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Modo: Corpus Pro

DEFINITIVIDAD. LA EXCEPCIÓN DE AGOTAR ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO LOS RECURSOS ORDINARIOS SE ENCUENTREN PREVISTOS EN UN REGLAMENTO, COMPRENDE A LOS MEDIOS DE DEFENSA CONTENIDOS EN REGLAMENTOS HETERÓNOMOS Y NO ASÍ EN REGLAMENTOS AUTÓNOMOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 208/2007. · Registro digital (IUS): 20413
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARICRUZ CANSECO MIGUEL.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, , Pág. 3127.

AMPARO EN REVISIÓN 208/2007. MARICRUZ CANSECO MIGUEL.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Como cuestión previa al examen de los argumentos del único concepto de agravio hecho valer, este tribunal colegiado estima importante precisar las siguientes consideraciones en relación con el principio de definitividad previsto en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, y las hipótesis de excepción que respecto de aquél ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El artículo 73, fracción XV, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Carta Magna, señala lo siguiente:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación."

En relación con dicho motivo de improcedencia, conviene señalar que de la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales que rigen al principio de definitividad en el amparo indirecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado los lineamientos para determinar los casos en que, a manera de excepción, no existe obligación de agotarlo previamente a acudir al juicio de garantías.

Dicho criterio, se identifica con la clave de tesis 2a. LVI/2000, de la citada Segunda Sala del Más Alto Tribunal de la Nación, consultable en la página 156, Tomo XII, Julio de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes:

"DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia."

En relación con la última excepción contemplada en dicho criterio -cuyo estudio guarda relación con el presente asunto-, consistente en que, previamente a la promoción del juicio de amparo, no es obligatorio agotar los medios ordinarios de defensa contra el acto reclamado cuando éstos se encuentren previstos en un reglamento y no así en la ley de la que deriva el propio reglamento; este tribunal colegiado estima conveniente precisar que la citada excepción debe entenderse como referida a los reglamentos heterónomos emitidos en uso de la facultad reglamentaria que se sujeta a los principios generales de reserva de la ley y de subordinación jerárquica, pero no así a los reglamentos autónomos que, de conformidad con los marcos constitucionales federal y local, son emitidos por los Municipios en los ámbitos de su competencia sin que reglamenten una ley determinada.

En efecto, se afirma lo anterior porque la facultad reglamentaria no es de dominio exclusivo del titular del Poder Ejecutivo, de modo tal que sólo este último tenga la aptitud de emitir reglamentos con exclusión de cualquier otra autoridad, sino que esta facultad se hace extensiva a aquellos órganos que precisan de reglamentar debidamente su funcionamiento acorde a una ley que previamente lo ha establecido o en forma autónoma conforme a sus competencias constitucionales.

De esta forma se pueden distinguir, en lo que a este asunto interesa, dos tipos de reglamentos, a saber: 1. Los reglamentos denominados heterónomos, que en el ámbito de competencia federal derivan de la facultad conferida al Presidente de la República conforme al artículo 89, fracción I, constitucional, para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las normas que expida el Congreso de la Unión; facultad que a su vez se reproduce en los ámbitos de competencia locales para el caso de los Gobernadores, y cuya principal característica es que se sujeta a los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica a la misma, a efecto de lograr el debido cumplimiento en las facultades u obligaciones precisadas en la norma reglamentada; y, 2. Los reglamentos denominados autónomos, que a diferencia de los primeros su existencia y contenido no se supedita a la expedición previa de una norma formal y materialmente emitida por el Poder Legislativo, sino que subsisten por sí mismos en sus ámbitos materiales de validez, y cuyo fundamento constitucional se encuentra en los artículos 21, primer párrafo y 115 de la propia Ley Fundamental.

En este sentido, del examen de la ejecutoria por contradicción de tesis 82/99-SS de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio origen al criterio aislado antes transcrito, sustentada entre el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y publicada a partir de la página 107, Tomo XII, Julio de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, se advierte que dicha Sala del Alto Tribunal, en cuanto sostuvo que antes de acudir al amparo, no es obligatorio agotar los medios ordinarios de defensa contra el acto reclamado cuando éstos se encuentren previstos en un reglamento y no así en la ley de la que deriva el propio reglamento, se refirió a los reglamentos antes enunciados con el número 1, y que son emitidos en uso de la facultad reglamentaria de los Poderes Ejecutivos sujetos a los principios generales de reserva de ley y subordinación jerárquica. A continuación se transcribe la parte conducente de la citada ejecutoria, cuyos datos de publicación se refirieron con antelación:

