GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES, CONDICIONES DEL LUGAR DONDE SE EJERZA.
AMPARO EN REVISIÓN 347/2008. **********
CONSIDERANDO:
QUINTO. Argumentación. Que son infundados los argumentos de agravio del recurrente, fundamentalmente, porque en el juicio de donde emanan los actos reclamados se discute sobre la guarda y custodia de menores; en consecuencia, procede suplir la deficiencia de la queja, incluso, en esta instancia, para que la autoridad responsable recabe las pruebas que estime en busca de una solución más adecuada para los intereses de los menores.
1) Suplencia de queja
El revisionista carece de razón acerca de la aplicación de estricto derecho en el asunto, pues la litis en el juicio natural consistió en resolver sobre la guarda y custodia de los menores, lo que encuadra en la fracción V del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.
Cierto, históricamente, la adición a la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estableció la suplencia de la deficiencia de la queja en los juicios de amparo contra actos que afecten derechos de menores e incapaces (decreto de 27 de febrero de 1974, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de marzo del mismo año), según la exposición de motivos de la iniciativa de reformas, tuvo como finalidad inicial la de tutelar los derechos de familia, pretendiéndose crear una institución "cuya instrumentación jurídica adecuada, haga posible la satisfacción de derechos mínimos (de los menores e incapaces), necesarios para un desarrollo físico, moral y espiritual armonioso".
Sin embargo, en la propia iniciativa presentada por el presidente de la República se expresa que la referida adición a la Constitución Federal:
"... tenderá a lograr en favor de los menores e incapaces la derrama de la totalidad de los beneficios inherentes a la expresada institución procesal, invistiendo al Poder Judicial de la Federación que conoce del amparo, además de la facultad de corrección del error en la cita del precepto o preceptos violados, la de intervenir de oficio en el análisis del amparo, haciendo valer los conceptos que a su juicio sean o que conduzcan al esclarecimiento de la verdad ..."
Tal intención de la iniciativa fue desarrollada ampliamente por el Congreso de la Unión al aprobar el decreto que la reglamentó, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de diciembre de 1974, a través del cual se adicionaron los artículos 76, 78, 79, 91 y 161 de la Ley de Amparo; y al aprobar también el decreto de 28 de mayo de 1976, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de junio siguiente, que introdujo nuevas reformas a la Ley de Amparo, en vigor a partir del día 15 de julio de 1976.
En efecto, la adición al artículo 76 (cuarto párrafo), dispuso que: "Deberá suplirse la deficiencia de la queja en los juicios de amparo en que los menores de edad o los incapaces figuren como quejosos."
Así también, la fracción V del artículo 91 de la Ley de Amparo estableció que:
"Tratándose de amparos en que los recurrentes sean menores o incapaces (los tribunales que conozcan del recurso de revisión), examinarán sus agravios y podrán suplir sus deficiencias y apreciar los actos reclamados y su inconstitucionalidad conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 76 y en el tercero del artículo 78."
Como se ve, ninguno de esos dos preceptos limitó el ejercicio de la suplencia de la queja a los derechos de familia y sí, por el contrario, la segunda disposición transcrita remitió expresamente al artículo 78, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (también reformado por el segundo de los decretos que se mencionan), en el que se estableció que:
"En los amparos en que se controviertan derechos de menores e incapaces, el tribunal que conozca del juicio podrá aportar de oficio las pruebas que estime pertinentes."
De lo anterior, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la suplencia instituida en favor de los menores no solamente fue estructurada por el legislador con ánimo de tutelar los derechos de familia, inherentes al estado de minoridad, sino también para ser aplicada en todos los amparos en los que sean parte los menores de edad o los incapaces, cualquiera que sea la naturaleza de los derechos que se cuestionen, y se previó también la necesidad de que la autoridad que conozca del juicio recabe oficiosamente pruebas que los beneficien.
