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Modo: Corpus Pro

RENTA. LA FALTA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA APLICAR LAS TARIFAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 113 Y 177 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN RELACIÓN CON LAS FRACCIONES I Y III DEL NUMERAL SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES DE VIGENCIA ANUAL DEL DECRETO DE REFORMAS A DICHA LEY, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE DICIEMBRE DE 2005, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2006).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1344/2006. · Registro digital (IUS): 20401
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, , Pág. 515.

AMPARO EN REVISIÓN 1344/2006. JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo previsto en el punto cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, publicado el veintinueve de junio siguiente en el Diario Oficial de la Federación; en la medida en que se interpuso contra una resolución dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se planteó la inconstitucionalidad de los artículos 113, 177, 180 y segundo de las disposiciones de vigencia anual de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil seis; y si bien subsiste en este recurso el problema de constitucionalidad planteado, el Tribunal Pleno acordó en sesión privada del seis de febrero de dos mil siete, que los asuntos que versen sobre dicha temática, se turnen a esta Sala.

SEGUNDO. Resulta innecesario analizar la oportunidad en la presentación del recurso de revisión, en virtud de que el Tribunal Colegiado del conocimiento se ocupó de dicho punto en el considerando segundo de la sentencia dictada en el toca 251/2006, visible en la foja 15 vuelta de los presentes autos, estimando que dicho medio de defensa se interpuso en tiempo y forma.

TERCERO. Resulta innecesario analizar el primer agravio en que la recurrente combate el sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito respecto del acto de aplicación de los artículos 113 y 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil seis, atribuída al secretario de Hacienda y Crédito Público, al jefe del Servicio de Administración Tributaria, al administrador local de Recaudación del Sur del Distrito Federal y al administrador local de Auditoría Fiscal del Sur del Distrito Federal, en virtud de que el Tribunal Colegiado del conocimiento analizó el argumento correspondiente en el considerando sexto de la sentencia dictada en el toca 251/2006.

CUARTO. En su segundo agravio, el recurrente aduce que los artículos 113 y 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, violan los principios de legalidad tributaria y seguridad jurídica contenidos en los artículos 31, fracción IV, 14 y 16 de la Constitución Federal, al pretender gravar un ingreso para efectos del impuesto sobre la renta sin que exista un procedimiento cierto y determinado para la aplicación de las tablas y tarifas contenidas en tales dispositivos legales para el cálculo de dicho tributo, por lo que se deja al arbitrio de las autoridades hacendarias la determinación de las cantidades alícuotas que deberán considerarse a partir de ese renglón.

Los artículos 113 y 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y segundo de las disposiciones de vigencia anual del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la citada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de diciembre de dos mil cinco, tildados de inconstitucionales, son del tenor siguiente:

"Artículo 113. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente.

"La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario, la siguiente:

Ver tarifa 1

"Artículo 177. Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando, a los ingresos obtenidos conforme a los capítulos I, III, IV, V, VI, VIII y IX de este título, después de efectuar las deducciones autorizadas en dichos capítulos, la utilidad gravable determinada conforme a las secciones I o II del capítulo II de este título, al resultado obtenido se le disminuirá, en su caso, las deducciones a que se refiere el artículo 176 de esta ley. A la cantidad que se obtenga se le aplicará la siguiente:

Ver tarifa 2

"Artículo segundo. Para los efectos de lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante el ejercicio fiscal de 2006, se aplicarán las siguientes disposiciones:

"I. Para los efectos del artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en lugar de aplicar la tarifa contenida en dicho precepto se aplicará la siguiente:

Ver tarifa 3

"...

"III. Para los efectos del artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en lugar de aplicar la tarifa contenida en dicho precepto se aplicará la siguiente:

Ver tarifa 4

Del análisis de las disposiciones transcritas se advierte, en lo que interesa, que los artículos 113 y 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con las fracciones I y III del artículo segundo de las disposiciones de vigencia anual, establecen las tarifas que se aplicarán para calcular la base gravable del impuesto sobre la renta para las personas físicas que prestan un servicio personal subordinado o asimilado.