"... Por último, es de señalarse que además de las excepciones al principio de definitividad que han quedado señaladas, existen otras que derivan de los criterios jurisprudenciales emitidos por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación. ... Asimismo, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, emitió la jurisprudencia I.3o.A. J/28, visible a fojas 109 del Tomo VIII, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra se lee: ‘RECURSOS ADMINISTRATIVOS. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD CUANDO DICHOS MEDIOS DE DEFENSA SE ENCUENTRAN PREVISTOS EN UN REGLAMENTO ADMINISTRATIVO Y NO EN LA LEY QUE ÉSTE REGLAMENTA. ARTÍCULO 23 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (Se transcribe).’. Del texto de la jurisprudencia antes transcrita, se desprende que no existe la obligación de agotar el principio de definitividad antes de acudir al amparo, cuando el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, se encuentra previsto en un reglamento y la ley que éste reglamenta no contempla la existencia de dicho medio de impugnación; es decir, cuando el reglamento a título propio establece la procedencia del recurso o medio ordinario de defensa. En ese orden, resulta evidente que además de los casos previstos por la Constitución General de la República y por la Ley de Amparo, tampoco existe la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa que proceden en contra del acto reclamado, cuando únicamente se alegan violaciones directas a la Carta Magna, como lo es la relativa a la garantía de audiencia; o bien, cuando dichos medios de defensa se encuentran previstos en un reglamento y en la ley que éste reglamenta, no se encuentra contemplada su existencia. Bajo ese contexto, se concluye que no existe la obligación de agotar el principio de definitividad del juicio de amparo indirecto previamente a su interposición: ... C) Por disposición de los criterios sustentados por los tribunales judiciales de la Federación: ... II. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia (páginas 128 a 132 del citado Tomo XII)."

De ello se advierte que la excepción al principio de definitividad que fue considerada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alude a aquellos reglamentos heterónomos que, emitidos en ejercicio de la facultad reglamentaria, prevén un recurso que no está previsto en la ley que reglamentan, esto es, que violan los principios a que se sujeta el ejercicio de la facultad reglamentaria -en este caso el de subordinación jerárquica-, y que por ende, sería jurídicamente inadmisible que se exigiera al gobernado, antes de acudir al amparo, agotar un recurso previsto en una disposición reglamentaria que excede el contenido de la disposición legal en la que el reglamento encuentra su origen, justificación y medida.

Al caso resulta ilustrativa, la jurisprudencia 2a./J. 29/99 de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada en la página 70, Tomo IX, Abril de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:

"FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. Según ha sostenido este Alto Tribunal en numerosos precedentes, el artículo 89, fracción I, constitucional, faculta al presidente de la República para expedir normas reglamentarias de las leyes emanadas del Congreso de la Unión, y aunque desde el punto de vista material ambas normas son similares, aquéllas se distinguen de éstas básicamente, en que provienen de un órgano que al emitirlas no expresa la voluntad general, sino que está instituido para acatarla en cuanto dimana del Legislativo, de donde, por definición, son normas subordinadas, de lo cual se sigue que la facultad reglamentaria se halla regida por dos principios: el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma. El principio de reserva de ley, que desde su aparición como reacción al poder ilimitado del monarca hasta su formulación en las Constituciones modernas, ha encontrado su justificación en la necesidad de preservar los bienes jurídicos de mayor valía de los gobernados (tradicionalmente libertad personal y propiedad), prohíbe al reglamento abordar materias reservadas en exclusiva a las leyes del Congreso, como son las relativas a la definición de los tipos penales, las causas de expropiación y la determinación de los elementos de los tributos, mientras que el principio de subordinación jerárquica, exige que el reglamento esté precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida."

Ahora bien, en cuanto al alcance de los reglamentos autónomos, como antes se ha dicho, su existencia y contenido no se supeditan a la expedición previa de una norma formal y materialmente emitida por el Poder Legislativo, sino que subsisten por sí mismos en sus ámbitos territoriales y materiales de validez, sin que por ende deban sujetarse a los anteriores principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, dado que encuentran su fundamento directamente en el contenido de los artículos 21, primer párrafo y 115 de la Constitución General de la República.

