EXCUSA ABSOLUTORIA POR FARMACODEPENDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 199 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. SI SE ACREDITA QUE EL INDICIADO ES FARMACODEPENDIENTE EL JUEZ ESTÁ FACULTADO PARA APLICARLA EN EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL Y DETERMINAR NO SUJETARLO A PROCESO, SINO A UN TRATAMIENTO MÉDICO ANTE LAS AUTORIDADES SANITARIAS FEDERALES, SIN NECESIDAD DE ESPERAR HASTA EL DICTADO DE LA SENTENCIA.
AMPARO EN REVISIÓN 463/2008. **********
CONSIDERANDO:
CUARTO. Es fundado el agravio que hace valer el defensor público federal recurrente, en el sentido de que fue ilegal que el Magistrado del Tribunal Unitario en funciones de tribunal de amparo, haya negado al impetrante el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó en contra del auto de formal prisión reclamado, al considerar que fue correcto que el Tribunal Unitario responsable haya resuelto que la excusa absolutoria prevista en el artículo 199 del Código Penal Federal, únicamente puede establecerse en la sentencia definitiva que se dicte en el proceso penal, por implicar un aspecto negativo de la punibilidad.
En efecto, en principio y para establecer el criterio que sobre el tema planteado tiene este tribunal, resulta necesaria la transcripción de los artículos 199 del Código Penal Federal, 524 y 525 del Código Federal de Procedimientos Penales, que son invocados como apoyo de los agravios expresados por el recurrente, los cuales literalmente establecen lo siguiente:
"Artículo 199. Al farmacodependiente que posea para su estricto consumo personal algún narcótico de los señalados en el artículo 193 no se le aplicará pena alguna. El Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto como se enteren en algún procedimiento de que una persona relacionada con él es farmacodependiente, deberán informar de inmediato a las autoridades sanitarias, para los efectos del tratamiento que corresponda.
"Todo procesado o sentenciado que sea farmacodependiente quedará sujeto a tratamiento.
"Para la concesión de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a la farmacodependencia, pero sí se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta a tratamiento adecuado para su curación bajo vigilancia de la autoridad ejecutora."
"Artículo 524. Si la averiguación se refiere a la adquisición y posesión de estupefacientes o psicotrópicos, el Ministerio Público, de acuerdo con la autoridad sanitaria a que se refiere el artículo anterior, precisará acuciosamente si esa posesión tiene por finalidad exclusiva el uso personal que de ellos haga el indiciado. En este caso, y siempre que el dictamen hecho por la autoridad sanitaria indique que el inculpado tiene el hábito o necesidad de consumir ese estupefaciente o psicotrópico y la cantidad sea la necesaria para su propio consumo, no hará consignación a los tribunales; en caso contrario, ejercitará acción penal."
"Artículo 525. Si se hubiere hecho la consignación y dentro de las setenta y dos horas que señala el artículo 19 constitucional, se formula o se rectifica el dictamen en el sentido de que el inculpado tiene hábito o la necesidad de consumir el estupefaciente o psicotrópico y la cantidad sea la necesaria para su propio consumo, el Ministerio Público se desistirá de la acción penal sin necesidad de consulta al Procurador y pedirá al tribunal que el detenido sea puesto a disposición de la autoridad sanitaria federal para su tratamiento, por el tiempo necesario para su curación."
Ahora bien, en concepto de este tribunal, la interpretación del primero de los preceptos antes transcritos debe ser en el sentido de que al quedar acreditado que el procesado es farmacodependiente de la sustancia asegurada, y cuando la cantidad de droga sea para su estricto consumo personal, es decir, para sí y no para terceras personas, esto es, que no esté destinada a realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del Código Penal, ante esas circunstancias, se estará en condiciones de aplicar la excluyente en mención, lo cual, contrariamente a lo argumentado en la sentencia recurrida, puede resolverse en el propio auto de término constitucional, sin necesidad de esperarse hasta el dictado de la sentencia, pues si bien es cierto que en ese precepto se hace referencia a que en ese supuesto no se aplicará pena alguna y que las penas sólo se imponen en la sentencia, también lo es que tal expresión no implica que el juzgador esté impedido para determinar en el auto de término constitucional si se actualiza la hipótesis prevista en el citado numeral, habida cuenta que si la conducta del farmacodependiente que posea la droga necesaria para su estricto consumo personal queda acreditada antes de resolverse su situación jurídica, el Juez está facultado para determinar no sujetarlo a un procedimiento penal, sino a un tratamiento ante las autoridades sanitarias y, con ello, a la vez, no imponerle pena alguna como lo señala el precepto en comento, pues la espera hasta el dictado de la sentencia se haría necesaria sólo en el caso de que en dicho precepto se estableciera la obligación a cargo del juzgador de imponer una pena al farmacodependiente de que se trata, pues no podría hacerlo antes, en cambio, como ya se dijo, el no imponer la pena se puede realizar en el auto de término constitucional, con el hecho de no sujetar a proceso al farmacodependiente.
