AGENTES ADUANALES Y SUS MANDATARIOS. SE ENCUENTRAN BAJO UN RÉGIMEN ESPECIAL DE SUJECIÓN PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE LOS CONSTRIÑE A ACATAR LAS DISPOSICIONES QUE NORMAN Y ORIENTAN EL SERVICIO PÚBLICO QUE PRESTAN. DERECHO PRECARIO O DEBILITADO. ES EL QUE TIENE UN MANDATARIO DE UN AGENTE ADUANAL QUE SE ENCUENTRA SUJETO A LAS PREVENCIONES DE LA NORMATIVIDAD RELATIVA.
AMPARO EN REVISIÓN 562/2005. XAVIER GONZÁLEZ ORTEGA CARBAJAL Y OTROS.
CONSIDERANDO:
NOVENO. En el segundo de los conceptos de violación, manifiestan los quejosos que la regla 2.13.11. de las Reglas de Carácter General de Comercio Exterior para 2004, en sus apartados A, B y C y la segunda resolución de modificaciones a dichas reglas, en especial su artículo tercero, son violatorias de las garantías previstas en los artículos 5o., 14 y 16 constitucionales, por dos razones:
1. Porque se extralimitan en cuanto a los requisitos que deben reunir para que los mandatarios de los agentes aduanales puedan auxiliar a estos últimos, violando el principio de subordinación jerárquica al que debe ajustarse toda disposición reglamentaria, por haber sido emitidas por autoridad incompetente, ser contrarios a la letra del texto constitucional y a su interpretación jurídica.
El anterior argumento se estima inoperante, de conformidad con las siguientes consideraciones.
De acuerdo con las conclusiones expuestas en el considerando precedente, en donde se analizó la competencia de la autoridad emisora de las reglas reclamadas en juicio, es decir, del jefe del Servicio de Administración Tributaria, para estimar que tal facultad provenía directamente de la ley de la materia -artículo 160, fracción VI, de la Ley Aduanera-, resulta que, la razón toral que sustenta la parte quejosa, para denunciar violación al principio de subordinación jerárquica, es inexistente porque es competente la autoridad emisora de las reglas aludidas.
Por otra parte, también resulta la inoperancia del argumento tratado, partiendo del hecho evidente que son afirmaciones sin sustento y sin especificación concreta, que en ningún momento exponen o explican claramente por qué las reglas reclamadas son contrarias a la letra del texto constitucional y a su interpretación jurídica; resultando claro, por tanto, que la quejosa emite su opinión de manera gratuita, ambigua y superficial, en tanto que no expone ni menos aún concreta si justifica la razón de su dicho y, en ese tenor, procede declarar inoperantes tales argumentos, ya que su pretensión es inatendible en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, eludiendo referirse al fundamento, razones o argumentos del porqué de su pretensión.
En apoyo a lo anterior, se cita la tesis I.4o.A.51 K de este tribunal, consultable en la página 1033 del Tomo XIX, febrero de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES SI NO SE REFIEREN A LA PRETENSIÓN Y A LA CAUSA DE PEDIR. Los conceptos de violación o agravios deben indefectiblemente encontrarse vinculados y relacionados con el contexto litigioso que se sometió a la jurisdicción ordinaria. Como antecedente conviene puntualizar el contenido de la frase ‘pretensión deducida en el juicio’ o petitum al tenor de lo siguiente: a) La causa puede ser una conducta omitida o realizada ilegalmente, o bien, el acto ilícito que desconoce o viola un derecho subjetivo que es motivo de la demanda y determina la condena que se solicita al Juez que declare en su sentencia, es decir, es la exigencia de subordinación del interés ajeno al propio; b) La pretensión o petitum es la manifestación de voluntad de quien afirma ser titular de un derecho y reclama su realización; c) El efecto jurídico perseguido o pretendido con la acción intentada y la tutela que se reclama; y, d) El por qué del petitum es la causa petendi consistente en la razón y hechos que fundan la demanda. Así las cosas, los conceptos de violación o agravios deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al qué se reclama y, en segundo lugar, a la causa petendi o causa de pedir, que implica el por qué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las pruebas (que son la base de lo debatido). La conexión o relación de estas últimas sólo debe darse con los hechos, que son determinantes y relevantes para efectos de la pretensión, en virtud de ser el único extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la acción deducida, tal como lo establecen los artículos 81 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En tal orden de ideas, si la quejosa no señala la parte de las consideraciones de la sentencia que reclama, motivo de controversia, o se limita a realizar meras afirmaciones bien sean generales e imprecisas o sin sustento o fundamento, es obvio que tales conceptos de violación son inoperantes y no pueden ser analizados bajo la premisa de que es menester que expresen la causa de pedir."
