JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. FORMA DE CALCULAR EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE REMISIÓN EN DELITOS QUE SE PERSIGUEN DE OFICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE).
AMPARO EN REVISIÓN 479/2009. **********.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Son infundados los agravios expuestos por el defensor del hoy recurrente, como se verá más adelante.
Previo a su examen, es oportuno relatar, en forma breve, los antecedentes del presente asunto.
Mediante resolución de siete de julio de dos mil cuatro, la Jueza Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado libró orden de aprehensión en contra de **********, por la probable comisión del delito de homicidio calificado.
En acuerdo de dos de julio de dos mil nueve, la Jueza Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado se declaró legalmente incompetente para continuar conociendo del proceso instaurado en contra de **********, y declinó competencia al Juez instructor de primera instancia para adolescentes, de conformidad con el artículo 397, con relación al numeral 393, ambos del Código de Procedimientos Penales del Estado en vigor.
Ante el Juez de Primera Instancia de Instrucción para Adolescentes en el Estado de Campeche, en audiencia pública de tres de julio de dos mil nueve, se sujetó a proceso al entonces adolescente, hoy adulto **********, por su probable participación en la comisión de la conducta tipificada como delito de homicidio calificado, por haber sido cometido con violencia y alevosía, previsto y sancionado de conformidad con lo que establece el artículo 267, en relación con el 285, 280, párrafo primero, 281, fracción II, 282, 283 y 11, fracción II, todos del Código Penal del Estado, relacionados con el numeral 159, fracción VI, de la Ley de Justicia para Adolescentes.
Inconforme con ese fallo interpusieron amparo indirecto número **********, el cual fue resuelto en audiencia constitucional de fecha siete de septiembre de dos mil nueve y terminada de engrosar el diez de ese mismo mes y año, en el sentido de negar el amparo y la protección de la Justicia Federal; determinación que constituye, precisamente, el acto reclamado en este juicio de revisión.
Antes de proceder a estudiar la resolución reclamada, es menester señalar que este Tribunal Colegiado no pasa inadvertido el principio de protección del interés superior del adolescente, pues este principio implica que la actuación de las instituciones, los tribunales y las autoridades encargados de la aplicación del sistema penal para adolescentes, debe orientarse hacia lo que resulte más benéfico y conveniente para el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades.
No obstante, si bien es cierto que las autoridades que forman parte de este sistema integral de justicia deben maximizar la esfera de derechos de los adolescentes, también lo es que deben tomar en cuenta los límites de estos derechos, como por ejemplo, los derechos de las demás personas y de la sociedad misma; razón por la cual, en los ordenamientos penales se establece, mediante los diversos tipos, una serie de bienes jurídicos tutelados que no pueden ser transgredidos, so pena de aplicar las sanciones correspondientes.
Así, conviene dejar en claro que los instrumentos internacionales en los que se plasma lo anterior son: (a) las Reglas de Beijing para la Administración de Justicia de Menores, (b) las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (RIAD), (c) las Reglas para la Protección de Menores Privados de Libertad y (d) la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, ha de tomarse en consideración, por formar parte del marco jurídico vigente en materia de derechos humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Si bien los primeros tres mencionados no tienen el rango de ley internacional recepcionada por nuestro sistema, lo cierto es que se trata de instrumentos internacionales cuya esencia fue recogida en la propia convención (Reglas de Beijing, por ser previas en tiempo) o instrumentos en los cuales se proponen, con mayor amplitud y detalle, mayores directrices en la materia, de manera que son referente orientador en la interpretación de la reciente reforma constitucional. Por otro lado, en lo que atañe a las convenciones internacionales aludidas, es claro que -ratificadas como han sido- son fuente de derecho en nuestro país, en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Carta Magna y que, incluso, deben atenderse preferentemente sobre las leyes generales, federales y locales, esto, al tenor de la interpretación realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. IX/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 6, que dice:
"TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el Texto Constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario ‘pacta sunt servanda’, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional."
Una vez establecido lo anterior, se procederá a dar contestación a los agravios formulados por el recurrente, en donde alega que prescribió la acción penal, por ser de estudio preferente.
