FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ARGUMENTOS QUE DEBEN EXAMINARSE PARA DETERMINAR LO FUNDADO O INFUNDADO DE UNA INCONFORMIDAD CUANDO SE ALEGA LA AUSENCIA DE AQUÉLLA O SE TACHA DE INDEBIDA.
AMPARO EN REVISIÓN 15/2008. **********.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Los agravios que se hacen valer resultan, en una parte inoperantes y, en otra, infundados, conforme a las siguientes consideraciones.
En principio, cabe distinguir que el Juez de Distrito se hizo cargo, en primer lugar, de lo que estimó era una violación formal, reiterada en los tres primeros conceptos de violación, consistente en la falta de fundamentación y motivación en la resolución reclamada, por la omisión de estudiar un concreto agravio (que la leyenda que aparece en el documento base de la acción no constituye un verdadero endoso); para, posteriormente, abordar el combate sobre las consideraciones por las cuales la responsable desestimó los agravios relativos a la falta del endoso en el documento base de la acción.
Tal distinción obedece a que, ahora en revisión, el recurrente plantea que el Juez de Distrito no realiza una argumentación jurídicamente válida para determinar que el endoso del supuesto machote de cheque base de la acción del juicio natural, sí debe considerarse formalmente como "endoso en procuración", y que se limita a señalar que la interlocutoria de segunda instancia sí se encuentra fundada y motivada, pero no señala las razones ni motivos por lo que así lo considera. Sin embargo, tales alegatos se hacen a fin de combatir la primera parte del estudio que realizó el a quo, es decir, sobre la violación formal.
De ahí que resulte inoperante, ya que no pasa inadvertido a este colegiado, que en los conceptos de violación se alegó indebida fundamentación y motivación, por los motivos que expuso el quejoso y, no obstante que el pronunciamiento del resolutor federal fue incongruente, pues determinó, en suma, que la resolución reclamada no carecía de fundamentación y motivación, ya que no se reprochaba ausencia total de esos requisitos. En razón de ello, al margen de que tal equívoco no trascendió al sentido del fallo, pero dada la constancia con que se presenta, motiva que este tribunal exprese, aun como simple información, que al atender un motivo de inconformidad relacionado con la fundamentación y motivación, para producir una respuesta congruente debe, del contexto integral de la argumentación del inconforme, advertirse si lo que imputa es ausencia de aquélla, o solamente la tacha de indebida, pues en la primer hipótesis bastará observar si la resolución contiene o no, argumentos apoyados en la cita de preceptos legales para quedar en aptitud de declarar fundado o infundado el atinente motivo de desacuerdo. En cambio, en el segundo de tales supuestos, cuando la fundamentación y motivación se tachan de indebidas, es menester apreciar los argumentos del motivo de desacuerdo, expresados para explicar por qué la invocación de preceptos legales se estima errónea, o por qué la motivación es incorrecta o insuficiente, pues será a la luz de tales razones que pueda establecerse lo fundado o infundado de la inconformidad.
Esto es, si el a quo de cualquier forma se hizo cargo de lo expuesto por el quejoso no le causa perjuicio que se haya desestimado una violación no alegada.
Ahora bien, revisado el pliego de agravios, se advierte que, a excepción de lo anterior, directamente se atribuye al Juez de Distrito, y del denominado tercero, lo argumentado por el inconforme constituye una copia, casi textual, de los conceptos de violación expuestos en la demanda de garantías que, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:
"Conceptos de violación.
"Primero. Se violan directamente en perjuicio de la empresa quejosa las garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ello en virtud de la indebida fundamentación y motivación, así como la inobservancia y aplicación de las leyes y formalidades del procedimiento, aunado a la violación a los principios de congruencia y exhaustividad que toda sentencia debe guardar, mediante el considerando tercero de la sentencia interlocutoria de fecha 28 de junio de 2007 que se reclama en la presente demanda, en relación con los artículos 8o., fracciones I y XI, 14, 29, 30, 33, 35, 38 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como con los diversos 1077, 1399 y 1403 del Código de Comercio, ello al haber confirmado la improcedencia de la excepción de falta de personalidad opuesta por la ahora amparista dentro de los autos que integran el toca en artículo ********** tramitado ante la Octava Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, ello en los siguientes términos:
"(Se transcribe parte de la resolución reclamada).
