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Modo: Corpus Pro

RENTA. EL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIONES LXXXVII Y LXXXVIII, INCISOS A), B) Y C), DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDIÓ LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE ENERO DE 2002, AL ESTABLECER TARIFAS APLICABLES PARA EJERCICIOS FISCALES POSTERIORES, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 805/2003. · Registro digital (IUS): 19698
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CARLOS ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, , Pág. 289.

AMPARO EN REVISIÓN 805/2003. CARLOS ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuarto transitorio del decreto de reformas a ésta, de veintiuno de junio del año dos mil uno; 29, 84, fracción I, inciso a), 85, fracción V, última parte, 86 y 90 de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a) y 14, fracción II, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto cuarto en relación con el tercero, fracción I y primero transitorio del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado el veintinueve de junio del año dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación; en virtud de que se interpuso con posterioridad a la vigencia de este acuerdo en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se reclamó la inconstitucionalidad de una ley federal y si bien subsiste en esta instancia tal cuestión, no es necesario que su estudio sea abordado por el Tribunal Pleno, dado que sobre el tema de fondo existen precedentes exactamente aplicables, por lo que el criterio que se adopta no reviste un interés excepcional.

SEGUNDO. La parte quejosa expresó los agravios que estimó oportunos, los que no se transcriben ni se sintetizan en razón de que no serán objeto de análisis en la presente resolución, por encontrarse encaminados a desvirtuar el sobreseimiento en el juicio constitucional, lo que fue materia de análisis por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

TERCERO. De los antecedentes del caso, destacan los siguientes hechos:

1. El juicio de amparo a que este toca corresponde fue promovido en contra de actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, consistentes en lo fundamental, en la aprobación y expedición de la Ley del Impuesto sobre la Renta, particularmente el artículo 106, en relación con el diverso 109, fracción XI, segundo párrafo y el segundo transitorio, fracciones I, LXXXVII y LXXXVIII, en sus respectivos incisos a), b) y c), publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de enero del año dos mil dos.

2. Los numerales de mérito fueron combatidos con motivo de su primer acto de aplicación, el cual se hizo consistir en el recibo de percepciones de fecha primero de marzo del año dos mil dos, en el que aparece que por concepto de bono le fue cubierta la cantidad de $8,932.00, menos el impuesto sobre la renta correspondiente en cantidad de $3,126.20, por tanto, el pago neto ascendió a la cantidad de $5,805.80 pesos.

3. Al dictar la resolución que ahora se revisa, el Juez de Distrito del conocimiento decretó el sobreseimiento integral en el juicio de garantías.

4. La parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por el a quo, del que tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el que revocó la sentencia recurrida, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 109, fracción XI, en relación con el 106, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta con base en la jurisprudencia plenaria que se cita en antecedentes y declaró carecer de competencia legal para conocer y resolver respecto de la impugnación concerniente al artículo segundo transitorio, fracciones I, LXXXVII y LXXXVIIII; finalmente dicho órgano jurisdiccional ordenó remitir el asunto a este Alto Tribunal.

En mérito de lo anterior, el análisis en la presente resolución se constriñe a analizar los conceptos de violación respecto de los cuales omitió pronunciarse por razón de competencia, el Tribunal Colegiado del conocimiento.

De la lectura de los conceptos de violación materia de análisis en la presente resolución se advierte que la parte quejosa argumentó en síntesis, lo siguiente:

a) Que el artículo segundo transitorio fracción I es inconstitucional, al establecer el inicio de la vigencia del decreto impugnado el mismo día de su publicación, lo que vulnera la garantía de seguridad jurídica; que el propio legislador ordinario reconoció la existencia de tal garantía, al plasmarla en diversos preceptos legales del Código Fiscal de la Federación y del Código Civil Federal.

b) Se plantea la inconstitucionalidad de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo segundo transitorio, fracciones LXXXVII y LXXXVIII, en sus incisos a), b) y c), que establecen tarifas que serán aplicables para posteriores ejercicios fiscales, lo que considera la agraviada, contraviene el contenido del artículo 74 constitucional y, por tanto, dichas fracciones violan la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Carta Magna, al no haberse discutido el presupuesto de egresos de dichos años, motivo por el cual no es posible fijar las contribuciones que deban cubrirlo.

