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Modo: Corpus Pro

UNIVERSIDADES PÚBLICAS. COMPETENCIAS QUE DERIVAN DE SU FACULTAD DE AUTOGOBIERNO. AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA COMISIÓN DE RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO CUANDO NOMBRA AL RECTOR. UNIVERSIDADES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO DERIVADO DEL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA, CONSISTENTE EN EL NOMBRAMIENTO DE RECTOR. UNIVERSIDADES PÚBLICAS. LA AUTONOMÍA DE LA QUE LEGALMENTE PUEDEN SER DOTADAS LES CONFIERE LA FACULTAD DE AUTOGOBIERNO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 153/2008. · Registro digital (IUS): 22044
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, , Pág. 878.

AMPARO EN REVISIÓN 153/2008. **********.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el veintinueve de junio de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito.

SEGUNDO. Por tratarse de un presupuesto procesal, cuyo análisis debe hacerse de oficio, es necesario corroborar que la interposición de los recursos fue oportuna, máxime si se toma en cuenta que el Tribunal Colegiado que, en principio, conoció de ellos, no se pronunció al respecto, por lo que esta Primera Sala se ocupará de ello.

La sentencia recurrida se notificó a la Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (en su calidad de autoridad señalada como responsable) por medio de oficio el uno de octubre de dos mil siete (foja 585 del cuaderno de amparo), notificación que surtió sus efectos el mismo día, de donde el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del martes dos de octubre al martes dieciséis del mismo mes y año, descontándose los días seis, siete, trece y catorce por haber sido sábados y domingos, así como el doce, por ser todos inhábiles según los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si dicha comisión interpuso su recurso de revisión el quince de octubre de dos mil siete, es claro que lo hizo en tiempo.

Por otro lado, la sentencia recurrida se notificó por medio de lista a la tercero perjudicada el jueves cuatro de octubre de dos mil siete (foja 590 del cuaderno de amparo), notificación que surtió sus efectos el viernes cinco siguiente, por lo que el plazo de diez días para la interposición del recurso de revisión transcurrió del lunes ocho de octubre al lunes veintidós del mismo mes y año, descontándose el trece, catorce, veinte y veintiuno por haber sido sábados y domingos, así como el doce, por ser inhábiles. En esas condiciones, si el recurso de revisión fue presentado el diecinueve de octubre de dos mil siete, es claro que su interposición también se realizó en tiempo.

Finalmente, la sentencia recurrida se notificó al agente del Ministerio Público de la Federación por medio de lista el uno de octubre de dos mil siete (foja 582 vuelta del cuaderno de amparo), notificación que surtió sus efectos el martes dos del mismo mes, de donde el plazo para la interposición del recurso transcurrió del miércoles tres de octubre al miércoles diecisiete del mismo mes y año, descontándose los días seis, siete, trece y catorce por haber sido sábados y domingos, así como el doce, por ser todos inhábiles; luego, si dicho agente interpuso su recurso el dieciséis de octubre de dos mil siete, es evidente que lo hizo en forma oportuna.

TERCERO. Antecedentes del caso. Como cuestión inicial, en aras de claridad en la comprensión y resolución del asunto, conviene hacer una breve relación de sus antecedentes relevantes.

1. Como se narra en la demanda inicial, con conocimiento de que el ocho de enero de dos mil siete terminaría su encargo el entonces rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, designado para el periodo 2003-2007; desde el trece de diciembre del dos mil seis, el quejoso ********** entregó al presidente y secretario de la comisión de rectoría de esa casa de estudios, la documentación pertinente para ser considerado aspirante al cargo de rector para el siguiente periodo 2007-2011;

2. Una vez que se recibieron más propuestas a favor de distintas personas para ocupar el citado puesto, el ocho de enero de dos mil siete la Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo nombró como rector definitivo para el citado periodo 2007-2011, a la **********;

3. El diez de enero de dos mil siete el peticionario tuvo conocimiento de la anterior designación, por lo que contra ese acto y otros que anteriormente se transcribieron, promovió juicio de garantías en la vía indirecta, en donde señaló como actos reclamados los transcritos en el resultando primero de esta resolución y, a guisa de conceptos de violación, expresó fundamentalmente lo siguiente:

