PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. EL LEGISLADOR CUENTA CON UN MARGEN AMPLIO DE CONFIGURACIÓN, AL DEFINIR LAS TASAS Y TARIFAS.
AMPARO EN REVISIÓN 554/2007. SAÚL GONZÁLEZ JAIME Y OTROS.
CONSIDERANDO QUE:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 47, en relación con los artículos 14 a 18, todos ellos del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de septiembre de dos mil seis; y conforme a lo previsto en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, emitido el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se cuestionó la constitucionalidad de un ordenamiento federal, como lo es la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de dos mil cinco, así como las disposiciones de vigencia temporal del decreto de reformas a dicho ordenamiento para el ejercicio mencionado, subsistiendo el problema de inconstitucionalidad planteado.
Cabe señalar que en el caso en términos del punto tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, no se justifica la competencia del Tribunal Pleno para conocer del presente asunto, en virtud de que su resolución no implica la fijación de un criterio de importancia o trascendencia para el orden jurídico nacional ni reviste un interés excepcional.
SEGUNDO. Oportunidad del recurso. No es necesario analizar la oportunidad en la interposición del recurso, habida cuenta que el Tribunal Colegiado que conoció del asunto examinó dicha cuestión, concluyendo que el mismo fue presentado en los términos legalmente establecidos.
TERCERO. Precisiones en torno a la fijación de la litis. Previamente al estudio de las cuestiones planteadas en el presente asunto, resulta necesario precisar los argumentos que serán materia de estudio, considerando el acto reclamado, tal como es apreciado por este Alto Tribunal.
Lo anterior, en el entendido de que el tribunal revisor se encuentra obligado a advertir toda incongruencia y a otorgar claridad al fallo que a la postre se dicte, a fin de evitar ejecutorias forzadas que puedan llevar a un imposible cumplimiento.
Al respecto, resultan aplicables los criterios jurisprudenciales de rubros: "ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN O EL INDEBIDO ESTUDIO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD A LA LUZ DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, PUEDE SER SUBSANADA POR EL TRIBUNAL REVISOR."(8) y "SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO."(9)
En este contexto, debe apreciarse que las personas físicas quejosas señalaron como acto reclamado en el capítulo respectivo de su demanda de garantías, el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como el inciso h) de la fracción I del artículo segundo del "Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo y establece los subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso", relativo a disposiciones de vigencia temporal de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
En la sentencia recurrida, el Juez de Distrito reconoce como acto reclamado dichos numerales y procede al estudio de las cuestiones desarrolladas por las partes, concluyendo -en lo que hace al planteamiento de fondo- en el sentido de negar el amparo "... en contra de los actos que precisados quedaron en el resultando primero, por las autoridades señaladas en el cuarto considerando, por los argumentos contenidos en el último".
No obstante, debe tomarse en cuenta que, tras el análisis integral de la demanda de garantías, puede apreciarse que las quejosas, si bien identificaron como acto reclamado a los numerales indicados, enderezaron conceptos de violación en los que también se plantea la inconstitucionalidad de los artículos 116 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según su texto vigente en dos mil cinco.
Inclusive, el Juez de Distrito, en la parte considerativa de su sentencia, determinó que no resultaban inconstitucionales tanto los numerales señalados en el apartado correspondiente al acto reclamado, como los mencionados artículos 116 y 180 de la citada ley, lo cual no se vio reflejado con exactitud en el resolutivo, dado que el mismo se refiere a los artículos identificados en el resultando primero, en el que no incluye a los señalados en último término.
En este contexto, debe precisarse que el acto reclamado en el presente juicio de garantías lo constituyen los artículos 116, 177 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según su texto vigente en dos mil cinco, así como el inciso h) de la fracción I del artículo segundo del "Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo y establece los subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso", relativo a disposiciones de vigencia temporal de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
De la misma forma, el resolutivo segundo de la sentencia recurrida debe entenderse referido al acto reclamado, tal como ha sido precisado por este Alto Tribunal.
CUARTO. Problemática jurídica a resolver. Corresponde a esta Sala el análisis del agravio primero, vertido por la recurrente, tendente a combatir la negativa del amparo, a fin de dilucidar si los artículos 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil cinco, en relación con la fracción I, inciso h), del artículo segundo del "Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo y establece los subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso", relativo a disposiciones de vigencia temporal de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son violatorios de las garantías constitucionales de las que se duele la parte recurrente.
