TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 14-B DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER QUE LOS AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS SE GRAVAN CON LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR SU VALOR TOTAL POR 0.16%, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004 Y 2005).
AMPARO EN REVISIÓN 2222/2005. RAMÓN ALBERTO MÁRQUEZ GALLEGOS Y OTROS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), constitucional, 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción II, en relación con el cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado el veintinueve de junio de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación; en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de garantías, en el que se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 1o., 1o. A, fracción II, 5o., 14-B y 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente en dos mil cinco, y si bien subsiste el problema de constitucionalidad planteado respecto de algunos de estos preceptos, resulta innecesario que su estudio sea abordado por el Tribunal Pleno dado que sobre el tema existen criterios que se han establecido, exactamente aplicables al asunto.
SEGUNDO. Los quejosos hicieron valer en los agravios, cuyo estudio corresponde a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, esencialmente, lo siguiente:
• Es incorrecta la determinación del Juez de Distrito al señalar que son infundados los conceptos de violación en los cuales los quejosos indican que: el artículo 5o. de la ley en comento, viola la garantía de equidad tributaria al otorgar un trato diferenciado para la determinación de la base del impuesto tratándose de vehículos blindados, así como el relativo a que también el artículo 14-B transgrede la garantía de mérito, al distinguir entre automóviles nuevos y automóviles nuevos eléctricos, puesto que contrario a la estipulación del juzgador, el fin extrafiscal no justifica la distinción del trato a los contribuyentes.
• Sí es inconstitucional el artículo 15-C de la ley que se reclama, toda vez que para aplicar el procedimiento ahí previsto se parte del valor inicial o factura de éste, situación que evidentemente no demuestra la verdadera capacidad del sujeto del impuesto, ya que se trata de un valor ficticio.
• Los artículos 5o. y 15-C de la ley que se impugna, sí son violatorios del principio de proporcionalidad, toda vez que para el pago del impuesto basta el aumento de una unidad del parámetro de medición de la base gravable para generar un cambio de rango que provoca un incremento en la tasa aplicable, lo cual no atiende la capacidad contributiva de los gobernados, ni otorga un trato equivalente a los que realizan el mismo hecho imponible, ya que al rebasar los contribuyentes en una unidad el límite superior de un rango y quedar comprendidos en el siguiente, les resulta un aumento considerable del impuesto a enterar, proporcionalmente mayor al incremento de la suma gravada.
TERCERO. Se considera conveniente destacar que el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito en el juicio de garantías, en lo que respecta a los actos atribuidos al secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, fue porque los peticionarios del amparo no demostraron encontrarse en los supuestos establecidos en los artículos 12, 14-A y 15-B de la ley impugnada.
Por otro lado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, además de analizar y confirmar el sobreseimiento antes precisado, también decretó el sobreseimiento en el juicio por lo que hace al artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación, lo que da lugar a que dicho sobreseimiento constituya una decisión inatacable.
Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 101/2002, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, septiembre de 2002, Novena Época, página 272, que dice:
"SOBRESEIMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DICTEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONFIRMANDO O REVOCANDO EL DECRETADO POR EL JUEZ DE DISTRITO, CONSTITUYE UNA DECISIÓN INATACABLE. De conformidad con lo establecido en el punto tercero, fracción I, del Acuerdo Número 6/1999, del veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se determina el envío de asuntos a los Tribunales Colegiados de Circuito, en los supuestos ahí referidos, cuando el Tribunal Colegiado de Circuito considere que no se surte la causal de improcedencia por la que se sobreseyó en el juicio de amparo, ni existe alguna otra o un motivo diferente que impida entrar al examen de constitucionalidad, revocará la sentencia recurrida, quedando a salvo la jurisdicción de este Alto Tribunal, y le remitirá el asunto, a menos que éste ya haya establecido jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad de que se trate, en cuyo caso el Tribunal Colegiado resolverá el asunto aplicándola. En congruencia con lo anterior, y tomando en consideración que el sobreseimiento es una materia de la que normalmente conocen los Tribunales Colegiados de Circuito como órganos terminales, se concluye que al confirmar dichos órganos jurisdiccionales, en observancia del indicado acuerdo, el sobreseimiento decretado por los Jueces de Distrito en la audiencia constitucional, o bien, al revocarlo, su decisión no podrá ser cuestionada, pues ya constituye una resolución inatacable para cualquiera de las partes que intervienen en el juicio."