• Que los actos reclamados resultan violatorios de sus garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque carecen de fundamentación y motivación;

• Que la designación de rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no se ajustó a lo establecido en la ley orgánica de esa propia institución, aunado a que tampoco existe un reglamento que norme ese acto, por lo que indebidamente no se emitió la convocatoria formal previa para acudir a tal procedimiento, quedando al arbitrio de los miembros de la comisión de rectoría la elección;

• Que si bien de conformidad con el artículo 2o. de la referida Ley Orgánica la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo goza de autonomía, lo cierto es que para efectos de su ejercicio deberá ceñirse a lo establecido en la propia ley, con la correspondiente obligación de fundar y motivar sus actos, lo que en el caso no ocurrió; y,

• Que existen multiplicidad de vicios en la integración de la comisión de rectoría que llevó a cabo el nombramiento del rector.

4. El Juez de Distrito que conoció del asunto concedió la protección constitucional solicitada; para llegar a esa conclusión, una vez que tuvo por ciertos la totalidad de los actos reclamados en los términos en que los expresó el quejoso, consideró fundamentalmente:

- Que no se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 1o. y 11 de la Ley de Amparo, en virtud de que la designación de rector definitivo constituye un verdadero acto de autoridad para efectos del juicio de garantías debido a que con él, de modo unilateral (pues no se tomó parecer al quejoso) se han creado, modificado o extinguido una serie de situaciones jurídicas que afectan su esfera particular, al no habérsele dado la oportunidad de participar como aspirante al citado cargo; acto que, además, por encontrar sustento en un ordenamiento legal emanado del Poder Legislativo Estatal, es susceptible de escrutinio constitucional mediante juicio de amparo; y sin que obste que dicha universidad goce de autonomía a la luz del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Federal, ya que la autonomía universitaria significa la facultad que tiene de designar sus propias autoridades, libertad de cátedra y la facultad de manejar su economía, pero no puede significar que no esté sujeta al régimen jurídico del país;

- Que no es obstáculo para la anterior conclusión la manifestación de la autoridad en el sentido de que lo que llevó a cabo fue el nombramiento de rector mas no una "elección", pues con independencia de la variación gramatical que pudiera existir entre los conceptos, lo que no queda duda es que encarnaron en una persona el cargo de rector;

- Que no se actualiza tampoco la causal de improcedencia relativa a la extemporaneidad de la demanda, en virtud de que no existe medio de prueba de que el quejoso haya tenido conocimiento de los actos que reclama antes de la fecha que indica en su escrito inicial, por lo que tomando en cuenta esta fecha, la demanda se encuentra presentada de manera oportuna;

- Que no se materializa el diverso motivo de improcedencia atinente al consentimiento expreso de los actos reclamados, pues aun cuando los aspirantes al cargo de rector (entre los que se encuentra el peticionario) dirigieron un comunicado a la comisión de rectoría en el que manifestaron su disposición a respetar la decisión que tomara respecto del nombramiento de rector, lo cierto es que las manifestaciones vertidas por el quejoso en ese sentido se externaron antes de la existencia del acto reclamado, por lo que no puede estimarse consentido el acto reclamado;

- Que no opera la causal de improcedencia sustentada en el hecho de que los derechos de elegibilidad a que alude el quejoso no se encuentran contemplados en la Constitución, dentro del capítulo de las garantías individuales, pues el derecho que todo ciudadano tiene para ser nombrado o elegido para ocupar un empleo o comisión se encuentra reconocido en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, por lo que sí puede ser motivo de tutela mediante el juicio de garantías;

- Que no se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés jurídico y la no afectación del mismo pues, por un lado, como quedó establecido, el proceder de la comisión de rectoría debe considerarse como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo y, por otro, debe considerarse que el quejoso se encuentra legitimado, pues fue propuesto a la comisión de rectoría por diversos sectores de la comunidad universitaria, además de que se queja de que no se respetó su derecho de elegibilidad para participar como aspirante en el procedimiento de designación de rector;