Asimismo, deberán ser analizados los agravios enderezados por los recurrentes, en los que afirman que el Juez de Distrito no estudió lo argumentado en la demanda de garantías sobre la base planteada en la misma, sino sobre argumentos distintos. De resultar fundada dicha consideración, corresponderá el estudio de los conceptos de violación omitidos por el juzgador de primera instancia.
QUINTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Los argumentos que serán estudiados en esta instancia son los que a continuación se sintetizan:
1. En primer término, deben tomarse en cuenta los planteamientos formulados por la parte quejosa a través de los conceptos de violación aducidos en la demanda de garantías.
1.1. En el primer concepto de violación, la parte quejosa aduce la inconstitucionalidad del "Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo y establece los subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso", precisando que el inciso h) de la fracción I del artículo segundo de las disposiciones de vigencia temporal para dos mil cinco, en relación con el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, resultan violatorios de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.
Señalan que se genera en su perjuicio una situación de desigualdad e injusticia tributaria en razón de lo desproporcional e inequitativo de las tarifas establecidas bajo los mencionados numerales, ya que -a juicio de la parte quejosa- los valores contenidos en las mismas son arbitrarios, al carecer de una base razonable.
Lo anterior -aducen los quejosos-, puesto que en cada tramo en que se contemplan valores de ingresos, entre el límite inferior y el superior no se guarda una razonable distribución entre una y otra categorías de la tarifa, la cual -afirman- sólo existe entre los ingresos contenidos en el primer y segundo rango, pero a partir del tercero, no se conserva una relación acorde con los principios constitucionales, lo cual desprenden del hecho consistente en que los rangos tercero y cuarto tienen un tramo menor, por lo que se reducen las posibilidades de ubicarse en éstos, antes de acceder al siguiente tramo, en el que la tributación es mayor.
Manifiestan que incluso en el quinto rango no se observa un límite superior, comprendiéndose entonces a toda una universalidad de contribuyentes con capacidades distintas.
Posteriormente, analizan las cuotas fijas que son aplicables en cada rango de la tarifa, afirman que éstas no guardan una razonable proporcionalidad entre sí; señalan que no son progresivas y que el aumento de la cuota, de un rango a otro, no es razonable; asimismo, que entre la quinta y la cuarta cuota hay una diferencia que resulta proporcionalmente inferior con las diferencias de las cuotas fijas de los rangos anteriores.
Por otra parte, los quejosos arguyen que el porcentaje aplicado sobre el excedente del límite inferior que contiene la tarifa, tampoco resulta progresivo y no se relaciona proporcionalmente de un rango a otro; inclusive, consideran que el aumento -es decir, la diferencia entre una tasa y otra, entre rangos- es menor en el último nivel e, inclusive, es una disminución en relación con el aumento entre otros rangos, lo que -a su juicio- implicaría que quien obtiene más ingreso paga menos impuesto.
En este sentido, aducen que la progresividad "se pierde", pues no hay un proceso ascendente en el gravamen de quien gana más, a lo cual contraponen que debe haber bases razonables para los distintos niveles de tributación.
Señalan que el trato que otorga el legislador es preferencial al establecer una cuota fija y un porcentaje sobre el excedente del límite, que resultan menores a los aplicados a quienes se ubican en rangos inferiores -con menores ingresos- y, en ese sentido, sostienen que la tabla en la que se contiene la tarifa no se apoya en una base razonable que responda a una finalidad económica o social, sino que provoca un perjuicio en los contribuyentes de menos ingresos, ya que -a su juicio- resulta claro que mientras más se avanza en la tabla, menor tasa proporcionalmente se entera.
Consecuentemente, sostienen que, aunque se pague más en los últimos rangos, la carga es mayor para quienes tienen menor capacidad, dado que quien obtiene menores ingresos, cuenta cualitativamente con más impuesto, lo cual conlleva un mayor sacrificio y un impacto más significativo.