Corrobora este criterio, el contenido de los artículos 524 y 525 del Código Federal de Procedimientos Penales, que antes se transcribieron, pues de su contenido se infiere que el legislador otorga facultades al Ministerio Público, para que en el caso comprobado que sólo se estuviera ante la presencia de un enfermo por adicción al consumo de la droga, al ser detenido en posesión de pequeñas cantidades de estupefacientes o psicotrópicos, evite someterlo a un proceso judicial, no ejerciendo acción penal en su contra y, además, que para el caso de que la adicción o habitualidad se comprobara una vez consignado el asunto ante el Juez, el Ministerio Público se desista de la acción, incluso sin consulta al procurador, imponiéndole la condición de que deberá solicitar al tribunal que el detenido sea puesto a disposición de la autoridad sanitaria federal para su tratamiento por el tiempo necesario para su curación; de tal manera que el legislador faculta al Ministerio Público para no ejercer acción penal en caso de que se demuestre la adicción del indiciado y que la droga poseída sea la necesaria para su estricto consumo personal; por ende, con mayor razón debe entenderse que el juzgador está facultado para determinar el no sujetarlo a un procedimiento penal en el auto de término constitucional, pues no debe perderse de vista que el Ministerio Público consigna hechos que estima delictuosos, empero, es al Juez a quien le corresponde determinar si son o no constitutivos de delitos y, en su caso, la clasificación de los mismos.
Por otra parte, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo conducente:
"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ...."
La garantía constitucional prevista en el numeral referido debe prevalecer por encima de disposiciones secundarias que hagan nugatoria tal disposición, por lo que le asiste la razón al recurrente cuando aduce que la justicia debe ser pronta y expedita, evitando procesos inútiles y que si, como en el caso, de las constancias que obran en autos puede preverse desde el dictado del auto de término constitucional, que la excusa absolutoria a que se refiere el artículo 199 del Código Penal Federal, habrá de igual modo de actualizarse al dictarse la sentencia respectiva, no existe razón para someter a proceso al inculpado, sin que tenga aplicación la incorrecta consideración sostenida por el tribunal responsable y que confirma el Tribunal Unitario en funciones de órgano de control constitucional, en el sentido de que son las sentencias las que deben contener la absolución o condena del acusado y no los autos de término constitucional, pues escapó a su apreciación que, según lo dispuesto en los numerales transcritos, si es durante la averiguación previa (artículo 524), es bajo el dictado de un proveído en el que se determina la situación; de igual manera, si es durante la preinstrucción (artículo 525), el Juez de la causa recibe el desistimiento de la acción ejercitada por el Ministerio Público y dictará un simple proveído que tampoco constituye una sentencia.
Apoya la consideración anterior, lo dispuesto por el artículo 41 del Código Federal de Procedimientos Penales, que en la parte que interesa dispone: "Artículo 41. Los tribunales dictarán de oficio los trámites y providencias encaminados a que la justicia sea pronta y expedita. ..."; por lo tanto, es dable concluir que la excusa absolutoria que prevé el artículo 199 del Código Penal Federal, en relación con lo estipulado por el diverso 17 constitucional y 41 del código adjetivo penal federal, debe estudiarse de oficio y resolverse en cualquier etapa del procedimiento penal.
Atento a lo expuesto, este órgano colegiado arriba a la conclusión de que la resolución que aquí se impugna fue ilegal, en virtud de que el tribunal que conoció del juicio de amparo debió advertir que fue violatorio de las garantías individuales de la parte quejosa el proceder del Tribunal Unitario señalado como responsable, al declarar fundado el agravio expuesto por el agente del Ministerio Público de la Federación a ese respecto, pues atendiendo a lo antes señalado, debió concluir que ningún agravio le ocasionó al apelante el proceder del Juez de Distrito al tener por actualizada la excusa absolutoria prevista en el artículo 199 del Código Penal Federal.