En efecto, el recurrente argumenta que la prescripción de la acción de remisión ya había operado cuando su defendido fue detenido, y que el término medio aritmético a que se refiere el artículo 54 de la Ley de Adolescentes no remite a las previstas en el Código Penal del Estado para su cálculo, porque las penas establecidas en el Código Penal del Estado no son el parámetro que debe tomarse en consideración para estudiar y resolver si ha procedido o no la prescripción de la acción de remisión en los procesos de adolescentes del Estado de Campeche.
Del mismo modo alega, que las penas que se deben de tomar en cuenta son las que, en concreto, se pueden imponer a su defendido, o sea, las sanciones que señala la Ley de Justicia para Adolescentes, y la sanción más grave tratándose de homicidio, es la de siete años; por lo que el término medio aritmético de esa sanción de internamiento definitivo de siete años es el tiempo de tres años y seis meses; tiempo que ya había transcurrido desde que se libró la orden de captura al momento en que fue detenido su defendido.
Por otra parte, refiere que respecto de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Campeche, ésta ha sido interpretada y aplicada en forma incorrecta por el Juez de instrucción, así como por el Juez de Distrito, porque respecto de los tipos penales, la Ley de Justicia para Adolescentes de Campeche no nos remite, ni tratándose de la prescripción, a sanciones establecidas para cada uno de esos tipos penales a que se refiere el Código Penal del Estado.
Los anteriores agravios hechos valer por el recurrente se estudiaran de manera conjunta por estar íntimamente relacionados y por así permitirlo la técnica jurídica.
Este Tribunal Colegiado de Circuito considera que no le asiste la razón al agraviado, atento a las siguientes consideraciones:
Es preciso asentar que, conceptualmente la "prescripción", constituye la extinción de un derecho o acción por el transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley; sin embargo, en materia penal, representa la condición objetiva necesaria para que se ejerza el poder punitivo del Estado, obligatoria para éste e irrenunciable para el inculpado, relativa a la investigación de la comisión de hechos tildados de delictivos y perseguir a los autores de los mismos.
Figura jurídica que se clasifica en prescripción de la "acción penal" y de las "sanciones penales"; la primera, relativa a la facultad del Estado para ejercer la pretensión punitiva y, la segunda, concerniente a la potestad del Estado para ejecutar penas y medidas de seguridad; cuyo fundamento radica en el principio de seguridad jurídica, pues es inadmisible que una persona permanezca indefinidamente en la incertidumbre de poder ser objeto de un proceso penal, hasta que lo estime procedente la autoridad encargada de la investigación y la persecución de los delitos; de ahí que si dicha facultad no se ejerce en el tiempo legalmente determinado para tal efecto, ello se convierte en un derecho de los gobernados frente a la ineficacia de la acción persecutoria; lo cual se traduce en la extinción de la responsabilidad penal del inculpado derivada de la comisión del delito atribuido y de la correspondiente pena, porque la potestad investigadora y persecutora de la autoridad estatal no puede extralimitar del tiempo prefijado que condiciona su validez, por tratarse de una limitante del poder represivo del Estado.
A efecto de establecer las premisas hipotéticas, se hace necesario observar lo dispuesto en las normas relativas a la prescripción de la pretensión punitiva contenidas en la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Campeche y en el Código Penal del Estado, ordenamiento punitivo en vigor, al ocurrir los hechos delictuosos por los cuales fue sujeto a proceso el recurrente.
Tales disposiciones son esencialmente las siguientes:
El artículo 21 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Campeche dispone:
"Esta ley debe interpretarse y aplicarse de conformidad con las disposiciones contenidas en la misma, con sus principios rectores y las Constituciones, leyes y tratados mencionados en el artículo 1, siempre con el sentido de maximizar, derechos de los adolescentes y de minimizar los efectos negativos de la aplicación del sistema.
"Sólo en lo no previsto por esta ley podrán aplicarse supletoriamente en lo que no se opongan a los principios rectores y ordenamientos antes referidos, las disposiciones contenidas en los Códigos Penal y de Procedimientos Penales del Estado de Campeche, cuidando siempre la protección de la integridad de los derechos y garantías de los sujetos de esta ley."