Esas consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia de rubro: "MENORES E INCAPACES, SUPLENCIA DE LA QUEJA TRATÁNDOSE DE. SUS ALCANCES A TODA CLASE DE JUICIOS DE AMPARO Y NO SOLAMENTE CON RESPECTO A DERECHOS DE FAMILIA." (IUS 917845).
Ahora, si bien es cierto que la redacción de los preceptos apuntados ha cambiado, también lo es que la actual Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha apartado de dicho criterio sino que, en congruencia, ha considerado que la suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; y tal beneficio debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo, por lo que la Corte determinó que dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz.
Aún más, el Alto Tribunal consideró que no es óbice la naturaleza de los derechos que se deduzcan en el juicio, pues no estimó determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión. Ello atendiendo a que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz.
Para apoyar tal afirmación se consideró también la finalidad de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, incluso, en la recabación oficiosa de pruebas; esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz.
Con base en esos razonamientos, dicha autoridad judicial emitió la jurisprudencia de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE." (IUS 175053); emanada de la contradicción de tesis 106/2004-PS, obligatoria en términos del último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo.
De ahí que si la suplencia de la queja opera en toda su amplitud con independencia de los derechos cuestionados o el carácter del promovente, con mayor razón debe considerarse aplicable al caso que nos ocupa, donde los derechos discutidos versan, precisamente, sobre la guarda y custodia de menores, aunque la promovente haya sido la madre, o que el recurrente en esta instancia sea el padre, pues en todo caso el interés de la sociedad por preservar los intereses de los menores debe ejercerse invariablemente a través de sus instituciones, como ocurre en el caso de los tribunales judiciales.
2) Alcances de la suplencia de la queja deficiente
La suplencia de la queja, de manera similar a lo que ocurre en el caso del artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, implica un examen cuidadoso del problema que se plantea, como se consideró en la jurisprudencia de rubro: "SUPLENCIA EN LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, IMPLICA UN EXAMEN CUIDADOSO DEL ACTO RECLAMADO." (IUS 207446).
Por lo tanto, al aplicar dicha suplencia es posible examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean.
Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple pues, para determinar si procede dicha figura, tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia.
Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente.
Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE." (IUS 170008).
Además, el artículo 76 Bis, fracción V, de la Ley de Amparo, no expresa si opera sólo en cierto tipo de amparos, por lo que es dable interpretar que dicho beneficio procesal resulta aplicable en los juicios de amparo directo y en los indirectos, en primera instancia o en revisión.
Es aplicable a lo anterior por analogía la jurisprudencia de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. ES APLICABLE EN AMPAROS DIRECTO E INDIRECTO, EN PRIMERA INSTANCIA O EN REVISIÓN." (IUS 175754).
Ahora, respecto de las autoridades del fuero común, con base en esos principios, la misma Sala de la Corte consideró, respecto de la legislación procesal civil del Estado de Tamaulipas, que está permitida la suplencia: 1) Como excepción al principio de estricto derecho los asuntos del orden familiar, pues permite al juzgador suplir de oficio las deficiencias de los argumentos de las partes para proteger el interés de la familia mirando siempre por lo que más favorezca a los menores o incapaces; 2) Sólo excepcionalmente tendrá un tribunal de alzada que revisar el expediente a efecto de corregir las determinaciones adoptadas conectados con los intereses de los menores de modo indirecto; y, 3) Que las facultades que las normas legales interpretadas, aplicadas juiciosa y racionalmente por el Juez Civil como medio procesal imprescindible para atender debidamente los intereses de los menores afectados por el juicio, no representan una amenaza a la igualdad procesal que debe regir el desarrollo del procedimiento.