- Que viéndose así superadas las causas de improcedencia, en el estudio de fondo resultan fundados los conceptos de violación expresados, suplidos en su deficiencia. Ello, dado que la designación que realizó la comisión de rectoría se basó en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, numeral que confiere a la comisión de rectoría facultades tanto ejecutivas como legislativas, últimas de las cuales la obligan a expedir su propio reglamento. Por tanto, el que dicha comisión no haya expedido tal reglamento, constituye un incumplimiento que se erige como una violación constitucional en perjuicio del quejoso, puesto que a consecuencia de tal "omisión" se le ha dejado indefenso al desconocer cuál ha sido el procedimiento al que se ha sometido la autoridad responsable para llevar a cabo la designación de rector, coartándole así la posibilidad de participar en un proceso selectivo bajo condiciones de igualdad;

- Que, en esa virtud, se produjo una transgresión a las garantías de legalidad y seguridad jurídica del peticionario, previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como a la de aspiración a un empleo, cargo o comisión en condiciones de igualdad consagrada en el artículo 35, fracción II, de la Carta Magna, por lo que decidió conceder el amparo contra el acto realizado por la Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, mediante sesión de ocho de enero del presente año, consistente en el nombramiento de rector definitivo de la citada casa de estudios, para el efecto de que se dejara sin efectos el nombramiento realizado a favor de la ********** y, previo a la nueva designación, se respetaran en beneficio del quejoso las garantías constitucionales que se habían estimado transgredidas en su perjuicio, en estricta observancia a lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo.

5. En desacuerdo con tal determinación, la autoridad señalada como responsable (Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo), la parte tercero perjudicada (**********) y el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Distrito del conocimiento, interpusieron sendos recursos de revisión, cuyos agravios serán examinados posteriormente.

CUARTO. Precisión de actos reclamados. Narrados los principales antecedentes que informan el asunto, enseguida se procede a la precisión de los actos reclamados, a fin de corroborar con exactitud su certeza o inexistencia.

El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias en el juicio de garantías deberán contener una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados.

Asimismo, en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación se ha sentado el criterio consistente en que, con el objeto de lograr una determinación clara y precisa del acto reclamado, debe acudirse a la lectura íntegra del escrito de demanda, así como prescindir de los calificativos que en su enunciación se hagan acerca de su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pues esa calificación será materia del examen de fondo correspondiente.

Por tales motivos, para la determinación del acto reclamado en una sentencia no es suficiente con atender al contenido material del capítulo relativo de la demanda, pues habrá ocasiones en que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial del juicio de garantías con el objeto de que los actos sean fijados en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, máxime cuando este aspecto sólo puede ser desprendido congruentemente de la totalidad de los datos contenidos en el mencionado escrito, y correlativamente deben ser descartadas las precisiones que generen oscuridad o confusión. Por todo ello, resulta inconcuso que el juzgador de amparo, al establecer los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no a lo que aparentemente dijo, pues sólo de esta manera es posible lograr el sentido de congruencia que debe existir en la sentencia entre lo pretendido y lo resuelto.

De ahí que, sea que las partes lo aleguen o no, cuando el tribunal revisor en juicio de amparo advierta que en la sentencia recurrida existe una incongruencia, omisión o estudio indebido en torno a los actos reclamados, tales aspectos, inclusive, deben ser corregidos oficiosamente.(2)

En el caso, se advierte incongruencia tanto en la fijación como en la determinación de certeza de dichos actos, por lo que en esos rubros debe regularizarse la sentencia recurrida a efecto de ajustarla a la litis constitucional efectivamente planteada.

En efecto, la detenida lectura del capítulo de actos reclamados, en relación con los diversos apartados de "hechos", "autoridades responsables" y "conceptos de violación" permiten establecer que lo reclamado debe ceñirse a lo siguiente:

1. La falta de convocatoria para el procedimiento de designación de rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para el periodo 2007-2011.

2. La falta de emplazamiento, citación y notificación al quejoso para comparecer y ser parte en dicho procedimiento;

3. La emisión del acuerdo, orden o proveído tendente a impedir que el peticionario fuera tomado en cuenta como aspirante al citado cargo de rector; así como la sesión de la comisión de rectoría en que aprobó tal providencia;

4. La sesión en que la comisión de rectoría nombró rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para el periodo 2007-2011; y,

5. Todas y cada una de las consecuencias que de hecho y de derecho deriven de tal acto.

En el listado anterior se prescinde de las calificativas atinentes a lo ilegal o violatorio de garantías que el quejoso atribuyó a algunos de esos actos al momento de señalarlos en su demanda de amparo, pues debe decirse que, como se indicó, la eventual inconstitucionalidad será materia del estudio de fondo del asunto que, en su caso, llegare a realizarse, no de la etapa inicial de precisión de actos que se desarrolla.

