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Modo: Corpus Pro

CONTRATO DE DEPÓSITO IRREGULAR BANCARIO DE DINERO. CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN BANCARIA DEMANDADA EN EL JUICIO DE ORIGEN ACREDITAR LAS TASAS DE INTERÉS QUE RIGIERON DURANTE EL PERIODO POR EL QUE AQUÉL SE CELEBRÓ Y QUE LE FUERON APLICABLES A LA INVERSIÓN RESPECTIVA. CONTRATO DE DEPÓSITO IRREGULAR BANCARIO DE DINERO. TASA APLICABLE PARA EL PAGO DE INTERESES CUANDO AQUÉL SE CELEBRÓ POR EL PERIODO DE UN MES Y SE PACTÓ SU RENOVACIÓN "EN LAS MISMAS CONDICIONES".

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 17/2009. · Registro digital (IUS): 22555
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, , Pág. 811.

AMPARO DIRECTO 17/2009. **********.

MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

MINISTRA ENCARGADA DEL ENGROSE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: ROSALÍA ARGUMOSA LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 182 de la Ley de Amparo y 10, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un asunto que podría entrañar un criterio de importancia y trascendencia en materia mercantil, por cuanto hace a los contratos de depósito bancario de dinero en los términos de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, la Ley Orgánica del Banco de México, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y demás normas jurídicas relacionadas con dichas legislaciones.

SEGUNDO. La demanda de garantías se presentó oportunamente, pues a foja treinta y seis vuelta de los autos del juicio de amparo directo 17/2009, se localiza la certificación del secretario de Acuerdos de la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la que hizo constar que la notificación de la sentencia reclamada se efectuó al quejoso el día veinticinco de marzo de dos mil nueve, mediante Boletín Judicial, y que surtió sus efectos el veintiséis siguiente; por lo que el plazo de quince días previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo transcurrió del veintisiete de marzo al veintitrés de abril de dicho año, con exclusión de los días veintiocho y veintinueve de marzo, así como del cuatro al doce y dieciocho y diecinueve de abril del citado año, por ser sábados y domingos y días inhábiles de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por consiguiente, en virtud de que en la aludida certificación también se hizo constar que la demanda de amparo se presentó el veintitrés de abril del año en comento, se concluye que se interpuso oportunamente.

TERCERO. La parte considerativa de la sentencia reclamada en síntesis es la siguiente:

La Sala responsable consideró infundados el primero y segundo de los agravios expresados por la parte actora en el juicio natural, porque contrariamente a lo alegado por el Juez de primera instancia sí estudió el documento base de la acción, pues de la valoración conjunta que hizo de éste con el informe rendido por el Banco de México, el día veintitrés de mayo de dos mil seis no advirtió que los contendientes se obligaron a que los intereses originados por el depósito materia de la litis siempre se realizaría en los mismos términos; puesto que de la normativa vigente en diversos momentos, contenida en circulares y telex-circulares advirtió el mandato en el sentido de que las características de las operaciones activas y pasivas que efectuaran las instituciones de crédito debían celebrarse de conformidad con las disposiciones del Banco de México.

Según la Sala responsable rigió desde el mes de febrero de mil novecientos ochenta y seis hasta el mes de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, sin que dejara de considerar, por una parte, que a partir del primero de abril del año de mil novecientos ochenta y nueve, los montos, intereses, comisiones y demás características aplicables a las operaciones activas y pasivas que las instituciones de crédito celebraran con recursos propios se determinarían libremente por éstas con su clientela en función de sus prácticas y políticas particulares sin más limitaciones que las establecidas en la ley o conforme a la misma, lo que reiteró en circulares 2008/94, de diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y cuatro y 2019/95 de veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.

Aunado a lo anterior, la Sala señaló que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8o., 10 y 28, fracción VI, del Reglamento Interior del Banco de México, artículo único del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas de dicho instituto central, así como con lo dispuesto en el artículo 14 vigente de la Ley Orgánica del Banco de México, establecen que las operaciones activas y pasivas, las instituciones de crédito deben realizarlas de conformidad con las disposiciones del Banco Central.