2. En otra parte de este mismo segundo concepto de violación, así como en la totalidad del cuarto, aduce la parte quejosa que la regla 2.13.11. reclamada, viola el principio de irretroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional, en tanto pretende impedirles que se sigan desempeñando como lo han estado realizando, pretendiendo exigir una serie de requisitos injustificados en forma retroactiva.
Indica que la norma reclamada pretende dejar sin efectos las autorizaciones previamente obtenidas, desconociendo por completo los derechos adquiridos de los quejosos, pues cuando les fue otorgada la autorización como mandatarios de agentes aduanales, no se exigían los requisitos que establece la mencionada norma, circunstancia que, por tales razones, vulnera su libertad de trabajo.
Son infundados los conceptos de violación que se estudian, de acuerdo con lo siguiente.
En principio hay que señalar que la retroactividad es la traslación de la vigencia y efectos vinculatorios de una norma jurídica creada en un determinado momento histórico, a un lapso anterior al de su creación, lo que implica asumir ciertas situaciones de derecho pretéritas que estaban reguladas por normas vigentes al tiempo de su existencia dentro del ámbito regulativo de las nuevas normas creadas; cuestión regulada por el artículo 14 constitucional, al establecer que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, principio éste que rige de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia, respecto de las normas de derecho sustantivo como de las adjetivas o procesales.
La aplicación retroactiva de las leyes a partir del enfoque sustantivo, se refiere a los efectos que tienen sobre situaciones jurídicas concretas o derechos adquiridos por los gobernados con anterioridad a su entrada en vigor, al constatar si la nueva norma desconoce tales situaciones o derechos al obrar sobre el pasado, lo que va contra el principio de irretroactividad de las leyes inmerso en el artículo constitucional citado; en cuanto hace a las leyes del procedimiento, éstas no pueden producir efectos retroactivos, dado que los actos de esa naturaleza se rigen por las disposiciones vigentes en la época en la que se actualizan.
En ese contexto, si se atiende a que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, en el sentido de que no sólo prohíbe la retroactividad de la ley, sino también de sus actos concretos de aplicación, y que para determinar en los casos concretos si se vulnera dicha garantía, ha adoptado tanto la teoría de los derechos adquiridos, conforme a la cual existe aplicación retroactiva desfavorable cuando se afectan derechos que ingresaron al patrimonio de la persona bajo la vigencia de la ley predecesora.
Por tanto, la retroactividad emerge cuando la norma jurídica vuelve al pasado para afectar supuestos y consecuencias producidos conforme a la ley anterior o cuando afecta consecuencias originadas en supuestos regidos por aquélla; de ahí que devenga inconcuso que la regla 2.13.11. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, que prevé las condiciones o requisitos que debe cubrir un representante o mandatario de agente aduanal, emitida con posterioridad a la autorización otorgada a dichos funcionarios, no viola la referida garantía constitucional.
