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Modo: Corpus Pro

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA BRINDAR MAYOR CERTEZA JURÍDICA EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO Y CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, ES CONVENIENTE QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO TRANSCRIBA AQUELLOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR EL QUEJOSO. EMBARGO DE DINERO. DESPUÉS DE FINCADO ÉSTE, LA ORDEN DE ENTREGA DE ESE NUMERARIO AL EJECUTANTE, COMO PAGO DE SU CRÉDITO, CONCLUYE ESA FASE DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). EMBARGO DE DINERO. SI RECAE SOBRE UNA CUENTA DE CHEQUES DE LA QUE ES TITULAR UN AYUNTAMIENTO, LA AUTORIDAD QUE LO DECRETE DEBE FUNDAR Y MOTIVAR POR QUÉ ES FACTIBLE DICHA DILIGENCIA, A FIN DE RESPETAR LA GARANTÍA DE LEGALIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1023, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 394/2008. · Registro digital (IUS): 21433
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, , Pág. 2705.

AMPARO EN REVISIÓN 394/2008. **********

CONSIDERANDO:

CUARTO. Son fundados los agravios formulados por el Ayuntamiento recurrente, según se explicará enseguida.

Para evidenciar los motivos por los que se formula esa calificación, es preciso relatar los antecedentes que guardan correspondencia con el sentido de la resolución recurrida y los motivos de inconformidad que en su contra se expresan.

Así, por su trascendencia, destacan los que a continuación se enumeran:

1. ********** en su carácter de síndico municipal del Ayuntamiento de ********** promovió juicio de amparo contra actos del Juez Tercero del Ramo Civil de esta ciudad y de su actuario, los que hizo consistir en el acuerdo de once de julio de dos mil ocho dictado por el primero en el expediente número 1418/1993, a través del cual revisó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y secuestro practicado por el segundo el veintiséis de junio de dos mil ocho, y determinó que debía prevalecer el embargo de la cuenta bancaria número ********** a cargo de la institución de crédito ********** sociedad anónima, hasta por la cantidad de ochenta y cuatro mil ciento diecinueve pesos con noventa y nueve centavos, y ordena se gire oficio para que se haga pago de la cantidad mencionada a la parte actora; así como la diligencia de embargo practicada por el actuario responsable el veintiséis de junio de dos mil ocho a través de la cual se declara asegurada la cuenta de cheques en comento.

2. La secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones de la titular, a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, en auto de treinta de julio de dos mil ocho admitió la demanda; solicitó a las responsables su informe justificado; ordenó emplazar al tercero perjudicado; dar al agente del Ministerio Público de la Federación la intervención legal correspondiente y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual celebró el titular del juzgado el día primero de septiembre de dos mil ocho a las diez horas con cuarenta y cinco minutos, fecha en que dictó sentencia, la cual terminó de engrosar el día diez de ese mes en que se lo permitieron las labores del juzgado y en la que sobreseyó en el juicio.

Ésta es la resolución en contra de la cual se interpuso el recurso de revisión que ahora se resuelve.

El Juez de Distrito en el fallo recurrido, esencialmente, considera que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.

Tal determinación la sustenta sobre las siguientes premisas:

a) El juicio del que proviene el acto reclamado, se encuentra en etapa de ejecución de sentencia.

b) En ese periodo aún no se pronuncia la última resolución entendida como aquella en la que se aprueba o se reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni tampoco se trata de la resolución en la que se apruebe o desapruebe el remate; por el contrario, la resolución impugnada integra una determinación judicial intermedia que no resulta autónoma.

c) Una vez decretada la última resolución en esa fase ejecutiva podrá promoverse la instancia tendente a salvaguardar el orden de derechos fundamentales, en la que podrá hacer valer todas aquellas violaciones cometidas durante la tramitación del procedimiento de ejecución.

En oposición a las consideraciones sintetizadas, el Ayuntamiento quejoso, en su escrito de expresión de agravios, sustancialmente alega que la Juez de Distrito desatiende que el embargo sobre una suma de dinero no culmina en su remate y, por ende, en la aprobación o desaprobación del mismo, sino que al haberse resuelto acerca de la subsistencia del embargo sobre la cuenta de cheques de la institución quejosa, así como la orden de que se haga el pago inmediato al ejecutante, esa determinación constituye la última resolución contra la cual sí procede el juicio de amparo indirecto.

Como ya se anticipó el agravio es fundado.

