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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE CUANDO CONCURREN LOS REQUISITOS A QUE SE CONTRAE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AUNQUE EXISTAN PRECEDENTES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LOS QUE SE HAYA PRONUNCIADO RESPECTO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA RECLAMADA O DE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, SIEMPRE QUE NO HAYAN INTEGRADO JURISPRUDENCIA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1698/2009. · Registro digital (IUS): 21948
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, , Pág. 670.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1698/2009. **********.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 83, fracción V y 84, fracción II, de la Ley de Amparo; en relación con el punto primero, fracción I, incisos a) y b), segundo, fracción I y del Acuerdo Plenario 5/1999, así como el punto cuarto del diverso Acuerdo Plenario 5/2001, publicados en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente, el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, y veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo en el que se impugnó la constitucionalidad de los artículos 178, fracción I, de la Ley Aduanera y 76, fracción II y 239 del Código Fiscal de la Federación, vigente este último hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, y aun cuando subsiste el aspecto de constitucionalidad planteado, es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, pues existen precedentes sobre los temas debatidos que resuelven el asunto.

SEGUNDO. El recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa se interpuso en tiempo, toda vez que la resolución recurrida le fue notificada por lista el veinticinco de agosto de dos mil nueve, surtió sus efectos el veintiséis siguiente, por lo que el término para su interposición comenzó a correr del veintisiete de agosto al nueve de septiembre del mismo año, debiéndose descontar los días veintinueve y treinta de agosto, cinco y seis de septiembre, por ser inhábiles; de ahí que si el medio de defensa fue presentado el nueve de septiembre de dos mil nueve, debe estimarse que fue interpuesto oportunamente.

TERCERO. La parte recurrente expresó como agravios, en síntesis, los siguientes:

1. La sentencia que se impugna es contraria al artículo 77 de la Ley de Amparo, toda vez que el Tribunal Colegiado de Circuito dejó de reconocer que los artículos 178, fracción I, de la Ley Aduanera y 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, son violatorios del artículo 22 constitucional, el cual prohíbe las multas excesivas, entendiéndose por «éstas» aquellas en las que no toman en consideración la situación económica del particular infractor, el evitar prácticas establecidas, la gravedad o levedad de la sanción, debiéndose destacar que la sanción no es exclusiva del ámbito penal sino que resulta aplicable a cualquier materia como resulta ser la administrativa. Lo anterior con fundamento en la tesis del Tribunal Pleno, de rubro: "MULTA EXCESIVA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. NO ES EXCLUSIVAMENTE PENAL."

Agrega la parte recurrente que al resultar excesiva la multa le deja en estado de indefensión, pues aun cuando el Tribunal Colegiado de Circuito considera que no son inconstitucionales los preceptos de la Ley Aduanera y del Código Fiscal de la Federación mencionados, toda vez que oscilan entre un mínimo y un máximo, lo que permite a la autoridad fiscal fijar los límites dentro de los cuales podrá aplicar la sanción, es decir, que con ello se le conceden facultades para su individualización acorde a las circunstancias especiales del caso; lo cierto es que de los preceptos impugnados no se advierte la existencia de esas condiciones particulares que se deben precisar y estudiar para imponer una multa, razón por la cual dichas disposiciones son inconstitucionales, toda vez que la autoridad administrativa puede sancionar sin que se le permita establecer los elementos que debe juzgar para cuantificar las sanciones. Lo anterior, con fundamento en las tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE." y "MULTAS FIJAS. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE HASTA EL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS)."

Añade la parte recurrente que de conformidad con la jurisprudencia que se ha invocado, la multa que se imponga por las autoridades y a fin de que se encuentre apegada al artículo 22 constitucional, debe ser proporcional a las posibilidades económicas del infractor en relación con la gravedad del ilícito, no debe sobrepasarse ni ir más delante de lo lícito y lo razonable y debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga la posibilidad en cada caso de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así individualizar la multa que corresponda, elementos que no se reúnen en el texto que impone la sanción, pues los numerales impugnados no establecen la posibilidad de que la autoridad sancionadora pueda determinar su monto o cuantía, limitándose a señalar dos cantidades dentro de las que debe establecerse, por lo que resultan inconstitucionales. Lo anterior, con fundamento en las tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubros: "MULTA. ES INCONSTITUCIONAL LA IMPUESTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN II Y 86, FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.", "MULTAS FISCALES. LA COMPRENDIDA EN EL ARTÍCULO 76 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEBE ABARCAR TANTO EL ELEMENTO OBJETIVO COMO EL SUBJETIVO, PARA NO SER VIOLATORIA DE GARANTÍAS INDIVIDUALES." y "FACULTADES DE COMPROBACIÓN SOBRE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN. EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA, AL NO ESTABLECER UN PLAZO CIERTO PARA QUE LA AUTORIDAD EMITA Y NOTIFIQUE EL ACTA DE OMISIONES O IRREGULARIDADES, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA."