Por otra parte, la Sala advirtió que del contenido del contrato de valores de inversiones **********, lo constituyó, por una parte, un contrato de depósito bancario de dinero, así como, por otra, un contrato de depósito en administración. De la interpretación conjunta de los pactos celebrados entre las partes aunado a todos los demás elementos de convicción a su juicio desprendió lo siguiente:

Que la parte actora con fecha seis de mayo de mil novecientos ochenta y seis celebró con la demandada un contrato de valores inversiones **********, al que se le asignó el número ********** cuyo contenido lo constituyó un contrato de depósito bancario, así como un contrato de depósito en administración.

En los citados acuerdos se determinó; a) que los intereses se calcularían y serían liquidados en los términos que aparecen en la convención celebrada por los contendientes; b) las tasas de intereses que se pactaran en el recibo de custodia se ajustarían a las fluctuaciones que a la alza o a la baja fijaran las normas del Banco de México para ese tipo de depósitos; c) que el depositario se obligaba a custodiar y a administrar los títulos que el depositante le entregaba para tal fin; d) que la administración consistía en el cobro de los títulos depositados y sus rendimientos, así como la ejecución de los actos necesarios para conservar los derechos patrimoniales que confieran al depositante; que la inversión a plazo se efectuaba por cuenta del depositante, así como por instrucciones de éste, el cual estaría sujeto a las condiciones establecidas en el contrato de depósito en administración de títulos a plazo; f) que el plazo del contrato era indefinido por lo que estaría en vigor hasta en tanto vencieran los títulos a plazo depositados o bien hasta que una de las partes optara por darlo por terminado; h) que los depositantes autorizaban al depositario para que en el supuesto de vencimiento de los títulos depositados los hiciera efectivos, y en su caso, invirtiera las cantidades que por este motivo percibiera en otros al mismo plazo y a la misma tasa de interés, siempre y cuando esto último pudiera ser posible de acuerdo con las disposiciones del Banco de México.

Del informe del Banco de México la Sala responsable advirtió lo siguiente:

Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 de la entonces Ley Orgánica del Banco de México, 32 y 48 de la Ley de Instituciones de Crédito las características de las operaciones activas y pasivas que realizan las instituciones de crédito, deberían celebrarse de conformidad con las disposiciones que expidiera el Banco de México, quien en uso de las facultades otorgadas en las disposiciones legales antes mencionadas, emitió la circular 1935/85 en el año de mil novecientos ochenta y cinco, en las cuales se estableció que el Banco de México fijaría las tasas máximas de interés correspondientes a las operaciones pasivas en moneda nacional, aplicables, entre otros instrumentos, a los depósitos de dinero a plazo fijo.

Que de conformidad con la normatividad indicada el Banco de México fijó dichas tasas para los depósitos de dinero durante el periodo comprendido de mayo de mil novecientos ochenta y siete a marzo de mil novecientos ochenta y nueve.

Que a partir del primero de abril de mil novecientos ochenta y nueve, fecha en la que entró en vigor la circular telefax 9/89 se estableció, entre otros, que los rendimientos de las operaciones pasivas serían determinados libremente por las instituciones de crédito y sus clientes dejando de existir el régimen de tasas máximas, disposición que se reiteró en la circular 2008/94 y en la actual circular 2019/95, vigente a partir del veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, todas dirigidas a las instituciones de banca múltiple.

Que a partir del mes de diciembre del año dos mil cuatro, el Banco de México fijaría las tasas máximas de interés correspondientes a las operaciones pasivas en moneda nacional, aplicables entre otros instrumentos a los depósitos de dinero a plazo fijo.

