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Modo: Corpus Pro

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. NO ES NULA LA EFECTUADA POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS EN CUMPLIMIENTO DE UN ACUERDO DECLARADO NULO POR EFECTOS DE LA INCOMPETENCIA DE LA JUNTA Y, POR ENDE, DEBE OTORGARSE VALIDEZ A AQUÉLLOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 706 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 853/2007. · Registro digital (IUS): 20287
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADRIÁN GONZÁLEZ CRUZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, , Pág. 1553.

AMPARO EN REVISIÓN 853/2007. ADRIÁN GONZÁLEZ CRUZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO. De las constancias que integran el expediente laboral 161/2006, remitidas en original por la Jueza Primera de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, se advierte lo siguiente:

Adrián González Cruz reclamó de Potosinos Mensajería y Paquetería, Sociedad Anónima de Capital Variable y otros, el pago de diversas prestaciones laborales.

Tocó conocer de la demanda a la Junta Especial Número Quince de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, que la admitió por auto de ocho de octubre de dos mil tres, la que registró con el expediente 1373/03, y fijó fecha y hora para que tuviera lugar la audiencia de ley.

El veintisiete de octubre de dos mil cuatro, en que debería tener verificativo la audiencia trifásica, compareció la parte actora a través de sus apoderados, mientras que por la demandada Potosinos Mensajería y Paquetería, Sociedad Anónima de Capital Variable, se apersonaron Hugo Segovia Méndez y César Manuel Yeverino González, quienes señalaron que acreditaban su personalidad en términos del instrumento notarial nueve mil setecientos dos, pasado ante la fe del notario público treinta y cuatro de Guadalajara, Jalisco, mismo que exhibieron en original y copia simple, por lo que solicitaron que, previo cotejo y certificación, les fuera devuelto el primero.

La Junta mandó agregar el poder notarial de que se trata y ordenó devolver su original previo cotejo y certificación que del mismo obrara en autos.

En cumplimiento a lo anterior, el secretario de Acuerdos adscrito a la Junta Especial Número Quince de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, realizó la certificación de la copia del instrumento notarial correspondiente, que corre agregada a fojas cuarenta y tres del expediente laboral.

Mediante diligencia de veintitrés de agosto de dos mil cinco tuvo verificativo la audiencia de ley, en la que el apoderado de la demandada Potosinos Mensajería y Paquetería, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió incidente de incompetencia por razón de la materia, por considerar que la referida persona moral tenía como actividad el transporte de mensajería y paquetería en todo el territorio nacional por medio de una concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que el asunto debía ser del conocimiento de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

El seis de enero de dos mil seis, la Junta Especial Número Quince de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal emitió la resolución correspondiente, en la que declaró procedente el incidente de incompetencia, ordenando, en consecuencia, la remisión de los autos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a fin de que se avocara a su conocimiento.

El diecisiete de marzo de dos mil seis, la Junta Especial Número Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje tuvo por recibida la demanda laboral, y con fundamento en el artículo 706 de la Ley Federal del Trabajo declaró nulo todo lo actuado ante la Junta emisora, con excepción del auto admisorio; además, señaló fecha para la celebración de la audiencia de ley, ordenando entregar al demandado copia cotejada de la demanda, y apercibiéndolo que se le tendría por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho para ofrecer pruebas si no concurría a dicha audiencia; por otro lado, al actor lo apercibió que de no asistir a esa diligencia se le tendría por reproducido el escrito inicial de demanda y por perdido el derecho para ofrecer pruebas.

El veinticinco de septiembre del mismo año se verificó la audiencia de ley, a la que compareció Leticia Cecilia Noriega Bucio, como apoderada de la demandada Potosinos Mensajería y Paquetería, Sociedad Anónima de Capital Variable. Al respecto, la parte actora manifestó que toda vez que la compareciente de la parte demandada no acreditaba su personalidad en términos de ley, es decir, no lo había hecho como lo establece el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, debían hacerse efectivos los apercibimientos decretados y tener por contestada la demanda en sentido afirmativo. La responsable reconoció personalidad a la persona que compareció a nombre de la demandada, en términos de la carta poder de doce de septiembre del referido año, la que relacionó con el poder notarial que obraba a fojas de la treinta y uno a la cuarenta y dos (sic) y precisó que no obstante que había aceptado la competencia declinada a su favor y ordenado declarar nulo todo lo actuado, ello no incluía los documentos que integraban el expediente.