Resulta aplicable a lo expuesto, la tesis aislada de este Tribunal Colegiado identificada con la clave XV.1o.34 P, contenida en la página 2504 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, julio de 2007, Materia Penal, Tribunales Colegiados de Circuito, que textualmente dice: "EXCUSA ABSOLUTORIA POR FARMACODEPENDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 199 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. EL JUEZ ESTÁ FACULTADO PARA APLICARLA EN EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL Y DETERMINAR NO SUJETARLO A PROCESO, SINO A UN TRATAMIENTO MÉDICO ANTE LAS AUTORIDADES SANITARIAS FEDERALES, SIN NECESIDAD DE ESPERAR HASTA EL DICTADO DE LA SENTENCIA. De conformidad con el artículo 199 del Código Penal Federal al quedar acreditado en autos, antes de resolverse su situación jurídica, que el procesado es farmacodependiente de la sustancia que le fue asegurada al ser detenido y cuando la cantidad sea para su estricto consumo personal y no para realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del mismo ordenamiento legal, el Juez está facultado para aplicar en el auto de término constitucional la excluyente de punibilidad prevista en aquél y determinar no sujetarlo a un proceso, sino a un tratamiento médico ante las autoridades sanitarias federales, sin que sea necesario esperar hasta el dictado de la sentencia, y aun cuando en dicho numeral se hace referencia a que en ese supuesto no se aplicará pena alguna y ésta sólo se impone en la sentencia, dicha expresión no implica que el juzgador esté impedido para determinar en el citado auto de término constitucional si se actualiza la hipótesis referida y con ello a la vez no imponer pena alguna al farmacodependiente, como lo señala el primero de los preceptos citados, pues la espera hasta el dictado de la sentencia se haría necesaria sólo en el caso de que dicho numeral estableciera la obligación a cargo del juzgador de imponer una pena al farmacodependiente, porque en tal supuesto no podría hacerlo antes, en cambio, el no imponer la pena puede realizarse en el auto de término constitucional, con el hecho de no sujetar a proceso al farmacodependiente. Lo anterior se corrobora del contenido de los artículos 524 y 525 del Código Federal de Procedimientos Penales, del que se infiere que el Ministerio Público está facultado para que en el caso comprobado de que se esté ante un enfermo de adicción, evite someterlo a un proceso judicial no ejerciendo acción penal en su contra y, en caso de probarse, una vez consignado el asunto ante el Juez, se desista de la acción incluso sin consultar al procurador, imponiéndole la obligación de solicitar al tribunal que el detenido sea puesto a disposición de la autoridad sanitaria federal para su tratamiento por el tiempo necesario para su curación, de ahí que con mayor razón se debe entender que el juzgador está facultado para determinar no sujetarlo a un procedimiento penal en el auto de término constitucional, pues el Ministerio Público consigna hechos que estima delictuosos, empero es al Juez a quien corresponde determinar si son o no constitutivos de delitos y, en su caso, su clasificación. Lo anterior, además, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, para evitar procesos inútiles y más cuando, como en el caso, de autos puede preverse desde el dictado del auto de término constitucional que la excusa absolutoria habrá igualmente de actualizarse al dictarse la sentencia."
A ese respecto cabe señalar, que no pasa desapercibido para este tribunal que al revocar el auto de libertad decretado por el Juez de Distrito en favor del quejoso, el Tribunal Unitario responsable analizó a mayor abundamiento y, en atención, según dijo, a los agravios expuestos por el representante social, si como lo determinó el a quo, se colmaron los extremos del artículo 199 del Código Penal Federal antes transcrito, arribando a la conclusión de que, de cualquier forma, sería de revocarse el auto apelado, en virtud de que no se actualizó el supuesto contenido en dicho precepto, en virtud de que la droga que le fue asegurada al quejoso no era la "... necesaria para el estricto consumo personal ...", pues dijo, del peritaje emitido por el médico ********** se advierte que la cantidad de dos gramos peso neto de metanfetamina incautada al activo excedía de lo necesario para su estricto consumo personal, por lo que atendiendo a dicho medio de prueba, la autoridad responsable concluyó que, ese dato relacionado con la inspección de la droga y el dictamen que se practicó a la misma, llevaron "... al conocimiento pleno a que alude el diverso normativo 286 de la ley procesal en cita, de que la suma del narcótico interesado no puede considerarse, al menos hasta la etapa procesal seguida, como la necesaria para el estricto consumo personal del implicado ...", y agregó, que la eximente de la pena no justifica la posesión excesiva de enervantes en los toxicómanos, pues ello conduciría al absurdo de que cualquier persona adicta a los narcóticos pudiera acumular grandes cantidades de los mismos, con el pretexto de ser adicto; de ahí que se exija que la cantidad poseída sea la adecuada para su consumo personal.