Una vez expuesto lo anterior, es de precisarse que es irrelevante el hecho de que al momento en que fue otorgada la autorización para el desempeño de mandatarios de agente aduanal, no se haya exigido el cumplimiento de los requisitos que establece la regla 2.13.11. reclamada, pues se advierte que el artículo 160, fracción VI, de la Ley Aduanera prevé el surgimiento de reglas administrativas que emita el Servicio de Administración Tributaria, por ende, los beneficiarios de la autorización citada habían adquirido un derecho precario y sujeto a condiciones que se les exigía precisamente en dicho dispositivo legal.
En este tenor, los quejosos en su demanda de amparo, básicamente señalaron que al haber obtenido autorización para desempeñarse como mandatarios de agente aduanal, adquirieron un derecho conforme al cual no era obligatorio satisfacer los requisitos que estableció la regla 2.13.11. multicitada y, por tanto, les causaba agravio obligarlos a cumplirla, contraviniendo el principio de irretroactividad prevista en el artículo 14 constitucional.
Sin embargo, del estudio que hace este tribunal de las patentes de agente aduanal otorgadas a sus representados, concretamente del tercer y cuarto párrafos, se advierte lo siguiente:
"Patente de agente aduanal para que actúe con ese carácter ante la Aduana del Aeropuerto de la Ciudad de México sujetándose a las prevenciones relativas de la expresada Ley Aduanera y su reglamento ..."
(Se aclara que también hay patentes para la ciudad de Veracruz y Nuevo Laredo).
De lo antes transcrito, se observa que los quejosos, en cuanto mandatarios de agente aduanal, obtuvieron un derecho precario o debilitado, entendiéndose por éste aquella figura subjetiva que su eficacia y vigencia se adapta y acomoda a las necesidades colectivas imperantes en diferentes condiciones de tiempo, modo y lugar, el cual puede ser revocado por razones de oportunidad o interés público sin derecho a exigir su subsistencia como si se tratara de un derecho adquirido.
En efecto, en el presente caso, se está ante un derecho precario o debilitado, pues la autorización de los agentes aduanales que les otorgaron los poderes para desempeñarse como sus mandatarios, precisa condiciones y requisitos, como son, sujetarse a las prevenciones relativas de la expresada Ley Aduanera y su reglamento y, atendiendo al principio de derecho que dice "lo accesorio sigue la suerte de lo principal", los poderes otorgados por los agentes aduanales a los quejosos, también son sujetos de tales prevenciones relativas de la expresada Ley Aduanera y su reglamento, sin que en momento alguno se cuestionara, en este caso, el artículo 160, fracción VI, de la Ley Aduanera, origen del surgimiento de la regla cuestionada en este juicio; por tanto, no pueden ahora alegar que tienen derecho a que no se les exijan los requisitos que establece la regla 2.13.11., pues al aceptar el poder para desempeñarse como mandatario de agente aduanal, aceptaron, de igual modo, que se les restringiera y limitara su derecho a desempeñarse como mandatarios de agente aduanal, al sujetárseles a las prevenciones de la Ley Aduanera y su reglamento.
En este contexto, este tribunal estima que a los hoy quejosos no se les vulnera ningún derecho adquirido, pues solamente tienen un "derecho subjetivo debilitado", por tanto, les resultan aplicables lo dispuesto en el artículo 160, fracción VI, de la Ley Aduanera y, en este caso, las disposiciones establecidas en el artículo tercero transitorio de la Segunda Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2004, que remite a la regla 2.13.11. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2004.
Lo anterior es así, porque la disposición contenida en la regla 2.13.11. se refiere a la obligación de cumplir con requisitos y trámites para continuar con la autorización de mandatario de agente aduanal, cuestión que no le fue exigida al momento en que le fue otorgada dicha autorización; sin embargo, tales exigencias se tratan de requisitos que, para la debida operación de la función, consigna la ley correspondiente, es decir, no puede existir retroactividad en la norma, mientras no se prive de alguna facultad o derecho con que ya se contaba, lo que indudablemente no acontece en el caso, puesto que la regla reclamada no desconoce la autorización para actuar como mandatario de agente aduanal de persona alguna, ni consigna disposición en el sentido de cancelar o desconocer las autorizaciones previamente otorgadas.