Tales consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia de rubro: "DIVORCIO NECESARIO. EL TRIBUNAL DE ALZADA PUEDE SUPLIR LA QUEJA E INCLUSO ANALIZAR CUESTIONES DISTINTAS A LAS PLANTEADAS EN LOS AGRAVIOS DE LAS PARTES SI ELLO RESULTA IMPRESCINDIBLE PARA PROTEGER DEBIDAMENTE EL INTERÉS DE LA FAMILIA, Y EN PARTICULAR LOS DERECHOS E INTERESES DE LOS MENORES (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 949, FRACCIÓN I DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS)." (IUS 172533), en el expediente de contradicción de tesis 111/2006-PS.
Las consideraciones precedentes pueden aplicarse al caso en estudio por analogía, ya que la identidad sustancial entre ambos casos es que se trata de intereses de menores y que la legislación del Distrito Federal es similar a la estudiada en la jurisprudencia comentada.
Además, de conformidad con el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el veintiuno de septiembre del precitado año, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, en todas las medidas concernientes a los niños y las niñas que tomen las instituciones públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, considerarán primordialmente que se atienda al interés superior del niño.
Así, las autoridades de instancia están obligadas a observar que se acate esa normatividad, para lo cual deben ordenar la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, según lo autoriza la legislación procesal civil, con el propósito de determinar que no exista obstáculo que impida otorgar a alguno de los progenitores dicha guarda, esto es, que de acuerdo con el conjunto de probanzas que sean recabadas se tenga plena convicción para determinar quién, ya sea el padre o la madre, es el idóneo al respecto, razonándose con objetividad y de manera justa el por qué la conducta de la persona a quien se entregue el cuidado del infante no le resultará nociva, ni contraria a su formación, educación e integración socio-afectiva.
Así se consideró en la tesis del rubro: "GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES. LOS JUZGADORES ESTÁN OBLIGADOS A CONSTATAR QUE NO EXISTA OBSTÁCULO QUE IMPIDA OBJETIVA Y LEGALMENTE OTORGARLA A ALGUNO DE SUS PROGENITORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)." (IUS 179572).
Por último, en la antiguamente denominada materia de relaciones familiares, el juzgador no estaba obligado a resolver conforme a las pretensiones de las partes, simplemente porque no se oponga la defensa conducente; sino que la conveniencia o inconveniencia de que los menores de edad queden con uno o con otro de sus padres y vivan en tales o cuales circunstancias, quedaba a su prudente discreción y se debía velar por el interés de dichos menores.
Así se consideró al interpretar la entonces Ley de Relaciones Familiares, en la tesis del rubro: "MENORES, GUARDA DE LOS. ESTUDIO DE OFICIO DE LA CUESTIÓN." (IUS 340150), cuya intención finalista es aplicable al caso.
En resumen, la suplencia de la queja deficiente en los asuntos donde estén involucrados derechos de menores, no sólo está permitida, sino que es exigible tanto a las autoridades del fuero común, como al juzgador federal y a este Tribunal Colegiado.
2.a) Patria potestad
La familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad.
El derecho de familia es un conjunto de normas jurídicas dirigidas a regir la conducta de los miembros entre sí, procurándose el mejor desenlace en las relaciones conyugales y consanguíneas constituidas por un sistema de derechos y obligaciones, poderes, facultades y deberes entre consortes, hijos y parientes.
Esas facultades y deberes de carácter asistencial que nacen entre los padres, hijos, parientes colaterales (hermanos, tíos, sobrinos, etcétera), tienen como objetivo tutelar los derechos entre ascendientes y descendientes, sujetándose a normas establecidas para la protección de los hijos.
Por ello, el derecho de familia se ocupa, entre otros aspectos, de la protección de los menores a través del ejercicio de la patria potestad y la guarda y custodia, considerado ello como una institución protectora de la persona y bienes de los hijos menores de edad no emancipados, que nace de la filiación.
La patria potestad se ha establecido principalmente en beneficio del hijo y para prestarle un poderoso auxilio a su debilidad, su ignorancia y su inexperiencia.