Contra esa determinación Adrián González Cruz promovió juicio de amparo indirecto, del que tocó conocer al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, mediante el expediente 1668/2006, en el que por sentencia de seis de diciembre de dos mil seis concedió el amparo solicitado para el efecto de que se dejara insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, se dictara una nueva en la que se cumplieran con las formalidades esenciales del procedimiento.

En cumplimiento a esa ejecutoria, el cuatro de enero de dos mil siete, la Junta emitió una resolución en la que, por cuanto a la demandada Potosinos Mensajería y Paquetería, Sociedad Anónima de Capital Variable, reconoció personalidad a Leticia Cecilia Noriega Bucio como su apoderada, en términos de la carta poder de doce de septiembre de dos mil seis, relacionada con el poder notarial que obraba de las fojas treinta y uno a la cuarenta y dos, porque si bien había procedido la incompetencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, también era cierto que quedó nulo lo actuado, mas no los documentos que integraban el expediente; consecuentemente, declaró improcedente la objeción de personalidad planteada por la parte actora.

Contra esa resolución nuevamente Adrián González Cruz promovió juicio de amparo indirecto que se registró con el expediente 186/2007 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, dentro del cual, por sentencia que se terminó de engrosar el treinta de marzo de dos mil siete, se negó el amparo solicitado.

Las razones para esa conclusión fueron:

a) Que la dolencia central del quejoso radicaba en que al declararse nulo todo lo actuado, ello trajo como consecuencia que la certificación del poder notarial exhibido por la demandada ante la Junta incompetente quedara sin efectos, sin embargo, dijo la juzgadora, se advertía que tal inconformidad devenía de una confusión semántica que era conveniente aclarar, para lo cual precisó que el término "todo lo actuado" a que se refiere el artículo 706 de la Ley Federal del Trabajo, el impetrante de garantías pretendía circunscribirlo a todos los documentos que fueron exhibidos ante la Junta primigenia para su certificación, en el caso, la copia certificada del testimonio notarial nueve mil setecientos dos, pasado ante la fe del notario público número treinta y cuatro de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

b) Posterior a dar las definiciones de los vocablos "actuaciones judiciales", "auto" y "resoluciones judiciales", conforme al Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y al Diccionario Jurídico Abeledo-Perrot, y después de interpretar lo dispuesto en los artículos 837 y 706 de la Ley Federal del Trabajo, la Jueza de Distrito concluyó que, en el caso, la copia certificada del testimonio notarial nueve mil setecientos dos era un documento por el que la apoderada de la persona moral demandada acreditó su personalidad para comparecer a juicio.

c) Por otro lado, dejó precisado que existen actos jurídicos en el procedimiento que no son actos procesales, sino actos fundatorios del derecho ejercitado, como son todos los documentos que se acompañan a la demanda o a la contestación de la misma, de manera que la declaración de nulidad de actuaciones afecta únicamente a los actos procesales, pero no a los documentos públicos que obren como prueba en el juicio, de ahí que declaró infundada una parte de los conceptos de violación.

d) También la otra parte de esas inconformidades se declaró infundada, con el argumento de que al dilucidarse el problema semántico planteado y haberse establecido que la certificación que realizó el secretario de Acuerdos de la Junta Especial Número Quince de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal del testimonio notarial nueve mil setecientos dos, no perdió su calidad de documento público por el solo hecho de declararse nulo todo lo actuado por la autoridad incompetente, pues resultaba claro que tenía pleno valor probatorio para acreditar la personalidad de quien compareció por la demandada, de conformidad con el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo y el diverso 41, fracción II, del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.