En este sentido, en el caso de este tipo de reglamentos se estima por este órgano jurisdiccional, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado tácitamente que sí deben agotarse los recursos ordinarios previstos en ellos en forma previa a la promoción del juicio de garantías, lo que resulta congruente con la especial naturaleza de la acción de amparo como un medio extraordinario de defensa y de control de la constitucionalidad, y puesto que de no considerar que deban agotarse los recursos ordinarios previstos en los reglamentos autónomos en forma previa a la promoción del amparo, ello tendría como consecuencia que las actuaciones reglamentadas por los entes municipales en el ámbito de su competencia constitucional -seguridad pública, tránsito, mercados, rastros, panteones, etcétera- no estarían sujetos al principio de definitividad, sino que podrían combatirse en forma inmediata mediante el juicio de garantías, lo que atentaría contra la especial jurisdicción que caracteriza a dicho medio de control de la constitucionalidad.

Al caso se cita, contrario sensu, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 70, Volumen X, Tercera Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra señala:

"RECURSOS ORDINARIOS QUE NO DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO (REGLAMENTO DE MERCADOS). Para que el juicio de garantías sea improcedente por la posibilidad jurídica de interponer un recurso administrativo, se requiere, con arreglo al artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, que la interposición de ese recurso suspenda la ejecución del acto que se combate, sin exigir mayores requisitos que los establecidos para el mismo efecto en el juicio constitucional. Por tanto, admitido por la responsable que el reglamento de mercados no dispone que se suspenda la ejecución por la circunstancia de hacer valer el recurso que establece, esto basta para estimar que no cabe sobreseer el amparo por no haberse agotado dicho recurso."

De todo lo antes expuesto, este tribunal colegiado concluye que si bien en la tesis 2a. LVI/2000 de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que previamente a la promoción del juicio de amparo, no es obligatorio agotar los medios ordinarios de defensa contra el acto reclamado cuando éstos se encuentren previstos en un reglamento y no así en la ley de la que deriva aquél, lo cierto es que la precitada excepción debe ser referida respecto de los reglamentos heterónomos emitidos en uso de la facultad reglamentaria que se sujeta a los principios generales de reserva de la ley y de subordinación jerárquica, pero no así a los reglamentos autónomos que, de conformidad con los marcos constitucionales federal y local, son emitidos por los Municipios en los ámbitos de su competencia sin que reglamenten una ley determinada. Lo anterior, porque la citada excepción al principio de definitividad debe entenderse como referida a aquellos reglamentos que, emitidos en ejercicio de la facultad reglamentaria, prevén un recurso que no está previsto en la ley de que derivan, esto es, que violan los principios a que se sujeta el ejercicio de dicha facultad -reserva de ley y subordinación jerárquica- y, por ende, sería jurídicamente inadmisible que se exigiera al gobernado, antes de acudir al amparo, agotar un recurso previsto en una disposición reglamentaria que excede el contenido de la disposición legal en la que el reglamento encuentra su origen, justificación y medida; empero, en tratándose de los reglamentos autónomos cuyo fundamento se encuentra en los artículos 21, primer párrafo y 115 de la Constitución General de la República, dado que su existencia y contenido no se supedita a la expedición previa de una norma formal y materialmente emitida por el Poder Legislativo, sino que subsisten por sí mismos en sus ámbitos territoriales y materiales de validez, sin que deban sujetarse a los anteriores principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, es inconcuso que en el caso de este tipo de reglamentos sí deben agotarse los recursos ordinarios previstos en ellos en forma previa a la promoción del juicio de garantías, lo que resulta congruente con la especial naturaleza de la acción de amparo como un medio extraordinario de defensa y de control de la constitucionalidad, y puesto que de no considerar que deban agotarse los recursos ordinarios previstos en los reglamentos autónomos en forma previa a la promoción del juicio de amparo, ello tendría como consecuencia que las actuaciones reglamentadas por los entes municipales en los ámbitos de su competencia constitucional -seguridad pública, tránsito, mercados, rastros, panteones, etcétera- no estarían sujetos al principio de definitividad, sino que podrían combatirse en forma inmediata mediante el juicio de garantías, lo que atentaría contra la especial jurisdicción que caracteriza a dicho medio de control de la constitucionalidad.

Con la precisión anterior, este tribunal colegiado considera que en el caso a estudio, el Reglamento de Mercados, Centrales de Abasto y del Comercio que se ejerce en la Vía Pública del Municipio de Tehuacán, Puebla, se encuentra ubicado en este último tipo de reglamentos, esto es, en la clasificación de los reglamentos autónomos; por lo que una vez realizada dicha consideración previa, a continuación se procederá al examen de los planteamientos que en relación con dicho Reglamento hace valer la quejosa recurrente.

Ahora bien, los argumentos que a manera de agravio se hacen valer, resultan por una parte inoperantes y por otra infundados, por las razones que a continuación se exponen.