Para que los padres puedan cumplir cabalmente con esos deberes como son: velar por la seguridad e integridad corporal del hijo, el cuidado de dirigir su educación, de vigilar su conducta, sus relaciones y su correspondencia, y el formar su carácter, es necesario que tengan la guarda del hijo; es decir, la posesión del hijo mediante la convivencia cotidiana, bajo el mismo techo e ininterrumpidamente.
2.b) Guarda y custodia
Una de las prerrogativas de la patria potestad es la guarda y custodia, que significa cuidado y vigilancia de los menores.
Dicha guarda, en principio, no se puede entender desvinculada de la posesión material de los hijos, porque tal posesión es un medio insustituible para protegerlos, cultivarlos física y espiritualmente y procurarles la satisfacción de sus necesidades.
Sin embargo, aun cuando la patria potestad, implica no sólo derechos, sino también deberes, sobre todo el interés y protección del menor (sin dejar de considerarse los derechos que el padre posee), cuando ese fin primordial no se cumpla, será necesario para el bien del menor desvincular el derecho de patria potestad del derecho de la guarda y custodia, con las implicaciones que el mismo conlleva.
Al abordar este tema, las legislaciones de diversas entidades federativas han dejado que el Juez resuelva en caso de conflicto sobre la guarda y custodia, de tal suerte que si el interés del menor lo exigiere, por razones graves que expondrá en su fallo, podrá establecer las modalidades que juzgue conveniente y dictar las medidas para encomendar la guarda a uno solo de los progenitores, a un pariente o a una institución.
Así también, la misma legislación y los tratados internacionales han establecido que el menor deba opinar sobre sus preferencias y el Juez deberá considerar esa opinión resolviendo en función de su interés superior, mas ello no significa que su opinión sea determinante para resolver.
En consecuencia, en los casos que deba desvincularse la patria potestad de la guarda y custodia para dejársele a uno de los progenitores, sus familiares, e incluso a otras instituciones, el juzgador deberá allegarse de los elementos para resolver según las circunstancias particulares del caso; y, con los elementos que obtenga, deberá también señalar las modalidades bajo las cuales deberá ejercerse, según las circunstancias del menor y su interés superior; pero respetando el derecho del padre para vigilar su ejercicio, seguir interactuando con el menor e interactuar con él.
Bajo el contexto apuntado, si la patria potestad tiene como fin primordial auxiliar a los menores por su debilidad, su ignorancia y su inexperiencia durante su crecimiento, para fomentar su desarrollo con los cuidados, corrección y conducta en la formación de su carácter, mediante la convivencia cotidiana; resulta que en los casos en que deba desvincularse la patria potestad de la guarda y custodia, aquel progenitor bajo quien recaiga deberá desempeñar los derechos y obligaciones, tendrá al menor bajo el mismo techo donde ejerza su guarda.
2.c) Lugar
Como se tiene dicho, los derechos y obligaciones de la patria potestad, entre ellos el cuidado, corrección, formación física y espiritual de los hijos implica proximidad estrecha entre quien la ejerza y el menor; para su desarrollo, en los casos en que la guarda y custodia esté desvinculada de la patria potestad, es preferible que quien ejerza esa guarda y custodia lo haga donde existan las mejores condiciones posibles para lograr sus fines. Ello se considera así, porque sólo con cierta autoridad o prerrogativas que tenga en el lugar donde la ejerza, gozará de las atribuciones y respeto que implique el llevar a cabo acciones orientadas a ese fin.
3) Necesidad de recabar pruebas para resolver
Según lo expuesto en páginas precedentes, tratándose de asuntos en materia familiar, el Juez cuenta con las más amplias facultades para actuar de oficio en los asuntos que afecten a la familia, según lo previsto en el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que es del tenor:
"Artículo 941. El Juez de lo familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros.
"En todos los asuntos del orden familiar los Jueces y tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho.
"En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento."
Además, tomando en cuenta el mandato constitucional, los tratados internacionales y el imperativo de contar con los elementos necesarios para resolver en aras del interés superior del menor, es posible recabar las pruebas pertinentes para resolver lo que mejor resulte para los menores según las circunstancias del caso.