Precisado lo anterior, se procede al examen de los planteamientos de constitucionalidad.

Resultan infundados los agravios consistentes en que los numerales 113 y 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con las fracciones I y III del artículo segundo de vigencia anual reclamados, violan los principios de legalidad tributaria y seguridad jurídica, por las razones siguientes:

En primer lugar, debe destacarse que el principio de legalidad tributaria se encuentra contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, que dispone que las contribuciones que se tiene obligación de pagar para los gastos públicos de la Federación, de los Estados y de los Municipios deben estar establecidas en ley; de aquí que los caracteres esenciales del tributo, así como la forma, contenido y alcance de esa obligación tributaria deben encontrarse consignados también, de manera expresa, en la norma legal, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de la autoridad fiscal aplicadora.

Íntimamente vinculado con el principio de legalidad tributaria se encuentra el de seguridad jurídica contenido en los artículos 14 y 16 constitucionales que, en su más elemental expresión, exige que la norma sea clara, inteligible o de fácil comprensión, a fin de que el resultado de su aplicación a un caso sea previsible.

Luego, para dar respuesta al anterior agravio es conveniente atender a las consideraciones vertidas por el Tribunal Pleno en las ejecutorias pronunciadas en sesión de dos de marzo de dos mil seis, en los amparos en revisión 1393/2005 promovido por Jorge Luis Monroy Daguerre y coagraviados y 1657/2005 promovido por José Lara Molina y coagraviados, de las ponencias de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Juan N. Silva Meza.

Tales consideraciones, en lo que interesa, son del tenor siguiente:

"... cabe destacar que los artículos 113, 114, 115, 177 y 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, contenidos en la disposición transitoria reclamada, prevén la mecánica para calcular la base gravable del tributo para las personas físicas que prestan un servicio personal subordinado o asimilado, y en ella se establecen tablas o tarifas que contienen rangos con precisiones de límite inferior, límite superior, cuota fija y por ciento sobre el excedente o sobre el impuesto marginal, cada uno de los cuales con una representación numérica o cifrada.

"No obstante lo anterior, no es indispensable que otra norma describa cómo se aplicarán las tablas o tarifas de mérito, pues al ser progresivas sólo basta que el contribuyente se ubique en el rango que le corresponde entre el límite inferior y superior, y si es el caso de que sobrepasa el límite inferior del rango respectivo, aplicar el por ciento sobre el excedente, y después la cuota que en ella se prevé, de tal forma que la propia tabla o tarifa es la que guía sobre el siguiente paso a desarrollar, una vez que el sujeto del impuesto se ubica en el rango que corresponde.

"Por estas razones, la disposición transitoria reclamada no vulnera el principio de legalidad tributaria, pues como se precisó en párrafos precedentes, ésta consiste en que se encuentren en ley los elementos esenciales de la contribución, y en la especie, la misma Ley del Impuesto sobre la Renta establece la mecánica para obtener la base gravable del impuesto y la tasa o tarifa aplicable, lo que significa que en ella sí se describe la forma y procedimiento con base en el cual los sujetos obligados deben contribuir al gasto público.

"Además, el hecho de que no se encuentren determinadas las operaciones aritméticas a realizar para la obtención del impuesto a pagar, tampoco vulnera el principio de legalidad tributaria, en la medida de que el legislador puede prever una mecánica general, aplicable para los que se ubiquen en las hipótesis normativas, con el propósito de obtener la base gravable y la tarifa respectiva, para evitar que quede a la libre apreciación de la autoridad fiscal el cálculo del tributo en cuestión, pero no puede llegar al extremo de que en la misma mecánica se establezcan los resultados de las operaciones aritméticas de todos los posibles supuestos que en la práctica puedan actualizarse, dado que el señalado principio no lo exige.

"Lo expuesto se robustece porque este Máximo Tribunal ha estimado que el hecho de que el legislador deba definir con precisión todos los conceptos esenciales del tributo no implica que se llegue al absurdo de exigirle que defina, como si se tratara de un diccionario, cada una de las palabras que emplea, si las que eligió tienen una utilización que revela que en el medio relativo son de uso común o de clara comprensión para todos sus destinatarios.