e) Por consiguiente, señala la sentencia, la certificación del testimonio notarial nueve mil setecientos dos, realizada por el secretario de Acuerdos adscrito a la Junta que se declaró legalmente incompetente, le otorgaba la calidad de documento público, dado que su expedición está encomendada por la ley a un funcionario investido de fe pública, despachándolo en ejercicio y con motivo de sus funciones, los que hacen fe en el juicio sin necesidad de legalización y, por ende, dicha calidad no era susceptible de desestimarse por el hecho de que la responsable, que de un inicio sustanció el juicio laboral, se haya declarado legalmente incompetente y remitido los autos a la que consideró competente, ya que la certificación hecha por el secretario se traduce en que dio fe respecto a que tuvo a la vista el documento original y lo cotejó con la copia simple de éste, concordando en todas sus partes y produjo plena certeza, salvo prueba en contrario, por lo que por sí misma no constituía una actuación susceptible de anularse en términos de lo establecido por el artículo 706 de la Ley Federal del Trabajo; por tanto, cuando la copia está certificada por un funcionario público o algún fedatario que cuente con facultades para ello, significa que es una reproducción del original y, por tanto, hace igual fe de su original.

f) La sentencia recurrida culmina señalando que no era aplicable la jurisprudencia 2a./J. 80/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "PERSONALIDAD DEL APODERADO O REPRESENTANTE EN EL JUICIO LABORAL, DOCUMENTOS QUE OBLIGATORIAMENTE DEBEN EXHIBIRSE PARA ACREDITARLA.", que había citado el quejoso, ya que en ella se trataba de un supuesto diverso, en razón que se refiere a cuando el compareciente aporta una copia simple del documento con el que pretende acreditar su representación y con fundamento en el artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo solicita su cotejo con la copia certificada que obra en diverso expediente laboral, lo que en el caso no aconteció.

Contra esas consideraciones el recurrente hace valer los agravios reproducidos, de los que se advierte que se alega:

Violación de los artículos 692, fracción II, 695, 795 y 706 de la Ley Federal del Trabajo, porque se solicitó el amparo para que se desconociera la personalidad de la demandada, debido a que no exhibió la documentación que señala ese precepto, pues no aportó el original del testimonio o instrumento notarial y sólo se limitó a relacionar una carta poder con la copia de un testimonio notarial certificada por una autoridad que no cuenta con facultades para ello, es decir, relacionó la carta poder con la copia de un testimonio de la autoridad incompetente.

También se afirma que la sentencia es violatoria de los artículos invocados, porque en ella se precisó que las actuaciones de las Juntas son sólo resoluciones que las mismas emiten y que se encuentran establecidas en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, manifestando que por actuación debe entenderse todo auto o diligencia que se lleve a cabo dentro de un procedimiento jurisdiccional.

El recurrente asevera que el testimonio que obra en autos no puede considerarse como documento certificado ni idóneo para que la demandada acredite la personalidad, en razón de que deviene de actuaciones que quedaron jurídicamente sin efectos, y que por actuaciones judiciales deben considerarse aquellas que se encuentran realizadas por la autoridad en ejercicio pleno de sus funciones, de lo contrario se estaría en el supuesto de actuaciones nulas de plano, pues si bien hay términos para la celebración de diligencias, las mismas deben ser realizadas por funcionarios plenamente facultados; en el caso, la certificación de un poder realizada por un secretario de Acuerdos de una Junta competente lo eleva a documento pleno que surte efectos legales, lo que no aconteció porque la demandada no exhibió el original del testimonio notarial ante la Junta competente, sino que aportó una copia certificada por un secretario de Acuerdos de la Junta incompetente, sin estimar que esa certificación era nula, porque del artículo 706 de la Ley Federal del Trabajo no se desprende laguna legal como para que la Jueza de Distrito señale que la objeción de la actora deviene de una confusión semántica.