"A) En primer lugar, en el caso que nos ocupa, se actualiza la indebida fundamentación y motivación, así como la violación a los principios de congruencia y exhaustividad en que incurre el Magistrado responsable, toda vez que es omiso en analizar todos los agravios opuestos por mi representada en el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 21 de julio de 2006.
"Dentro del recurso referido en el párrafo que antecede, fue señalado como agravio el hecho de que la leyenda que aparece en el supuesto documento base de la acción intentada en el juicio natural, a decir ‘Páguese este documento su valor en procuración.’, no puede tenerse como un verdadero endoso en procuración, puesto que no cumple con la formalidad que señala la fracción III del artículo 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, agravio que se hizo valer en los términos literales siguientes:
"(Se transcribe agravio).
"Ahora bien, como se puede advertir de la parte considerativa de la resolución interlocutoria de fecha 28 de junio de 2007, misma que constituye el acto reclamado en el presente indirecto de garantías, la autoridad responsable fue omisa en estudiar el agravio relativo al incumplimiento en el requisito señalado por la fracción III del artículo 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, puesto que únicamente se limita a señalar que las formalidades exigidas por el numeral previamente mencionado, sí se cumplen en el caso, pero no señala las razones ni motivos por las que considera que se cumple con dichas formalidades. En otras palabras, la autoridad responsable no realiza una argumentación jurídicamente válida para determinar que el endoso del supuesto machote de cheque base de la acción sí debe considerarse formalmente como endoso en procuración.
"Aunado a lo anterior, contrario a lo esbozado por el Magistrado responsable, la leyenda que contiene dicho documento no puede tenerse como esta clase de endoso en términos del artículo 35 del ordenamiento referido en el párrafo anterior, ya que no señala expresamente que sea un endoso en procuración, puesto que la leyenda que obra en el supuesto documento base de la acción no establece lo anterior.
"En este sentido, se advierte la violación a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias contenido en el diverso artículo 1077 del Código de Comercio en vigor, puesto que la autoridad responsable no resolvió todo lo peticionado por la ahora quejosa dentro del recurso de apelación hecho valer en el juicio de origen, es decir, el Magistrado de la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado fue omiso en resolver todas las cuestiones planteadas en dicho recurso, lo que se traduce en una violación directa a las garantías individuales de mi representada.
"Corroboran nuestra posición los siguientes criterios establecidos en tesis aisladas como jurisprudencias: ...
"B) Ahora bien, en cuanto a los requisitos restantes que exige para los endosos el artículo 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, específicamente en sus fracciones I, II y VI, debe decirse que la autoridad responsable, al resolver los agravios esbozados por la ahora quejosa, indebidamente consideró inoperantes los mismos, ya que no expone motivos y razones que lo llevaran a determinar que se cumplen con las formalidades exigidas por el numeral previamente citado, ya que se limita a expresar que esta autoridad estima que se cumplen todos los requisitos establecidos en el artículo referido, resultando evidente que el mismo se otorgó en los términos y formalidades que establece la ley por lo cual, contrario a lo expuesto por el alcista, sí existe endoso y el mismo es válido y se encuentra apegado a derecho.
"Contrario a lo argumentado por el Magistrado, dicho endoso no existe, ya que pues si bien es cierto que de la hoja que viene anexa a los documentos base de la acción se advierte en lo conducente la leyenda: ‘Páguese este documento su valor en procuración del Lic. ********** ...’, de ello no se advierte el nombre del endosatario, pues ello no es referido expresamente en dicho instrumento, es decir, no se precisa que el señor ********** tenga el carácter de ‘endosatario’ del título de crédito, sumado a que de las fojas adheridas a los documentos base de la acción y, en específico, de la leyenda que aparece escrita en la misma, no se advierte ni se puede deducir ciertamente que efectivamente sea un ‘endoso’ y menos aún, un ‘endoso en procuración’, por lo que es evidente que no se configura un endoso, en consecuencia, no es dable la materialización de la figura del endosatario.