Con base en lo expuesto, la Sala concluyó que se encontraba acreditada la existencia de la relación contractual entre la demandada y la actora, así como que ésta en lo individual y en términos de lo dispuesto por el numeral 270 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, estaba facultada para solicitar la devolución del depósito efectuada por su titular y los accesorios generados en los términos pactados.

Asimismo, la responsable coligió que la accionante tenía derecho a reclamar de su contraria la entrega de las cantidades que a juicio de peritos resultaran en concepto de capital e intereses que se fueran capitalizando calculando tales sumas con base en las tasas de intereses que se aplicaron a cada mensualidad con la peculiaridad de que en el primer mes por así haber sido aceptado por los contendientes, aun en el propio juicio, rigió la tasa inicialmente pactada y de que a partir del día siete de junio de mil novecientos ochenta y seis, hasta el mes de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, se aplicaron las tasas fijadas por el Banco de México, y a partir de allí hasta el mes de diciembre del año dos mil cuatro, se aplicó nuevamente la tasa originalmente pactada, de conformidad con lo acordado en la cláusula sexta del contrato de depósito en administración de títulos celebrado por las partes; puesto que, a juicio de la Sala responsable, lo acordado en el sentido de que se invirtieran las cantidades a la misma tasa de interés, sólo había sido posible en el primer mes de la vigencia del depósito y a partir del primer día del mes de abril del año de mil novecientos ochenta y nueve y hasta el mes de diciembre del año de dos mil cuatro, pues a partir de esa fecha hasta el mes de noviembre de dos mil cinco, fecha en la que la actora dio por terminada la relación contractual, nuevamente las características de las operaciones activas y pasivas que realizaron las instituciones de crédito debían celebrarse de conformidad con las disposiciones que expidiera el Banco Central.

La Sala apoyó lo anterior, ya que del contenido integral del acuerdo de voluntades advirtió que la intención de las partes fue sujetar la tasa de intereses a los ajustes a la alza o a la baja con sujeción a las normas que fijara el Banco de México, el cual en el año de mil novecientos ochenta y cinco emitió la circular 1935/85 en la que se estableció que el citado banco fijaría las tasas máximas de interés correspondientes a las operaciones pasivas en moneda nacional, aplicables entre otros instrumentos a los depósitos de dinero a plazo fijo, mismos que fueron fijados durante el periodo comprendido entre el mes de mayo de mil novecientos ochenta y seis, hasta el mes de marzo de mil novecientos ochenta y nueve.

Que a partir del primero de abril de ese mismo año, fecha en la que entró en vigor la circular telefax 9/89, se estableció que los rendimientos de las operaciones pasivas, serían determinadas libremente por las instituciones de crédito y sus clientes dejando de existir el régimen de tasas máximas, lo que se reiteró en las circulares 2008/94 y 2019/95, esta última en vigor a partir del veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, todas dirigidas a las instituciones de banca múltiple, lo que provocó el establecimiento de una política por parte de las instituciones de crédito de establecer las tasas a las cuales estarían en aptitud de recibir depósitos, lo que en concepto de la Sala responsable no implicó que se estuviera en presencia de tasas fijadas por el Banco de México.

En ese orden de ideas, la autoridad responsable concluyó que si entre los meses de mayo de mil novecientos ochenta y seis y marzo de mil novecientos ochenta y nueve, el Banco de México había fijado tasas de interés para los depósitos como el que fue materia de esa revisión, se tradujo en la circunstancia de que si en las cláusulas de los contratos se convino en los términos mencionados, la parte actora tenía derecho a cobrar intereses mensualmente a la tasa mensual fijada por el Banco de México para los depósitos a plazo fijo de noventa a ciento setenta y cinco días, por el periodo comprendido entre el mes de junio del año de mil novecientos ochenta y seis, hasta el mes de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, lo que desde luego incluyó la posibilidad de que pudiera cobrar intereses por todo el tiempo posterior de duración del crédito, a partir de esa fecha y hasta el mes de diciembre del año dos mil cuatro, a la tasa que se señaló en el recibo de custodia por depósito a razón del 70.82%.

