho artículo impone el requisito de la obtención de la autorización de la Secretaría de Salud que anteriormente no requería para su desempeño profesional, afirma que se viola en su perjuicio el principio de no retroactividad.
Por otra parte, señala que también se viola esta norma constitucional porque el artículo 271 de la Ley General de Salud, permite a la autoridad administrativa privarlo de su derecho de ejercer libremente su profesión, sin mediar un juicio previo ante los tribunales competentes, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
4. Desde la óptica de la quejosa, el artículo 271 de la Ley General de Salud también viola el artículo 16 de la Constitución Federal. Afirma que se le priva del derecho de ejercer su profesión de médico cirujano con toda amplitud, al obligársele a obtener una licencia de la Secretaría de Salud, que no es apta para señalar a qué tipo de procedimientos especializados pueden dedicarse los médicos. Señala el hecho de que esta secretaría de Estado no es la que expidió su patente, que la habilita en los más amplios términos para la realización de sus actividades profesionales.
En su opinión, resulta absurda la disposición a la que remite el artículo impugnado, esto es, el artículo 81 de la Ley General de Salud, según la cual las autoridades sanitarias, tratándose del registro de certificados de especialidades médicas o de la recertificación de éstas, deban solicitar la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas. Lo anterior, porque, por un lado, esta institución no es una autoridad pública, y por otro, afirma que no existe disposición jurídica que lo faculte a emitir tales opiniones.
5. La quejosa argumenta que el mecanismo establecido en el artículo 271 de la Ley General de Salud, viola el artículo 28 de la Constitución Federal, porque autoriza el monopolio del registro de certificados de especialidades o del registro de recertificación de éstas en las manos del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.
Insiste en que se trata de un ente privado y no de una autoridad pública, respecto de la cual no existe una base normativa por la cual pueda conocer su objeto, sus ingresos o su tipo de administración. Además, señala que la norma impugnada no especifica las razones que llevaron a la ley a contemplar a esta institución, como parte del proceso de autorización que corresponde otorgar a la Secretaría de Salud y no otra. Afirma que al estar el registro de especialidades en el ámbito de decisión de esta institución privada, es claro que se constituye en un agente que monopoliza el campo de la cirugía estética y cosmética en el país.
Alega que la reforma legal impugnada, sólo provocará el alza en el precio de los procedimientos médicos que requieren la autorización de la Secretaría de Salud, ya que se acaparará en pocas manos la realización de los mismos, lo cual viola, en su opinión, la libre concurrencia y la competencia entre sí.
Finalmente, la quejosa argumenta que por las mismas razones formuladas a lo largo de sus conceptos de violación, el artículo 81 de la Ley General de Salud viola los artículos 5o. y 28 de la Constitución Federal.
CUARTO. Causales de improcedencia. Como se señaló en el considerando anterior, el Tribunal Colegiado que conoció primeramente del presente recurso de revisión, determinó levantar el sobreseimiento decretado por el Juez Distrito, pues consideró, contra lo determinado por aquél, que las normas impugnadas de la Ley General de Salud no revestían el carácter de heteroaplicativas, sino de autoaplicativas y, por tanto, no era necesario que no se hubieran probado los actos de aplicación de dichas normas. Con base en lo anterior, reservó jurisdicción a esta Suprema Corte para que resolviera lo procedente sobre los argumentos de constitucionalidad formulados por la quejosa.
Esta Suprema Corte ha señalado que las determinaciones realizadas por los Tribunales Colegiados sobre cuestiones de procedencia son inatacables ante esta instancia.(1) Sin embargo, ello no implica que este Máximo Tribunal no tenga la facultad de determinar, con el propósito de respetar las reglas de procedencia que rigen al juicio de amparo, la actualización de causales de improcedencia por motivos diversos a los estudiados por los órganos inferiores cuando se adviertan aspectos objetivos, relacionados con su estudio, no percatados con anterioridad.(2)
Esta Sala observa que, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, respecto de las reglas establecidas en el artículo 81 de la Ley General de Salud, de contenido normativo independiente al del artículo 271 por razones diversas a las analizadas por el Tribunal Colegiado.
La fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso.
Como se ha determinado en casos anteriores, las normas generales autoaplicativas, esto es, aquellas que por su sola entrada en vigor afectan los intereses jurídicos de las personas, pueden ser impugnadas en el juicio de garantías, cuando la parte actora acredite ubicarse en la hipótesis normativa del precepto combatido, y sea dable afirmar que las consecuencias de derecho consideradas perjudiciales sobrevendrán de forma incondicionada al haberse actualizado el supuesto de hecho al que se relacionan dichas consecuencias jurídicas.(3) En caso contrario, es claro que las normas generales no pueden combatirse en el juicio de amparo, al no afectar ningún interés jurídico.