Por su parte, el artículo 53 de dicha la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Campeche dispone:
"Los plazos para la prescripción de la remisión serán continuos. En ellos se considerará la conducta tipificada como delito con todas sus modalidades, y se contarán:
"I. A partir del momento en el que se consumó la conducta, si es de realización instantánea;
"II. A partir del día en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si la conducta fuere en grado de tentativa;
"III. Desde la cesación de la consumación de la conducta en el delito permanente;
"IV. Desde el día en que se realizó el último acto, tratándose de conducta continuada."
En otro sentido, el numeral 54 de dicho ordenamiento penal reza:
"La acción de remisión de una conducta tipificada como delito que se persigue de oficio prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético, pero no podrá ser menor de tres años ni mayor de siete."
Ahora bien, el Código Penal del Estado de Campeche, en sus artículos 99 y 285, dispone lo siguiente:
"Artículo 99. La acción penal prescribirá en un plazo igual al tiempo de la sanción corporal que corresponda al delito; pero en ningún caso bajará de tres años."
"Artículo 285. Al autor de un homicidio calificado se le impondrán de veinte a cuarenta años de prisión."
La primera parte del dispositivo 54 de la Ley de Justicia para Adolescentes, que es la materia de impugnación, y que está referida a la prescripción de la acción de remisión de una conducta tipificada como delito que se persigue de oficio, prevé que los delitos que se persiguen de oficio prescribirán en un plazo igual al término medio aritmético, pero no podrá ser menor de tres años ni mayor de siete.
Por tanto, para que se hable de prescripción de la acción de remisión de una conducta tipificada como delito que se persigue de oficio, debe atenderse a que, en el presente caso, el recurrente fue sujeto a proceso por el delito de homicidio calificado, el cual está sancionado en el artículo 285 del Código Penal del Estado con una pena que va de veinte a cuarenta años de prisión.
Ahora bien, tal como se aprecia en el dispositivo legal 21 de la Ley de Justicia de Adolescentes, se prevé la supletoriedad de la misma por el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, siendo la regla la aplicación de las disposiciones y los principios del ordenamiento legal citado en primer término, siempre que no contradigan alguna norma expresa de la ley especial.
Sobre el particular, debe dejarse establecido que la supletoriedad de unas normas respecto de otras procede cuando así lo prevé expresamente el ordenamiento legal que se pretende suplir, pero solamente tiene lugar con relación a aquellas instituciones establecidas por dicha legislación, no reglamentadas o reglamentadas deficientemente, en forma tal que no permita su aplicación adecuada, siendo necesario, igualmente, que las normas supletorias no pugnen con las de la legislación suplida.
Sobre este tópico, el Tercer y Sexto Tribunal Colegiado, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través de las jurisprudencias 19 y 1035, consultables en las páginas 374 y 713, Tomo V, enero de 1997 y Tomo VI, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, respectivamente, han sustentado los criterios que a continuación se transcriben y que este órgano colegiado comparte:
"SUPLETORIEDAD DE LEYES. CUÁNDO SE APLICA. La supletoriedad sólo se aplica para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con principios generales contenidos en otras leyes. Cuando la referencia de una ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación de la supletoria se hará en los supuestos no contemplados por la primera ley que la complementará ante posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones. Por ello, la referencia a leyes supletorias es la determinación de las fuentes a las cuales una ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones. La supletoriedad expresa debe considerarse en los términos que la legislación la establece. De esta manera, la supletoriedad en la legislación es una cuestión de aplicación para dar debida coherencia al sistema jurídico. El mecanismo de supletoriedad se observa generalmente de leyes de contenido especializado con relación a leyes de contenido general. El carácter supletorio de la ley resulta, en consecuencia, una integración, y reenvío de una ley especializada a otros textos legislativos generales que fijen los principios aplicables a la regulación de la ley suplida; implica un principio de economía e integración legislativas para evitar la reiteración de tales principios por una parte, así como la posibilidad de consagración de los preceptos especiales en la ley suplida."