Ahora bien, el tribunal que conoció del juicio de amparo, al analizar la legalidad de la resolución reclamada, nada dijo con relación a las consideraciones a que en ese aspecto arribó la autoridad responsable, por lo que al ser atendidas por este Tribunal Colegiado, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, se aprecia que en ese aspecto también fue violatoria de las garantías individuales del quejoso la resolución reclamada, en virtud de que, si bien es cierto que el apelante, agente del Ministerio Público de la Federación, señaló en sus agravios que no se colmaron los requisitos a que alude el artículo 199 referido, para tener por actualizada la excusa absolutoria, sin embargo, la responsable debió advertir que sus manifestaciones eran inoperantes para evidenciar la ilegalidad del auto de libertad emitido por el Juez de Distrito, en virtud de que no controvirtió la totalidad de los motivos y fundamentos expuestos por el resolutor mencionado al estimar que sí se colmaron los mismos.
Se afirma lo anterior, en virtud de que en las fojas 132 bis y siguientes del juicio de amparo, obra copia certificada del auto de término constitucional dictado por el a quo, de las que se aprecia que consideró acreditada la excusa absolutoria prevista en el artículo 199 del Código Penal Federal, pues dijo, de las constancias existentes en autos se advierte que elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a un farmacodependiente, en este caso, el quejoso ********** o ********** en posesión de dos gramos de metanfetamina, sin que las pruebas relativas revelaran que el narcótico incautado fuera a tener otro destino que el de satisfacer su adicción a la droga referida, por lo que consideró que la referida excusa se encontraba demostrada preponderantemente con la confesión del quejoso emitida ante el agente del Ministerio Público y ratificada judicialmente en vía de preparatoria, en cuanto reconoció la posesión y su adicción a la metanfetamina, con "... el dictamen pericial suscrito por el doctor ********** perito médico oficial de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República en esta ciudad, en el que concluyó que ********** es farmacodependiente y que la cantidad de dos gramos de metanfetamina sería la necesaria para su consumo en dos días ..."; con la fe ministerial de la sustancia y el dictamen químico que la identificó como metanfetamina, considerada como psicotrópico en el artículo 245 de la Ley General de Salud, por lo que con base en dichos medios de prueba arribó a la determinación de que el quejoso, en su calidad de farmacodependiente de la droga "... poseyó para su estricto consumo dos gramos de metanfetamina, sin que los medios de convicción conduzcan a determinar que dicho narcótico tuviese otro destino que no sea su satisfacción personal ... aunado a que es necesario que la cantidad que posea esté destinada para su estricto consumo personal, es decir, para sí y no para terceras personas, sin que se establezca si la cantidad asegurada excede o no de la requerida para su consumo diario o por un tiempo determinado, puesto que el precepto en cita no lo exige, por lo que al acreditarse que el indiciado es farmacodependiente de la droga decomisada, y que se le encontró en posesión de dos gramos de metanfetamina, se concluye que estaba destinada para su estricto consumo personal, tomando en cuenta para ello el dictamen practicado por el perito oficial designado por la procuraduría ..."
Ahora bien, del contenido del escrito de agravios formulado por el representante social apelante, y que obra en copia certificada a fojas 43 y siguientes del juicio de amparo, se advierte que sus agravios respecto a ese punto se hicieron consistir en que: a) no obran constancias en cuanto a que debido al grado de dependencia del quejoso debiera traer consigo la cantidad de la droga asegurada; b) que su dicho es el único medio de prueba con el que acreditó su adicción; c) que los dos gramos de metanfetamina asegurados los considera excesivos para el consumo personal inmediato; d) que en el dictamen médico practicado al quejoso se aprecia que la cantidad asegurada sí excede para su consumo personal inmediato; e) que el hecho de que una persona sea toxicómano no lo autoriza para poseer en la vía pública cualquier cantidad y tipo de droga.