En efecto, es verdad que el Juez de amparo en el fallo recurrido precisó que la última resolución pronunciada en el procedimiento de ejecución del que deriva el acto reclamado, culmina con el proveído en el que se aprueba o desaprueba el remate; particularidad que, como bien lo apunta la parte divergente, resulta contraria a derecho en razón de que, conforme a lo dispuesto en el artículo 986 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, si el embargo practicado dentro del procedimiento de ejecución de sentencia recayera en dinero, sueldos, pensiones o créditos realizables en el acto, como efectos de comercio o acciones de compañías que se coticen en la bolsa, el pago al acreedor se hará inmediatamente después del embargo, lo cual hace innecesario u ocioso convocar a una diligencia de remate en el que sea motivo del mismo el capital asegurado el cual, en el caso que llama la atención, se constituye por la cantidad de ochenta y cuatro mil ciento diecinueve pesos de la cuenta de cheques embargada al Ayuntamiento quejoso.

Por tanto, contra la resolución a través de la cual la autoridad responsable declara la subsistencia y legalidad del embargo trabado sobre el efectivo propiedad del Ayuntamiento quejoso, existente en una cuenta bancaria, y concomitantemente ordena al gerente de la institución bancaria que el numerario gravado se entregue en forma inmediata al ejecutante, sí constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo biinstancial.

Se afirma lo anterior porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar las fracciones III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo sostuvo que esas porciones normativas contienen diversas hipótesis de procedencia del juicio de garantías que se excluyen entre sí.

En efecto, al resolver la contradicción de tesis 74/2002-PS, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, emitió la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de dos mil tres, página once, del rubro y texto siguientes:

"AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías."

En dicha jurisprudencia se contienen los criterios para normar la procedencia del juicio de amparo dependiendo de si se trata de actos dictados dentro de juicio, después de concluido el juicio y en ejecución del mismo, a saber:

a) El juicio de amparo procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones.

b) El juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural.

c) El juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben.

Esta última regla, según lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada; en el entendido de que la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento.

Sin embargo, la apuntada tercera regla, a su vez, comprende dos supuestos diferentes entre sí, a saber: 1) El primer supuesto comprende la hipótesis general de procedencia del juicio de amparo contra actos dictados en ejecución de sentencia y, conforme a él, el juicio de garantías sólo es procedente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, es decir, contra la resolución dictada por el tribunal judicial, administrativo o del trabajo, a través de la cual aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total del fallo dictado en el contradictorio, o bien, declara la imposibilidad material o jurídica para lograr el cumplimiento de esa sentencia definitiva; 2) En cambio, el segundo supuesto, aunque ubicado en la fase del periodo de ejecución, versa sobre un caso específico de ese estadio procesal, pues el último párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece: "Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben."

Como puede advertirse, cuando el acto reclamado guarda relación con el tema del remate, a pesar de que el mismo está comprendido dentro de la etapa de ejecución de sentencia, la regla que regula la procedencia del amparo es específica, dado que el legislador quiso darles un tratamiento especial al resto de los actos dictados en ese estadio.

En esa virtud, si el acto reclamado guarda relación con el tema del remate, para determinar si el juicio de amparo es procedente no debe analizarse si se trata de la última resolución a la que alude el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, si se trata o no de aquella en la que se aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; sino más bien si se está en presencia de una resolución en la que se aprueba o desaprueba.

Ahora bien, el remate al que alude el precepto legal en comento debe ser entendido como el conjunto de actos procesales dictados en la fase de ejecución de sentencia que tienen como fin último hacer efectivo el derecho reconocido por la autoridad jurisdiccional a favor del vencedor de la contienda.

Por lo tanto, en la fase de remate quedarán incluidos el embargo trabado sobre los bienes del condenado o perdidoso (cuando dicho embargo se realice después de la sentencia definitiva); el secuestro de esos bienes si es necesario; la designación de peritos para valuar los bienes embargados; la emisión de los dictámenes periciales respectivos; la convocatoria a la almoneda de remate; la publicación de los edictos respectivos; la celebración de la propia almoneda ya sea en primera o subsecuente ocasión según el caso lo amerite y, desde luego, la interlocutoria que resuelve sobre la celebración de la almoneda, esto es, si es factible o no adjudicar los bienes rematados a determinado postor que hubiere acudido al remate o la adjudicación de los mismos a favor del ejecutante cuando así lo haya solicitado ante la ausencia de postores.

Como puede notarse, en ese supuesto, el juicio de amparo procede contra la resolución que aprueba o desaprueba el remate, sin necesidad de esperar a que el bien rematado materialmente sea entregado al postor ganador en la subasta o al ejecutante en caso de adjudicación, ni tampoco de que físicamente se entregue al ejecutante el monto del numerario obtenido en la subasta, sino que basta que se trate de la resolución que aprueba o desaprueba el remate, desde luego, previo al amparo debe observarse el principio de definitividad, lo que significa que si contra esa resolución la legislación de la materia contempla un recurso ordinario que pueda tener por objeto la revocación, modificación o anulación de esa interlocutoria, el quejoso deberá agotarlo previamente, salvo que se trate de un tercero extraño.