2. La sentencia que se impugna es contraria al artículo 77 de la Ley de Amparo, al dejar de reconocer que los artículos 178, fracción I, de la Ley Aduanera y 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, son contrarios a la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, toda vez que si bien el Tribunal Colegiado de Circuito desestimó el referido argumento por considerar que no es necesario que se observe la garantía de audiencia previamente a la imposición de la multa, ya que en su concepto al momento en que la autoridad ejerce su función de tutela, debe establecerse un sistema normativo en el que se determinan diversas obligaciones a cargo de los particulares, cuyo incumplimiento da origen a la imposición de la sanción pecuniaria correspondiente, la parte afectada tiene la posibilidad de combatir esas determinaciones a través de los medios de defensa que procedan, aunado a que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el contribuyente afectado por la imposición de las multas tiene oportunidad de hacer valer en su contra los medios ordinarios de defensa que estime procedentes, por lo que los preceptos impugnados no requieren necesariamente de la garantía de audiencia previamente a la imposición de la multa; lo cierto es que desde la demanda se argumentó que el actual criterio de los tribunales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que la garantía de audiencia en materia fiscal ya no es posterior sino que ésta debe ser previa, tal como se advierte de las tesis de rubros: "CHEQUES, PAGOS AL FISCO POR MEDIO DE. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DEL 1983.", "ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, INCONSTITUCIONALIDAD DEL.", "CLAUSURA. GARANTÍA DE AUDIENCIA." y "CLAUSURA POR OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE DEJE AL ARBITRIO DE LA AUTORIDAD FISCAL LA IMPOSICIÓN DE DICHA SANCIÓN, SIN QUE EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, SE PREVEA A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE VISITADO LA OPORTUNIDAD DE DEFENSA PREVIA, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA."

Lo anterior, en razón de que es necesario que la legislación secundaria para efecto de cumplir con la citada garantía de audiencia, debe establecer un plazo para que el contribuyente tenga oportunidad de que ante la misma autoridad deba desvirtuar lo asentado o pagar la multa con menor onerosidad, lo cual no sucede con las multas previstas en los artículos 178, fracción I, de la Ley Aduanera y 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, fundándose para ello, además, en la resolución del amparo directo DF. 586/2007, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

Agrega la parte recurrente, que en el caso de las sanciones que no versan sobre contribuciones sino que se trata de simples obligaciones formales, la garantía de audiencia debe ser previa, lo cual no sucede con los preceptos impugnados, por lo que se viola la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, según criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión **********, el nueve de mayo de dos mil siete, promovido por **********, asunto relacionado con la multa establecida en el artículo 82, fracción I, inciso c), del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil uno, que tiene por origen el incumplimiento de la presentación del aviso de compensación que prevé el artículo 23 del mismo ordenamiento, el cual tiene como propósito hacer del conocimiento de la autoridad hacendaria, que el particular optó por compensar las cantidades a su favor por las que estaba obligado a pagar respecto de determinada contribución, obligación que carece de contenido patrimonial, de ahí que la multa que se imponga si bien constituye un crédito fiscal, lo cierto es que no deriva de la falta de pago de una contribución, de manera que en acatamiento del precepto inconstitucional mencionado, y del numeral del Código Fiscal de la Federación antes precisado, se impone una multa como consecuencia del incumplimiento del deber tributario a que se refiere el artículo 23 del mismo ordenamiento, por lo que debe escucharse a los gobernados con el fin de que estén en la posibilidad de ofrecer los medios de prueba que les permitan desvirtuar la conducta omitida que se les atribuye, consistente en la falta de presentación del aviso de compensación o su presentación extemporánea.

Esta última resolución constituye un hecho notorio, de conformidad con las tesis de voces: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.", "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS EN LOS JUICIOS QUE ANTE ESA AUTORIDAD SE TRAMITEN Y TENGA CONOCIMIENTO POR RAZÓN DE SU ACTIVIDAD JURISDICCIONAL." y "EXPROPIACIÓN. LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DEBE RESPETARSE EN FORMA PREVIA A LA EMISIÓN DEL DECRETO RELATIVO."