Por tanto, si estando en funciones los mandatarios autorizados en comento, entra en vigor una nueva disposición que aumenta los requisitos a cumplir, pero dejando intocado su derecho a continuar ejerciendo la función autorizada, sólo que con las modalidades indicadas en la nueva disposición legal -que no se prueba, sea irrazonable o privativa de derechos fundamentales-, es que no exista aplicación retroactiva de la norma, por lo que en forma alguna se violenta el artículo 14 del Pacto Federal.
Además, y a un mayor abundamiento, este tribunal precisa que si bien es cierto, en la época en que se otorgó a los quejosos la autorización para desempeñarse como mandatarios de agentes aduanales, el Servicio de Administración Tributaria no había expedido la regla reclamada, no por ello puede constituirse un "derecho" a los quejosos para sustraerse del cumplimiento de la norma aludida pues, precisamente, de la ausencia de una prohibición específica, del vacío o ambigüedad legislativa imperante -estos es, que el artículo 160, fracción VI, de la Ley Aduanera mencione "la aprobación de un examen que mediante reglas determine el Servicio de Administración Tributaria"-, es que el órgano administrativo vino a colmar, a través de la regla multicitada, la necesidad de regular tales aspectos, en aras del buen funcionamiento de la administración pública y del óptimo desempeño de los funcionarios dedicados al despacho aduanero, lo que, desde luego, no priva de derechos a quienes va dirigida, en tanto no existan restricciones expresas y categóricas.
Pero es el caso que, posteriormente a la emisión de las autorizaciones otorgadas a los quejosos, la autoridad administrativa consideró oportuno establecer determinadas condiciones concretas (a través de la regla ahora reclamada) respecto de cómo garantizar que el otorgamiento y permanencia de las autorizaciones para desempeñarse como mandatario de agente aduanal se diera a las personas con mayor probabilidad de desempeñarse de manera eficiente, emitiendo los parámetros para lograr que sólo las personas mejor preparadas obtuvieran y conservaran dicho cargo, circunstancia que, de ninguna manera, puede estimarse que viola el artículo 14 constitucional pues, con el surgimiento de esta regla, las autorizaciones de mandatarios de agente aduanal quedó limitada, razonablemente subordinada y reducida a preservar los intereses de la comunidad, interesada en el buen desempeño de los funcionarios públicos, como en el caso, resultan ser los mandatarios de agente aduanal.
Ciertamente, el nacimiento, permanencia y vigencia de un derecho de índole particular está determinado y regido por el contexto del entorno normativo que rija y, como antes se ha apuntado, el vacío legislativo es la cuna y garantía de todas las manifestaciones de libertad del individuo, bajo el aforismo de que: "todo lo que no está expresamente prohibido está permitido". Sin embargo, ese privilegio tutela intereses particulares o individuales que ceden frente a los públicos y de la comunidad, ya que no se explica, razonablemente, la preeminencia de un individuo cuando su status pueda afectar, en razón de su desempeño como funcionario de la administración pública, a la sociedad.
Por tanto, los derechos adquiridos de un particular, no pueden ni deben entrar en conflicto con el interés de la comunidad. Es así que se entiende, los efectos y consecuencias que se produjeron, derivados de la expedición de las autorizaciones como mandatarios de agentes aduanales a los quejosos, previos a la emisión de la regla reclamada, quedan regidos por el status que derivaba del vacío legislativo imperante en esa época; sin embargo, los posteriores, son equiparables a meras expectativas y, por ser de tracto sucesivo, deben operar y tener la eficacia que permite el contexto y orden jurídico que prevalece. Dicho en otras palabras, una autorización -como acto jurídico que es- no puede estar en conflicto y en permanente oposición con el orden jurídico del que surgió y si éste es modificable en cualquier momento por razones sociales que, válida y razonablemente, lo justifiquen y permitan, luego entonces, el acto, que es de menor jerarquía que la regla o norma, debe ceder por una simple razón de supremacía y funcionalidad del sistema.