"SUPLETORIEDAD DE LAS NORMAS. CUÁNDO OPERA. La supletoriedad de las normas opera cuando, existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro cuerpo de leyes para determinar sus particularidades."
De la interpretación jurídica de tales criterios y de la jurisprudencia, se arriba a la consideración que, para la existencia de la supletoriedad de una ley sobre otra, se requiere lo siguiente:
a) Que el ordenamiento que se pretenda suplir (en el caso, la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Campeche) lo admita expresamente y señale el estatuto supletorio (Código Penal del Estado y Código de Procedimientos del Estado);
b) Que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate;
c) Que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria, y
d) Que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida.
Esto implica que la ley suplida (Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Campeche) regule deficientemente una determinada institución jurídica que se encuentra prevista en la ley suplente, por lo que no puede haber supletoriedad cuando las normas contenidas en el ordenamiento objeto de supletoriedad reglamenten en forma clara y precisa la situación concreta de que se trate.
Por ende, la supletoriedad de la ley sólo se surte cuando, en determinada figura jurídica prevista por la ley a suplir, existen lagunas u omisiones, las cuales podrían ser subsanadas con las disposiciones que la ley supletoria contenga en relación a dicha institución jurídica, pero de ninguna manera la supletoriedad tendrá el alcance de aplicar dentro de la codificación especial relativa, instituciones o requisitos no contemplados en la ley a suplir.
En el caso, de una interpretación sistemática de los artículos 21, 53 y 54 de la Ley de Justicia para Adolescentes; y 99 y 285 del Código Penal del Estado de Campeche, se advierte que el concepto "término medio aritmético" precisado en el artículo 54 del primer ordenamiento en cita, fue utilizado por el legislador para referirse a la sanción corporal correspondiente al delito por el que se siga el procedimiento especial al adolescente, contenido en el Código Penal del Estado, ya que, el diverso numeral 53 de aquel cuerpo normativo señala que, en los plazos para la prescripción, se considerará la conducta tipificada como delito, con todas sus modalidades; por lo que es evidente que para hacer tal consideración es necesario acudir a la hipótesis delictiva de que se trate, contemplada en el Código Penal del Estado, para así, con base en la sanción corporal correspondiente, se determine la prescripción de la remisión, según el término medio aritmético del máximo y el mínimo previsto en la ley.
Esta interpretación no resulta perjudicial a la protección de la integridad de los derechos y las garantías de los adolescentes, ya que si bien debe acudirse al Código Penal del Estado para determinar el plazo de prescripción de la remisión, es por que así lo establece el artículo 21 de la ley especial, y además por que el referido plazo nunca podrá ser mayor a siete años ni menor a tres, por así haberlo determinado el legislador de Campeche en el artículo 54 de la ley respectiva; por lo que cualquier cálculo del plazo prescriptivo se realizará dentro de tales límites.
Esto significa que para definir el plazo de prescripción de la acción de remisión en la legislación local, tratándose de delitos que se persigan de oficio, debe realizarse un primer cálculo con base en el término medio aritmético del delito por el que se sigue el procedimiento especial, de conformidad con el Código Penal del Estado y, dependiendo del plazo que resulte de dicha operación, en segundo lugar, deberá constatarse que este lapso no sea menor de tres años, pues de ser así, el plazo de prescripción a considerar será precisamente de tres años; y en el supuesto de que el plazo sea superior a siete años, la acción de remisión se considerará prescrita justamente en siete años.
Los anteriores presupuestos de la prescripción de la acción de remisión de una conducta tipificada como delito que se persigue de oficio, permiten considerar, contrario a lo señalado por el recurrente, que en el caso no había prescrito la acción de remisión y que sí procedía la supletoriedad del Código Penal del Estado de Campeche, conforme a lo que dispone el artículo 21 de la Ley de Justicia para Adolescentes, específicamente para determinar si había transcurrido o no el plazo de prescripción de la acción de remisión de la conducta tipificada como delito.