En el presente caso, el Tribunal Colegiado determinó que la parte quejosa impugna los artículos 271 y 81 de la Ley General de Salud, en su calidad de autoaplicativos, constituyendo ésta una decisión inatacable. Sin embargo, el colegiado no analizó si la quejosa se ubicaba en todos los supuestos normativos establecidos en las normas impugnadas, excepto aquel previsto de forma general en el segundo párrafo del artículo 271 de la Ley General de Salud.
La quejosa impugna centralmente el segundo párrafo del artículo 271 de la Ley General de Salud, y no el contenido normativo previsto en el primero de sus párrafos. Por otra parte, combate el artículo 81 en cuanto a la referencia que hace aquél en uno de los requisitos que prescribe. Estos preceptos establecen lo siguiente:
"Artículo 271. Los productos para adelgazar o engrosar partes del cuerpo o variar las proporciones del mismo, así como aquellos destinados a los fines a que se refiere el artículo 269 de esta ley, que contengan hormonas, vitaminas y, en general, sustancias con acción terapéutica que se les atribuya esta acción, serán considerados como medicamentos y deberán sujetarse a lo previsto en el capítulo IV de este título.
"Cualquier cirugía estética y cosmética relacionada con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo, deberán efectuarse en establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigente, atendidos por profesionales de la salud de conformidad con lo que establece el artículo 81 y se encuentren autorizados por la Secretaría de Salud conforme al reglamento correspondiente."
"Artículo 81. Las autoridades educativas registrarán los certificados de especialización en materia de salud que expidan las instituciones de enseñanza superior o las instituciones de salud reconocidas oficialmente.
"Para el registro de certificados de especialización expedidos por academias, colegios, consejos o asociaciones de profesionales de las disciplinas para la salud, las autoridades educativas competentes solicitarán la opinión de la Secretaría de Salud. Si se tratare del registro de certificados de especialidades médicas o del registro de la recertificación de éstas, las autoridades ya señaladas también deberán solicitar la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas."
Como se observa de su contenido, el segundo párrafo del artículo 271 de la Ley General de Salud establece que las cirugías estéticas o cosméticas relacionadas con el cambio o corrección de los contornos o formas de diferentes zonas de la cara o del cuerpo, sólo podrán realizarse cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Se realicen en establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigente;
b) Quienes las lleven a cabo sean profesionales de la salud en los términos del artículo 81 de la Ley General de Salud; y,
c) Se obtenga la autorización de la Secretaría de Salud, conforme al reglamento correspondiente.
Por su parte, el artículo 81 de la Ley General de Salud establece la facultad de las autoridades educativas para registrar los certificados de especialización. Para realizar este registro, la autoridad educativa debe pedir la opinión de la Secretaría de Salud y del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas. Este artículo establece cómo se registrarán dos tipos de certificados de especialidades médicas:
a) Si se trata de certificados de especialización expedidos por instituciones de enseñanza superior o por instituciones de salud reconocidas oficialmente, la autoridad educativa procederá a su registro sin necesitar la opinión de ninguna otra institución;
b) Cuando se trata de certificados expedidos por academias, colegios, consejos o asociaciones de profesionales de las disciplinas para la salud, la autoridad educativa debe pedir la opinión de la Secretaría de Salud y del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.
Como lo determinó el Tribunal Colegiado, la previsión del artículo 271 de la Ley General de Salud, tiene como destinatarios a aquellos profesionales de la salud, que realicen cirugías estéticas y cosméticas relacionadas con el cambio o corrección de los contornos o formas de la cara y el cuerpo. Por tanto, al haber acreditado la quejosa ubicarse entre esta categoría de profesionales que realizan estas actividades, es claro que acredita ubicarse en el supuesto normativo de este artículo.
Sin embargo, lo anterior no implica que a la quejosa le perjudique todo el contenido normativo del artículo 81 de la Ley General de Salud.
Aunque el artículo 271 hace referencia al artículo 81, ambos de la Ley General de Salud, no debe perderse de vista que se trata de una norma que contempla distintas hipótesis que deben identificarse a los efectos de determinar si la parte quejosa está en aptitud de impugnarlos todos.
El segundo párrafo del artículo 271 de la Ley General de Salud, establece como uno de los tres requisitos necesarios para realizar cirugías estéticas y cosméticas, ser profesional de la salud de conformidad con el artículo 81 de esa ley. Ahora bien, este artículo, como se señaló, establece la forma en que la autoridad educativa debe proceder a registrar los certificados de especialidades médicas dependiendo de sus instituciones emisoras.
Al referirse dicho artículo al registro de especialidades médicas, debe interpretarse que, cuando el segundo párrafo del artículo 271 de la ley de la materia, se refiere a los profesionales de la salud en los términos del artículo 81, debe entenderse que esta norma exige a los profesionales de la salud que tengan un certificado de especialidad médica registrado por la autoridad educativa para realizar cirugías estéticas y cosméticas.