Lo anterior revela que el orden jurídico imperante, se adueña de los efectos y consecuencias de los actos que, con base en él, se han expedido.
Además, en el caso se trata de normar la eficiencia en el desempeño de una función pública delegada por el Estado a particulares y si la propia Constitución Federal en sus artículos 109, fracción III, párrafo primero, y 113 establecen el régimen administrativo para la determinación y aplicación de sanciones a los servidores públicos, que por actos u omisiones afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, se deduce que se encuentran en un régimen especial de sujeción, porque se les habilita para desarrollar y desempeñar un servicio público y es la propia Norma Fundamental la que constriñe a todo servidor público a acatar y observar el contexto general de disposiciones legales que normen y orienten su conducta, a fin de salvaguardar los principios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar su conducta en el desempeño como mandatarios autorizados por agentes aduanales, con las normas propias y estatutos que rigen la prestación del servicio público y la relación laboral y administrativa del servidor público y el Estado.
En este sentido, es que este tribunal considera infundado el alegato en estudio.
Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y en lo conducente, la tesis de la Segunda Sala de la integración anterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 50, Volumen XCVIII, de la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que señala:
"RETROACTIVIDAD EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL. Es un error pretender que la circunstancia de que una ley ordinaria obre sobre el pasado no es contraria al artículo 14 constitucional si no existe una ley anterior a aquella, al amparo de la cual hayan surgido derechos que resulten lesionados con la vigencia de la nueva ley. Efectivamente, si bien es verdad que por regla general el fenómeno de la retroactividad se presenta como un conflicto de leyes expedidas sucesivamente y que tienden a normar al mismo acto, el mismo hecho o la misma situación, también lo es que puede darse el caso de que los mandatos de una ley sean retroactivos y lesivos al mencionado artículo 14 cuando rijan de manera originaria determinada cuestión, es decir, cuando ésta sea prevista legislativamente por primera vez. En atención a ese fenómeno complejo que constituye la aparición del Estado, explicable por el principio de soberanía en virtud del cual el pueblo adopta la forma de gobierno que le place y se da normas que le permiten encauzar su vida, surge una diferenciación entre gobernantes y gobernados que hace posible que quienes integran el Poder Legislativo estén en aptitud de regular normativamente la conducta de los gobernados. Pero ello no significa que éstos hayan perdido su libertad aun en lo normado y que sólo puedan realizar los actos que específicamente les sean autorizados, sino nada más que habrán de abstenerse de hacer lo prohibido por la ley, y de sujetarse a los lineamientos trazados por ésta en las hipótesis previstas por el legislador. Consecuentemente, en aquellos casos en que la conducta del gobernado no haya sido normada en forma alguna por el Poder Legislativo, de manera que no pueda ser considerada prohibida ni válida únicamente cuando se ciñe a determinadas restricciones, su realización constituirá el ejercicio de un ‘derecho’ emanado precisamente de la ausencia de una ley reguladora, y tutelado, por lo mismo, por el orden jurídico, en cuanto éste, al dejar intacto el ámbito de libertad en que tal conducta es factible, tácitamente ha otorgado facultades para obrar discrecionalmente dentro del mismo. Por consiguiente, la ausencia de normas limitadoras de la actividad del individuo, configura un derecho respetable por las autoridades, aun por el propio legislador, cuya vigencia desaparecerá hasta que surja una norma legislativa al respecto. Es decir, antes de la prevención legislativa, el derecho estriba en poder obrar sin taxativas; después de ella, el derecho está en obrar conforme a tal prevención, pues mientras las autoridades sólo pueden hacer todo lo que la ley les faculta, el gobernado puede hacer todo lo que dicha ley no le prohíbe. Establecido que la ausencia de normas legislativas configura para el gobernado el derecho de obrar libremente, y que tal derecho también es tutelado por el orden jurídico, porque todo lo no prohibido por las normas legales ni sujeto a determinadas modalidades le está por ellas permitido, tiene que admitirse que el surgimiento de una ley que regule una situación hasta entonces imprevista legislativamente, sólo puede obrar hacia el futuro, ya que de lo contrario estaría vulnerado el artículo 14 constitucional, que estatuye que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna."
