CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE OTORGAN MAYOR BENEFICIO. SU FALTA DE ESTUDIO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU ANÁLISIS EN EL AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. RECURSO DE REVISIÓN. SI LA RESOLUCIÓN DEL AMPARO INDIRECTO SE SUSTENTÓ SÓLO EN LA INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, SIN QUE ESA FUERA LA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA PARTE QUEJOSA, ÉSTA PUEDE PROMOVER DICHO MEDIO DE DEFENSA, AL OMITIRSE EL ESTUDIO DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN PRIMORDIAL.
AMPARO EN REVISIÓN 499/2008. **********
CONSIDERANDO:
QUINTO. Devienen fundados los agravios expresados por la recurrente en la medida de las consideraciones siguientes.
Aduce medularmente la inconforme, que el Juez Federal, al momento de pronunciarse, otorga el amparo y protección de la Justicia Federal por considerar que el acto reclamado se encuentra carente de la debida fundamentación y motivación que debe imperar en todo acto de autoridad, dejando de analizar cuestiones de fondo. Argumento que resulta fundado en razón de lo siguiente.
Antes de establecer el porqué de lo fundado debemos indicar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 37/2003-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció sobre la técnica para resolver los juicios de amparo directo lo siguiente:
"... En ese orden de ideas, para estar en aptitud de determinar cuál de los conceptos de violación expresados, de resultar fundado se traduce en un mayor beneficio jurídico para el quejoso, resulta indispensable distinguir, en cuanto a su contenido, los distintos tipos de conceptos de violación que pueden expresarse en un juicio de amparo directo, esto es, ya sea que en los mismos se hagan valer cuestiones relativas al procedimiento o de fondo y, en este último supuesto, si las violaciones reclamadas se refieren a cuestiones de mera legalidad o entrañan aspectos de inconstitucionalidad de la ley, tratado o reglamento aplicado al quejoso.
"Lo anterior cobra particular importancia para el estudio materia de la presente ejecutoria si se relaciona con la consecuencia que traería aparejada el que en cada uno de los supuestos se declararan fundados o infundados los conceptos de violación.
"...
"De lo preceptuado en los artículos antes transcritos se colige que la regla general para la procedencia del amparo directo, tratándose de violaciones a las leyes del procedimiento, consiste en que las mismas son impugnables si se cometieron durante la secuela del mismo, siempre que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.
"En cuanto a las violaciones de fondo, relativas a cuestiones de mera legalidad, podemos señalar que son aquellas que se cometen por la autoridad responsable al emitir el propio acto reclamado. Esto puede ser, primero, por haber incumplido con las exigencias de motivación y fundamentación que todo acto de autoridad requiere; segundo, por haber aplicado indebida o inexactamente una ley secundaria, con independencia de que ello derive de su interpretación o inconducencia al caso concreto; tercero, por haberse incluido en la litis hechos, acciones o excepciones que no fueron objeto del juicio; o, cuarto, por no haberse analizado todas las cuestiones relativas al juicio, ya sea por omisión o negación expresa. Lo anterior se desprende del contenido de los artículos 158, párrafos primero y segundo, y 166, fracción VII, de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente:
"...
"Por otro lado, respecto de las violaciones de fondo que se vinculan con aspectos de constitucionalidad, tenemos el supuesto en que los argumentos expuestos en los conceptos de violación entrañan la inconstitucionalidad de la ley, tratado o reglamento que fue aplicado al quejoso, que no hayan sido de imposible reparación. Así se encuentra previsto en los artículos 158, último párrafo y 166, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, que a continuación se transcriben:
"...
"Precisado lo anterior, para poder determinar el orden conforme al cual deben analizarse los conceptos de violación en el juicio de amparo directo, dependiendo de su contenido, tema que constituye la materia de la presente contradicción de tesis, es necesario adoptar como criterio diferenciador las consecuencias que tiene aparejadas el hecho de que cada uno de tales conceptos resulten fundados.
"Así, en forma genérica, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo se puede afirmar que el objeto de la sentencia que concede la protección constitucional es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía constitucional violada:
"...
"De la lectura de este numeral se desprenden los efectos de la sentencia de amparo, los que son distintos de acuerdo a la naturaleza del acto que dio origen al juicio.