Del análisis que se hace de dichas alegaciones, en relación con el auto apelado, se advierte que la autoridad responsable no debió estimarlas aptas para desvirtuar las consideraciones en que se apoyó el juzgador de origen y, por ende, para evidenciar la ilegalidad del auto de libertad apelado, en virtud de que si bien es cierto que no obra una constancia o medio de prueba en específico que justifique que el quejoso debiera traer consigo la cantidad de la droga asegurada debido a su grado de adicción, también lo es que ese no es un requisito necesario para que pueda operar la excusa absolutoria, pues como la propia responsable lo señaló en la resolución reclamada, para que la misma se actualice se requiere que el sujeto activo sea farmacodependiente al narcótico asegurado y que la cantidad del enervante sea la necesaria para el consumo personal del sujeto activo, siendo que el primero de los requisitos quedó demostrado a decir de la responsable "... con el peritaje rendido en la indagatoria por el facultativo ********** quien dictaminó a ********** o ********** como farmacodependiente a la metanfetamina ..."; de ahí que, por lo que hace a la alegación relativa, en cuanto a que su dicho fue el único medio de prueba con el que acreditó su adicción fue desestimado por la propia responsable; además, aun cuando es cierto que el representante social señaló en sus agravios que los dos gramos de metanfetamina asegurados eran excesivos para el consumo personal inmediato del quejoso y que así se desprendía del dictamen médico que se le practicó, sin embargo, la responsable debió advertir que era inoperante su alegación, ya que con tales manifestaciones, por una parte, se concretó a decir lo contrario a lo considerado por el a quo, pero no controvirtió las consideraciones de éste ni expuso razonamientos lógico jurídicos para evidenciar, entre otras cosas, a) que fueron incorrectamente valorados los medios de prueba en que se apoyó el a quo, b) en qué consistió su incorrecta valoración, c) por qué de los mismos sí se desprendió que el narcótico tenía un destino distinto al del consumo personal y, d) que contrario a lo expuesto por el a quo, el artículo 199 mencionado sí establece como requisito indispensable que se deba establecer si la cantidad de la droga asegurada "excedía o no de la requerida para su consumo diario". Además, cabe señalar que aun cuando el apelante sí se hubiera inconformado de manera concreta y hubiera impugnado las consideraciones a que arribó el a quo, de cualquier forma hubieran sido de desestimarse sus agravios, en virtud de que, el criterio del juzgador al analizar si de acuerdo a la cantidad de la droga se podía estimar que la misma era la requerida para su estricto consumo personal, se ajustó a lo dispuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 13/96, publicada en la página 171 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, correspondiente al mes de junio de 1996, en la que ha determinado que la excusa absolutoria prevista en el artículo 199 del Código Penal Federal, para su actualización, no requiere que el consumo sea inmediato o diario, sino que deja al arbitrio del juzgador la apreciación de la posesión del narcótico para el estricto consumo personal del farmacodependiente, tal como lo atendió el Juez de primera instancia, de ahí que debió desestimarse su alegación en cuanto a que la cantidad de la droga asegurada era excesiva para su consumo personal inmediato, más aún, porque el apelante no impugnó la determinación del a quo en cuanto a que del dictamen pericial suscrito por el doctor ********** se desprendía que la cantidad de dos gramos de metanfetamina "... sería la necesaria para su consumo en dos días ...", a fin de evidenciar que el arbitrio usado por el juzgador no fue el correcto, y si bien es cierto que el Tribunal Unitario responsable se apoyó en la parte de dicho dictamen en la que el perito determinó que "... la cantidad asegurada de metanfetamina (2.0 grs.) sí exceden de la estricta necesaria para su uso inmediato personal ...", también lo es que, como antes se dijo, la posesión relativa no está sujeta a condición temporal de inmediatez y, por otra parte, se evidencia que la responsable valoró sólo en forma parcial ese dictamen, pues omitió hacer referencia a lo considerado por el a quo en cuanto a que la droga asegurada era la necesaria para su consumo en dos días, o evidenciar que, contrario a lo considerado por éste, ello no se desprendía del aludido dictamen, máxime que la responsable se concretó a afirmar de manera dogmática que la droga asegurada no podía considerarse como la necesaria para su estricto consumo personal, pero no motivó debidamente el porqué consideraba lo contrario y, por ende, por qué consideró que la cantidad asegurada debía considerarse excesiva, o que estaba destinada a transmitirse a terceros; y por último, también debió advertir que era inoperante la alegación del Ministerio Público, en cuanto a que el hecho de que una persona sea toxicómano no lo autoriza para poseer en la vía pública cualquier cantidad y tipo de droga, pues ello no era una cuestión controvertida, ya que el Juez de primera instancia no partió de esa premisa para decretar el auto de libertad apelado.