Por otro lado, teniendo presente que los conceptos de violación en la demanda de amparo pueden definirse como esa relación razonada que el agraviado debe formular o establecer entre los actos reclamados y las garantías constitucionales que estime violadas, a fin de demostrar jurídicamente la contravención de éstas por aquéllos, o sea, la expresión del porqué la actividad de la autoridad impugnada conculca sus derechos públicos individuales; debe, por consiguiente, excluirse también de la relación precedente los actos que el peticionario identificó como "e) La falta de fundamentación y motivación debidas dentro del acuerdo, orden o proveído de cualquier especie dictado por las responsables, exigibles dentro de la elección del encargo de rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo", así como "g) La ilegal integración y funcionamiento de la Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo".

Como se advierte, constituyen en realidad argumentos tendentes a evidenciar lo violatorio de garantías que, en opinión del quejoso, resultan los actos reclamados; bastaría el solo ejercicio de corroboración de certitud de uno y otro de esos planteamientos, con un resultado afirmativo, para concluir automáticamente en una declaratoria de inconstitucionalidad del actuar del ente señalado como responsable, sea porque conforme a lo propuesto por el quejoso los actos de aquél resulten carentes de fundamentación y motivación -como se alega en el supuesto acto identificado bajo el inciso e)-, o bien, porque provienen de un órgano colegiado ilegalmente integrado -según se afirma en el restante argumento indicado en el inciso g)-, lo cual es revelador de que lo que pretende destacar el peticionario a través de esas afirmaciones no corresponde propiamente a actos reclamados, sino a vicios que atribuye a la conducta del ente universitario.

De ese modo, su examen no resulta pertinente en la etapa de precisión de actos de que se trata, sino que corresponde a una fase posterior como lo es la del análisis de los motivos de inconstitucionalidad aducidos, en el supuesto de que, claro está, se reitera, el asunto amerite el estudio de fondo planteado.

QUINTO. Certeza de los actos reclamados. Una vez precisados éstos, a continuación se procede a corroborar su existencia en estricta observancia al citado artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.

Con ese objetivo, atendiendo a la naturaleza omisiva de los actos controvertidos identificados con los numerales 1 y 2, en que se alega de la Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la falta de convocatoria al procedimiento de designación de rector de dicha universidad, así como la ausencia de la notificación, citación o emplazamiento relativos, inicialmente es menester verificar, como lo ha establecido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, si para la autoridad señalada como responsable existe la obligación legal que en su caso le imponga la carga de actuar en el sentido indicado por el peticionario (de cuya omisión se duele en la demanda de garantías).

Lo anterior en mérito a que, de no tener el órgano gubernativo dentro de su cúmulo de atribuciones la de conducirse en el sentido que se le exige, la omisión que se le atribuye será jurídicamente inexistente; por lo que no se pueden tener por ciertos ese tipo de actos por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma, con criterios subjetivos.(3)

Sobre esa base, conviene traer a cuenta lo dispuesto por el artículo 8o. de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que prevé el procedimiento para la designación de rector de esa casa de estudios, en donde se establece lo siguiente:

"Artículo 8o. La autonomía de la universidad se deposita en la comunidad universitaria, constituida por sus autoridades, trabajadores académicos, administrativos, alumnos; y su gobierno estará formado por:

"I. El consejo universitario

"...

"VI. La comisión de rectoría

"La comisión de rectoría estará integrada por ...

"...

"Son atribuciones de la comisión de rectoría:

"A. Nombrar al rector, conocer de la renuncia de éste y removerlo por causa grave. Antes de la designación del rector definitivo, la comisión de rectoría recibirá y tomará en cuenta todas las opiniones que en forma escrita le envíen los miembros del consejo universitario a favor de alguna persona para dicho cargo.

"B. Resolver los conflictos que surjan entre el consejo universitario y el rector, a petición de cualquiera de las partes, y,

"C. Expedir su propio reglamento."