En la primera parte del agravio formulado, la quejosa recurrente sostiene que en la sentencia en revisión se aplicaron ilegalmente los artículos 73, fracción XV y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, en atención a que la juez de distrito consideró que, previamente a la promoción del juicio de garantías, la quejosa debió haber agotado el recurso de inconformidad establecido en el artículo 252 de la Ley Orgánica Municipal; empero, refiere la recurrente que el artículo 260 del citado ordenamiento legal establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados, al señalar que el Síndico que corresponda deberá acordar la solicitud respectiva dentro de los cinco días siguientes a su presentación.

Es inoperante el argumento que antecede.

En efecto, en el caso concreto importa destacar que del juicio de origen se advierte que MARICRUZ CANSECO MIGUEL, por derecho propio, solicitó la protección de la Justicia Federal contra el Acuerdo del Cabildo del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, de fecha treinta de abril de dos mil siete, en el que se impone como sanción la revocación de la licencia o permiso expedido por dicho Municipio a favor del titular del local L-44 del área de fondas del Mercado "16 de marzo de 1660", con la orden de desocupar dicho inmueble; así como la ejecución de tal determinación por parte del Director de Fomento Comercial y Mercados, del Titular del Departamento Ejecutor, y del Secretario de Seguridad Pública Municipal, todos del Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán, Puebla (demanda de amparo agregada en las fojas 2 a 9 del juicio de origen, y acto reclamado visible en las fojas 33 a 49 de dichos autos).

Seguido el trámite respectivo, la Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, a quien correspondió conocer del asunto con el número de expediente 625/2007, dictó sentencia definitiva en la que estimó la actualización del motivo de improcedencia previsto en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, para lo que señaló que previamente a la promoción de la acción constitucional, la impetrante de amparo debió de haber agotado el recurso de inconformidad previsto en el artículo 90 del Reglamento de Mercados, Centrales de Abasto y del Comercio que se ejerce en la Vía Pública del Municipio de Tehuacán, Puebla, sin que se esté en presencia de un caso de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, puesto que el artículo 91 del mismo ordenamiento legal no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos recurribles en dicho medio de impugnación. En consecuencia, la a quo decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo (fojas 132 a 137 vuelta).

Precisado lo anterior, este tribunal colegiado estima que resulta inoperante lo sostenido por la recurrente en la primera parte del agravio formulado, puesto que en éste la inconforme sostiene que la juez federal sobreseyó en el juicio porque, a su decir, estimó que previamente a la promoción del juicio de garantías la quejosa debió de haber agotado el recurso de inconformidad establecido en el artículo 252 de la Ley Orgánica Municipal; empero, como se ha señalado previamente, dichas consideraciones no fueron sostenidas en forma alguna por la juez de distrito, la que en sentido diverso estimó que en el caso a estudio, antes de la promoción del juicio de garantías, la impetrante de amparo debió de haber agotado el recurso de inconformidad previsto en el artículo 90 del Reglamento de Mercados, Centrales de Abasto y del Comercio que se ejerce en la Vía Pública del Municipio de Tehuacán, Puebla.

Al caso importa transcribir la parte conducente de la sentencia que se revisa:

"CUARTO. ... Este juzgado estima que contra la resolución tomada el treinta de abril de dos mil siete, por el Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán, Puebla, mediante la cual se revocó la licencia o permiso otorgado a la aquí quejosa para explotar el local comercial denominado L-44, del área de fondas del ‘Mercado 16 de marzo de 1660’, de Tehuacán, Puebla, procede previo a acudir a la presente instancia constitucional, el recurso de inconformidad que establece el artículo 90 del Reglamento de Mercados, Centrales de Abasto y del Comercio que se ejerce en la Vía Pública del Municipio de Tehuacán, Puebla, que al respecto dispone: ‘Artículo 90. (Se transcribe).’. Ello es así, porque de ese artículo se desprende la procedencia del recurso de inconformidad contra acuerdos, entre otras autoridades, del Ayuntamiento Municipal, lo que permite sostener legalmente que si ese precepto contempla la procedencia de un medio legal de defensa, contra cualquier acto emitido por el referido Ayuntamiento, debió entonces, el acto reclamado ser impugnado a través del mencionado recurso ordinario de inconformidad. En este sentido, es claro que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado, se insiste, debió ser impugnado a través del recurso ordinario antes mencionado, en los términos previstos por el Reglamento de Mercados, Centrales de Abasto y del Comercio que se ejerce en la Vía Pública del Municipio de Tehuacán, Puebla, pues es evidente, que el artículo 90 del reglamento citado, alude a que en contra de los actos y acuerdos emitidos por el Presidente Municipal o por algunas de las Dependencias o del Ayuntamiento de que se trate, procede la inconformidad, sin distinguir a qué tipo de actos o acuerdos; mediante el cual se pudo modificar o revocar el acto reclamado; por ello, el hecho de no hacer valer ese medio de defensa ordinario procedente, entonces, como ya se dijo, el acto reclamado carece de definitividad, por lo que es improcedente el presente juicio. Así como la tesis publicada en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro: ‘AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL (Se transcribe).’. Máxime que en el presente caso no estamos en uno de excepción en términos de la fracción XV antes aludida, pues el propio Reglamento Municipal establece que con la interposición del recurso de inconformidad procede la suspensión de los actos que se pretendan recurrir, tal y como se advierte de los artículos 90 y 91 del reglamento en cita que dispone: ... Por ende si de dichos artículos se desprende que no exigen mayores requisitos de los establecidos en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión, es evidente como ya se dijo, que en el caso concreto no estamos frente a un caso de excepción al principio de definitividad por lo que el sentido de la presente resolución debe prevalecer (fojas 135 a 137)."