Por lo anterior, a juicio de la Sala responsable el actor debió acreditar tal extremo; es decir, primeramente demostrar el importe de los intereses generados durante el primer mes de duración del contrato, a plazo fijo y acorde con lo pactado inicialmente para posteriormente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la entonces vigente Ley Orgánica del Banco de México y de los numerales 32 y 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, demostrar cuál fue el importe de las cantidades que en concepto de intereses se fueron generando y adicionando al capital, en razón de que el Banco de México fijó tasas máximas de intereses aplicables a los depósitos de dinero a plazo fijo, y posteriormente, es decir, a partir del mes de abril de mil novecientos ochenta y nueve, hasta diciembre de dos mil cuatro, a la tasa inicialmente pactada y, desde esa fecha, hasta la de terminación del contrato, en términos de las disposiciones del Banco Central, por lo que si no procedió de esa manera es incuestionable que no soportó la carga de los hechos constitutivos de su pretensión, pues reiteró que el derecho que le asiste a la apelante no fue el de cobrar intereses a una tasa fija por todo el tiempo de duración del crédito, sino intereses en los términos fijados por el Banco de México y posteriormente, cuando existió la posibilidad de que los intereses se determinaran libremente, por lo que si no lo hizo así y la Sala responsable no advirtió en autos dictamen pericial que haya partido para cuantificar intereses de las bases mencionadas, razón por la que consideró que no existía posibilidad de condenar en los términos mencionados en el escrito inicial de demanda y en el pliego de agravios que analizó, como tampoco de condenar en los términos que correspondían de acuerdo con el convenio celebrado, pues de procederse de esa manera se supliría la deficiencia en la que incurrió la parte actora, y destacó que en el caso, tampoco existía la posibilidad de reservar para ejecución de sentencia la cuantificación respectiva, ya que de actuarse así se estaría concediendo una doble oportunidad probatoria a la accionante, lo que choca con los principios de preclusión e igualdad procesal que matizan al procedimiento civil en la legislación mexicana.

Con base en lo expuesto, la Sala responsable determinó que no había por qué considerar que las pruebas que obraban en el sumario resultaron idóneas para demostrar que el banco demandado se encontraba obligado a pagar a la actora el capital invertido y los rendimientos generados en las condiciones acordadas en el recibo de custodia por depósito a plazo fijo.

Además, señaló que, contrariamente a lo alegado por la apelante, la sentencia definitiva impugnada no era incongruente con las pruebas ofrecidas y desahogadas ni se sustentó en apreciaciones subjetivas; además de que tampoco introdujo a la litis elementos novedosos ni violó en perjuicio de la accionante los principios de literalidad y seguridad jurídica.

En mérito de lo expuesto, la Sala citada estimó que lo procedente era desestimar los motivos de agravio en estudio, así como los criterios de los Tribunales Judiciales de la Federación que citó, máxime si se tomaba en consideración que el apelante no puso de manifiesto la conducta que, supuestamente, observaron las partes frente a la obligación contratada, antes, durante y en la fase de ejecución del pacto que la vincula para con la contraria.

Por otra parte, la Sala responsable desestimó el tercer agravio por inoperante, por insuficiente, por una parte, así como por injustificado, por la otra; puesto que señaló que de conformidad con la jurisprudencia de los Tribunales Judiciales de la Federación, misma que era obligatoria para esa Sala revisora, de conformidad con lo que ordena el numeral 194 de la Ley de Amparo vigente, ha establecido criterio en el sentido de que cuando los agravios resultan insuficientes, es innecesario su estudio, cuando lo alegado no combate un aspecto fundamental de la resolución recurrida, que por sí sola es suficiente para sustentarla.