En estos términos, el Tribunal Colegiado reservó jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para el análisis de constitucionalidad de los artículos 1o., 1o. A, 5o., 14-B y 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
CUARTO. Previamente al estudio de los agravios hechos valer por los recurrentes en el ocurso de revisión, debe precisarse que aun cuando el Tribunal Colegiado reservó jurisdicción para que este Alto Tribunal se ocupara del estudio del pronunciamiento del Juez de Distrito respecto de los artículos 1o. y 1o. A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, lo cierto es que de un examen minucioso de las argumentaciones formuladas en el recurso, se aprecia que en cuanto a dichos numerales, no se hizo valer alegación alguna.
Por tanto, ante la ausencia de agravio, debe quedar firme la negativa del amparo que se decretó en el juicio de garantías.
QUINTO. Los agravios sintetizados en el considerando segundo de este fallo, son infundados.
En efecto, respecto del primer agravio que formula la parte recurrente, cabe señalar que al margen de lo que se dice en el fallo recurrido, lo cierto es que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que no transgrede el principio de equidad, el trato diferencial que se otorga a los sujetos tenedores o usuarios de vehículos blindados, toda vez que ello obedece a razones de seguridad, justificación objetiva que el legislador tomó en cuenta en el momento de expedir esa regulación.
El criterio de mérito se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de identificación son del tenor siguiente:
"TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER UN TRATO DIFERENCIADO PARA SU PAGO RESPECTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003). La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no toda desigualdad de trato establecida en la ley supone una violación al principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias, sin que para ello exista justificación objetiva y razonable. En ese sentido, el artículo 5o., fracción I, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos no transgrede el citado principio constitucional al otorgar un trato diferenciado a los propietarios de vehículos blindados, consistente en que para el cálculo del impuesto relativo, la tarifa en él precisada se debe aplicar sobre el valor total del vehículo, sin incluir el valor del material utilizado para el blindaje, en virtud de que esa distinción obedece a que el legislador buscó, según se advierte de la exposición de motivos de 10 de noviembre de 1997, ampliar las alternativas de seguridad de los vehículos, por lo que al existir razones objetivas que justifican ese trato diferenciado, el precepto referido no transgrede el principio constitucional aludido." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, octubre de 2004, tesis 2a./J. 140/2004, página 443).
En atención a lo precedente, el agravio en estudio es infundado.
Por otra parte, en cuanto a que es inequitativo el artículo 14-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, toda vez que los tenedores de vehículos eléctricos pagarán el impuesto que resulte de multiplicar el valor total del automóvil por 0.16%, cabe señalar que independientemente de las consideraciones que al respecto sustentó el juzgador, lo cierto es que también esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que dicha argumentación es infundada, según se desprende de la tesis aislada cuyos rubro, texto y datos de identificación, son del tenor siguiente:
"TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 14-B DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER QUE LOS AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS SE GRAVAN CON LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR SU VALOR TOTAL POR 0.16%, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004). El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la Constitución Federal reconoce implícitamente la existencia de desigualdades económicas y materiales, y que el principio de equidad tributaria, contenido en su artículo 31, fracción IV, tiene como finalidad que los poderes públicos tomen en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados de igual forma, sin privilegio ni favor, por lo que tales supuestos constituyen criterios básicos de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. Así, si para efectos fiscales la equidad radica en la situación que guardan los gobernados ante la ley tributaria, quienes tengan un vehículo de características similares o le den un uso análogo guardan una situación de igualdad y deben recibir el mismo trato, a menos que existan situaciones de notorio beneficio o justificación social. En ese sentido, el artículo 14-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos no transgrede el referido principio constitucional, al otorgar a los propietarios de automóviles eléctricos nuevos el privilegio de pagar el impuesto a la tasa del 0.16%, pues el legislador quiso limitar el hecho imponible a la tenencia o uso de vehículos sobre los destinados sólo a ciertas actividades industriales, empresariales privadas y comerciales, y para uso particular, para lo cual, en ejercicio de la facultad que le asiste para configurar el objeto generador de la obligación tributaria, estableció un tratamiento diferenciado para el cálculo del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos tratándose de automóviles eléctricos nuevos, por razones de naturaleza social y ambiental." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de 2005, tesis 2a. XCVII/2005, página 540).