Por lo tanto, al decretar la guarda y custodia de menores a favor de alguno de los divorciantes, desvinculada de la patria potestad en razón del interés superior del menor o por convenio, el juzgador deberá contar con los elementos que le permitan advertir que el lugar donde se ejerza sea lo más favorable posible para el mejor desarrollo de los derechos y obligaciones de cuidado, corrección, formación física y espiritual de los menores, debiendo procurar que se ejerza en un lugar donde la persona a quien se decretó goce de las atribuciones, respeto y autoridad para llevar a cabo las acciones orientadas a lograr mejor esos fines. En cambio, si de actuaciones no se advierten esos elementos, deberá recabar las pruebas que estime pertinentes para la mejor solución del asunto con audiencia de las partes.
4) Medidas que resulten como consecuencia de la guarda y custodia de menores
El interés de la sociedad en la protección de los menores llevada a cabo mediante sus instituciones, como es la autoridad judicial, requiere el dictado de resoluciones congruentes no sólo con las peticiones de las partes, sino también con las consecuencias que de ello se deriven acordes a ese interés.
Sobre el aspecto apuntado, este tribunal comparte las consideraciones de la sentencia que se revisa en lo referente a que la Sala responsable debió pronunciarse pormenorizadamente sobre la procedencia o no de la petición de la actora incidentista para que el padre de los niños saliera del domicilio donde convinieron las partes ejercer la guarda y custodia en el convenio celebrado durante el juicio de divorcio.
Así también, se comparte la consideración de que la autoridad responsable se limitó a señalar que la recurrente no ofreció medio de prueba para acreditar el carácter con el que su contraparte habita el inmueble, por lo que la resolución es violatoria de las garantías de debida fundamentación y motivación, lo cual llevó al Juez Federal a conceder la protección constitucional.
Sin embargo, el dictado de una resolución fundada y motivada no resuelve la litis en su integridad pues, por un lado, si se decreta la salida del recurrente del domicilio, habría lugar a ajustar la forma en que ministrara alimentos a los menores, así como un régimen de visitas, de ser necesario, si no se decreta su salida, habrán de recabarse pruebas para informar al Juez sobre las consecuencias que tuviera para el desarrollo de los menores que sus padres cohabitaran el mismo domicilio aun estando divorciados; si se decreta que la madre debe ejercer la guarda y custodia, como consecuencia de ellos deberá ejercerla en un domicilio donde preferentemente goce de la autoridad que le permita el cuidar, formar, educar y corregir a los menores.
En efecto, para evidenciar la complejidad de las soluciones posibles basta con señalar los siguientes escenarios.
1) Que del análisis de las pruebas que obran en autos la autoridad no puede advertir el carácter con el que el progenitor habita el inmueble, entonces dictará una resolución en los mismos términos, pero fundada y motivada.
2) En caso de que sea posible establecer el carácter con que el demandado habita el inmueble, tendría como consecuencia:
a) Que es posible decretar su salida del lugar.
b) Que no es posible decretar su salida del lugar.
La primer solución tendría consecuencias como fijar un régimen de visitas, pronunciarse sobre la forma en que el demandado deba cumplir con la obligación de dar alimentos, entre otras.
La segunda solución dejaría las cosas en el estado en que se encuentran, pasando por alto la conducta del ahora recurrente como la causa por la que se decretó la guarda y custodia a favor de su contraparte.
Significaría también autorizar a la divorciada cohabitar con el revisionista en el lugar que sirviera como domicilio conyugal mientras subsistió el matrimonio entre ambos. Tal circunstancia implica que, al no existir ya el vínculo matrimonial y ante la oposición del excónyuge para que permanezca en el lugar, la madre no tendría la autoridad y consideración que se estima conveniente para el adecuado ejercicio de la guarda y custodia y, por otro lado, tampoco se advierte que cuente con algún derecho para ocuparlo o que el excónyuge se lo permita.