Argumentan que la inequidad en los numerales controvertidos se evidencia por no considerar la situación objetiva de los contribuyentes y las condiciones en las que se ubican frente a la norma, inclusive, aducen que el primer nivel de la tarifa cuenta con valores "que no operan en la realidad", como acontece con el límite superior del mencionado rango, en el cual no tendría cabida ni siquiera el salario mínimo, de lo que desprende que se obliga a los causantes a ubicarse en los últimos tramos, cubriendo una contribución mayor.
Finalmente, los impetrantes de garantías afirman que el legislador no se sustenta en bases objetivas que justifiquen el trato diferenciado entre las categorías, ya sea que se trate de fines fiscales o extrafiscales.
1.2. En el segundo concepto de violación, la parte quejosa endereza argumentos tendentes a señalar la inconstitucionalidad del inciso h) de la fracción I del artículo segundo del decreto reclamado, relativo a las disposiciones de vigencia temporal de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aplicado en relación con el artículo 177 de dicho ordenamiento.
Los quejosos sostienen que tanto los ingresos comprendidos entre cada rango de la tabla, como las cuotas fijas contenidas en la tarifa y el porcentaje aplicado sobre el excedente del límite inferior, no guardan proporcionalidad razonable entre un rango y otro. En este sentido, de nueva cuenta detallan las diferencias existentes entre cada uno de los tramos, en términos de ingresos que abarcan cuotas fijas y porcentajes a aplicar sobre el límite inferior del ingreso.
Señalan que únicamente existe un aumento proporcional en las cantidades de los dos primeros tramos e, inclusive, aprecian disminuciones en los sucesivos. En este sentido, hacen valer que la diferencia entre el límite inferior y el superior de los primeros rangos es insignificante, con lo que se pone de manifiesto que en sus supuestos se halla únicamente un porcentaje menor de la población, mientras que el grueso se ubicaría en el tramo que abarca la tributación más alta -al treinta por ciento-.
En este sentido, señalan que en todos aquellos casos que corresponden a un ingreso mayor -según se describe en el párrafo que antecede-, la tributación terminaría dándose en términos equivalentes a los de una tasa fija. Consecuentemente -a su juicio-, se da un mismo trato entre causantes, a pesar de que las diferencias en capacidad sean "exageradamente notorias", con lo cual se vulnera la garantía de equidad tributaria.
Asimismo, los quejosos precisan que existen muy pocas probabilidades de ubicarse en los primeros tramos de la tarifa, y consideran inadecuado que haya más causantes que paguen conforme al último tramo, pues de ello resulta que quienes perciben menos quedan más afectados con el impuesto -con una carga mayor-, siendo que este sector de la población no debe tributar en la misma proporción que los asalariados que tienen una mayor capacidad contributiva, es decir, que perciben mayores ingresos.
Sobre el particular, aducen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la tarifa del impuesto sobre la renta a cargo de las personas físicas debe ser progresiva, a diferencia de la de personas morales, que puede ser fija, citando el precedente respectivo.
1.3. En el tercer concepto de violación, los impetrantes de garantías aducen la transgresión al principio de legalidad tributaria, en relación con la fracción VII del artículo 73 constitucional, por parte del inciso h) de la fracción I del artículo segundo del decreto reclamado, relativo a disposiciones de vigencia temporal de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con el "artículo único" del apartado "artículo tránsito dos mil cinco", aplicado en relación con los artículos 113, 116 y 177 de la ley mencionada, así como el inciso e) de la fracción I de las aludidas disposiciones transitorias.
Lo anterior, en virtud de que -según sostienen- los preceptos tachados de inconstitucionales son contradictorios y causan incertidumbre jurídica en cuanto a la forma de calcular el impuesto, ya que -afirman- el inciso controvertido deja sin efectos al artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, puesto que el tributo de dos mil cinco se calcula de conformidad con el artículo 177 vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, aplicando la tarifa que contiene no el artículo mencionado, sino la del inciso h).
De esta forma -a su juicio-, el legislador habría provocado que una disposición derogada -el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil cuatro- se aplique en el ejercicio de dos mil cinco, utilizándose el texto de dicho numeral y la tarifa del artículo segundo del decreto reclamado.
Por otro lado, los quejosos señalan que el artículo 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil cinco, establece otra forma de calcular el tributo para las personas físicas asalariadas, considerando el cálculo del impuesto local y la exclusión general elevada al año, lo que se establece a su vez en el artículo 113 de la ley en comento.