De acuerdo con esa disposición, para el nombramiento del rector definitivo, la comisión de rectoría únicamente tiene la obligación previa de recibir y tomar en cuenta todas las opiniones que en forma escrita le envíen los miembros del consejo universitario a favor de alguna persona para dicho cargo, a efecto de hacer la designación correspondiente de entre ellos; pero no se advierte la obligación de ese órgano colegiado de expedir una convocatoria para que los interesados presenten sus propuestas, ni tampoco se observa la carga de notificar del inicio del procedimiento a cada uno de los posibles aspirantes, de citarlos o emplazarlos.

De ahí que, al no asignar la ley ese tipo de exigencias al ente señalado como responsable, jurídicamente no pueden tenerse como ciertas las abstenciones que se le imputan, por lo que en ese rubro los actos omisivos atribuidos a dicha comisión de rectoría deben considerarse inexistentes.

El anterior aserto se ve corroborado con el informe con justificación rendido por la citada comisión, en donde si bien reconoció que no llevó a cabo dichos actos de convocatoria y notificación, enseguida aclaró que esa forma de conducirse obedeció a que el orden normativo que la rige no le impone esa carga,(4) afirmación que debe acogerse en sus términos de acuerdo con lo dispuesto en el referido precepto regulador del procedimiento de designación que, como se acotó, no establece las mencionadas obligaciones de su parte.

En diverso orden, en cuanto a la emisión de los mandatos atribuidos a la comisión de rectoría para que se dejara de tomar en cuenta la opinión a favor del quejoso para ser nombrado rector de la universidad, identificados en la precisión de actos bajo el numeral 3, se observa que al rendir su informe con justificación, la comisión de rectoría negó haber emitido alguna orden de esa naturaleza, así como haber sesionado expresamente para decretarla.(5)

Ante esa negativa, corresponde al quejoso desvirtuarla allegando al juicio los medios de prueba pertinentes encaminados a demostrar la certeza del acto; sin embargo, de la revisión del cúmulo probatorio se observa que ningún elemento de juicio aportó para evidenciar su existencia.

Efectivamente, de autos se advierte que el peticionario ofreció las siguientes probanzas:

1. Copia simple del comprobante de pago de emolumentos, expedido por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a nombre del quejoso, correspondiente al periodo del uno de enero de dos mil siete al quince de enero de mismo año (folio 30 del cuaderno de amparo).

2. Copia de la constancia expedida por la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro" que confiere al peticionario el grado de maestro en ciencias, especialidad ciencia animal (folio 31 del cuaderno de amparo).

3. Copia certificada del escrito de veinte de diciembre de dos mil seis, dirigido a los miembros de la comisión de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, signado por los aspirantes a ocupar el puesto de rector (entre otros el quejoso) en que manifestaron su disposición a respetar la decisión que tomara la comisión de rectoría y apoyar al rector designado (folios 222 y 223 del cuaderno de amparo).

4. Copia del acta de ocho de enero de dos mil siete, signada por los miembros de la Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana, donde se llegó al acuerdo de nombrar como rectora definitiva de la universidad en mención a ********** (folio 221 del cuaderno de amparo);

5. Copia certificada del Decreto Número 1, y del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, Número 10, de dieciocho de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (folios 143 y 148 del cuaderno de amparo).

6. Diversos periódicos oficiales del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, relativos al acuerdo administrativo en que se nombró al ********** (miembro de la comisión de rectoría) como notario público (folios 172 a 193 del cuaderno de amparo).

7. Copia certificada de diversos oficios en que se informa que ********** (miembro de la comisión de rectoría) fue nombrado por el Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, como titular de la Dirección del Consejo Tutelar para Menores de esa entidad, así como la licencia que solicitó en dicho cargo para ausentarse (folios 244 a 247 del cuaderno de amparo).

8. Copia de diversos ocursos signados por el ********** (miembro de la comisión de rectoría) en los que convocó a una reunión de ex rectores de la universidad, con la finalidad de realizar el proceso de sustitución de rector (folios 312 a 318 del cuaderno de amparo).

9. Copia de las actas en que se designó como miembros de la comisión de rectoría a diversos ex rectores de esa casa de estudios; y en que se nombró presidente y secretario de dicho órgano (folios 320 a 322 del cuaderno de amparo).