Menos aún habrá de esperar a que el Juez del proceso emita una resolución en la que apruebe o reconozca, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento pues, se insiste que, tratándose de remates, impera una regla aún más específica de acuerdo a las bases puntualizadas en el párrafo precedente.

Sin embargo, existen casos en los que, por su propia naturaleza, no es necesario agotar todas esas actuaciones entrelazadas entre sí para lograr el objetivo final: que el ejecutante vea satisfecho su crédito, puesto que existen determinados bienes que no requieren ser valuados ni mucho menos ser sometidos a una almoneda de remate propiamente dicha.

En efecto, uno de esos casos es cuando, a fin de ver satisfecho el crédito del ejecutante, se embargan cantidades en efectivo propiedad del ejecutado pues, evidentemente, en ese supuesto, no hay necesidad de someter a avalúo el numerario de curso legal y, menos aún, es menester sujetarlo a una subasta pública.

Por el contrario, el artículo 986 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, inmerso en el título décimo cuarto denominado "De la ejecución de las sentencias", capítulo I intitulado "De la ejecución de las sentencias y demás resoluciones dictadas por el Supremo Tribunal o los Jueces del Estado", establece que si los bienes embargados fueren dinero, sueldos, pensiones o créditos realizables en el acto, como efectos de comercio o acciones de compañías que se coticen en la bolsa, se hará el pago al acreedor inmediatamente después del embargo.

Conforme a ese precepto legal, después de fincado el embargo sobre dinero propiedad del ejecutado, no habrá más trámite que realizar más que el de entregar el numerario al ejecutante como pago de su crédito; por tanto, con la orden emitida por el juzgador para que se haga la entrega de ese efectivo al ejecutante, prácticamente se concluye la fase especial cuyo objetivo principal es hacer efectivo el crédito reconocido a favor del vencedor de la contienda.

Consecuentemente, en ese supuesto es procedente el juicio de amparo indirecto, al tenor de la regla específica relativa a los remates, sin que sea necesario recurrir a la diversa hipótesis de procedencia del juicio de garantías que exige verificar que se esté en presencia de la última resolución de la fase de ejecución, es decir, de aquella en la que se aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pues cuando la ejecución de la sentencia recae sobre dinero se está en la hipótesis de procedencia del amparo relacionada con los remates y, en esa virtud, si de acuerdo con las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado tan luego se trabe embargo sobre dinero propiedad del ejecutado se hará entrega del mismo al ejecutante como pago de su crédito, es axiomático que con la orden dada por la autoridad judicial para se que efectúe esa entrega, con ello termina propiamente esa fase de ejecución.

Al respecto es ilustrativa la tesis aislada emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXV, página ochocientos cuarenta y seis, del rubro y texto siguientes:

"EJECUCIÓN DE SENTENCIA, AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN EL PERIODO DE. De acuerdo con la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá interponerse el juicio de garantías, contra la última resolución dictada en el procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Ahora bien, el artículo 543 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, dispone que cuando el embargo decretado en virtud de una sentencia, recae sobre dinero, no se nombrará depositario y se hará entrega inmediata al actor, en pago, de lo que se desprende que tratándose de tales embargos, no resta cosa alguna por hacer en el procedimiento de ejecución; pero si la parte demandada se opuso a la diligencia de requerimiento y embargo, por haber habido un aseguramiento anterior, y no habiéndose suspendido dicha diligencia, la misma parte exhibió una suma de dinero para que fuera embargada, la cual no fue entregada al actor en pago, sino que el actuario se reservó para dar cuenta al Juez, en virtud de la inconformidad manifestada por el demandado, es claro que en tales condiciones, el procedimiento de ejecución no estaba concluido, toda vez que el Juez de los autos tendría que pronunciar, en los términos del artículo 539 del código citado, la resolución correspondiente a las cuestiones suscitadas durante el embargo, y por lo mismo, el juicio de garantías que en tal caso se interponga, debe estimarse improcedente, de conformidad con el artículo 114 fracción III, de la Ley de Amparo."