"Aunado a lo anterior, en la especie, los títulos de crédito anexados como base de la acción, en ningún momento contienen adherido endoso y mucho menos ‘endoso en procuración’, ya que ello no se dispone textualmente, y no es dable al juzgador interpretar o suponer que, efectivamente, se trataba de un endoso, pues literalmente no se precisa como tal, sino como una simple orden de pago, sin que ello pueda equipararse al cien por ciento con un endoso, por lo que no obstante de que en las fojas anexadas a los títulos base obren rúbricas, de ninguna manera se expresa que son emitidas por el ‘endosante’ del título de crédito, más aún, cuando como ha quedado precisado en líneas anteriores, en los citados anexos no se hace textual referencia a que lo escrito en los mismos, efectivamente es un ‘endoso’, ni se hace alusión a algún tipo de endoso, por lo que igualmente se descarta que se cumpla con el requisito legal previsto en la fracción II del numeral 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
"Por lo que resulta ilegal que el Juez pretenda inferir dicha situación, tratando de interpretar y equiparar lo expresa (sic) en el anexo de los títulos, con lo regulado por el multicitado artículo 29, lo que acarrea una indebida fundamentación y motivación de la resolución judicial que se combate en violación a lo previsto por el artículo 1077 del Código de Comercio.
"En lo concerniente a la fracción IV del numeral 29 de la ley general en cita, igualmente no se cumple, en la especie, ya que dicha fracción alude al lugar y fecha del endoso y si, en el caso concreto, como se ha reiterado en los párrafos que anteceden, no existe endoso, no pueden, por ende, existir lugar y fecha de su realización, por lo que resulta irrelevante que en los anexos adheridos a los documentos base de la acción se expresa: ... ‘Monterrey, N. L., a 6 de abril de 2006 ...’
"Lo anterior deviene en una indebida fundamentación y motivación, así como en inobservancia a las leyes y formalidades del procedimiento, puesto que no se expresan las consideraciones suficientes para resolver en contra de lo peticionado por la ahora quejosa, puesto que resulta evidente la indebida aplicación del artículo 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
"...
"Cuarto. Se violan directamente en perjuicio de la empresa quejosa las garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ello en virtud de la indebida fundamentación y motivación, así como la inobservancia y aplicación de las leyes y formalidades del procedimiento, aunado a la violación a los principios de congruencia y exhaustividad que toda sentencia debe guardar, mediante el considerando tercero de la sentencia interlocutoria de fecha 28 de junio de 2007 que se reclama en la presente demanda, en relación con los artículos 8o., fracción I y XI, 14, 29, 30, 33, 35, 38 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como los diversos 1077, 1399 y 1403 del Código de Comercio, ello al haber confirmado la improcedencia de la excepción de falta de personalidad opuesta por la ahora amparista dentro de los autos que integran el toca en artículo ********** tramitado ante la Octava Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ello en los siguientes términos:
"(Transcribe parte de la resolución reclamada).
"A) En primer lugar, resulta conveniente transcribir los preceptos legales que invoca el juzgador como sustento legal de la condena de gastos y costas que realiza en el citado considerando tercero de la interlocutoria que hoy se combate, y que se realiza en los siguientes términos:
"(Transcribe los artículos 1082 y 1084 del Código de Comercio).
"Del primer precepto legal transcrito, se advierte que procede la indemnización por concepto de costas, cuando se ‘hubiesen opuesto excepciones o recursos frívolos o improcedentes con el propósito de retardar el procedimiento’, en el caso concreto, la materia de estudio lo son excepciones ‘procesales’ de falta de personalidad, las cuales no encuadran en la hipótesis genérica de excepciones que previene el numeral 1084 del Código de Comercio en vigor pero, suponiendo sin conceder, que dicho supuesto normativo regule también las excepciones procesales, igualmente es inaplicable a la especie, ya que para hacer procedente la condena de costas, es necesaria la oposición de excepciones o recursos que sean considerados como frívolos o improcedentes y, en el caso, existe excepción declarada como improcedente, sin embargo, el Juez de primer grado no realiza razonamiento lógico jurídico alguno, por medio del cual determine o decrete que la oposición actualizada de las excepciones procesales de falta de personalidad opuestas en la contestación de demanda, haya sido opuestas (sic) para retardar el procedimiento, por lo que resulta ilegal e indebida la aplicación al caso concreto del artículo 1082 del Código de Comercio, al no actualizarse la hipótesis normativa prevista en dicha norma jurídica.