"En efecto, la sentencia creará diversas consecuencias si el acto es de carácter positivo o negativo. En el primer supuesto se ordenará que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, restituyendo al gobernado en el goce de la garantía individual violada; mientras que en el segundo la sentencia concesoria del amparo tendrá como consecuencia obligar a la autoridad responsable a realizar la conducta omitida, esto es, cumplir con sus funciones y atribuciones legales que está obligada a ejercer.
"...
"Ahora bien, tratándose de actos positivos, la consecuencia de la concesión del amparo al quejoso será diversa dependiendo de la naturaleza de la violación que se acredite; es decir, sea por cuestiones de procedimiento, de mera legalidad o por inconstitucionalidad de leyes, tratados o reglamentos que se hayan aplicado al quejoso.
"En efecto, si del estudio realizado en la ejecutoria de amparo directo resulta que el Tribunal Colegiado de Circuito llega al conocimiento de que resulta fundado el concepto de violación expresado por el quejoso, relativo a que en el juicio seguido en su contra se violentaron las normas que rigen el procedimiento o si dicha cuestión es hecha valer en suplencia de la queja deficiente en las materias que así se autoriza, la concesión del amparo será para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora deje insubsistente el acto reclamado y dicte otra resolución en la que se ordene reponer el procedimiento hasta el momento en que ocurrió la violación acreditada. Hecho lo anterior deberá continuar con el procedimiento respectivo hasta su conclusión, con el dictado de otra sentencia definitiva con plenitud de jurisdicción, en la que se resuelva el hecho o acto sometido a su conocimiento.
"...
"A diferencia del caso anterior, el amparo que se concede por violaciones de legalidad cometidas en la sentencia, vincula a la responsable a dejar insubsistente la sentencia reclamada y a emitir otra en el sentido que proceda en la que purgue los vicios determinados por el órgano de control de constitucionalidad. Sus alcances reparadores pueden ser totales o parciales, en función de los conceptos de violación hechos valer.
"Finalmente, en un juicio de amparo directo se concede la protección constitucional al quejoso al resultar fundado el concepto de violación que expresó respecto de la inconstitucionalidad de una ley, tratado o reglamento que se aplicó en el juicio seguido en su contra, o habiéndose hecho valer dicha cuestión de oficio, si así procediere, la consecuencia será que se le otorgue la protección constitucional de manera lisa y llana únicamente respecto del acto de aplicación, por lo que la autoridad responsable para dar cumplimiento a esa sentencia de amparo, deberá dejar insubsistente la resolución reclamada debiendo emitir un nuevo acto de autoridad, pero en el cual la ley, tratado o reglamento considerados inconstitucionales, no podrán volver a ser aplicados para fundamentarlo. Sin que sea obstáculo lo anterior para que en un acto futuro derivado de hechos diversos, esté en posibilidad de aplicar nuevamente al quejoso el mismo precepto cuya inconstitucionalidad produjo la concesión a su favor anteriormente en la vía directa; ello, en virtud de que la consecuencia de dicha sentencia de amparo se constriñe a dejar sin efectos el acto reclamado y no a declarar la constitucionalidad de la ley.
"En este contexto, resulta claro que la concesión del amparo en la vía directa que otorga mayores beneficios jurídicos para el quejoso será aquella en la que la consecuencia de tal concesión sea el eliminar en su totalidad los efectos del acto reclamado, ya que en virtud de lo anterior se estará observando en su integridad la garantía de acceso efectivo a la justicia y, en particular, el principio de completitud que encierra la misma, conforme al cual las autoridades tienen la obligación de impartir justicia de forma completa, esto es, no sólo resolviendo todas las cuestiones ante ellas planteadas, sino atendiendo a aquellas que se traducen en un mayor espectro de protección para los quejosos.
"En este orden de ideas, en la materia de la presente contradicción lo procedente es señalar que tratándose del juicio de amparo directo el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio jurídico, pudiéndose omitir el estudio de aquellos que aun en el caso de resultar fundados no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados.