"Lo anterior se encuentra reflejado en la tesis aislada cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente:

"‘Novena Época

"‘Instancia: Pleno

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: III, febrero de 1996

"‘Tesis: P. XI/96

"‘Página: 169

"‘LEGALIDAD TRIBUTARIA. DICHA GARANTÍA NO EXIGE QUE EL LEGISLADOR ESTÉ OBLIGADO A DEFINIR TODOS LOS TÉRMINOS Y PALABRAS USADAS EN LA LEY. Lo que exige el principio de legalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, es que la determinación de los sujetos pasivos de las contribuciones, su objeto y, en general, sus elementos esenciales, se encuentren en la ley y para ello es suficiente que en ellas se precisen en forma razonable, de manera que cualquier persona de entendimiento ordinario pueda saber a qué atenerse respecto de sus obligaciones fiscales. No se puede pretender que se llegue al absurdo de exigir que el legislador defina, como si formulara un diccionario, cada una de las palabras que emplea, si las que eligió tienen un uso que revela que en el medio son de clara comprensión. De acuerdo con ello, expresiones como ‘uso doméstico’, ‘uso no doméstico’, ‘uso doméstico residencial’, ‘uso doméstico popular’ o ‘uso del sector público’ son, por sí solas, comprensibles, sin que pueda aceptarse que su empleo en la ley sea violatorio del principio de legalidad tributaria, ni tampoco exigirse que en la sentencia que establece estas conclusiones se definan esas expresiones, exactamente por la misma razón. Además, si las autoridades administrativas al aplicar las disposiciones relativas se apartan del contenido usual de las expresiones al examinar en amparo la constitucionalidad de las resoluciones relativas, la correcta interpretación de la ley bastaría para corregir el posible abuso, sin que ello pudiera significar que se hubieran delegado en las autoridades administrativas facultades legislativas y que, por ello, la ley fuera inconstitucional.’

"Dicho criterio es aplicable al caso, porque de igual forma el legislador no está obligado a definir cada una de las operaciones aritméticas que deban efectuar los contribuyentes para obtener el impuesto a pagar, ya que no se trata de establecer un manual de fórmulas y de posibles resultados, sino de que se establezcan los procedimientos por medio de los cuales se obtenga el cálculo del impuesto conforme a un mecanismo de clara comprensión, el que pueda ser aplicable para un sinnúmero de contribuyentes que se ubiquen en el supuesto normativo.

"De esta forma, la circunstancia de que el legislador no hubiere definido las operaciones aritméticas que derivaran de la aplicación de los mecanismos de tablas y tarifas establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, no puede traducirse en una violación al principio de legalidad tributaria, ya que se trata de procedimientos de fácil manejo en el medio jurídico fiscal.

"Así, es preciso reiterar que el principio de legalidad tributaria no exige que el legislador defina en ley los vocablos o locuciones utilizados en ella, pues tal exigencia tornaría imposible su función, traduciéndose en una tarea legislativa interminable y nada práctica que provocaría que no se cumpliera de manera oportuna con su finalidad de regular y armonizar, en el caso, las relaciones entre los gobernados y el Estado.

"Por ende, no puede ser una ley inconstitucional sólo por no prever las operaciones aritméticas de cada caso particular, según el procedimiento establecido en ella para determinar el impuesto a pagar, porque estos extremos no están contenidos en el principio de legalidad tributaria."