En ese sentido, la Sala señaló que los agravios expresados por la recurrente eran inoperantes pues de conformidad con la técnica que rige el recurso de apelación, en el que no debe llevarse a cabo un estudio integral de la litis, sino una nueva revisión efectuada al tenor de los motivos de agravios expuestos, la apelante se encontraba en el deber jurídico de atacar todas y cada una de las consideraciones expuestas por el juzgador para resolver en la forma en que lo hizo, con la finalidad de que la Sala revisora estuviera en aptitud de proceder a determinar si los argumentos torales expuestos por el Juez natural para declarar en sentencia definitiva que la demandada no se encontraba obligada a acreditar el aviso previo a la accionante sobre las modificaciones o ajustes de las tasas de interés, encontraban o no apoyo legal, por ello si la apelante omitió atacar diversas consideraciones expuestas por el resolutor natural, para resolver en la forma en que lo hizo, lo procedente era desestimar los motivos de disconformidad atento a su insuficiencia.

Asimismo, la Sala responsable advirtió que el Juez arribó a la conclusión de que la demandada no se encontraba obligada a acreditar el aviso previo al accionante, sobre las modificaciones o ajustes de las tasas de interés, de conformidad con las consideraciones que a continuación se estima pertinente transcribir:

"a) Que la demandada no se encontraba obligada a acreditar el aviso previo al accionante sobre las modificaciones o ajustes de las tasas de interés. b) Que ello era así en atención a que como se había puesto de manifiesto, al interpretar conjuntamente las cláusulas que conforman el contrato base de la acción, multicitado, bastaba simplemente la conclusión del plazo de treinta días de vigencia del documento para que de manera automática operara la renovación y los rendimientos se tuvieran que ajustar desde ese momento y en cada renovación subsecuente, a las disposiciones del Banco de México, vigentes en las fechas de las mismas y para ese tipo de depósitos, ya fuera a la alza o a la baja. c) Que las disposiciones del Banco de México, son publicadas en el Diario Oficial de la Federación."

En consecuencia, la Sala sostuvo que la impetrante construyó los motivos de agravio aludiendo a la circunstancia de que como consecuencia de que las partes deben acreditar los extremos de sus pretensiones, era necesario, de conformidad con lo que ordena el numeral 1194 del Código de Comercio, pues el que afirma está obligado a probar, que la demandada ofreciera pruebas con las que acreditara fehacientemente que dio el aviso previo al accionante sobre las modificaciones o ajustes de las tasas de interés, más sin embargo, la recurrente, revelando una falta de técnica jurídica procesal, relativa al recurso de apelación, omitió atacar una parte fundamental de la sentencia definitiva impugnada.

Por tanto, a juicio de la responsable era incuestionable que si la apelante dejó de combatir a través de los razonamientos lógicos jurídicos propios del caso, las consideraciones en las que se apoyó el juzgador para proceder en la forma en que lo hizo, tal omisión en la que incurrió resultó apta, bastante y suficiente para repudiar los motivos de inconformidad de que se duele, e incluso para dejar de estudiarlos, al no haber atacado los citados aspectos fundamentales de la sentencia, que por sí solos sirven para sustentarla y que de cualquier modo subsisten y siguen rigiendo su sentido, pues según sostuvo el Juez, la demandada no se encontraba obligada a acreditar el aviso previo al accionante sobre las modificaciones o ajustes de las tasas de interés, puesto que como se había puesto de manifiesto, al interpretar conjuntamente las cláusulas que conforman el contrato base de la acción, multicitado, bastaba simplemente la conclusión del plazo de treinta días de vigencia del documento para que de manera automática operara la renovación y los rendimientos se tuvieran que ajustar desde ese momento y en cada renovación subsecuente, a las disposiciones del Banco de México vigentes en las fechas de las mismas y para ese tipo de depósitos, ya fuera a la alza o a la baja; además de que las disposiciones del Banco de México, son publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