"Con el criterio material antes especificado se pretende privilegiar el derecho contenido en el párrafo segundo del artículo 17 constitucional, conforme el cual se garantiza a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo en el país, se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que tengan aparejado un mayor beneficio jurídico para el gobernado que se vio afectado con un acto de autoridad que a final de cuentas deberá ser declarado inconstitucional, y no retardar con apoyo en tecnisismos legales el ejercicio de esa garantía; por tanto, con el criterio ahora definido se propiciará, en gran medida, se resuelvan en menor tiempo y en definitiva el fondo de los asuntos.
"Lo anterior se pone en evidencia si se considera que conforme al nuevo criterio se da un giro a la forma tradicional en que se venía abordando el estudio de los conceptos de violación en ese tipo de juicios, conforme la cual los Tribunales Colegiados (a excepción de los de materia administrativa cuando el acto reclamado se hace consistir en una sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) en primer término, atendían a las violaciones relativas a cuestiones de forma en el acto reclamado, ya que conforme al criterio establecido se determina que los Tribunales Colegiados al abordar el estudio de los conceptos de violación que hace valer el quejoso en su demanda de amparo directo, deberán analizar el alcance que pudieran tener cada uno de los argumentos hechos valer, con independencia de que se refieran a cuestiones de forma o fondo, ya sea legalidad del acto o constitucionalidad de una ley o precepto, y realizar de manera preferente el estudio de aquél que otorgue mayor beneficio jurídico al peticionario del amparo.
"Lo anterior tiene sustento en el hecho de que la garantía de acceso efectivo a la justicia, contenida en el artículo 17 constitucional, debe respetarse no sólo desde una perspectiva formal, conforme la cual se establece la obligación del Estado mexicano de crear tribunales suficientes para que resuelvan las controversias que se susciten entre los particulares o entre éstos con la autoridad, y de esa forma evitar la justicia por propia mano.
"Ya que para lograr un efectivo acceso a la justicia no basta con la posibilidad de acudir a dichos tribunales sino que es necesario, desde un punto de vista material, que en esos tribunales resuelvan de manera pronta, completa e imparcial las cuestiones que se someten a su jurisdicción.
"En este sentido, el término completo que está establecido en el párrafo segundo del numeral de la Constitución en comento, significa que la función jurisdiccional tiene que ocuparse en su actividad de abordar los temas principales a que hace referencia la controversia planteada, ya que con ello se logrará el mayor beneficio jurídico para los quejosos que acudan ante ellos.
"Con este criterio se busca agilizar la administración de justicia y evitar estudios ociosos que no generan beneficio alguno a los quejosos; por tanto, supone un avance en materia de derechos fundamentales al propiciar que los tribunales de amparo no desestimen las posibles violaciones que se cometan en perjuicio de los gobernados, so pretexto de cumplir con las formalidades y procedimientos; sin que ello signifique dejar a un lado o soslayar tales aspectos, sino el privilegiar el estudio de posibles violaciones de fondo cometidas en agravio de los quejosos.
"Como puede advertirse del planteamiento antes realizado respecto de la técnica que debe observarse para la resolución de los juicios de amparo directo, ello en razón a las consecuencias que del mismo derivan, las consideraciones hechas deben observarse en cualquier materia, y no solamente en la penal, toda vez que los efectos que se precisaron no se constriñen a ese ámbito, sino que también pueden actualizarse en juicio de naturaleza civil, laboral o administrativa, con los consiguientes beneficios para el quejoso. ..." (Lo subrayado es propio).
Y estableció sobre el tema el siguiente criterio:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional.(1)
"Contradicción de tesis 37/2003-PL. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 31 de agosto de 2004. Unanimidad de diez votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías."
Como podemos observar de los anteriores razonamientos, antes de emprender el estudio de los motivos de inconformidad planteados por el gobernado, deberá atenderse a la preeminencia de dichos argumentos, es decir, clasificar en orden de importancia los tópicos tratados en cada una de las inconformidades sin importar el orden en que hubieren sido expuestos, acto continuo abordar el estudio de argumentos que combatan aspectos fundamentales que rijan el sentido del acto reclamado -de resultar fundado produciría mayor beneficio jurídico al quejoso-.
El mayor beneficio en amparo se produce cuando la consideración impida a la autoridad repetir el acto reclamado subsanando la omisión para la que se concedió el amparo.