10. Copia del acta de nueve de enero de dos mil siete, signada por los miembros de la comisión de rectoría, en que se rindió un informe de la forma como se desarrolló la ceremonia en la que tomó posesión como **********; asimismo, el presidente de dicha comisión informó que las opiniones vertidas por escrito de los miembros del consejo universitario a favor o en contra de algunas personas para que ocuparan el cargo de rector, vertidas ante esta comisión, antes de la designación del rector definitivo, se conservarían por treinta días naturales, para los efectos de aclaraciones o dudas ante ese máximo órgano universitario y después de este lapso se triturarían. Todos los presentes en esa reunión aprobaron que se triturara dicho material a partir del nueve de febrero de dos mil siete (folio 325 del cuaderno de amparo).

11. Copia de los escritos signados por diversas personas pertenecientes a la comunidad universitaria, dirigidos a la Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana mediante los cuales expresan su apoyo al quejoso **********, para ocupar el cargo de rector de la Universidad Michoacana (tomo III de pruebas del cuaderno de amparo).

12. Curriculum vitae del quejoso, y su proyecto de administración al servicio de la academia (tomo III de pruebas del cuaderno de amparo).

13. Curriculum vitae y plan de trabajo de los demás aspirantes al cargo de rector (tomos I, II y III de pruebas del cuaderno de amparo); y,

14. Diversas pruebas testimoniales que no se desahogaron por los motivos asentados en el acta de audiencia constitucional.

Del análisis del material probatorio allegado al juicio se advierte:

- Que el peticionario presta sus servicios en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como su grado académico;

- Que efectivamente fue uno más de los aspirantes a ocupar el cargo de la rectoría, apoyado por diversos sectores de la comunidad universitaria;

- La forma en que se integró la comisión de rectoría que llevó a cabo la designación de rector de la referida universidad;

- Algunas de las actividades individuales, fuera de la universidad, de miembros de la citada comisión;

- La sesión en que se designó a la parte tercero perjudicada como rectora de esa universidad; y

- La existencia de otras propuestas de aspirantes al cargo de rector.

Sin embargo, de ninguno de esos elementos se observa la existencia de las órdenes que reclama el quejoso virtud a las cuales, según, se le impidió participar en el proceso de designación en comento.

Asimismo, de las demás constancias remitidas por la comisión de rectoría tampoco se observa que haya adoptado las mencionadas providencias; en cambio, del acta de sesión de ocho de enero de dos mil siete, en que designó a la nueva rectora de la casa de estudios en comento, se advierte que el nombramiento se realizó "... tomando en cuenta todas las opiniones que en forma escrita le han enviado a esta comisión algunos miembros del consejo universitario a favor de alguna persona para dicho cargo ...",(6) de donde se desprende que no se acordó la exclusión, en específico, de alguna de las propuestas allegadas a ese órgano.

Elementos de juicio que conducen a la convicción de que resultan inexistentes las órdenes mencionadas y, por consiguiente, en lo relativo también debe acogerse la manifestación que en ese aspecto vertió la comisión señalada como responsable.

En este orden de ideas, la consecuencia jurídica de lo anteriormente evidenciado es revocar la sentencia de amparo en lo que corresponde a las consideraciones por las que el Juez de Distrito tuvo por ciertos la totalidad de los actos reclamados en los términos en que fueron expuestos en la demanda de garantías, en específico por lo que toca a los actos indicados en los puntos 1, 2, y 3, a efecto de que en relación con ellos, ante su inexistencia, rija el sobreseimiento en el juicio en los términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

En cambio, se toma en cuenta que la comisión de rectoría reconoció la existencia del diverso acto consistente en el nombramiento de rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para el periodo 2007-2011, llevado a cabo en sesión de ocho de enero de dos mil siete, así como sus consecuencias jurídicas,(7) por lo que los actos identificados con los numerales 4 y 5 son los únicos que deben tenerse por ciertos para efectos del presente asunto, y sin que en este punto constituya obstáculo que la citada comisión, no obstante la aceptación de los citados actos, haya manifestado que deben tenerse por inexistentes sobre la noción de que en realidad, dice, su actuación no puede considerarse proveniente de una autoridad para efectos del juicio de gara

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22044-76550742/universidades-publicas-competencias-que-derivan-de-su-facultad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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