En efecto, en el caso, el quejoso fue sujetado a proceso por el delito de homicidio calificado previsto en el artículo 285 del Código Penal del Estado de Campeche, el cual presenta un parámetro de punición corporal de veinte a cuarenta años de prisión, cuyo término medio aritmético es de treinta años de prisión.
Por tal motivo, para efecto de constatar la actualización de la prescripción de la acción de remisión, resulta observable que el delito de homicidio calificado se persigue de oficio; que el término medio aritmético previsto en el Código Penal del Estado de Campeche es de treinta años; que ésta media aritmética excede el máximo de siete años que autoriza la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Campeche; entonces, como se rebasa tal parámetro, aquélla se debe ajustar a los límites fijados por la legislación especial.
En efecto, en la especie, se advierte que probablemente el delito de homicidio calificado ocurrió el dos de julio de dos mil cuatro (momento en que ocurrieron los hechos y en que tuvo conocimiento el Ministerio Público no especializado).
El tres de julio de dos mil nueve (se puso a disposición del Juez instructor aquí recurrente al entonces menor **********).
En efecto, al advertirse que el recurrente fue puesto a disposición del Juez el tres de julio de dos mil nueve es evidente que no había transcurrido la temporalidad legalmente requerida para la actualización de la prescripción de la pretensión punitiva del Estado, ya que mediaron cinco años y un día desde el momento en que sucedieron los hechos, dos de julio de dos mil cuatro, hasta que quedó efectivamente a disposición de la autoridad jurisdiccional para la sujeción a proceso; en ese sentido se concluye que la prescripción del delito por el que se ejerció la acción de remisión no se encuentre prescrito, pues como se apuntó, ésta debe atender a su máxima prevista en la ley especial, que son siete años.
Por otra parte, contrariamente a lo que aduce el inconforme en su escrito de expresión de agravios, fue acertada la consideración del Juez de Distrito en el Estado, en cuanto a que el Juez del conocimiento, para decretar el auto de sujeción a proceso, valoró correctamente los medios de prueba aportados para tener por demostrado tanto el cuerpo del delito de homicidio calificado previsto en el artículo 267, en relación con el 280, primer párrafo, 281, fracción II y 282, todos del Código Penal del Estado de Campeche, en relación con el artículo 159, fracción VI, de la Ley de Justicia para Adolescentes, como la probable responsabilidad de dicho inculpado.
Para una mejor comprensión, es menester señalar lo que dispone el artículo 267, en relación con el 280, primer párrafo, 281, fracción II y 282, todos del Código Penal del Estado de Campeche.
"Artículo 267. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro."
"Artículo 280. Se entiende que las lesiones y el homicidio son calificados, cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía o a traición."
"Artículo 281. Se entiende que hay ventaja:
"...
"II. Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas, o por el número de los que lo acompañan;"
"Artículo 282. Sólo será considerada la ventaja como calificativa de los delitos de que hablan los capítulos anteriores de este título, cuando sea tal que el delincuente no corra riesgo alguno de ser muerto ni herido por el ofendido y aquél no obre en legítima defensa."
De lo anterior se desprenden como elementos los siguientes:
a) Una vida humana previamente existente (condición lógica del delito).
b) Una conducta consistente en la supresión de esa vida.
En ese sentido, el Juez de control constitucional acertadamente consideró demostrados los elementos constitutivos con los testigos de identidad cadavérica ********** y **********, y la declaración de la madre del adolescente, quienes expusieron las circunstancias históricas del hecho delictivo en forma por demás consecutiva y coincidente.
Hechos que corroboró con la diligencia de levantamiento de cadáver en el nosocomio, dictamen de reconocimiento médico y necropsia, así como con los testimonios de ********** y **********, ambos de apellidos **********, quienes narraron las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ocurrieron los hechos.
La agravante de ventaja la estimó acreditada en virtud de que el recurrente empleó un arma de fuego para lesionar mortalmente al pasivo, actualizándose con ello la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 281 del Código Penal del Estado.
La agravante de alevosía se tuvo por acreditada, pues las circunstancias sobre las cuales el sujeto activo desplegó su conducta se dieron en el momento mismo en que esta conducta se ejecutó, en virtud de que actuó en forma sorpresiva, debilitando cualquier posibilidad del finado en ponerse a salvo del ataque que acabó con su vida.