También en abono a lo expuesto señaló que la imperfección de que adolece el escrito de apelación, en lo que se refiere a la insuficiencia de los motivos de disconformidad expuestos, no podía ser subsanada de manera oficiosa por la autoridad revisora, en virtud de que el recurso de apelación que nos ocupa, no se caracteriza por ser una revisión integral de la litis de primera instancia, sino una nueva controversia, que se establece sólo entre la sentencia definitiva impugnada y los motivos de disenso expresados, amén de que dicho recurso se encuentra regido por el principio de estricto derecho y no por el de suplencia en la queja deficiente, por lo que entonces, si la actora omitió atacar las consideraciones en las que se apoyó el Juez para proceder en los términos que la responsable apreció, era evidente que no existió agravio alguno que pudiera restaurarse por este conducto.

En cuanto a lo inoperante por injustificado del tercero de los motivos de agravio expresados por la apelante actora, la referida Sala consideró que dicha circunstancia emana de que es un hecho notorio el que las instituciones de crédito publican diariamente, en los tableros o avisos, cuáles son las condiciones y las características relativas a los intereses que están dispuestas a pagar o a cobrar respecto de las operaciones activas o pasivas que celebran con sus clientes, de manera tal que por ello, si la apelante actora no manifestó y por ende menos acreditó en la secuela procesal, que hubiera acudido a alguna o varias de las sucursales que la demandada tiene en el Estado de México, o en la Ciudad de México, en múltiples y diversas ocasiones, cuando menos mes a mes durante la vigencia del contrato y que en ninguna de ellas se hubieran hecho del conocimiento de los interesados las condiciones en las que estaban en aptitud de recibir depósitos o celebrar operaciones pasivas, o, en su caso, las modificaciones o ajustes que de momento a momento y dentro de la vigencia del contrato sufrieron las tasas de interés, no era posible asentir en relación con el hecho de que ante la falta del aviso referido, debía tenerse por cierto que durante la vigencia del contrato sólo operó una y única tasa de interés, que es la que se pactó inicialmente, desde luego sin dejar de considerar que ello sí ocurrió en las épocas en las que el Banco Central determinó que los rendimientos de las operaciones pasivas serían determinados libremente por las instituciones de crédito y sus clientes dejando de existir el régimen de tasas máximas.

Asimismo, consideró que la ineficacia del motivo de disenso expresado, también obedece a la circunstancia de que, con independencia de la insuficiencia referida, no puede afirmarse bajo ninguna óptica que suponiendo que no hubiera existido el aviso a la actora en relación con las modificaciones o ajustes de las tasas de interés, ello provocaría como consecuencia que el depósito efectuado se renovaría automáticamente en los términos inicialmente pactados, desde luego, reiteró sin dejar de considerar que ello sí ocurrió en las épocas en las que el Banco Central determinó que los rendimientos de las operaciones pasivas serían determinados libremente por las instituciones de crédito y sus clientes dejando de existir el régimen de tasas máximas.

Por ende, insistió en que, aun suponiendo que no hubiera dado el aviso respectivo, sin dejar de considerar incluso la insuficiencia del motivo de agravio en análisis, no puede decirse que por ello, el contrato necesariamente tuvo que mostrar un comportamiento idéntico en cada mensualidad, y por tanto, siempre generar intereses a la tasa originalmente pactada, puesto que si la depositante se obligó en los términos que aparece, aceptando las fluctuaciones respectivas en las tasas de intereses, de conformidad con lo que dispusiera el Banco Central, es lógico que éstas siempre se aplicaron, máxime si se toma en consideración que la apelante actora no mostró interés alguno durante la ejecución del contrato, para conocer las condiciones en las que el mismo se estaba celebrando y expresar, en su caso, oposición a su continuación; de ahí que consideró evidente que debería desestimarse el motivo de agravio en estudio, pues no podía afirmarse válidamente y con apego a derecho, que la hipotética falta de notificación trajo como consecuencia que el único tipo de interés que rigió al básico de la acción, fue el estipulado y convenido por las partes, por ser el que incluso reconoció el demandado haber pactado inicialmente.