Agrega el impetrante que la resolución combatida es errónea, por considerar que el documento certificado por un secretario de Acuerdos es meramente público y, por ello, conveniente para acreditar la personalidad, elevando dicha certificación al carácter de una realizada por un notario competente, por lo que no puede considerarse que ese documento es idóneo, ya que para que un testimonio notarial sea pleno y eficiente es necesario que cuente con los requisitos que las leyes le obligan, circunstancia que omitió considerar la Jueza de Distrito, ya que el documento, siendo público, no reúne los requisitos que exige la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "TESTIMONIOS NOTARIALES. REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER (LEY DEL NOTARIADO PARA EL DISTRITO FEDERAL).", como son que las hojas estén numeradas progresivamente y lleven al margen la rúbrica y sello del notario, haciéndose constar si es el primero, segundo u ulterior número ordinal, asentado el o los nombres que hayan intervenido y el número de páginas, por lo que si estos requisitos se exigen a los notarios públicos, por analogía, la certificación de los secretarios de Acuerdos deben contar con los mismos, pero como el que aparece en autos no los tiene, es nulo de plano.

El inconforme también arguye que ese documento no puede ser considerado como público ni apto para demostrar la personalidad por carecer de los elementos exigidos por la ley, pues para que sea público es necesario que cubra todas las formalidades que le den ese carácter, es decir, que cumpla con "el protocolo que la nación y la representación social así lo establezcan" (sic), porque del criterio de rubro: "NOTARIOS PÚBLICOS, COPIAS CERTIFICADAS POR LOS. CUÁNDO CARECEN DE VALOR PROBATORIO (LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE PUEBLA).", se desprende que para que un documento sea público necesita ser expedido por autoridad competente; que al ser expedido se haya realizado con "las formalidades que conlleva el protocolo" (sic) y que cuente con todos los requisitos de ley. De ahí que el documento con el que se pretendió acreditar la personalidad no puede ser considerado como público.

Por último, el impetrante alega que para que las copias certificadas de un testimonio sean consideradas como tales, deben reunir los requisitos que la ley impone al testimonio notarial, en términos de la tesis de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS DE LOS TESTIMONIOS. PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD, DEBEN OSTENTAR LOS MISMOS REQUISITOS QUE PARA EXPEDIR AQUÉLLOS (LEY DEL NOTARIADO DE SAN LUIS POTOSÍ).", e insistió en concluir que la documentación aportada por la demandada no era la idónea para los efectos señalados, por lo que al haber negado el amparo la Jueza de Distrito violó garantías constitucionales establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales.

Los argumentos que anteceden son, por una parte, inoperantes y, por la otra, infundados.

En lo que atañe a que la sentencia recurrida violó las garantías consagradas en los preceptos 14 y 16 constitucionales, el agravio resulta inoperante, habida cuenta que el presente recurso de revisión no es un medio de control constitucional autónomo a través del cual pueda analizarse violación de garantías, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiene como fin el estudio del ejercicio de la función judicial y así abordar el estudio de los motivos y fundamentos que tuvo la Jueza de Distrito para emitir su fallo. De otra suerte, se ejercitaría un control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, lo que sería un contrasentido.

Confirma lo anterior la jurisprudencia treinta y cinco del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página veintiocho, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y texto señalan:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados a favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través de la cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

Los restantes agravios resultan infundados por lo siguiente:

Los artículos 706, 704 y 928 de la Ley Federal del Trabajo establecen:

"Artículo 706. Será nulo todo lo actuado ante la Junta incompetente, salvo el acto de admisión de la demanda y lo dispuesto en los artículos 704 y 928 fracción V de esta ley o, en su caso, cuando se haya celebrado convenio que ponga fin al negocio, en el periodo de conciliación."

"Artículo 704. Cuando una Junta Especial considere que el conflicto de que conoce, es de la competencia de otra de la misma Junta, con citación de las partes, se declarará incompetente y remitirá los autos a la Junta Especial que estime competente. Si ésta al recibir el expediente se declara a su vez incompetente, lo remitirá a la autoridad que deba decidir la cuestión de competencia, para que ésta determine cuál es la Junta Especial que debe continuar conociendo del conflicto."

"Artículo 928. En los procedimientos a que se refiere este capítulo se observarán las normas siguientes:

"I. Para el funcionamiento del Pleno y de las Juntas Especiales se observará lo dispuesto en el artículo 620, pero el presidente intervendrá personalmente en las resoluciones siguientes:

"a) Falta de personalidad.