Lo anterior también encuentra asidero jurídico en la circular 71/2008, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que, aunque dicha recomendación no es obligatoria, la misma resulta orientadora para los órganos auxiliares en la impartición de justicia; además de que esta comisión se apoya en el criterio del Pleno de la Suprema Corte transcrito con prelación, de observancia obligatoria para los órganos jurisdiccionales en el ámbito federal.
En esa guisa, y atendiendo al principio de mayor beneficio a que hace referencia nuestro Máximo Tribunal del país, cuando estemos ante la presencia de actos de autoridad susceptibles de dejarse sin efectos por incurrir en alguna de las violaciones establecidas en nuestra Carta Magna, los órganos jurisdiccionales, en atención a la garantía de acceso efectivo a la justicia y, en particular, del principio de completitud que encierra la misma, con la cual las autoridades tienen la obligación de impartir justicia de forma completa, deberán evitar estudios ociosos que no generan beneficio alguno al gobernado y así cumplir con el avance que sobre derechos fundamentales pretende el gobernado.
Aunado a lo anterior, debemos indicar que si bien es cierto que la ejecutoria en cita hace referencia al amparo directo, también lo es que este principio debemos aplicarlo, desde luego, al amparo indirecto, en atención a que dicha técnica debe observarse para todas las resoluciones que implique dejar sin efectos un acto de autoridad y se ordena respetar la garantía violada (con las excepciones que el criterio sustentado refiere) y, sobre todo, con el afán de lograr un efectivo acceso a la justicia y así dar nuevo giro -como lo precisa nuestro Máximo Tribunal- a la forma tradicional en que se venía abordando el estudio de los motivos de inconformidad y, más aún, cuando el acto de autoridad haya infringido cuestiones de legalidad.
Lo anterior, en atención a que la única diferencia que hay entre amparo directo e indirecto en materia jurisdiccional es que uno se tramita en una sola instancia y el otro en dos.
Es decir, la diferenciación sólo es artificial, pues comparten las mismas características, por lo que no hay sustento lógico o práctico para que en unos casos un acto determinado sea analizado en una instancia y, en otros, visto desde otra perspectiva, sea estudiado en dos momentos; verbigracia, como sucede en los problemas en los que se ataca la personalidad del actor, que cuando se desconoce se impugnará en vía directa y cuando resulten infundados los alegatos del demandado y se reconoce ésta, será mediante el amparo indirecto.
El amparo contra resoluciones judiciales tiene las siguientes características:
a. Se tramita en la vía directa e indirecta.
b. Lo rigen los mismos principios, como es el que en las sentencias de amparo el acto se apreciará tal como aparezca probado ante la responsable.
c. La responsable, aunque acude como demandada, no tiene este carácter, pues interviene en el juicio como órgano jurisdiccional neutral e imparcial y, por ende, se ha cuestionado su facultad de interponer el recurso de revisión.
d. La garantía que se alega es la exacta aplicación de la ley, contenida en los artículos 14 y 16 constitucionales.
La determinación de que se tramite en una u otra vía depende de las siguientes reglas:
1. Vía directa. Se entabla contra sentencias y resoluciones que pongan fin al juicio en términos de lo previsto por el numeral 158 de la Ley de Amparo,
2. Vía indirecta. Se dirige contra actos dictados dentro, fuera y después de concluido el juicio.
Las anteriores reglas son circunstanciales y caprichosas porque en un mismo acto dependiendo de sus circunstancias, puede caer en una y otra hipótesis como son:
Ver hipótesis
Con base en lo anterior, puede llegarse a la conclusión de que no hay razón teórica práctica para que en el estudio de los conceptos de violación deba diferenciarse su análisis a partir de la vía que intenta, esto es, que si fue directa, será atendiendo a la teoría del mayor beneficio y si es indirecta a la forma tradicional.
Así, del análisis del acto reclamado encontramos que la divergente invoca como conceptos de violación argumentos dirigidos a combatir cuestiones de forma y cuestiones de legalidad. Por consiguiente -y atendiendo a esa técnica de estudio que solicita nuestro Máximo Tribunal del país- el Juez Federal debió ocuparse, en primer término, de las inconformidades que combatían las cuestiones de legalidad (atendiendo al principio de mayor beneficio) y, después, emprender el estudio de las cuestiones formales, para lo que, en ese sentido, resultan fundados los agravios hechos valer por la inconforme.