En otro orden de ideas, por lo que se refiere al cuarto de los agravios expresados por la actora, la Sala responsable lo consideró inoperante, por injustificado, ya que la apelante sostuvo que la Juez a quo no otorgó a las pruebas ofrecidas y desahogadas por las partes, el valor probatorio que les corresponde, así como que no entró al estudio de dichas probanzas, toda vez que no fueron valoradas de conformidad con los preceptos que cita, 1324, 1325 y 1326 del Código de Comercio, y atendiendo a la sana lógica y la experiencia; además de que era incongruente su valoración, pues sólo tomó en cuenta los intereses de su contraria.

Igualmente, la Sala responsable señaló que no advirtió la indebida valoración de pruebas que refirió la recurrente, como tampoco que las mismas no hubieran sido valoradas acorde con los preceptos que citó; puesto que bastaba la simple lectura del dictamen pericial de la experto tercero en discordia, del cual advirtió que ésta al rendirlo sí ajustó sus cálculos a las disposiciones emitidas precisamente por el Banco de México, según correspondía a cada mensualidad, y de conformidad, por una parte, a las circulares de tasas de interés en moneda nacional, -tasas máximas de interés aplicables a los depósitos retirables en días preestablecidos y a las que podrían contratar depósitos a plazo fijo y préstamos documentos con pagarés con rendimientos liquidables al vencimiento, así como, por otra parte, con las tablas de interés de instrumentación de captación bancaria en moneda nacional, (a) -tasas promedio de la apertura del día ofrecida por la banca al público en general, moneda nacional que mes a mes fueron publicadas por el propio Banco de México. (sic)

Además, la Sala responsable insistió que tan encontraba soporte informativo público el dictamen de la perito tercero en discordia, que habría que recordar que en el oficio Ref: X34-CJIH-SI-1082/06, se señaló expresamente que en referencia al escrito respectivo, mediante el cual se solicitó diversa información, sobre la tasa bruta de pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento, a veintiocho días, durante el periodo comprendido de enero de mil novecientos ochenta y seis a febrero del año dos mil seis, se remitieron anexas ciento tres hojas, debidamente identificadas con el sello del Banco de México en las que se contiene la información relativa a los depósitos a plazo fijo y a los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, en todos sus plazos, tal como se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, durante el periodo comprendido de abril de mil novecientos ochenta y nueve a la fecha de rendición del oficio.

Que en ese sentido, si la recurrente actora no se inconformó en el pliego de agravios que se revisó, con la referencia que la perito tercero en discordia tomó mes a mes, desde la fecha de inicio del contrato base de la acción, mayo de mil novecientos ochenta y seis, hasta el mes de abril del año dos mil siete, es evidente que no podría modificarse en su favor la sentencia definitiva impugnada, para con ello, en su caso, alterar la suma por la que se condenó a su contrario.

Entonces, la Sala consideró que no podía aseverar que la hipotética incongruencia y falta de soporte en el dictamen de la perito tercero, como aseveró la apelante actora "... pasó desapercibido para el juzgador", pues las corridas financieras que se aplicaron, sí se encuentran sustentadas con documento que prueba, amén de que quedó demostrado que no podía afirmarse que la única tasa convenida por las partes fue la que se contiene en el básico de la acción.

Lo anterior dijo la Sala, desde luego debe entenderse sin perjuicio de que existieron lapsos del contrato en los que operó una tasa específica, por mandato del Banco Central y en otros la tasa inicialmente pactada, ante la libertad contractual; sin embargo, finalmente tal situación y la incongruencia que pudiera existir en ese sentido con el dictamen del perito tercero en discordia -quien en ningún momento, no obstante que sí se apoyó en información pública, aludió a que el contrato, desde el segundo mes de su vigencia, hasta cierta época, se rigió por las tasas máximas men

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22555-c994efec/contrato-de-deposito-irregular-bancario-de-dinero-corresponde · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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