Así como la tesis aislada emitida por la propia Tercera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXIII, página cinco mil doscientos treinta y nueve, bajo el epígrafe y texto siguientes:

"EJECUCIÓN DE SENTENCIA, EL REQUERIMIENTO AL DEMANDADO PARA LA ENTREGA DE UN CHEQUE, CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN EL PERIODO DE. Si el actor en un juicio sumario civil, solicitó, con fundamento en el artículo 543, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que en cumplimiento de la sentencia dictada en dicho juicio y en virtud del embargo trabado en el mismo, fuese requerido el demandado para que procediese a entregar un cheque, es indudable que el auto en que el Juez de los autos haya decretado aquel requerimiento, tiene el carácter de última resolución en el procedimiento de referencia, ya que por tratarse de un crédito de fácil realización, su entrega surte los efectos jurídicos de pago, conforme al citado precepto legal, en que expresamente se dispone, que queda exceptuado de la formalidad del depósito, ‘el embargo de dinero o de créditos fácilmente realizables, que se efectúa en virtud de sentencia, porque entonces se hace entrega inmediata al actor, en pago’. En consecuencia, no puede decirse que el amparo interpuesto en el caso, contra el requerimiento mencionado, sea notoriamente improcedente, y debe admitirse la demanda de garantías respectiva."

En congruencia con lo anterior, no se colma la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con la fracción III del ordinal 114, ambos de la Ley de Amparo, que sirvió de sustentó al a quo para decretar el sobreseimiento.

En esa virtud, lo procedente es analizar las diversas causas de improcedencia alegadas por las partes.

La agente del Ministerio Público Federal adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, al emitir el pedimento 283/2008 presentado el cinco de agosto de dos mil ocho, solicitó se sobreseyera en el juicio de amparo al actualizarse alguna de las hipótesis que conforme al ordinal 73 de la ley de la materia acarrean esa consecuencia.

Sin embargo, no puntualizó en forma concreta cuál de esas causales se actualiza, ni tampoco expuso argumento alguno en que sostenga la improcedencia del juicio de amparo y, como este Tribunal Colegiado no advierte alguna razón que conduzca a esa conclusión, se impone desestimar el pedimento de la representante social federal.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 137/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, octubre de dos mil seis, página trescientos sesenta y cinco, del rubro y texto que enseguida se reproducen:

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio."

Bajo ese contexto, al ser infundada la causal de improcedencia que sirvió de base al a quo para decretar el sobreseimiento y, al no advertir diverso motivo que genere esa consecuencia, en términos del artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se impone revocar la sentencia recurrida y ocuparse del estudio de los conceptos de violación.

QUINTO. De los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo se desprenden los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en las sentencias de amparo y, en observancia a los mismos, esas resoluciones no sólo deben ser congruentes consigo mismas sino también con la litis constitucional, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos.

Lo anterior obliga al juzgador de amparo a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones del quejoso, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a la luz de las consideraciones en que se apoyó la autoridad responsable para su emisión, en confrontación directa con los conceptos de violación que, en contra del mismo, expresa el quejoso, salvo los supuestos en los que conforme al artículo 76 Bis de la ley de la materia y a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea factible analizar la constitucionalidad del acto de autoridad aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios.

Consecuentemente, si bien es cierto que aquellos preceptos legales no imponen como obligación del Tribunal Colegiado de Circuito transcribir los conceptos de violación cuyo estudio omitió el Juez de Distrito, que deben ser examinados por el órgano revisor en términos del artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, también lo es que por tratarse de una resolución terminal, a efecto de brindar mayor certeza jurídica, es conveniente su reproducción pues, de esta manera, puede constatarse si en la sentencia respectiva se hizo la debida apreciación del acto reclamado y si su constitucionalidad fue examinada de acuerdo con los argumentos planteados para ese efecto por el quejoso y, con ello, reflejar si se cumple o no con los principios de congruencia y exhaustividad.

Así las cosas, los conceptos de violación formulados por el Ayuntamiento quejoso son del tenor siguiente:

"... Primero. Ese acuerdo de 11 de julio de este año y que se ha dictado en el incidente de liquidación de daños y perjuicios, derivado del juicio extraordinario civil que promovió ********** según expediente número 1418/1993, ante el Juzgado Tercero del Ramo Civil, hoy responsable, en perjuicio del Ayuntamiento de ********** se viola el contenido de los numerales 986, 1022, 1023, 1024, 1034, fracción XVI y relativos de la ley procesal civil, 45, 49, 74, 87, 87 BIS y relativos de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios y 20 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado y como consecuencia el contenido de esas garantías de seguridad jurídica que se contienen en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Se desprende que el Juez Tercero del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, que en ese acuerdo de fecha 11 de julio de esta anualidad y que se refiere a una revisión de oficio que se hace de conformidad con el numeral 1032 de la ley procesal civil y respecto de la diligencia de embargo que practica el actuario de ese juzgado, con fecha 26 de junio también de este año, en definitiva, establece lo siguiente: En consecuencia, gírese oficio al representante legal de banco ********** a fin

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21433-69d2d801/conceptos-de-violacion-para-brindar-mayor-certeza-juridica · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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