De las ejecutorias mencionadas derivó la tesis aislada que a la letra dice:

"RENTA. LA FALTA DE DESCRIPCIÓN EN LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO DEL PROCEDIMIENTO PARA APLICAR LAS TABLAS Y TARIFAS PARA EL CÁLCULO DEL TRIBUTO DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE PRESTAN UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO O ASIMILADO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005). El hecho de que dicha ley no detalle el procedimiento para aplicar las tarifas y tablas previstas en el artículo segundo, fracción I, incisos del e) al i), de las disposiciones de vigencia temporal del decreto de reformas de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de diciembre de 2004, no transgrede el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que prevé una mecánica general, aplicable para quienes se ubiquen en las hipótesis normativas, con el propósito de obtener la base gravable, a fin de evitar que el cálculo del tributo quede a la libre apreciación de la autoridad fiscal. Lo anterior es así, porque los artículos 113, 114, 115, 177 y 178 contenidos en el mencionado artículo segundo prevén la mecánica para calcular la base gravable del impuesto para las personas físicas que prestan un servicio personal subordinado o asimilado, así como las tablas o tarifas que contienen rangos con precisiones de límite inferior, límite superior, cuota fija y por ciento sobre el excedente o sobre el impuesto marginal, con una representación numérica o cifrada, lo que constituye un mecanismo de clara comprensión para el cálculo del impuesto, que puede ser aplicable a un sinnúmero de contribuyentes que se ubiquen en el supuesto normativo."(1)

Dicho criterio resulta aplicable al caso, porque el procedimiento para aplicar las tarifas que se examinaron en las ejecutorias de donde proviene, previstas en el artículo segundo, fracción I, de las disposiciones de vigencia temporal del decreto de reformas de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación de primero de diciembre de dos mil cuatro, es igual al que establecen los preceptos 113 y 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con las fracciones I y III del artículo segundo de las disposiciones de vigencia anual del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la citada ley, que prevén la mecánica para calcular la base gravable del tributo para las personas físicas que prestan un servicio personal subordinado o asimilado y las tarifas con precisiones de límite inferior y superior, cuota fija y por ciento sobre el excedente o sobre el impuesto marginal, con representaciones numéricas o cifradas cada uno.

Para aplicar las tarifas a que se refieren los mencionados artículos 113, 177 y segundo, fracciones I y III, basta que el contribuyente se ubique en el rango que le corresponde entre el límite inferior y el superior, y si es el caso de que sobrepasa el primero, se aplicará el por ciento sobre el excedente y después la cuota que en ella se prevé.

Ese mismo procedimiento deberá seguir el contribuyente que se ubique en el último renglón de las tarifas contenidas en las disposiciones que se examinan, que señalan un "límite inferior" y en la columna correspondiente al "límite superior" aparecen las palabras "en adelante", pues al igual que en los demás casos, el contribuyente que rebase el límite inferior deberá aplicar el por ciento sobre el excedente y después la cuota fija que para tal caso prevén las tarifas respectivas.

Por ello, si las tarifas de mérito son generales y dimanan de la técnica contable, desde esta óptica es clara la comprensión y aplicación del mecanismo establecido en las disposiciones legales examinadas, por lo que, contrariamente a lo aducido por la quejosa recurrente, tales numerales lejos de violar las garantías de legalidad tributaria y seguridad jurídica contenidas en los artículos 31, fracción IV, 14 y 16 constitucionales, cumplen cabalmente con lo ordenado por ellas.

QUINTO. Finalmente, cabe señalar que resulta infundada la parte conducente del segundo agravio en el que se insiste que el artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil seis, vulnera en perjuicio del recurrente el principio de equidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque a su parecer establece un trato diferenciado injustificado entre personas físicas residentes en México y personas físicas residentes en el extranjero, habida cuenta de que el Pleno de este Alto Tribunal, en sesión de dos de marzo de dos mil seis, al resolver los amparos en revisión 1234/2005, 1237/2005, 1242/2005, 1261/2005 y 1265/2005 de las ponencias de los señores Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio A. Valls Hernández, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Genaro David Góngora Pimentel, respectivamente, concluyó que la norma impugnada vigente en dos mil cinco, no transgrede el citado principio de justicia tributaria, lo cual resulta aplicable al presente caso, toda vez que la norma vigente en dos mil seis, no sufrió modificación sustancial.