Por tanto, los tres requisitos necesarios para la realización de cirugías estéticas y cosméticas establecidos por el artículo 271, segundo párrafo, de la Ley General de Salud, deben entenderse como sigue:
a) Se realicen en establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigente;
b) Quienes las lleven a cabo sean profesionales de la salud con certificado de especialización registrado ante la autoridad educativa;
c) Se obtenga la autorización de la Secretaría de Salud, conforme al reglamento correspondiente.
De forma independiente, el artículo 81 establece los procedimientos necesarios para el registro de certificados de especialidades médicas, señalando requisitos diferenciados en función de las instituciones emisoras. Esta Sala considera que el contenido autónomo del artículo 81, en cuanto establece facultades y procedimientos para el registro de certificados de especialidades médicas, no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa y, por tanto, debe sobreseerse sobre este artículo.
Lo anterior, pues, si la parte quejosa pretende impugnar la facultad de la autoridad educativa para registrar dichos certificados, la facultad de la Secretaría de Salud para dar opiniones sobre el mencionado registro, cuando los certificados sean emitidos por instituciones sin reconocimiento oficial, así como la facultad del Comité Normativo Nacional de Especialidades Médicas, para dar opiniones sobre este registro en general, es menester que la parte quejosa acredite ubicarse en el supuesto normativo que actualiza la norma; esto es, contar con un certificado de especialidad médica cuyo registro pretenda realizar.
Dado que de autos no se desprende que la quejosa haya acreditado ubicarse en esta hipótesis, es claro que el artículo 81 no le depara ningún perjuicio.
Considerar lo contrario, esto es, que la quejosa sí tiene interés jurídico para impugnar este artículo de forma autónoma implicaría, eventualmente, otorgar el amparo, en su caso, para el efecto de que se registre un certificado de especialidad médica, sin la necesidad de cumplir con algunos de los procedimientos establecidos en el artículo 81, lo cual implicaría otorgar la protección constitucional para el efecto de que se registrara un certificado inexistente.
Por tanto, debe sobreseerse respecto del contenido normativo autónomo del artículo 81 de la Ley General de Salud.
Fijación de la litis. Con base en lo determinado en el punto anterior, la litis en el presente asunto se constriñe a determinar, por tanto, si el segundo párrafo del artículo 271 de la Ley General de Salud viola los artículos 5o., 13, 14, 16 y 28 de la Constitución Federal.
QUINTO. Estudio del asunto. Para analizar los argumentos formulados por la parte quejosa, esta Primera Sala los procede a dividir ordenadamente con base en la norma constitucional que considera violada.
1. Artículo 5o. constitucional. La parte quejosa argumenta que el párrafo segundo del artículo 271 de la Ley General de Salud, viola el artículo 5o. constitucional, sobre la base de dos líneas argumentativas:
1.1. En primer lugar, afirma que se vulnera la asignación competencial que establece dicha norma constitucional, según la cual corresponde a los Congresos de los Estados y no a la Federación regular "cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo, y las autoridades que han de expedirlo". Sin embargo, señala que tanto las normas que obligan a los profesionales de la salud a obtener una autorización para realizar determinadas cirugías estéticas y cosméticas, así como la autoridad que otorga dicha autorización, son federales, con lo que se invade en consecuencia, un ámbito competencial de las Legislaturas de los Estados.
1.2. En segundo lugar, afirma que el hecho de que se le impida practicar libremente las cirugías señaladas por la norma impugnada, sin la obtención de la respectiva autorización de la Secretaría de Salud, viola su garantía de libertad de trabajo, pues afirma que se trata de una actividad lícita por la que no se atacan los derechos de terceros ni los derechos de la sociedad, que no debe ser limitada por el poder público.
Esta Sala considera que las dos líneas de argumentación de la quejosa son infundadas.
a) El primero de los alegatos de la quejosa es infundado porque, a través de éste, propone un entendimiento parcial de los alcances de la facultad legislativa que establece el artículo 5o. constitucional en favor de los Congresos de los Estados, en la regulación de los títulos profesionales, que no se ajusta al esquema de facultades que el Texto Constitucional otorga en otras de sus normas a la Federación en materia de salubridad general.
En efecto, esta Sala observa que la argumentación de la recurrente soslaya la división de dos esferas competenciales distintas que ahora procedemos a distinguir: la referida a los títulos profesionales y la referida a la salubridad general.
Los artículos constitucionales que regulan ambas categorías competenciales son los siguientes:
"Artículo 5o. ...
"La ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. ..."
"Artículo 121. En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes:
"...
"V. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, con sujeción a sus leyes, serán respetados en los otros."
"Artículo 4o. ...
"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. ..."
"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"...
"XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. ..."
Como se observa de su contenido, el artículo 5o. constitucional establece que los Estados están facultados para determinar en sus leyes cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deben llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Esta facultad guarda congruencia con el contenido de la fracción V del artículo 121 constitucional, que prescribe que los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, con sujeción a sus leyes, deben ser respetados en los otros.
Por otro lado, el párrafo tercero del artículo 4o. constitucional establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21489-e633f8c8/derecho-a-la-salud-su-proteccion-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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