Medios probatorios que, tanto el Juez de instancia como el de garantías no obstante valoraron en términos de los artículos 276, 277, 278 y 279 del Código de Procedimientos Penales del Estado en vigor; atendiendo al sistema de libre apreciación de pruebas debe considerarse válido dicho procedimiento de valoración esgrimido por el juzgador, además de que esos medios convictivos se advierten aptos y suficientes para establecer los elementos del cuerpo del delito de homicidio calificado.
Así también, el juzgador del juicio de garantías tuvo por correctamente acreditada la probable participación del adolescente **********, con las imputaciones de ********** y **********, ambos de apellidos **********, así como los dictámenes periciales en materia de criminalística.
En ese sentido, se concluye que probablemente el adolescente, hoy adulto **********, el dos de julio de dos mil cuatro, actuando por sí, de conformidad con el artículo 11, fracción II, del Código Penal del Estado, accionó dos veces un arma de fuego, con lo que ocasionó la muerte del pasivo.
Probanzas que, tanto el Juez de instancia como la autoridad de control constitucional, valoraron en términos del numeral 279 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Campeche, y que atendiendo a la libre valoración de pruebas prevista en el artículo 20 de la Ley de Justicia para Adolescentes, debe considerarse válido, pues atiende a una apreciación lógica y empírica de las pruebas.
De ahí que el órgano jurisdiccional es el que tiene a su cargo su valoración y, por ende, goza de las más amplias libertades para calificar la fuerza probatoria de cada prueba, de tal forma que puede, en consecuencia, otorgarle eficacia demostrativa o de plano desestimarla.
Hechas tales precisiones, es oportuno analizar los agravios expresados por el demandante de amparo, los cuales se analizarán en forma conjunta, de acuerdo a la técnica que rige en el juicio de amparo, en virtud de que versan sobre el mismo tema.
Aduce el recurrente que el Juez instructor fijó fecha para la celebración de esa audiencia, sin que el Ministerio Público hubiese adecuado el ejercicio de su acción penal al ejercicio de la acción de remisión, que ahora se exige, con fundamento en los artículos 65, 72 y demás de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Campeche.
Lo anterior es infundado, como acertadamente adujo el Juez de control constitucional, en virtud de que, como se desprende de autos, el Juez de instrucción, mediante proveído de tres de julio de dos mil nueve, aceptó la competencia declinada a su favor por la Juez Cuarto Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, quien se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo de la causa penal **********, por haberse acreditado la minoría de edad por parte del inculpado en el momento en que ocurrieron los hechos delictivos de los cuales se le acusa. De manera tal que el Juez responsable dio la intervención que legalmente compete a la fiscal y a la defensora, ambas especializadas en la materia, calificando inmediatamente como legal la detención del entonces adolescente, aquí quejoso, **********, pues en su momento ésta fue ejecutada en atención a la orden de captura librada por la Juez Cuarto del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, por lo que, con fundamento en el artículo 78 de la Ley de Justicia para Adolescentes, fijó para ese mismo día, a las trece horas con treinta minutos, la audiencia de sujeción a proceso. En ella, se inició la audiencia, a partir del auto en el que la Juez Cuarto Penal del Primer Distrito Judicial del Estado se declaró legalmente incompetente, brindándose inmediatamente después el uso de la voz a la fiscal, quien expuso detalladamente las condiciones y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que el aquí quejoso privó de la vida a **********; y al finalizar su exposición, entre otras cuestiones, solicitó al Juez instructor, de conformidad con el artículo 46, fracción VIII, de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Campeche, que como medida cautelar se impusiera detención preventiva al entonces adolescente, en las instalaciones del centro de internamiento, por tratarse de un delito grave del cual es acusado, así como también solicitó se dictara auto de sujeción a proceso por reunirse los elementos necesarios para ello.
En términos de lo anterior es qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22444-f23e19b2/justicia-para-adolescentes-forma-de-calcular-el-plazo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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