La jurisprudencia antes mencionada textualmente dice: "POSESIÓN DE NARCÓTICOS PARA EL ESTRICTO CONSUMO PERSONAL DEL FARMACODEPENDIENTE. LA EXCUSA ABSOLUTORIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 199 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO SE SUJETA A CONDICIÓN TEMPORAL ALGUNA.-La excusa absolutoria prevista en el artículo 199 del Código Penal Federal, en cuanto previene que al farmacodependiente que posea para su estricto consumo personal algún narcótico de los señalados en el artículo 193, no se le aplicará pena alguna, no requiere para su operancia que el consumo sea el inmediato o diario, como se establecía en las fracciones I y II del artículo 194 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. Antes bien, de la interpretación literal del artículo 199, así como de la exposición de motivos correspondiente, se advierte con claridad que la intención del legislador fue precisamente la de suprimir el anterior tratamiento que se daba a los farmacodependientes que poseyeran narcóticos para su propio e inmediato consumo; esto es, en el nuevo precepto se establece otra excusa absolutoria que encuadra en las conductas que anteriormente contemplaban las fracciones I y II del artículo 194, con la salvedad de que el determinar la cantidad de narcótico poseída por el farmacodependiente para su estricto consumo, queda al arbitrio del juzgador, por no establecerse algún término, sin embargo se requerirá del dictamen médico correspondiente en el caso concreto y, en el último párrafo, se advierte la hipótesis que se comprendía en el correspondiente de la fracción IV del anterior artículo 194, advirtiéndose que se cambia el término ‘adicto o habitual’ por el de ‘farmacodependiente’. Efectivamente, en el artículo 199 se deja al arbitrio del juzgador la apreciación de la posesión del narcótico para el estricto consumo personal del farmacodependiente, para lo cual, deberá considerar todas las circunstancias del caso, entre las cuales, desde luego, no se excluye el elemento de temporalidad, del cual no obstante, no es el único que debe ponderarse para determinar cuándo la posesión del narcótico tiene como finalidad el estricto consumo personal del mismo por parte del inculpado. Por tanto, esa situación deberá valorarla el Juez del proceso mediante el análisis comparativo de la cantidad, naturaleza, forma de adquisición y venta de droga poseída y el grado de adicción del encausado, así como las circunstancias que mediaron en la comisión de la conducta antijurídica, y las demás que incidan en la apreciación de la finalidad de la posesión del narcótico por parte del encausado."
Por último, cabe mencionar que no pasa desapercibido para este órgano colegiado, que el Tribunal Unitario que conoció del juicio de amparo, al analizar la legalidad del acto reclamado, se pronunció respecto de la debida valoración que la autoridad responsable realizó de los medios de prueba en que se apoyó para emitir el acto reclamado, sin embargo, del análisis que se hace de las constancias que integran dicho juicio, se aprecia que, ni el Tribunal Unitario responsable ni el Juez de Distrito, acompañaron a su informe justificado las copias certificadas relativas a la causa penal que sirvieron de antecedente al auto de término constitucional y en las que la responsable se apoyó para emitir la resolución apelada, no obstante que las mismas eran necesarias para analizar la legalidad del auto reclamado, máxime si se toma en consideración que el ad quem revocó el auto del a quo, y el aspecto en que se apoyaron para la valoración del dictamen pericial emitido por el doctor ********** fue distinto; sin embargo, en el caso no ha lugar a revocar la sentencia constitucional impugnada para el efecto de que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, en relación con el diverso 78, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo, el tribunal que conoció del juicio de garantías recabe las constancias relativas, en virtud de que, dado el sentido del presente fallo, al advertirse que los agravios del representante social debieron estimarse inoperantes, no se hicieron necesarios en esta instancia los documentos respectivos, dado el sentido del presente fallo.
En consecuencia, al ser fundado el agravio en estudio, se impone revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, se concede al quejoso ********** el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Tribunal Unitario responsable deje insubsistente la resolución reclamada y dicte otra en la que, conforme a los lineamientos de la presente ejecutoria, declare infundados por una parte e inoperantes por otra los agravios expuestos por el agente del Ministerio Público de la Federación apelante y, en consecuencia, confirme la resolución de primera instancia en la que se decretó auto de libertad a favor del quejoso por el delito contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina, que prevé el artículo 195 bis del Código Penal Federal, al haber operado a su favor la excusa absolutoria que contempla el numeral 199 de dicho ordenamiento legal; concesión que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados por el quejoso, los cuales deberán quedar insubsistentes dado el sentido del presente fallo.
Por lo expuesto, fundad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21796-bd987f15/excusa-absolutoria-por-farmacodependencia-prevista-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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