Al margen de lo expuesto y toda vez que las inconformidades planteadas por la divergente resultan fundadas -en atención a que no se analizan las cuestiones de fondo planteadas ante su potestad- lo que procede en el presente caso no es remitir los autos al Juez Federal para que proceda al análisis de las inconformidades dejadas de analizar, sino reasumir jurisdicción en términos de lo previsto por el numeral 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, y emprender el estudio de los conceptos de violación hechos valer atendiendo al orden de estudio a que hemos hecho referencia líneas arriba, lo anterior es así en atención a lo siguiente:
No pasa inadvertido que la pretensión de la quejosa, al acudir al recurso de revisión, sea mejorar su situación, sin embargo, no debe soslayarse que en materia de la revisión no siempre puede obtenerse un beneficio y, mucho menos, cuando se alegue que se dejaron de analizar cuestiones de fondo pues, al emprenderse el análisis de esas inconformidades, puede concluirse que sus pretensiones sean infundadas, provocando así la revocación de la concesión del amparo que ya se había obtenido.
De ahí que, si a pesar de que existe ese riesgo, el que ya obtuvo decide recurrir el fallo, debe estar consciente que con el afán de obtener mayores beneficios puede agravar su situación si a la postre se advierte lo infundado de los conceptos de violación relativos al fondo, con lo cual no puede aplicar en dicho caso el principio denominado non reformatio in peius, ya que aquí estaríamos también ante el principio de que nadie puede aprovecharse de su propio error, que en las condiciones anotadas es el aplicable.
Lo anterior es así, ya que si se estima que los conceptos de violación invocados, respecto a la legalidad del acto reclamado, eran preferentes y se procede a su análisis, puede provocarse que en vez de obtener un mayor beneficio pueda obtenerse un perjuicio pero, se insiste, es a consecuencia de la voluntad del recurrente por acudir a la revisión en los términos antes precisados.
Cobran aplicación a lo anterior por analogía e identidad jurídica los siguientes criterios.
"QUEJA CONTRA EL AUTO QUE NIEGA O CONCEDE LA SUSPENSIÓN O QUE FIJA EL MONTO DE LA FIANZA EN EL AMPARO DIRECTO LABORAL. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTÁ FACULTADO PARA REPARAR, POR REGLA GENERAL, LOS VICIOS QUE SE EXPONGAN EN RELACIÓN CON SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De la interpretación de los artículos 107, fracciones X y XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170, 173 y 174 de la Ley de Amparo, se advierte que corresponde al Presidente del Tribunal o Junta responsable pronunciarse sobre la suspensión de la ejecución de los actos reclamados en el juicio de amparo directo en materia laboral, así como, en su caso, fijar el monto de la fianza, actuando en auxilio de la Justicia Federal y en ese aspecto se convierte en un órgano de amparo al decidir sobre esa medida cautelar, cuyas decisiones puede revisar un Tribunal Colegiado de Circuito a través del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VIII, de la mencionada ley reglamentaria. En ese sentido, resulta evidente que el Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver dicho recurso, puede asumir plenitud de jurisdicción para subsanar los vicios relacionados con la fundamentación y motivación del acuerdo recurrido, por tratarse de irregularidades cometidas en una resolución de amparo directo, no en una instancia común, además de que la suspensión en este tipo de juicios se resuelve de plano, dada la urgencia e inmediatez de esa medida, por lo que sería contrario a su naturaleza la existencia del reenvío, en virtud de que ello ocasionaría retardo de la ejecución, generalmente, de los laudos que benefician a la parte obrera, produciéndole perjuicios de difícil reparación; lo anterior, salvo que el Tribunal Colegiado no cuente con los elementos jurídicos necesarios para emitir un pronunciamiento completo en la indicada queja, pues de actualizarse este supuesto de excepción debe reenviarse el asunto al Tribunal o Junta laboral para que subsane la omisión o imprecisión advertida, con base en el material que no haya puesto a disposición del órgano revisor."(2)
"PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FALTA DE ESTUDIO DE LAS MISMAS POR EL JUEZ DE DISTRITO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL REVISOR, EN TODO CASO, ANALIZARLAS PARA SUBSANAR LA OMISIÓN RELATIVA. La falta de estudio por el Juez de Distrito de las pruebas rendidas en el juicio de amparo indirecto, se produce al pronunciarse la sentencia respectiva y no amerita que el tribunal revisor revoque la sentencia recurrida y mande reponer el procedimiento para el efecto de que se subsane la abstención de que se trata conforme a lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que no constituye una violación a las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de la naturaleza especificada, ni tampoco implica una omisión cometida en el curso mismo del procedimiento que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva; por tanto, corresponde al referido tribunal emprender, en su caso, el análisis correspondiente a dichas pruebas, pues de acuerdo con lo previsto en las fracciones I y III del precepto legal citado, en el recurso de revisión no existe el reenvío."(3)
"REVISIÓN EN AMPARO. CUANDO EL ÓRGANO REVISOR CONSIDERA FUNDADOS LOS AGRAVIOS Y REVOCA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, DEBE ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CUYO ESTUDIO OMITIÓ EL JUEZ DE DISTRITO, SIN IMPORTAR QUIÉN INTERPONGA EL RECURSO. El artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo no contiene distinción en el sentido de que la procedencia del análisis de los conceptos de violación de cuyo estudio no se hizo cargo el Juez federal al dictar la sentencia, sólo se realice dependiendo de quién sea el recurrente. Lejos de ello, el numeral en comento contiene la regla general de que cuando los agravios se estimen fundados, el órgano revisor deberá considerar los conceptos de violación no examinados, hipótesis que puede actualizarse sin importar quién interponga el recurso; la parte quejosa cuando se le niega el amparo y se inconforma con la sentencia del a quo porque habiendo propuesto varios conceptos contra los actos reclamados, no todos son estudiados; y las partes restantes, esto es, las autoridades responsables o la parte tercero perjudicada, cuando al combatir la sentencia de amparo, los motivos de inconformidad se consideren fundados, pero existen conceptos de violación no examinados, de manera que, en una y otra hipótesis subsiste la obligación del órgano revisor de examinar esos conceptos cuyo estudio no realizó el juzgador, de donde se puede concluir válidamente que el fin de la norma citada sea que se dirima la litis constitucional. Esto último es así porque la falta de examen de los conceptos de violación en revisión implica dejar abierta la litis y también dejar en estado de indefensión al quejoso que ejerció la acción constitucional en contra de diversas autoridades por distintos actos específicos, ya sea de naturaleza legislativa o bien, actos de aplicación, toda vez que en estos casos debe subsanarse oficiosamente la omisión del órgano de primera instancia, que deriva de la circunstancia de que se estimaron fundados los agravios de la recurrente contra las consideraciones que se ocuparon únicamente de algún concepto de violación y no se hizo pronunciamiento expreso sobre otros. Por tanto, en casos como éste, cuando el tribunal revisor estima fundados los agravios hechos valer contra la sentencia recurrida, asume toda la jurisdicción del a quo y por ello está obligado a resolver el planteamiento tomando en consideración los conceptos de violación omitidos por el inferior."(4)
"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben ser estudiadas por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Ahora bien, como esta regla es aplicable en cualquier estado del juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria, es indudable que el tribunal revisor debe examinar la procedencia del juicio, con independencia de que el recurso lo hubiera interpuesto el quejoso que ya obtuvo parte de sus pretensiones, y pese a que pudiera resultar adverso a sus intereses si se advierte la existencia de una causal de improcedencia; sin que ello contravenga el principio de non reformatio in peius, que implica la prohibición para dicho órgano de agravar la situación del quejoso cuando éste recurre la sentencia para obtener mayores beneficios, toda vez que el citado principio cobra aplicación una vez superadas las cuestiones de procedencia del juicio constitucional, sin que obste la inexistencia de petición de la parte interesada en que se decrete su sobreseimiento.
"Contradicción de tesis 49/2004-SS. Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 19 de mayo de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Ve
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21618-2824248a/conceptos-de-violacion-que-otorgan-mayor-beneficio-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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