Resulta infundado el primero de los conceptos de violación previamente sintetizados.

En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece regla alguna sobre el momento en que deba iniciar la vigencia de las leyes; de su articulado, que regula materias distintas de este tema, no puede deducirse ningún sistema sobre vigencia de leyes.

Así es, los artículos 71 y 72 de la Carta Magna, "De la iniciativa y formación de leyes", a la letra disponen:

"Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

"I. Al presidente de la República;

"II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión; y

"III. A las legislaturas de los Estados.

"Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates."

"Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.

"A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.

"B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido.

"C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara Revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.

"Las votaciones de ley o decreto, serán nominales.

"D. Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo período de sesiones.

"E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara Revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara Revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.

"F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.

"G. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año.

"H. La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.

"I. Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la Comisión Dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara.

"I (sic). El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales.

"Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente."

Como es de advertirse, la Constitución no dispone nada sobre el particular, de ahí que es incuestionable que la materia pueda ser regulada libremente por el legislador ordinario.

La promulgación no es otra cosa que la publicación formal de la ley y ambas voces se emplean como sinónimas tanto en el lenguaje común como en el jurídico. La Constitución Federal emplea las dos palabras con el mismo significado, tal como puede corroborarse de la lectura de los artículos 70, 72, inciso a) y 89, fracción I.

La finalidad de la promulgación es lograr que las leyes sean conocidas de aquellos a quienes obligan y, naturalmente, los particulares no están obligados a cumplir lo prevenido en disposiciones que no han sido publicadas. Es así, que si bien el legislador ordinario cuenta con la libertad para establecer el momento en que inicia la vigencia de una ley, es claro que jamás podrá determinar que su vigencia sea anterior a su promulgación, empero, ninguna disposición constitucional le impide establecer que el ordenamiento jurídico estará vigente a partir del día de su publicación oficial.

Si bien, lo deseable es que una ley sea conocida por todos sus destinatarios cuando cobre vigencia, lo cierto es que el sistema que establece que las leyes entrarán en vigor el día de su publicación no transgrede ningún derecho fundamental consagrado en la Carta Magna, pues de la lectura de los preceptos constitucionales transcritos lo único que se concluye es que su propósito es que las leyes sean obligatorias a partir de su promulgación.

En esta tesitura, si bien es cierto que en diversos ordenamientos secundarios, como el Código Fiscal de la Federación o el Código Civil Federal, el legislador contempló sistemas de vigencia de leyes en los que media un plazo entre su publicación y su entrada en vigor, también es verdad que tales sistemas no lo obligan a establecer de ese mismo modo la vigencia de todas las leyes, pues es bien sabido que las distintas leyes que expide el legislador ordinario no tienen jerarquía unas sobre las otras, cada ley rige las situaciones jurídicas que prevé de una manera válida, eficaz y autónoma, en relación con otras disposiciones de distintos cuerpos de leyes; de manera tal que no hay duda de que el legislador ordinario se encontraba en posibilidad de apartarse de esos sistemas, ya que a lo único a que está obligado es a sujetarse a las disposiciones constitucionales.

A mayor abundamiento, aun cuando se tomaran en consideración las normas del Código Civil Federal, el concepto que se analiza sería infundado, pues aunque el artículo 3o. establece determinados plazos después de la publicación para que las leyes sean obligatorias, igualmente cierto resulta que el artículo 4o. dispone que si la ley fija el día de su vigencia, desde éste debe empezar a regir.

Consecuentemente, se debe concluir que es infundado el concepto de violación propuesto, porque contrariamente a lo que argumenta el quejoso, es constitucional la disposición que establece que el ordenamiento jurídico en estudio entrará en vigor el mismo día de su publicación.