"b) Incompetencia.

"c) Los casos de los artículos 469, 923 y 935.

"d) Declaración de inexistencia o ilicitud de huelga.

"II. No serán aplicables las reglas generales respecto de términos para hacer notificaciones y citaciones. Los (sic) notificaciones surtirán efectos desde el día y hora en que quedan hechas;

"III. Todos los días y horas serán hábiles. La Junta tendrá guardias permanentes para tal efecto;

"IV. No serán denunciables en los términos del artículo 710 de esta ley, los miembros de la Junta, ni se admitirán más incidentes que el de falta de personalidad, que podrá promoverse, por el patrón, en el escrito de contestación al emplazamiento, y por los trabajadores, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la en que tengan conocimiento de la primera promoción del patrón. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la promoción, con audiencia de las partes, dictará resolución; y

"V. No podrá promoverse cuestión alguna de competencia. Si la Junta, una vez hecho el emplazamiento al patrón, observa que el asunto no es de su competencia, hará la declaratoria correspondiente.

"Los trabajadores dispondrán de un término de veinticuatro horas para designar la Junta que consideren competente, a fin de que se remita el expediente. Las actuaciones conservarán su validez, pero el término para la suspensión de las labores correrá a partir de la fecha en que la Junta designada competente notifique al patrón haber recibido el expediente; lo que se hará saber a las partes en la resolución de incompetencia."

La regla relativa a la nulidad de actuaciones que tenga verificativo ante la Junta incompetente, a que específicamente se refiere el artículo 706 de la Ley Federal del Trabajo, admite tres casos de excepción, que son:

a) Cuando se trate de la hipótesis prevista en el artículo 704 de la citada ley laboral;

b) En el supuesto del diverso precepto 928, fracción V, de la mencionada codificación; y,

c) Cuando exista convenio que ponga fin al negocio celebrado en el periodo de conciliación.

Fuera de esas salvedades, el principio básico que rige en ese contexto radica medularmente en el hecho de que será nulo todo lo actuado ante la Junta incompetente.

Por tanto, todo lo actuado ante la Junta que declina su competencia es nulo, salvo el acto de admisión de la demanda, como lo dispone el artículo 706 de la Ley Federal del Trabajo, además de las otras excepciones que la misma disposición establece, como son el surgimiento del conflicto competencial, tratándose de tal cuestión en el procedimiento de huelga y en el caso de convenio celebrado en la etapa conciliatoria; de ahí que si con motivo de la incompetencia legal de la autoridad laboral para seguir conociendo de la demanda se declara la nulidad de todo lo actuado, la certificación de documentos efectuada por el secretario de Acuerdos de la declinante, en cumplimiento de un acuerdo que se declaró nulo por los efectos de la incompetencia, de manera alguna puede ser nula, porque esa circunstancia no está contemplada en las hipótesis apuntadas; además de que no existe motivo para que una autoridad cuya competencia para conocer de un asunto ha sido reconocida deba volver a tramitar desde su inicio el procedimiento que había declarado nulo como resultado de haber aceptado la competencia declinada.

Entonces, si en la especie, la copia del testimonio notarial nueve mil setecientos dos, pasado ante la fe del notario público número treinta y cuatro de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que la Junta Especial Número Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje relacionó con la carta poder correspondiente, y con la que tuvo por reconocida la personalidad de Leticia Cecilia Noriega Bucio a nombre de Potosinos, Mensajería y Paquetería, Sociedad Anónima de Capital Variable, fue certificada por el secretario de Acuerdos de la Junta Especial Número Quince de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, en cumplimiento del acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil cuatro, mismo que fue declarado nulo por la autoridad competente, tal documento no podía resultar nulo por el solo hecho de haberse declarado nulo todo lo actuado por la Junta incompetente, ya que, se insiste, tal circunstancia no encuadra en los supuestos previstos en el artículo 706 de la Ley Federal del Trabajo; además de que no existía motivo para que la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que aceptó la competencia declinada por la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, volviera a tramitar, desde su inicio, el procedimiento que había declarado nulo como resultado de haber aceptado la competencia declinada.