En otro aspecto, por lo que se refiere a que el artículo 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente en dos mil cinco, es contrario a los principios de equidad y proporcionalidad, porque al establecer la forma en que se actualizarán las cantidades a pagar con motivo del impuesto se toma en cuenta el valor inicial del vehículo, con lo cual no se grava el verdadero valor patrimonial del sujeto pasivo sino un ficticio.
Al respecto, cabe señalar que el agravio que antecede resulta infundado, toda vez que el procedimiento para calcular la base del impuesto contenido en el artículo 15-C de la ley de la materia, considera para tal efecto elementos objetivos que en un momento dado, tratan de reflejar la verdadera base contributiva del sujeto pasivo del gravamen, en virtud de que considera como valor del automóvil el señalado en la factura original, al que se le aplica un factor de depreciación, operación aritmética que da como resultado reconocer la disminución del precio del vehículo por el transcurso del tiempo.
Sirve de apoyo a la consideración anterior, la tesis aislada 2a. LXIII/2005, que a la letra dice:
"TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 15-C DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE UTILIZA PARA SU CÁLCULO EL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN QUE SE OBTENDRÁ CONFORME AL PROCEDIMIENTO AHÍ ESTABLECIDO Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 17-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004). El artículo 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, al establecer que tratándose de automóviles de fabricación nacional o importados de hasta nueve ‘años modelo’ anteriores al de aplicación de la ley, destinados al transporte de hasta 15 pasajeros, el impuesto se calculará tomando en consideración, entre otros, el factor de actualización, que será el correspondiente al periodo comprendido desde el último mes del año inmediato anterior a aquel en que se adquirió el automóvil, hasta el último mes del año inmediato anterior a aquel por el que debe efectuarse el pago, el cual se obtendrá conforme al artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello en virtud de que conforme a los artículos 1o. y 15-C, último párrafo, de la ley citada, los obligados al pago del impuesto son las personas físicas y morales tenedoras o usuarias de los vehículos señalados en ella, el cual debe enterarse por año calendario, y para efectos del factor de actualización los años de antigüedad se calcularán tomando como base el número de los transcurridos a partir del año modelo al que corresponda el vehículo; esto es, el legislador, además de prever que el precio total del vehículo pierde vigencia con el paso del tiempo -por lo que para que corresponda al valor actual de un automóvil usado primero debe procederse a realizar su depreciación-, estableció que dicho valor, una vez depreciado, debe actualizarse mediante la aplicación de un factor promedio en atención a los años de antigüedad del vehículo, con independencia del mes del año calendario en que se adquirió, pero tomando como base cierta su valor total, con la finalidad de obtener una base gravable acorde con la riqueza que representa para el contribuyente en el momento en que se actualiza la hipótesis de causación del tributo, con lo que se respeta su capacidad contributiva." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, junio de 2005, tesis 2a. LXIII/2005, página 242).
Sobre el particular, es conveniente señalar que aun cuando el criterio anterior se refiere a la legislación vigente en dos mil cuatro, dicha circunstancia es irrelevante en el caso a estudio, en atención a que se cuestionan los mismos aspectos que fueron desestimados en la tesis de mérito y, además, porque el texto legal del numeral que se impugna, en esencia, es el mismo.