Ante esos escenarios, la sentencia en revisión incluyó una solución alternativa para dar estabilidad a los menores, con fundamento en el artículo 284 del Código Civil (antes de ser derogado el tres de octubre de dos mil ocho, según publicación de la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal), que establecía:
"Artículo 284. El Juez de lo Familiar, antes de proveer definitivamente sobre la patria potestad o tutela de los hijos menores o incapaces, podrá acordar a petición de los menores, de sus abuelos, hermanos, tíos, primos, o del Ministerio Público, cualquier medida que se considere necesaria para el desarrollo de los hijos menores o incapaces."
Lo anterior significa que, con plenitud de jurisdicción, la autoridad judicial acuerde cualquier medida necesaria para el desarrollo de los menores.
No obstante, este órgano colegiado considera, por una parte, que la opinión de los menores emitida en las audiencias ante la presencia judicial, en el sentido de que sus padres pasaran días alternadamente en el domicilio donde se ejerce la guarda y custodia, debe estar apoyada con más elementos que permitan advertir si efectivamente es posible legal, material o moralmente, aunado al hecho de que tanto el demandado como los menores habiten un mismo domicilio y lo que esto pueda causar en su desarrollo. Además, por otra parte, al no tener los elementos necesarios para resolver, lo más conveniente es la reposición del procedimiento para recabar las pruebas conducentes, como se precisará más adelante.
En otra hipótesis.
3) De existir imposibilidad de ordenar al demandado a salir del domicilio, entonces, la madre en cuyo favor se decretó la guarda y custodia, no podría cohabitar en el mismo lugar donde precisamente la conducta del recurrente es la que orientó la resolución y tampoco se le permite permanecer en el mismo.
En este supuesto, deberían recabarse pruebas sobre el impacto que pudiera tener en los menores dado el tipo de relación que entablara la familia, tomando en cuenta la conducta inapropiada del padre para el desarrollo de los menores.
4) Si se decretara la guarda y custodia a favor de la madre pero para ejercerla en un lugar distinto, sería necesario que en ese lugar tuviera la autoridad para decidir sobre la educación, cuidado y corrección de los hijos; además de las consecuencias que ello trajera como el régimen de guarda y custodia, y la determinación sobre la forma de ministrar los alimentos.
Así, la complejidad del problema y la insuficiencia de las pruebas aportadas, dadas las consecuencias de la guarda y custodia en las circunstancias particulares del caso, dan lugar a la suplencia para conceder el amparo en los siguientes términos:
Que la autoridad responsable deje sin efectos el acto reclamado y, en su lugar, ordene la reposición del procedimiento para que, con las atribuciones que la ley le confiere, con audiencia de las partes recabe las pruebas pertinentes para resolver lo más favorable a los intereses de los menores, una vez que obren en su poder los elementos necesarios, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda, debiendo tomar en cuenta que al resolver deberá adoptar las medidas que resulten conforme a las consecuencias de su resolución.
Ante las consideraciones emitidas en suplencia de queja, es innecesario abordar los problemas planteados por el inconforme. Máxime que en su mayoría versan sobre las pruebas y al respecto se ordenó recabar las pertinentes para resolver.
La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Juez responsable, al no imputarle vicios, sino que su inconstitucionalidad la hace depender de los actos reclamados a la Sala responsable.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se modifica la sentencia de amparo en revisión identificada en el proemio de esta sentencia.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a ********** contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvase el expediente respectivo al Juez de Distrito y archívese el presente toca como asunto concluido.
Así, por mayoría de votos de los señores Magistrados, Sara Judith Montalvo Trejo y Julio César Vázquez-Mellado García, contra el voto particular del Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera, presidente, lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, siendo ponente el segundo de los nombrados.
Conforme a lo previsto en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21438-34a95306/guarda-y-custodia-de-menores-condiciones-del-lugar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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