En consecuencia, si con el argumento a estudio la quejosa recurrente se refiere a cuestiones que no fueron sostenidas en la sentencia recurrida, y con ello omite controvertir las consideraciones por las cuales la a quo determinó sobreseer en el juicio de garantías, debe desestimarse el argumento en estudio.

Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 32 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 26 y 27, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, cuyo contenido es el siguiente:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE DIRIGEN A COMBATIR CONSIDERACIONES LEGALES QUE NO SE FORMULARON EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Cuando lo que se ataca, mediante los agravios expresados, constituyen aspectos que no fueron abordados en la sentencia recurrida para sobreseer en el juicio, otorgar o negar la protección constitucional, deben desestimarse tales agravios por inoperantes, puesto que no se desvirtúa la legalidad del fallo a revisión; a menos de que sea el quejoso quien recurre la sentencia y se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja."

Por otro lado, en la segunda parte del agravio formulado la quejosa recurrente sostiene que la sentencia en revisión es ilegal, toda vez que en el caso concreto resultaba inaplicable lo dispuesto por el Reglamento de Mercados, Centrales de Abasto y del Comercio que se ejerce en la Vía Pública del Municipio de Tehuacán, Puebla, en razón de que la Ley Orgánica Municipal vigente, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintinueve de noviembre de dos mil uno, dejó sin efectos la Ley Orgánica Municipal anterior publicada en el mismo medio de difusión el dos de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, misma ley que regía al Reglamento precitado que data del treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve; por todo lo cual, si a la fecha no se ha emitido un nuevo Reglamento de Mercados en el Municipio de Tehuacán, Puebla, es inconcuso que no se prevé en ordenamiento alguno la suspensión de los actos reclamados antes de la promoción del juicio de garantías.

Es infundado el argumento anterior.

En efecto, no asiste razón a la quejosa recurrente porque en primer lugar, la facultad de los Municipios de regular los servicios públicos de mercados y centrales de abasto, deriva directamente del contenido del artículo 115, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República, mismo que es reproducido por el numeral 104, inciso d), de la Constitución Política del Estado de Puebla, por lo que la facultad del Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán, Puebla, por la cual expidió el Reglamento de Mercados, Centrales de Abasto y del Comercio que se ejerce en la Vía Pública, deriva directamente de los mandatos constitucionales federal y local.

En segundo lugar, debe desestimarse lo sostenido por la quejosa porque si bien, como ésta lo afirma, la Ley Orgánica Municipal vigente fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el día veintinueve de noviembre de dos mil uno, mientras que el Reglamento de Mercados, Centrales de Abasto y del Comercio que se ejerce en la Vía Pública del Municipio de Tehuacán, Puebla, se expidió bajo la vigencia de la Ley Orgánica Municipal anterior; lo cierto es que en el artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica Municipal vigente se previó la derogación de todas las disposiciones pero que se opusieran a la nueva ley, lo que no acontece en el caso del Reglamento en cuestión.

Para mejor comprensión de los razonamientos anteriores, importa transcribir inicialmente la parte considerativa que precede al contenido del multicitado Reglamento:

"FELIPE DE JESÚS MOJARRO ARROYO, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán, Puebla, a sus habitantes hace saber: Que los integrantes del Honorable Cabildo, del Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán, Puebla, tu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20413-dbced05d/definitividad-la-excepcion-de-agotar-ese-principio-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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