De las referidas ejecutorias derivaron las jurisprudencias cuyos rubros, textos y datos de publicación a la letra dicen:

"RENTA. EL ARTÍCULO 180, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005). La señalada norma, que prevé una exención parcial en favor de las personas físicas residentes en el extranjero que perciban ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, no transgrede el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con las personas físicas residentes en México que obtienen ingresos por esos servicios. Lo anterior es así, ya que el trato diferenciado obedece a razones de política fiscal, en virtud de que con esa exención, vigente desde 1992, se armoniza la Ley del Impuesto sobre la Renta con los tratados para evitar la doble o múltiple imposición celebrados por México, esto es, se erigió como un medio, de carácter general, para evitar la doble imposición internacional en el impuesto sobre la renta, al incorporarse directamente en la legislación interna, procurando, además, dar un trato igual a todos los residentes en el extranjero aunque México no hubiese suscrito un convenio o tratado internacional de esa índole, ya que antes de hacerse general en la ley, a este beneficio sólo podían acceder aquellos residentes en países con los que México hubiese celebrado un tratado, y los demás se regían bajo el principio puro de imposición de la fuente, en el que tributaban sobre el total de los ingresos percibidos en el territorio nacional, puesto que tanto en el artículo 4o.-A de la anterior Ley del Impuesto sobre la Renta como en el 5o. de la vigente, se prevé en favor de los contribuyentes una preferencia de aplicación del tratado internacional sobre la legislación interna, si el primero puede serle más benéfico."(2)

"RENTA. LOS ARTÍCULOS 177 Y 180, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005).-Las citadas disposiciones, al establecer diferentes tasas o tarifas tratándose de personas físicas residentes en México que prestan un servicio personal subordinado, y de personas físicas residentes en el extranjero que prestan el mismo servicio, cuya fuente de riqueza se ubica en territorio nacional, no transgreden el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque si bien es cierto que ambos tipos de contribuyentes llevan a cabo el mismo hecho imponible, también lo es que tienen características propias suficientes para considerar que no son semejantes, pues tratándose de los residentes en el extranjero la base imponible se integra por los ingresos brutos obtenidos en el año calendario, a los cuales se les aplican, por regla general, diversas tasas de acuerdo con el monto percibido; mientras que los residentes en México tributan conforme las disposiciones del título IV, capítulos I, X y XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde a los ingresos acumulables se les restan las deducciones personales previstas en el artículo 176, en aras de obtener la base gravable del tributo, con lo que se evidencia que pagan éste sobre los ingresos netos percibidos; después se les aplica la tarifa contenida en el diverso precepto 177, menos los rubros del subsidio acreditable y crédito al salario previstos en el artículo 178, y además se permite acreditar el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero en términos del artículo 6o. de esa ley; lo que pone de manifiesto que no se encuentran en un mismo plano, circunstancia que se corrobora con el hecho de que los residentes en el extranjero, a diferencia de los residentes en México, estarán sujetos en su país al mismo impuesto sobre la renta por los ingresos percibidos en México, según el principio de renta mundial."(3)

En ese tenor, al existir pronunciamiento específico en el sentido de que el trato diferente en la tributación de las personas físicas residentes en México y en el extranjero, respecto de ingresos por salarios y en general por prestar un servicio personal subordinado, es justificado atendiendo a las circunstancias en que se genera el ingreso gravable en territorio nacional y, por tanto, no se vulnera el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En tal virtud, al haber resultado infundados los agravios examinados, en la materia de la revisión competencia de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe confirmarse la sentencia recurrida que negó el amparo solicitado.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve;

PRIMERO.-En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Martín González Fernández, respecto de los artículos 113, 177, 180 y segundo de las disposiciones de vigencia anual, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil seis.

Notifíquese y cúmplase; con testimonio de la presente ejecutoria, vuelvan los autos al lugar de su origen y en su oportunidad archívese el expediente.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Fernando Franco González Salas y presidenta Margarita Beatriz Luna Ramos. La señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos votó con salvedades. Fue ponente el señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel.

_____________

1. Publicada en la página 16 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, mayo de 2006, tesis P. XLVII/2006.

2. Publicada en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, mayo de 2006, tesis P./J. 59/2006.

3. Publicada en la página 11 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, mayo de 2006, tesis P./J. 58/2006.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20401-d8f81e0f/renta-la-falta-de-descripcion-del-procedimiento-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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