2.1. Continúa argumentando el recurrente, que el Tribunal Colegiado de Circuito en la sentencia que impugna, sostuvo que no es necesario que proceda la garantía de audiencia previa sin precisar las razones de tal aserto, por lo que es violatoria del artículo 77 de la Ley de Amparo.

3. La sentencia recurrida es violatoria del artículo 77 de la Ley de Amparo, al haber dejado de considerar el Tribunal Colegiado de Circuito la existencia de una violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con la caducidad especial establecida en el artículo 239, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, en donde se establece un plazo de cuatro meses para que se dé cumplimiento a la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Si bien el Tribunal Colegiado de Circuito resolvió que el artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, no deja en incertidumbre al gobernado al no prever una sanción por incumplimiento de la autoridad obligada a emitir un acto por resolución en determinado sentido o iniciar un procedimiento dentro del plazo de cuatro meses, ya que si bien el precepto de referencia sujeta a las autoridades a cumplir con lo determinado en la sentencia en un plazo de cuatro meses, y que en caso de que ello no acontezca así, tal incumplimiento no puede llevar a la ilegalidad del acto, perjudicando con ello al administrado, porque se impidiera el restablecimiento de su derecho violado; lo cierto es que contrariamente a lo anteriormente considerado, se pierde de vista que se vulnera la garantía de seguridad jurídica establecida en los artículos 14 y 16 constitucionales "en el sentido de que las autoridades deben llevar a cabo sus actuaciones en base a lo previsto en las normas jurídicas y, por tanto, las normas deben tener un determinado plazo perentorio y establecer las sanciones por el incumplimiento de la autoridad, pues de lo contrario al no respetarse y no preverse sanciones en las normas jurídicas, pues dejan de serlo y se convierten en meras normas morales, o bien simples circulares o atentos avisos dirigidos a la autoridad, lo cual no es permitido en un Estado constitucional de derecho.", ya que estimar lo contrario implica que se deje al particular en estado de indefensión, pues precisamente la existencia de los plazos y las sanciones por el incumplimiento de ellos como lo es la prescripción, la caducidad, la caducidad especial, la preclusión, etcétera, representan una tutela a la garantía de seguridad jurídica en tanto que prevén plazos a los que debe ajustarse la autoridad, de manera que sus facultades no queden a su arbitrio en cuanto a la fecha y momento que crean es conveniente.

Lo anteriormente considerado con fundamento en la tesis 1a./J. 40/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Agrega la parte recurrente que por virtud de la citada violación, fue reformado el artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, que actualmente corresponde al artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en donde ya se establece expresamente una sanción por excederse la autoridad del plazo de los cuatro meses, lo que corrobora que el precepto impugnado es inconstitucional.

Añade la recurrente que si bien el Tribunal Colegiado de Circuito al considerar que el hecho de que no se dicte la resolución dentro del plazo aludido no puede llevar a la ilegalidad del acto con el que se da tal acatamiento, perjudicando con ello al administrado accionante, deja de reconocer que tal circunstancia sí conlleva a que si no se ha dictado la resolución definitiva precluye su derecho para su emisión. Lo anterior con fundamento en la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDADES, FACULTADES DE LAS."

Continúa argumentando la recurrente que en la demanda de garantías sostuvo que el cinco de enero de dos mil cuatro se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos 133 y 133-A del Código Fiscal de la Federación, en donde se precisó el plazo que tienen las autoridades para dar cumplimiento a la resolución al recurso de revocación, lo que provoca precisamente la existencia de la seguridad jurídica a que se refieren los artículos 14 y 16 constitucionales, lo cual no acontece con el artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, el cual no prevé una sanción o consecuencia por el incumplimiento del plazo, siendo que una norma imperfecta no puede considerarse constitucional.

CUARTO. El presente recurso es procedente en tanto que cabe el pronunciamiento de fondo sobre las cuestiones de constitucionalidad.

En efecto, el recurso de revisión en el juicio de amparo directo está regulado, entre otros, por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo.

"V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución.

"La materia del recurso se limitará exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. ..."