Es aplicable al caso, la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto se transcriben a continuación:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVI, diciembre de 2002

"Tesis: P. XLV/2002

"Página: 13

"LEYES. EL LEGISLADOR ORDINARIO CUENTA CON LA FACULTAD DE ESTABLECER EL MOMENTO EN QUE INICIA SU VIGENCIA. Aun cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 71 y 72 señala a quiénes compete el derecho de iniciar leyes o decretos y el procedimiento que se sigue en las Cámaras de Diputados y Senadores para su formación, lo cierto es que no prevé regla alguna sobre el momento en que deba iniciar la vigencia de las leyes, ni de su articulado se deduce la existencia de un sistema sobre tal vigencia, por lo que es incuestionable que esta materia puede ser regulada libremente por el legislador ordinario. En consecuencia, el hecho de que una ley haya entrado en vigor el mismo día de su promulgación, no vulnera disposición constitucional alguna, pues debe tomarse en consideración que la promulgación de una ley, no es otra cosa que su publicación formal, esto es, su finalidad consiste en lograr que las leyes sean conocidas por aquellos a quienes obligan y, naturalmente, los particulares no están obligados a cumplir lo prevenido en disposiciones que no han sido publicadas, por ende, el legislador ordinario cuenta con la libertad para establecer el momento en que inicia la vigencia de una ley, al no existir disposiciones constitucionales que le impidan establecer que el ordenamiento jurídico estará vigente a partir del día de su publicación oficial, aun cuando lo deseable es que una ley sea conocida por todos sus destinatarios antes de que cobre vigencia."

Por otra parte, carece de razón la parte quejosa en lo que atañe al concepto de violación sintetizado en segundo término.

En efecto, no le asiste la razón a la parte quejosa con relación a que la ley impugnada transgrede lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Federal, en virtud de que el presupuesto de egresos de la Federación, si bien se rige por el principio de anualidad, puesto que por razones de política tributaria durante ese año se programan actividades y cumplimiento de proyectos que implican un gasto público, también es cierto que el artículo 126 de la Carta Magna acepta que el presupuesto de egresos no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues dicho numeral prevé la posibilidad de que pueda variarse cuando establece:

"No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior."

En este tenor, en el propio texto de la Norma Constitucional subyace el principio de modificación presupuestaria al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior, a saber:

A) Al aprobarse el presupuesto de egresos, o

B) En la ley posterior, la que por su cronología necesariamente sucede a aquel presupuesto original en el tiempo.

Por consiguiente, la modificación legal que permita fijar nuevos ingresos o incrementar los existentes para cubrir los gastos públicos debe ser anterior a la propuesta de egresos de la Federación, toda vez que primero debe contarse con los recursos necesarios para sufragar las funciones del Estado; entonces, no existe impedimento constitucional alguno para que el Congreso de la Unión, en uso de sus facultades legislativas, en cualquier momento, aun cuando no sea por un ejercicio fiscal, expida, reforme o derogue disposiciones en materia tributaria, pues éstas no se encuentran sometidas al principio de anualidad.

Así, no es exacto considerar que únicamente proceda fijar contribuciones y tarifas de éstas por el periodo de un ejercicio fiscal, condicionando dicho acto a que se hubiere aprobado el presupuesto de los gastos públicos a los cuales se destinará la recaudación, en atención a que aun cuando uno y otro se encuentran íntimamente relacionados, el primer supuesto mencionado no tiene limitación temporal alguna para su vigencia, lo cual sí acontece tratándose del presupuesto de egresos de la Federación.

Sirve de apoyo a la anterior consideración, en la parte conducente, la tesis aislada cuyo rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:

"Octava Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988

"Página: 20

"IMPUESTOS. PRINCIPIO DE ANUALIDAD DE LOS MISMOS. Ni del texto del artículo 74, fracción IV, constitucional, ni de ningún otro, se puede desprender que las Leyes de Ingresos no puedan ser modificadas sino de año en año. Luego entonces, esto no es posible obtenerse de una interpretación literal del precepto. Ahora bien, en un afán teleológico de interpretación, debe decirse que la finalidad que tuvo el legislador al establecer una disposición de esta naturaleza, consiste en la necesidad de controlar, evaluar y vigilar el ejercicio del gasto público por parte de la Soberanía Popular, de los Representantes Populares, de la Cámara de Diputados, derivada de la circunstancia de que es al pueblo, a través de sus representantes, a quien corresponde decidir, a propuesta del Ejecutivo, a qué renglones deben aplicarse los recursos aportados por el propio pueblo para sufragar el gasto público, lo cual hace al aprobar el Presupuesto de Egresos, así como vigilar el que dichos recursos se apliquen precisamente a los fines autorizados por la Representación Popular al aprobar ese Presupuesto de Egresos, lo cual realiza cuando en el año siguiente revisa la Cuenta Pública del ejercicio anterior, a raíz de la cual conocerá los resultados de la gestión financiera, comprobará si el Ejecutivo se ajustó a los criterios señalados en el presupuesto y si se dio cumplimiento a los objetivos contenidos en los programas. Hasta aquí se ha hablado de gasto público, de autorización de Presupuesto de Egresos, de control, de evaluación, de vigilancia de ese gasto público, actividades y facultades que corresponden a la Representación Popular de manera exclusiva, sin intervención de la otra Cámara y que constituyen actos que sólo son formalmente legislativos, a diferencia de las Leyes de Ingresos, actos que son formal y materialmente legislativos, y que no son facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, sino del Congreso de la Unión, del que ésta sólo es una parte, por más que en tratándose de leyes tributarias tenga forzosamente que funcionar como Cámara de Origen y su colegisladora, la de Senadores, como Cámara Revisora. Luego entonces, puede decirse que no se advierte razón jurídica alguna para regular, entre facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, una que no lo es (la de discutir primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto), y mucho menos que se pretenda hacerle partícipe de principios que por tratarse de un acto diferente no le corresponden. El Presupuesto de Egresos tiene vigencia anual, porque el ejercicio fiscal, por razones de política tributaria, comprende un periodo de un año. La disposición contenida en el artículo 74, fracción IV, constitucional, representa un esfuerzo en materia de planeación del gasto público, implica la programación de actividades y cumplimientos de programas, al menos durante ese corto plazo de un año. Sin embargo, la propia Constitución acepta que ese Presupuesto de Egresos no debe ser estricto, no debe ser inflexible, ni imposible de modificar, pues prevé la posibilidad de que haya variación cuando en su artículo 126 establece que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por la ley posterior. Ahora bien, las Leyes de Ingresos tendrán vigencia anual, a lo sumo, porque de acuerdo con esa fracción IV del artículo 74, el Ejecutivo Federal tiene la obligación de enviar cada año, antes del 15 de noviembre, o excepcionalmente el 15 de diciembre en el caso señalado por la propia Carta Magna, una iniciativa de Ley de Ingresos, en la que se contemplen las contribuciones a cobrarse en el año siguiente para cubrir el Presupuesto de Egresos; entonces, su vigencia, cuando mucho será de un año, es más, su vigencia normal será de un año, pero eso no implica que el Ejecutivo no puede presentar otra iniciativa tendiente a modificarla antes de transcurrido ese año, o que dicha ley no pueda ser modificada, reformada o adicionada en el transcurso de ese año, cuando las circunstancias socioeconómicas así lo requieran y el legislador estime conveniente atenderlas, pues no existe ninguna limitación temporal para que el Congreso de la Unión expida leyes en las que imponga las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, mucho menos para introducir, como en el caso, sólo una modificación a propósito de la periodicidad de los pagos provisionales. El Ejecutivo Federal tiene la obligación de presentar, cada año, esa iniciativa de Ley de Ingresos, y la Cámara de Diputados tiene la obligación de discutir esos ingresos y de aprobarlos, en su caso, como Cámara de Origen, pero ni el uno ni la otra tienen la prohibición para presentar o para estudiar, respectivamente, antes de transcurrido el año, alguna iniciativa de ley que a aquélla modifique. De estimar que no existe la posibilidad jurídica de modificar, adicionar o reformar las Leyes de Ingresos y partiendo de una identificación o correspondencia exacta entre ingresos y egresos, no se podría atender la excepción al principio de anualidad a propósito de los egresos contenida en el artículo 126 constitucional, pues en relación con los ingresos no existe una excepción expresa que hiciere posible fijar nuevos ingresos o incrementar los existentes para cubrir esos egresos no presupuestados originalmente. Por otra parte, si se considera que ni las disposiciones que integran esas Leyes de Ingresos deben tener forzosamente vigencia anual, sino que pueden ser modificadas antes del término de un año, con mucha razón puede sostenerse que no hay impedimento legal alguno para que el Congreso de la Unión, en cualquier tiempo, reforme, adicione, modifique o derogue disposiciones en materia tributaria, siempre que en dichas leyes se respeten esos principios de legalidad, proporcionalidad y equidad que para todo impuesto derivan de la fracción IV del artículo 31 constitucional."