DÉCIMO. En el tercer concepto de violación, manifiestan los quejosos que la regla de carácter general combatida, en sus apartados A, B y C, viola las garantías consagradas en los artículos 1o., 5o., 14 y 16 constitucionales, porque se extralimita en cuanto a los requisitos que deben reunir para estar en posibilidades de auxiliar a los agentes aduanales.
Destaca que la fracción VI del artículo 160 de la Ley Aduanera establece que para ser mandatario de agente aduanal se requiere contar con poder notarial y experiencia aduanera mayor a dos años, aprobar un examen que mediante reglas determine el Servicio de Administración Tributaria y que solamente promueva el despacho en representación de un agente aduanal; mientras que el apartado A de la regla citada, indica que se deberá exhibir la constancia original con la que se acredite que el aspirante cuenta con experiencia en materia aduanera mayor de dos años, el currículum vitae, las constancias de su relación laboral, la documentación que acredite el cumplimiento de la Norma Técnica de Competencia Laboral (NTCL) y la constancia de pago de aprovechamientos en razón del examen al cual deben ser sometidos.
Es infundado el concepto de violación antes sintetizado, en atención a las siguientes consideraciones.
El texto del artículo 160, fracción VI, de la Ley Aduanera, vigente en dos mil cuatro, establece:
"Artículo 160. El agente aduanal deberá cubrir los siguientes requisitos para operar:
"...
"VI. Dar a conocer a la aduana en que actúe, los nombres de los empleados o dependientes autorizados para auxiliarlo en los trámites de todos los actos del despacho, así como los nombres de los mandatarios que lo representen al promover y tramitar el despacho. El agente aduanal será ilimitadamente responsable por los actos de sus empleados o dependientes autorizados y de sus mandatarios.
"Para ser mandatario de agente aduanal se requiere contar con poder notarial y con experiencia aduanera mayor a dos años, aprobar el examen que, mediante reglas determine el Servicio de Administración Tributaria y que solamente promueva el despacho en representación de un agente aduanal.
"Se entenderá que el agente aduanal es notificado personalmente cuando la notificación de los actos derivados del reconocimiento aduanero y segundo reconocimiento se efectúe con cualquiera de sus empleados o dependientes autorizados o de sus mandatarios.
"Asimismo, deberá usar el gafete de identificación personal en los recintos fiscales en que actúe; obligación que también deben cumplir sus empleados o dependientes autorizados y sus mandatarios."
A su vez, la regla 2.13.11. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2004, es del tenor literal siguiente:
"2.13.11. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 160, fracción VI, de la ley, los agentes aduanales y los aspirantes a ser designados como sus mandatarios, deberán cumplir con los requisitos y procedimiento siguientes:
"A. El agente aduanal deberá presentar solicitud ante la AGA, formulada en escrito libre con su firma autógrafa, así como la de los aspirantes a ser designados como sus mandatarios, acompañada de un disco flexible en el formato que cumpla con los lineamientos que determine la Administración Central de Informática de la AGA, el cual deberá contener la información que se solicita en la presente regla. La solicitud podrá ser enviada a la AGA a través de servicio de mensajería.
"La solicitud deberá contener la siguiente información:
"1. Señalar su nombre completo, RFC, CURP, número de patente, aduana de adscripción, número de autorización para actuar ante aduanas adicionales, en su caso, aduanas autorizadas, el domicilio desde el que transmitan para validación los pedimentos en cada una de las aduanas autorizadas, el nombre de las personas que han fungido como sus representantes o mandatarios, el periodo en el cual tuvieron dicho carácter y las aduanas ante las cuales actuaron, así como el domicilio para oír y recibir notificaciones.