La exposición de motivos de la reforma al artículo 107, fracción IX, constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio de mil novecientos noventa y nueve, señala que las facultades discrecionales que se otorgan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver sobre su competencia o sobre la procedencia de las instancias planteadas ante ella dentro del juicio de amparo, entre otras, respecto del recurso de revisión interpuesto contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver amparos planteados en vía directa, tiene por objeto que este Alto Tribunal deje de conocer asuntos en los que no se debata un criterio de importancia y trascendencia, con lo cual se pretende fortalecer el carácter de Tribunal Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en congruencia con el carácter uniinstancial del amparo directo, a fin de que por excepción se abra y resuelva la segunda instancia, sólo en los asuntos que resulte imprescindible la intervención de este Alto Tribunal.

Con base en lo anterior, el Pleno de esta Suprema Corte emitió el Acuerdo 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, cuyo punto primero establece los requisitos que se deben reunir para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, a saber:

a) Que en la sentencia recurrida se formule un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o bien, que de haberse planteado alguna de esas cuestiones en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio; y

b) Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio del Pleno o de la Sala respectiva.

Por otro lado, en la fracción II del propio punto primero del Acuerdo Plenario 5/1999, se estableció que, por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando:

a) Exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado.

b) No se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir.

c) En los demás casos análogos a juicio de la Sala correspondiente.

Así pues, es criterio de esta Sala que al analizar la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, basta para desecharlo que no se actualice uno de los requisitos de mérito, sin que sea necesario estudiar si se cumplen los restantes.

En cuanto a los requisitos para la procedencia del amparo directo en revisión, resulta aplicable la jurisprudencia de esta Segunda Sala 2a./J. 149/2007, que a continuación se transcribe:

"Novena Época

"No. Registro: 171,625

"Instancia: Segunda Sala

"Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXVI, agosto de 2007

"Materia(s): Común

"Tesis: 2a./J. 149/2007

"Página: 615

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, y del Acuerdo 5/1999, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 94, séptimo párrafo, constitucional, así como de los artículos 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que al analizarse la procedencia del recurso de revisión en amparo directo debe verificarse, en principio: 1) la existencia de la firma en el escrito u oficio de expresión de agravios; 2) la oportunidad del recurso; 3) la legitimación procesal del promovente; 4) si existió en la sentencia un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, o bien, si en dicha sentencia se omitió el estudio de las cuestiones mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y, 5) si conforme al Acuerdo referido se reúne el requisito de importancia y trascendencia. Así, conforme a la técnica del amparo basta que no se reúna uno de ellos para que sea improcedente, en cuyo supuesto será innecesario estudiar si se cumplen los restantes."

Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 64/2001, de esta Segunda Sala, que establece:

"Novena Época

"No. Registro: 920,734

"Instancia: Segunda Sala

"Jurisprudencia

"Fuente: Apéndice (actualización 2001)

"Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN

"Materia(s): Común

"Tesis: 64

"Página: 83

"Genealogía: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 315, Segunda Sala, tesis 2a./J. 64/2001.

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, 86 y 93 de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 5/1999, del 21 de junio de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, permiten inferir que un recurso de esa naturaleza sólo será procedente si reúne los siguientes requisitos: I. Que se presente oportunamente; II. Que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y en la sentencia se hubiera omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; y III. Que el problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema Corte; en el entendido de que un asunto será importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad; por el contrario, deberá considerarse que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir y en los demás casos análogos a juicio de la referida Sala, lo que, conforme a la lógica del sistema, tendrá que justificarse debidamente."

Es procedente el recurso de revisión que se examina, habida cuenta que si bien es cierto que existe criterio en torno a que la multa establecida en el artículo 178 de la Ley Aduanera no viola la garantía de audiencia, lo cierto es que no hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que así lo determine, por lo que es procedente el medio de defensa atento a los razonamientos contenidos en la tesis 2a. CXLI/2007 de esta Segunda Sala, que establece lo siguiente:

"No. Registro: 171,047

"Tesis aislada

"Materia(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XXVI, octubre de 2007