Proponen a continuación, tres formas de calcular el impuesto: conforme al artículo 177 de la ley de dos mil cinco; con el propio artículo 177, pero según el texto vigente en dos mil cuatro, utilizando la tarifa contenida en las disposiciones de vigencia temporal; y, finalmente, conforme al artículo 116 de la misma ley, a lo cual debe adicionarse la problemática consistente en que dicho numeral no fue "suspendido" o "derogado", por lo que deben considerarse elementos que no habrían entrado en vigor -como el impuesto local y la exclusión general-.
Con base en lo anterior, concluyen que las disposiciones reclamadas resultan oscuras y confusas, lo cual consideran contrario a la certeza jurídica que debe revestir a las normas de la materia tributaria, aduciendo que se encuentran imposibilitados para saber qué artículo es el que tienen que utilizar a fin de realizar el cálculo del impuesto anual.
1.4. Por conducto del cuarto concepto de violación, los quejosos arguyen la inconstitucionalidad del inciso h) de la fracción I del artículo segundo del decreto legislativo reclamado, en relación con el artículo 177 de la misma ley.
Ello, pues -a juicio de los quejosos- el mencionado precepto se contrapone al artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en virtud de la violación al principio de equidad tributaria, dado que otorga un trato inequitativo.
La violación aducida se da en razón de que, a pesar de que no existen diferencias tributarias entre los trabajadores residentes en México que obtengan ingresos por salarios, y los trabajadores no residentes que obtengan ingresos por salarios o prestaciones de un servicio personal subordinado, el artículo 180 mencionado exenta del entero de la contribución a estos últimos, por un ingreso determinado hasta cierta cantidad (ciento veinticinco mil novecientos pesos), sin otorgar una razón que justifique dicho trato preferencial.
En relación con lo anterior, afirman que el legislador no justificó la razón por la que creó dos categorías de contribuyentes o, cuando menos, no explicitó dicha justificación en el proceso de creación de la norma. En este sentido, plantean que no resulta suficiente el ser residente en otro país para que se estime que hay una justificación objetiva y razonable.
Por otro lado, plantean que también resulta injustificada la tasa máxima del quince por ciento que es aplicable a los ingresos de los asalariados no residentes, por la parte en la que se exceda el monto exento al que se ha hecho referencia.
Las distinciones de mérito son consideradas por los quejosos como tratos diferentes basados en razón de residencia o raza, siendo que -a su juicio- la obtención del mismo tipo de ingreso evidenciaría que el trato debe ser igual, dado que el lugar de residencia no implica una capacidad menor o mayor para tributar, siendo el caso que ningún tratado internacional llega a mencionar que debe darse un trato preferente para los residentes en el extranjero por salarios obtenidos en el territorio nacional.
Finalmente, señalan que el hecho de que los residentes en México efectúen deducciones personales no compensa la exención otorgada de forma discriminatoria a los residentes en el extranjero con ingresos generados en México.
2. En relación con dichos planteamientos, el Juez de Distrito formuló la respuesta que a continuación se sintetiza:
2.1. Primeramente, el Juez de Distrito se avoca al análisis de la certeza de los actos reclamados por los quejosos.
En ese contexto, ante la negación de la existencia del acto reclamado por parte del secretario de Hacienda y Crédito Público, y al no haber sido desvirtuada dicha negativa, el a quo decretó el sobreseimiento por lo que hace al acto reclamado respecto de la mencionada autoridad.
2.2. En relación con la procedencia del juicio de garantías, el a quo analiza las causales de improcedencia aducidas por las autoridades responsables -previstas por el artículo 73 de la Ley de Amparo, en sus fracciones V, XII y XVIII, esta última en relación con la fracción V del artículo 116 del mismo ordenamiento-, las cuales estima infundadas.
2.3. Posteriormente, el juzgador de primera instancia analiza los planteamientos de fondo formulados por los quejosos, en los términos que se describen a continuación:
2.3.1. En primer término, procede al estudio del tercer concepto de violación, el cual se encuentra encaminado a acreditar la violación a la garantía de legalidad tributaria.
En ese sentido, el Juez de Distrito señala que en la hipótesis, el legislador decidió derogar expresamente, a partir del ejercicio fiscal de dos mil cinco, las normas contenidas en los artículos 177 y 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigentes hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro.