Más aún, de aceptar que también debía declararse nulo el documento certificado por el secretario de Acuerdos de la Junta incompetente, entonces, se llegaría a la conclusión de que el escrito de contestación de demanda presentado ante la Junta Especial Número Quince de la Local de Conciliación y Arbitraje quedaría insubsistente y, por ende, no tendría efectos la excepción de incompetencia que se hizo valer en ese libelo; por tanto, no existirían elementos jurídicos para entender las razones por las que la mencionada Junta se declaró incompetente (pues no debe soslayarse que en ese poder consta la actividad de la empresa demandada que sirvió de base para que la autoridad se declarara incompetente), como tampoco se comprendería la forma en que la Junta Especial Número Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje aceptó la competencia declinada, todo lo cual resultaría un contrasentido, o sea, estaría en contra de toda lógica jurídica.

En suma, como en la sentencia recurrida la Jueza de Distrito consideró que no podía ser nulo el documento certificado por el secretario de Acuerdos de la Junta declinante, su actuación es correcta.

Por tanto, todos los agravios que pretenden desvirtuar lo expuesto en la sentencia en cuanto a la confusión semántica y lo que debe entenderse como actos de autoridad competente deben calificarse de infundados, pues lo que debe prevalecer, en la especie, es el hecho de que la certificación del documento en cita, realizada por el secretario de Acuerdos de la Junta declinante, de manera alguna puede ser declarada nula, pues, como se dijo, tal aspecto no lo contempla el artículo 706 de la legislación de la materia.

Por el principio jurídico alcanzado, es aplicable la tesis 2a. XCVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos sesenta y tres, Tomo X, julio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice así:

"COMPETENCIA. CON BASE EN LA RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE QUE PONE FIN A UN CONFLICTO COMPETENCIAL, UNA DE LAS AUTORIDADES CONTENDIENTES QUE HAYA ESTIMADO NULAS LAS ACTUACIONES PRACTICADAS, QUEDA FACULTADA PARA RESTITUIRLES VALIDEZ. Tomando en cuenta que el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, determina que es nulo de pleno derecho lo actuado ante el tribunal que sea declarado incompetente, salvo disposición contraria de la ley, debe establecerse que cuando con motivo de la resolución en que una de las autoridades que intervienen en un conflicto sobre competencia, haya dejado sin efectos actuaciones practicadas, queda autorizada para restituirles la validez que tenían, con base en la decisión que emita la Suprema Corte de Justicia determinando cuál de los órganos en contienda es el competente para conocer del juicio que motivó el conflicto, en razón de que no existe motivo para que una autoridad cuya competencia para conocer de un asunto ha sido reconocida por esta Suprema Corte, deba volver a tramitar desde su inicio el procedimiento que había declarado nulo como resultado de haber estimado que no era competente."

Consecuentemente, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo y en el diverso numeral 41, fracción II, del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, que establecen:

"Artículo 795. Son documentos públicos aquellos cuya formulación está encomendada por la ley a un funcionario investido de fe pública, así como los que expida en ejercicio de sus funciones.

"Los documentos públicos expedidos por las autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de los Municipios, harán fe en el juicio sin necesidad de legalización."

"Artículo 41. Los secretarios, además de las facultades y obligaciones que se consignan para ellos en la Ley Federal del Trabajo, tendrán las siguientes:

"...

"II. Autorizar con su firma las actuaciones y resoluciones que dicte la Junta y expedir las certificaciones que sean ordenadas."

Es decir, que como de manera alguna es nulo el documento que la Junta Especial Número Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje relacionó con la carta poder relativa para tener por acreditada la personalidad de Leticia Cecilia Noriega Bucio, que compareció a nombre de Potosinos, Mensajería y Paquetería, Sociedad Anónima de Capital Variable, y aquél fue certificado por el secretario de Acu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20287-b6151992/certificacion-de-documentos-no-es-nula-la-efectuada · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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