"Del mismo modo, resulta inaplicable e inobservable, en la especie justiciable, lo dispuesto por la fracción V del artículo 1084 del Código de Comercio, ya que dicho precepto legal previene que: ‘... V. El que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de este tipo a quien no solamente se le condenará respecto de estas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes.’, del que puede observarse que siempre será condenado el que haga valer excepciones procesales que sean inoperantes, y en la causa que nos atañe, si bien es cierto que estamos en presencia de excepciones procesales de falta de personalidad, también lo es que no se surte la hipótesis normativa de que se habla, ya que como puede advertirse de la lectura del considerando tercero del acto reclamado, las excepciones hechas valer por mi representada en su escrito de contestación fueron declaradas improcedentes, sin que sea óbice que en la parte final de dicho considerando se lea: ‘... Finalmente, no pasa desapercibido para esta autoridad el argumento del recurrente en el sentido de que no se surte la hipótesis normativa prevista en la fracción V del artículo 1084 del Código de Comercio, al determinar, por una parte, el a quo que los argumentos de la parte demandada son improcedentes y, por otra, reitere inoperantes los mismos, a lo que debe decirse que es ilegal la estimación del juzgador, ya que en primer término arguye que los argumentos de la parte demandada son improcedentes y que, por ello, se sostiene la personalidad del actor y, por otro, que se reiteran inoperantes los argumentos en mención, de lo que deviene la actualización de una transgresión a los principios de claridad y congruencia que deben prevaliere (sic) en toda resolución judicial en un juicio de naturaleza mercantil tramitado conforme a las normas del Código de Comercio, según lo prevé el numeral 1077 de dicho ordenamiento legal.
"Pero en abono a lo anterior, no pueden estimarse inoperantes las excepciones procesales opuestas por la demandada, ya que para que una alegación, excepción o agravio pueda declararse inoperante, es menester que dichas manifestaciones hayan sido previamente analizadas y desestimadas, lo que no acontece en el caso concreto, ya que las excepciones de falta de personalidad opuestas por la demandada en su escrito de contestación de demanda, no han sido analizadas ni estudiadas con antelación, por lo que es indudable que no se surte la inoperancia que pretende el juzgador, por lo que deviene inobjetable que es ilegal la condenación en gastos y costas que se pretende realizar en la sentencia que se impugna, arguyendo como fundamento la fracción V del artículo 1084 del Código de Comercio."
Así, basta confrontar lo anterior con los agravios que en revisión hace valer el recurrente, para confirmar que se trata de la reiteración sustancial de los conceptos de violación, lo cual es ineficaz para combatir las consideraciones en que se sustenta la sentencia aquí impugnada, pues indudablemente los conceptos de violación se encontraban dirigidos a atacar la resolución reclamada que no contiene los mismos fundamentos que la recurrida; de ahí la falta de razonamientos jurídicos, aun sencillos, pero que frontalmente controviertan los motivos por los cuales el Juez de Distrito desestimó esos precisos conceptos de violación.
Tampoco basta insertar, en esa indudable repetición, la idea fundamental en que se sustenta la resolución federal, de que existe una declaración de voluntad para transferir la posesión del título en procuración pues, se insiste, esto se trata de combatir con los mismos argumentos que se expusieron en la demanda de garantías, relativos a la falta de expresión textual de que se trata de un "endoso en procuración" o que no se dice que a favor de quien se suscribe se denomine expresamente "endosatario". Incluso, en los agravios se incurre en el mismo error que en los conceptos de violación, al señalar que la leyenda dice "Páguese este documento su valor en procuración del Lic. **********", cuando el Juez de Distrito fue puntual en referir que dicha leyenda dice "Páguese este documento su valor en procuración a la orden del Lic. **********", de donde, en gran medida, colige que dicha orden externa la voluntad de que se pague en procuración, que es lo que en sí constituye el endoso de documentos en procuración.
Asimismo, en cuanto a la parte relativa a las costas, resulta insuficiente que se alegue después de transcribir propiamente el atinente concepto de violación que "es una cuestión que no fue debidamente analizada por la autoridad inferior al momento de emitir la resolución constitucional que ahora se impugna", puesto que con ello tampoco evidencia por qué motivos debe considerarse ilegal la calificación de infundado que se le dio a ese concepto de violación, atento a que, según puede observarse de la resolución recurrida, se puntualizó, en síntesis, que el artículo 1084, fracción V, del Código de Comercio, sigue un sistema mixto de esa condena accesoria, donde al surtirse la hipótesis de la improcedencia, proceda la condena sin mayores exigencias, como la inoperancia.
Por último, resulta infundado el tercero de los agravios que, como antes se dijo, no fue invocado en la demanda de garantías como concepto de violación.
Dicha inconformidad consiste en la falta de fundamentación y motivación en la determinación de que fue correctamente aplicada la figura de la inoperancia en el juicio de origen pues, según refiere el recurrente, no se cita dispositivo legal alguno que así lo establezca, cuando menos presuntivamente.