Finalmente, en lo que atañe al último agravio hecho valer cabe señalar que es infundado, toda vez que el sistema tarifario que se establece en los artículos 5o. y 15-C de la ley que se reclama no eleva de manera desproporcional e inequitativa el monto de la contribución a pagar como lo aseveran los recurrentes, puesto que la tasa no se aplica al total de la base, sino únicamente a la porción excedente del límite inferior de cada rango, tratamiento que se concede a todos los sujetos pasivos de la relación tributaria, es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia que a continuación se reproduce:
"TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. LOS ARTÍCULOS 5o., FRACCIÓN I Y 15-C DE LA LEY QUE REGULA EL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004). Al establecer los artículos mencionados, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2003, las bases para calcular el impuesto relativo, respecto de automóviles de fabricación nacional o importados, de modelos hasta nueve años anteriores al de aplicación de la propia ley, destinados al transporte de hasta quince pasajeros, precisando que el valor del automóvil señalado en la factura original o carta factura se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo al año y modelo del vehículo, de conformidad con la tabla que establece el artículo 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y la cantidad que se obtenga de tal operación, por el factor de actualización; y que al monto resultante se le aplicará la tarifa a que hace referencia el artículo 5o. de la ley citada, no transgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributarias establecidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así porque el indicado artículo 5o., al cual remite el diverso 15-C, establece una tarifa para el pago del impuesto con base en una estructura de rangos, una cuota fija y una tasa que deberá aplicarse sobre el excedente del límite inferior, y si bien en esa estructura el aumento en una unidad del parámetro de medición de la base gravable origina un cambio de rango al rebasar su límite superior, no eleva de manera desproporcional o inequitativa el monto de la contribución a pagar respecto de la indicada en el renglón anterior, pues si los contribuyentes rebasan el límite superior de un rango y quedan comprendidos en el siguiente, los preceptos legales señalan una cuota a aplicar entre un límite y otro, en atención al porcentaje excedente del límite inferior, lo que refleja la capacidad contributiva real del sujeto obligado. Esto es, si bien se establece un límite inferior y uno superior entre los cuales deberá ubicarse la base gravable, también la tasa no se aplica a ésta en su totalidad, sino sólo a la porción excedente al límite inferior de cada rango." (Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de 2005, tesis 1a./J. 22/2005, página 458).
El criterio que antecede es aplicable por identidad de razón, ya que si bien se refieren a la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente en dos mil cuatro, lo cierto es que dichos numerales, en su parte conducente, son esencialmente similares en el año de dos mil cinco, además, las tesis aisladas y jurisprudencia son aplicables, puesto que en relación con los mismos preceptos vigentes en dos mil cuatro, sólo se modificaron los montos de la tarifa, mas no el sistema que prevén, en cuanto a los límites inferior y superior, cuota fija y tasa aplicable sobre el excedente del límite inferior, por tanto, las referidas disposiciones son constitucionales.
A mayor abundamiento, es menester destacar que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coincide con el criterio jurisprudencial antes señalado, según se desprende de la tesis aislada 2a. CX/2005, que al respecto dice:
"TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. LA TARIFA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005). El citado precepto establece una tarifa para el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, con base en una estructura de rangos, una cuota fija y una tasa que deberá aplicarse sobre el excedente del límite inferior, y si bien el aumento en una unidad del parámetro de medición de la base gravable origina un cambio de rango, al rebasar su límite superior, ello no eleva de manera desproporcional o inequitativa el monto de la contribución, respecto de la del renglón anterior, ya que se prevé una cuota a aplicar entre un límite y otro, en atención al porcentaje excedente del límite inferior, lo cual refleja la capacidad contributiva real del sujeto obligado, en virtud de que la tasa no se aplica al total de la base, sino únicamente a la porción excedente del límite inferior de cada rango, otorgándose un trato idéntico para todos aquellos contribuyentes que se encuentran en la misma situación frente a la ley. En consecuencia, la tarifa contenida en el artículo 5o., fracción I, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos no transgrede los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, noviembre de 2005, tesis 2a. CX/2005, página 56).
En este orden de ideas, el agravio en estudio es infundado.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Queda firme la negativa del amparo decretada en el juicio de garantías respecto de los artículos 1o. y 1o.-A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente en el año de dos mil cinco.
SEGUNDO.-En la materia de la revisión competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se confirma la sentencia recurrida.
TERCERO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ramón Alberto Márquez Gallegos, María de Jesús Lozano Ayala y José Manuel Pérez Lepe, en contra de los artículos 5o., 14-B y 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente en el año de dos mil cinco.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidenta Margarita Beatriz Luna Ramos. Fue ponente el señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19532-e8f3d9bf/tenencia-o-uso-de-vehiculos-el-articulo-14-b · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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