Asimismo, es menester señalar que el artículo 31, fracción IV, constitucional únicamente exige que los tributos sean destinados al gasto público, mas no que se destinen a sufragar los gastos de un presupuesto aprobado antes del establecimiento del gravamen; en consecuencia, no es posible considerar que la Ley del Impuesto sobre la Renta impugnada viole lo dispuesto en el artículo 74 de la Carta Magna, aun cuando precise las tarifas de la contribución de mérito para años posteriores, sin que se hubiere aprobado el presupuesto anual de egresos, en atención a que la contravención al mismo exclusivamente se actualizaría si se demostrara que las cantidades recabadas tienen previsto en la ley un destino diferente al de sufragar los gastos públicos.

Es aplicable a la conclusión que antecede la tesis aislada que dice:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: II, agosto de 1995

"Tesis: P. LIV/95

"Página: 70

"EGRESOS, PRESUPUESTO DE. NO ES INCONSTITUCIONAL UNA CONTRIBUCIÓN PORQUE SE ESTABLEZCA ANTES DE QUE SE APRUEBE EL.-No es exacto que sólo proceda establecer una contribución cuando se haya aprobado el presupuesto de los gastos públicos a los cuales se destinará la recaudación, porque el requisito de que las contribuciones se destinen al gasto público previsto en el artículo 31 constitucional, fracción IV, no implica que el órgano legislativo expida, previamente a la creación del impuesto, el presupuesto de egresos respectivo, pues la Constitución únicamente exige que los tributos sean destinados al gasto público, no que se destinen a sufragar los gastos de un presupuesto aprobado antes del establecimiento del gravamen; por ello, se debe considerar que no se viola el requisito constitucional referido aunque se establezca un impuesto sin que aún se haya aprobado el presupuesto anual de egresos, ya que la contravención al mismo sólo se actualizaría si se demostrara que las cantidades recaudadas tienen previsto en la ley un destino diferente al de sufragar los gastos públicos."

Por otra parte, en relación con el argumento jurídico de que las autoridades responsables no expresan las causas por las cuales se adicionó el artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, debe decirse que es también infundado, porque en la iniciativa de ley, que dio origen al precepto reclamado, se establecen de manera general cuáles son las razones y circunstancias particulares de la propuesta en comento, sin que sea indispensable que cumplan con el requisito a que hace alusión el inconforme, en atención a que la garantía de legalidad prevista por el artículo 16 de la Carta Magna, en tratándose de actos legislativos, únicamente implica el apego a las atribuciones competenciales para emitir la norma y que se trate de una materia que requiera ser regulada, aspecto no controvertido en el presente asunto.

Sirve de apoyo a tal conclusión la jurisprudencia que la demandante invoca, que literalmente dice:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.-Este Tribunal Pleno ha establecido que por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica." (Séptima Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 181-186, Primera Parte, página 239).

Asimismo, es aplicable a lo precedente la tesis aislada que dice:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, EN QUE CONSISTE LA, DE UN ACTO LEGISLATIVO.-Por fundamentación y motivación de un acto legislativo, debe entenderse la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello." (Séptima Época, Pleno, Informes, Informe 1985, Parte I, tesis 28, página 398).

El criterio anterior ha sido reiterado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, por mayoría de votos, en sesión de treinta y uno de octubre del año dos mil dos, los amparos en revisión 241/2002 y 297/2002, promovidos en ese orden por Ricardo García de Quevedo Ponce y Fernando Perfecto Cruz.

En las condiciones anotadas, en lo que es competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo que procede en la especie es negar al quejoso la protección constitucional solicitada respecto del artículo segundo transitorio, fracciones I, LXXXVII y LXXXVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de enero del año dos mil dos, en términos del último considerando de esta resolución.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-En materia de la revisión, competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carlos Alejandro González González, respecto del artículo segundo transitorio, fracciones I, LXXXVII y LXXXVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación del primero de enero del año dos mil dos, y su aplicación, en términos del último considerando de esta ejecutoria.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Carlos Alejandro González González, en contra del artículo 109, fracción XI, en relación con el 106, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del primero de enero del año dos mil dos, y su aplicación, en los términos señalados en la sentencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en el AR. 340/2002.

Notifíque

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19698-b4939964/renta-el-articulo-segundo-fracciones-lxxxvii-y-lxxxviii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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