Señala que, haciendo uso del principio de economía legislativa, en el artículo segundo del decreto legislativo reclamado, se hace la remisión de los dispositivos vigentes hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, aplicándose las nuevas tarifas para calcular el impuesto durante el ejercicio de dos mil cinco, es decir, el legislador -a través del mencionado numeral transitorio- otorgó para el año de que se trata, plena vigencia a las normas, lo que se traduce en que no se aplicarán los preceptos derogados, sino las dispuestas en los numerales transitorios.
Concluye que, si bien los preceptos vigentes a partir de dos mil cinco están derogados, lo cierto es que el legislador nunca utilizó dichos dispositivos para calcular el impuesto sobre la renta, y que no es vulnerado el principio de legalidad tributaria, ya que los elementos esenciales de la contribución se encuentran contemplados en la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya sea en su articulado o en las disposiciones transitorias o de vigencia temporal.
Cabe precisar que las consideraciones del juzgador a quo son esencialmente coincidentes con las del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dieron lugar a la tesis aislada P. XLV/2006, citada en la sentencia recurrida.
2.3.2. Enseguida, el Juez de Distrito se avoca al estudio conjunto de los conceptos de violación primero y segundo, relacionados con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria señalando que los mismos resultan infundados en virtud de lo siguiente:
El a quo afirma que -contrario al dicho de los quejosos- el principio de proporcionalidad no se ve transgredido, pues si los contribuyentes rebasan en una unidad el límite superior de un rango y quedan comprendidos en el siguiente, la tabla señala una cuota fija a aplicar, considerando que la tasa se emplea sobre el excedente del límite inferior en un porcentaje que refleja la capacidad contributiva.
Señala que el contenido de la tabla no puede ser considerado en forma aislada, ya que no se trata de una norma o disposición de carácter general técnico, sino que sirve de auxilio para determinar el tributo en cuestión.
Afirma que la capacidad contributiva no se determina únicamente por la cuantía de la renta obtenida, sino también por la fuente de riqueza de la que proviene o, incluso, por las especiales circunstancias que rodean su elaboración, por lo que el legislador puede establecer diversas categorías de causantes, a quienes otorgara un trato diverso atendiendo a las circunstancias que reflejen una distinta capacidad contributiva.
2.3.3. Finalmente, el Juez a quo analiza los argumentos referidos en el cuarto concepto de violación relacionados con el principio de equidad tributaria, los cuales estima infundados por las consideraciones que se sintetizan a continuación:
Señala que el derecho tributario internacional permite que un Estado pueda imponer determinada prestación pública patrimonial sobre hechos o valores económicos realizados en el extranjero, para lo que se requiere que la hipótesis de sujeción denote algún nexo o relación real con el territorio nacional, en especial, que el sujeto pasivo del gravamen tenga residencia en el país.
Manifiesta que los residentes en el extranjero están sujetos al impuesto sobre la renta por todos los ingresos obtenidos o situados en el territorio nacional y, bajo el principio de renta mundial, se presume que tributarán en el Estado de residencia. De ahí la diferenciación que se hace respecto de este tipo de contribuyentes en relación con los demás sujetos pasivos del impuesto.
Asimismo, el Juez de Distrito advierte que los Estados han configurado el gravamen sobre ingresos obtenidos por personas no residentes, mismo que justifica el tratamiento tributario, a pesar de que realicen el mismo hecho imponible respecto de los residentes nacionales.
Sostiene que los artículos 177 y 180, fracciones II y III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al prever diferentes tasas o tarifas entre los residentes en México y los extranjeros, no son contrarios al principio de equidad tributaria, ya que ambos tipos de contribuyentes poseen características propias, por lo que no son idénticos, tal como se desprende de las condiciones en las que perciben sus ingresos y de los principios que en cada caso rigen, mismos que son desprendidos del análisis realizado por el a quo de las disposiciones aplicables de los títulos IV y V de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como del correspondiente a los procesos legislativos respectivos.
Concluye estableciendo que las normas reclamadas no violentan el principio aludido, ya que la exención de que se trata obedece a fines de política fiscal, seguidos para evitar la doble imposición internacional de los no residentes sin establecimiento permanente en territorio nacional.