"2. Señalar el nombre completo, RFC, CURP y el domicilio particular de cada uno de los aspirantes a mandatarios, así como en el caso de que los mismos hayan fungido como representantes o mandatarios de otro agente aduanal, se deberá indicar el nombre del agente aduanal, especificando el periodo y las aduanas ante las cuales actuaron como representantes o mandatarios.
"3. Manifestar la opción elegida conforme a lo siguiente:
"a) Que su aspirante sustente un examen que constará de dos etapas, una de conocimientos y una psicotécnica que aplicará la AGA, o
"b) Que su aspirante sustente únicamente la etapa psicotécnica que determine la AGA, siempre que el aspirante cuente con la certificación de la Norma Técnica de Competencia Laboral (NTCL), emitida mediante publicación en el DOF por el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (Conocer).
"B. También se deberán anexar a la solicitud los siguientes documentos:
"1. Constancia en original, con la cual se acredite que el aspirante cuenta con experiencia en materia aduanera mayor de dos años y que contenga los datos generales de la persona física o moral que la expide.
"2. Currículum vitae del aspirante a mandatario.
"3. Copia de la constancia de relación laboral existente entre el aspirante a mandatario y el agente aduanal, la cual podrá ser la inscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) o bien, del contrato de prestación de servicios.
"4. Copia de la cédula de identificación fiscal o constancia de inscripción al RFC del aspirante a mandatario.
"5. Copia de la CURP del aspirante a mandatario.
"6. Copia certificada del poder notarial que le otorgue el agente aduanal a los aspirantes a mandatarios, debiendo señalar en el mismo ‘que el poder se otorga para que el mandatario lo represente en los actos relativos al despacho de mercancías, en las aduanas ante las cuales se encuentra autorizado’, sin señalar el nombre de dichas aduanas, a fin de que el aspirante a mandatario lo pueda representar en las aduanas autorizadas, aun cuando éste lleve a cabo la modificación de sus aduanas adicionales.
"7. En los casos en que el agente aduanal hubiera manifestado en su solicitud, la opción señalada en el inciso b), numeral 3 del rubro A de la presente regla, deberá anexar el original del certificado de competencia laboral, emitido por el organismo de certificación acreditado por el Conocer, o bien, copia certificada por notario público del ejemplar original.
"C. Acreditados los requisitos anteriores y de acuerdo a la opción manifestada por el agente aduanal, conforme al numeral 3 del rubro A de la presente regla, el aspirante deberá cumplir con lo siguiente:
"1. Cuando el agente aduanal hubiera manifestado en su solicitud, la opción señalada en el inciso a) del numeral 3, el aspirante deberá presentarse a sustentar la etapa de conocimientos en la fecha, lugar y hora que previamente la AGA notifique al agente aduanal. En caso de que el aspirante apruebe la etapa de conocimientos, estará en posibilidad de presentar la etapa psicotécnica, en la fecha, lugar y hora que la AGA le señale para tal efecto.
"El aspirante al presentarse a sustentar la etapa de conocimientos y, en su caso, la psicotécnica, deberá entregar el original de la forma oficial 5, denominada ‘declaración general de pago de derechos’, que forma parte del anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004, en el cual se haga constar el pago del derecho por concepto de examen para aspirante a mandatario de agente aduanal que corresponda a cada una de las etapas en los términos del artículo 51, fracción III, incisos a) y b), de la LFD.
"2. Cuando el agente aduanal hubiera manifestado en su solicitud, la opción señalada en el inciso b) del numeral 3, se estará a lo siguiente:
"a) La AGA determinará el nombre de los aspirantes que deberán presentarse ante dicha unidad administrativa a sustentar la etapa psicotécnica, para lo cual se notificará al agente aduanal, la fecha, lugar y hora, en que deberán prese
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19549-f3db61cc/agentes-aduanales-y-sus-mandatarios-se-encuentran-bajo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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