Al respecto, es de precisarse que el argumento del que deriva tal disconformidad fue originalmente planteado ante el Juez de la causa, en el sentido de que ********** (quien endosa los documentos al actor como apoderado general de la empresa a favor de quien se suscribieron), no acreditó su personalidad mediante los supuestos endosos que aparecen adheridos a los documentos base de la acción; el Juez natural calificó tal impugnación de inoperante, bajo la consideración de que es innecesario que se acredite la personalidad de la persona física endosante como representante de la persona moral, para lo cual citó en apoyo la jurisprudencia VI.2o.C. J/204, de rubro: "ENDOSO EN PROCURACIÓN HECHO POR EL APODERADO DE UNA PERSONA MORAL."; frente a tal determinación, el agravio ante la Sala responsable fue en el sentido de que era ilegal que, en primer término, se calificara de inoperante y, en el considerando segundo, se concluyera que "... la excepción de falta de personalidad que se plantea, resulta notoriamente improcedente"; a lo que la Sala respondió que, si bien es cierto que los términos "improcedente" e "inoperante", son conceptos jurídicos distintos, también lo es que tal situación no conlleva a considerar que el fallo carezca de la debida fundamentación y motivación, pues ambos conceptos van encaminados a desestimar las alegaciones que se hagan respecto a la resolución o auto que se impugna, lo cual quedó corroborado con el estudio que realizó el a quo a lo largo de la resolución impugnada, de ahí que la Sala estime inoperantes los argumentos del demandado.
Ahora bien, en el concepto de violación se afirma la ilegalidad de la estimación de la responsable, por cuanto insiste a la diferencia entre la inoperancia y la improcedencia, sosteniendo que aquélla necesariamente implica el previo análisis y desestimación de lo así calificado; y, en la resolución recurrida, tal argumento fue básicamente desestimado porque, en el caso, el Juez instructor sí realizó el estudio de la excepción, así como porque la responsable sí examinó los agravios que se expusieron en contra de esa resolución, de ahí que estimó el a quo federal, no podía alegarse ahora falta de estudio o análisis en cuanto a dicha excepción.
Bajo ese contexto, resulta infundado el actual agravio, porque el Juez de Distrito sí expuso las razones por las cuales consideró que la inoperancia -en el sentido que le da el quejoso-, fue bien aplicada. Y en cuanto a la fundamentación, si bien es cierto que no se cita precepto legal alguno en que se sustente tal apreciación, también lo es que el concepto de inoperancia, ni expresa ni presuntivamente se encuentra contemplado en la ley de la materia, puesto que se trata de una figura jurídica de origen técnico, válidamente empleada, para calificar algún argumento expuesto ante la autoridad; luego entonces, la motivación empleada por el Juez de Distrito cumple con la fundamentación que en las resoluciones jurisdiccionales se requiere, pues al atender el concepto de violación y verificar, en función de ello, la constitucionalidad de la resolución reclamada, es claro que cumple con lo preceptuado por los artículos 77 y 79 de la Ley de Amparo, aun cuando éstos no hayan sido citados expresamente en esa parte de la sentencia.
Lo anterior, porque no puede estimarse carente de fundamentación esa parte de la resolución recurrida, ya que en tratándose de resoluciones jurisdiccionales, se cumple con tal principio, aun cuando no se encuentren expresamente citadas las disposiciones legales en que la autoridad apoya su determinación, cuando la motivación es suficiente para conducir a las normas jurídicas aplicables, como acontece en el caso; esto, según lo ha considerado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis CXVI/2000, visible en la página 143 del Tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS.-La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa."
Sin que lo anteriormente expuesto implique que se conviene con el quejoso, en cuanto a la definición o requisitos que, a su parecer, debe tener la inoperancia, pues aunque en algunos casos aplica previo análisis de la cuestión planteada, también se surte la hipótesis en que no es así.
En las relatadas consideraciones, al resultar inoperantes e infundados los agravios, lo procedente es confirmar la resolución impugnada.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y además, con apoyo en los artículos 76, 77, 78, 90, 91 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra las autoridades y por los actos señalados en el resultando primero de la presente ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Martín Alejandro Cañizales Esparza, Juan Manuel Rochín Guevara y José Gabriel Clemente Rodríguez. Fue ponente el primero de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 1 al 9, 12 al 27, 61 y 62, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22678-2dab98c3/fundamentacion-y-motivacion-argumentos-que-deben-examinarse-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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