3. Los razonamientos de la recurrente, encaminados a combatir la negativa del amparo, son los que se sintetizan a continuación:
3.1. Por conducto del primer agravio, la parte recurrente combate la resolución del Juez de Distrito, sosteniendo que la sentencia no se encuentra ajustada a derecho.
En primer término, porque el a quo realizó un análisis incorrecto de las disposiciones reclamadas a través de su demanda de garantías, al considerar que se invocó la falta de proporcionalidad y equidad de la tarifa contenida en el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues -sostienen- lo que verdaderamente impugnaron fue la falta de progresividad del inciso h), fracción I, del artículo segundo de las disposiciones de vigencia temporal del decreto legislativo de reformas.
Así, los recurrentes afirman que los fundamentos y razonamientos esgrimidos por el Juez de Distrito se encuentran viciados, puesto que irían encaminados a resolver una cuestión distinta a la planteada y, por ende, consideran que el a quo fue omiso en pronunciarse respecto de la falta de progresividad en los rangos de la tarifa contenida en el numeral tachado de inconstitucional.
En esta línea, argumentan que lo que hicieron valer fue que en la tasa aplicada sobre el excedente del límite inferior de cada rango, no se guarda progresividad, violándose el principio de igualdad vertical, ya que no hay un proceso ascendente en el gravamen de las personas que ganan más, otorgándose un beneficio únicamente a ciertos contribuyentes.
Señalan que el a quo no toma en cuenta que el legislador omitió considerar un mínimo de subsistencia contemplado en todos los sistemas tributarios, el cual debe tender a satisfacer las necesidades primarias; asimismo que la tributación que se desprende de la tabla que contiene la tarifa combatida representa un sacrificio mayor en comparación con las personas que se colocan en el mismo rango, pero con ingresos más elevados.
Atinente a la reflexión anterior, afirman que el juzgador de primera instancia se equivocó, pues no toda violación a los principios de proporcionalidad y equidad se actualizan por los saltos de rango; abundan sobre este punto, señalando que las consideraciones del Juez de Distrito son erróneas, dado que no basta considerar conjuntamente a los elementos de la tabla en la que se describe la tarifa, sino que resulta necesario que los mismos guarden una "progresividad proporcional entre sí".
Los quejosos insisten en la argumentación que sostiene que la tarifa combatida no conserva una "progresividad proporcional", dado que los tramos que existen en cada rango no se manifiestan constantes ni sistemáticos, con lo que se provoca que la generalidad de los causantes se ubiquen en el último renglón o rango, lo cual -a su juicio- tiene como efecto que la tarifa se asemeje más a una tasa.
Sobre esta misma línea, reiteran que el legislador federal omitió tomar en cuenta el mínimo de subsistencia -el cual estiman que asciende a cinco mil pesos mensuales-, en lo cual apoyan su conclusión de que la tarifa resulta inconstitucional, analizando la circunstancia en la que tributan dos personas: una que percibe siete mil seiscientos dieciséis pesos mensuales, frente a otra que ingresa trescientos mil pesos, siendo que para la primera no quedaría con el monto necesario para subsistir, al ser gravado desde el primer peso.
Concluyen señalando que dos personas con ingresos tan dispares no pueden resentir el mismo impacto a través de la tributación, pues para el primero de ellos existe un sacrificio mayor, dado que el impuesto pesa sobre recursos que "quizá" sean "más indispensables" para la persona de menores ingresos, de lo que desprenden que no es cierto que las personas que obtienen más ingresos, paguen más impuestos al fisco federal, en términos de la afectación cualitativa que se aprecia en cada caso.
3.2. En el segundo agravio, la recurrente combate el pronunciamiento del Juez de Distrito estimando que, en contravención a los artículos 77, fracción I y 78 de la Ley de Amparo, el a quo no otorgó el valor probatorio que le correspondía a la prueba pericial ofrecida por los quejosos y, en ese sentido, no se pronuncia respecto de la mencionada probanza.
4. Los argumentos desarrollados por el Tribunal Colegiado que inició en el conocimiento del presente asunto, son los siguientes:
El Tribunal Colegiado advierte que resulta innecesario el estudio de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23042-af4a5620/proporcionalidad-tributaria-el-legislador-cuenta-con-un-margen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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