"Tesis: 2a. CXLI/2007

"Página: 456

" Un nuevo análisis de la jurisprudencia 2a./J. 35/2001, de rubro: ‘REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ENTRE LOS CASOS ANÁLOGOS QUE PERMITEN SU DESECHAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN II DEL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO PLENARIO 5/1999, SE ENCUENTRA LA HIPÓTESIS EN QUE EXISTAN PRECEDENTES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LOS QUE SE HAYA PRONUNCIADO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY IMPUGNADA.’, obliga a abandonarla y a interpretar la exposición de motivos de la que derivó la reforma al artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual revela la intención del Poder Reformador de la Constitución de establecer, por un lado, la inatacabilidad de las sentencias dictadas en el juicio de amparo directo, como regla general y, por otro, de consolidar el carácter de Tribunal constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de órgano terminal para decidir en definitiva los criterios obligatorios en materia de constitucionalidad de leyes y de interpretación directa de preceptos constitucionales, al prever la procedencia del recurso de revisión contra esas sentencias, exclusivamente en forma excepcional cuando concurran determinados requisitos, entre otros, el que subsistiendo el problema constitucional planteado (pronunciamiento sobre constitucionalidad de leyes o interpretación directa de un precepto constitucional), a juicio del más Alto Tribunal, la solución del caso entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional. Acorde con tal propósito el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte emitió el Acuerdo Número 5/1999, y en su punto primero, fracción II, determinó que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia en aquellos asuntos en los que sobre el tema de constitucionalidad planteado exista jurisprudencia del Máximo Tribunal, lo anterior con el fin de que concentre sus esfuerzos en solucionar problemas inéditos y, en contrapartida, dejar de conocer de asuntos similares a otros en los que ya se hayan fijado los criterios de interpretación. Así, la condición prevista en el numeral constitucional citado, en el sentido de que el asunto ‘entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia’, debe entenderse en el sentido de que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecer los criterios que, al reunir los requisitos previstos en el párrafo octavo del artículo 94 constitucional y en el 192 de la Ley de Amparo, son de naturaleza obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de inferior jerarquía y servirán de orientación para solucionar casos futuros, consolidando la seguridad jurídica que debe imperar, sobre todo, tratándose de aspectos de constitucionalidad. En consecuencia, no es posible alcanzar el objetivo perseguido por el Constituyente Permanente cuando únicamente existe un precedente aislado que no reúne los requisitos constitucional y legalmente establecidos para integrar jurisprudencia, en el cual existe pronunciamiento sobre un tema de constitucionalidad, toda vez que los Tribunales Colegiados de Circuito pueden fallar los asuntos sometidos a su consideración conforme a su propio criterio propiciándose la inseguridad jurídica, pues en esa materia, al no ser obligatorio para esos tribunales un criterio aislado de la Suprema Corte podrán sostener uno opuesto, lo que implica no sólo que sobre el mismo tema existan criterios divergentes de diversos tribunales, sino que la Suprema Corte al desechar esos recursos de revisión no estará en posibilidad de reiterar sus criterios hasta alcanzar que se conviertan en jurisprudencia obligatoria."

QUINTO. Los agravios sintetizados en los puntos uno y tres y parte del punto dos, son inoperantes.

En efecto, en el agravio sintetizado con el punto uno, la parte recurrente aduce que los artículos 178, fracción I, de la Ley Aduanera y 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, son violatorios del artículo 22 constitucional, por considerar que imponen multas excesivas en tanto que no permiten que la autoridad impositora pueda tomar en consideración la situación económica del particular infractor, evitar prácticas establecidas, la gravedad o levedad de la sanción, esto es, no permiten la individualización de las circunstancias particulares para imponer la multa, siendo que los numerales impugnados no establecen la posibilidad de que la autoridad sancionadora pueda determinar su monto o cuantía, limitándose a señalar dos cantidades dentro de las que debe establecerse, por lo que resultan inconstitucionales.

Al respecto, cabe destacar que por lo que se refiere al artículo 178, fracción I, de la Ley Aduanera, vigente en el ejercicio revisado (dos mil a dos mil tres), el precepto de referencia establece lo siguiente:

"Artículo 178. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones establecidas por el artículo 176 de esta ley:

(Reformado primer párrafo, D.O.F. 30 de diciembre de 1996)

"I. Multa del 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos, cuando no se haya cubierto lo que correspondía pagar.

(Reformado, D.O.F. 31 de diciembre de 1998)

"Cuando la infracción a que se refiere esta fracción sea cometida por pasajeros, se impondrá una multa del 80% al 120% del valor comercial de las mercancías, salvo que se haya ejercido la opción a que se refiere la fracción I del artículo 50 de esta ley, en cuyo caso, la multa será del 70% al 100% de dicho valor comercial.

(Reformada, D.O.F. 31 de diciembre de 1998) (Reformada en la cantidad por anexo 2 de la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior para 2000, D.O.F. 1 de marzo de 2002) ..."

De la resolución contenida en el oficio ********** combatida en el juicio de nulidad, se advierte que a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21948-15f1acd4/revision-en-amparo-directo-procede-cuando-concurren-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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