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Modo: Corpus Pro

DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 225/2005. · Registro digital (IUS): 22748
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, , Pág. 2168.

AMPARO EN REVISIÓN 225/2005. **********.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Por otra parte, este tribunal federal considera que son esencialmente fundados los argumentos que expone el recurrente para controvertir el sobreseimiento que decretó el Juez de Distrito, particularmente aquellos por los que sostiene que es incorrecta la apreciación relativa a que cesaron los efectos del acto reclamado, porque en autos del juicio de garantías no existe prueba alguna de que la autoridad responsable, Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, a quien se formuló la petición de veintiséis de octubre de dos mil cuatro, haya dado respuesta y la haya notificado personalmente a **********.

Sobre el particular, importa destacar que el denominado "derecho de petición", es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición de manera respetuosa y pacífica ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta congruente con su petición, que debe ser emitida en breve término por la autoridad.

Así se desprende del texto del precepto 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra ordena:

"Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

"A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario."

Muchos han sido los criterios aislados y jurisprudenciales que han emitido distintos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por virtud de los cuales, de una interpretación al precepto constitucional transcrito, han determinado cuáles son los requisitos que debe satisfacer la petición que formula el gobernado para que le asista la garantía de respuesta, y han definido las características de la contestación que debe dar la autoridad.

Así las cosas, si bien es cierto que el ejercicio del derecho de petición tiene la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, los elementos que deben contener una y otra son los que a continuación se apuntan.

La petición

• Debe formularse de manera pacífica y respetuosa;

• Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, y

• El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta.

La respuesta

• La autoridad debe emitir un acuerdo;

• Ha de producirse en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla;

• Tendrá que ser congruente con la petición;

• La autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos;

• No existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quién se formuló, a que provea necesariamente de conformidad con lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y

• La respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho y no por autoridad diversa.

Respecto de tales requisitos, resultan ilustrativos los siguientes criterios:

Jurisprudencia P./J. 42/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 126 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, que establece:

"PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular."

Tesis que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 127, Volúmenes 205-216, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que es del tenor literal siguiente:

"PETICIÓN, DERECHO DE. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD COMUNICAR AL INTERESADO, EN BREVE TÉRMINO, TANTO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA COMO, EN SU CASO, LOS TRÁMITES RELATIVOS A SU PETICIÓN. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide; impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo, también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Se viola la garantía que consagra el artículo 8o. constitucional cuando no se comunica por escrito algún acuerdo recaído a la solicitud; y la sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que se dio respuesta a la solicitud formulada por el gobernado, no es bastante para tenerla por cierta, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido la autoridad que se le formuló la solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la resolución respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario. Por último, el artículo 8o. constitucional se refiere, no sólo al derecho que los gobernados tienen para que se les haga conocer la resolución definitiva que pone fin a su petición, sino también a los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la sustanciación de un procedimiento, imponiendo a las autoridades la obligación de hacer saber en breve término a los interesados todos y cada uno de los trámites relativos a sus peticiones."

Tesis que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 21, Volumen 90, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice:

"PETICIÓN, DERECHO DE. AUTORIDAD RESPONSABLE. DEBE DEMOSTRAR QUE LA CONTESTACIÓN SE DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. El hecho de contestar por escrito una solicitud no significa forzosamente que el solicitante haya recibido la contestación; y como el artículo 8o. constitucional ordena, no sólo que toda petición que llene los requisitos a que se refiere ese precepto sea acordada, sino que el acuerdo se haga saber en breve término al peticionario, la autoridad responsable debe demostrar el cumplimiento de esta última obligación."

Tesis que sostuvo la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 17, Volumen 66, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que establece:

"PETICIÓN, DERECHO DE. SENTIDO. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional, tiende a asegurar un proveído sobre lo que se pide; es decir, sólo obliga a la autoridad a contestar oportunamente y en breve tiempo, por escrito, las promociones que se hagan; pero de ahí no se sigue que se viole el aludido artículo 8o. constitucional por el hecho de que la autoridad no resuelva precisamente en el sentido que quieran los interesados."

Tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 37, Volumen 62, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que literalmente establece:

"PETICIÓN, DERECHO DE. NOTIFICACIONES QUE DEBEN HACERSE DE LOS ACUERDOS QUE RECAEN A LAS SOLICITUDES. SU PRUEBA. El amparo que se pide porque la autoridad responsable no proveyó y contestó determinada solicitud, debe concederse al quejoso, aunque dicha responsable acredite con un anexo de su informe que proveyó a ese escrito, si no demuestra haber notificado el proveído o acuerdo que al respecto hubiere dictado, y no es de considerarse que la falta de aquella notificación se subsana con el informe justificado, en virtud de que no existe algún precepto legal que autorice a las autoridades responsables a reparar la violación de garantías en que incurran, mediante tal informe. Por tanto, el artículo 8o. constitucional debe cumplirse no sólo proveyendo el escrito o solicitud respectivo, sino también haciendo conocer el proveído personalmente y en breve término, al interesado para que a partir de esa fecha pueda hacer valer las defensas que considere oportunas."

Tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 138, Volumen CXXXII, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, que expresa:

"PETICIÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE LA PRUEBA DE QUE SE DICTÓ LA RESOLUCIÓN A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, le corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva, y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación."

Tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 39, Volumen CXXIII, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, que establece:

"PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión ‘breve término’ a que se refiere el artículo 8o. constitucional, es aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse."

Tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 43, Volumen LXXXVI, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, que establece:

"PETICIÓN, DERECHO DE. La garantía que consigna el artículo 8o. constitucional solamente se refiere a que la autoridad debe dar contestación por escrito y en breve término al peticionario, congruentemente con lo pedido; pero no a dar una contestación que invariablemente deba satisfacer a dicho peticionario, sino la que corresponda conforme a la ley que se invoque en la petición, puesto que, en caso de no acatarse la ley, ello seria violatorio del principio de legalidad que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, y en caso de que el peticionario estime que se viola ese principio, entonces lo que ha de reclamar ha de ser dicha garantía, pero no la consagrada por el citado artículo 8o."

Tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, Volumen LXXX, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, que expresa:

"PETICIÓN, DERECHO DE. El pretexto de los trámites por seguir para dar contestación a la solicitud formulada, no es suficiente para excusar la conducta de la responsable, la que debe hacer saber eso al ocursante para no incurrir en la violación constitucional."

Tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1059, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que establece:

"DERECHO DE PETICIÓN. Las garantías que asegura el artículo 8o. constitucional, consisten en que recaiga un acuerdo a la petición que se haga, pero no en que este acuerdo sea en determinado sentido."

Al respecto, se reitera que por escrito presentado ante la secretaría particular del Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero el veintiséis de octubre de dos mil cuatro, como se desprende del sello oficial de recibo (foja 6 del expediente de amparo), ********** solicitó al titular del Poder Ejecutivo estatal su intervención legal para que girara instrucciones a quien correspondiera y le fuera asignada al solicitante la plaza que dice le corresponde como licenciado en educación primaria conforme al plan de estudios mil novecientos noventa y siete, toda vez que desde el diecinueve de noviembre de dos mil tres, inició el tramite para la asignación de dicha plaza, sin que haya recibido respuesta alguna.

En el escrito por el que se formuló la petición, ********** señaló como domicilio particular el ubicado en **********, colonia Los Ángeles, en Chilpancingo, Guerrero; la petición se hizo al licenciado **********, precisamente en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, y de su lectura se desprende que los argumentos expresados por el solicitante reúnen las características de ser pacíficos y respetuosos.

Lo que se describe en los dos párrafos precedentes, evidencia que el ejercicio del derecho de petición consignado en el artículo 8o. constitucional, en cuanto a la solicitud de veintiséis de octubre de dos mil cuatro que suscribió **********, reúne los requisitos que jurisprudencialmente se han determinado necesarios para que se genere la correlativa obligación de la autoridad para emitir la respuesta, de acuerdo con lo que establece el segundo párrafo del arábigo en mención

Ahora bien, en lo que concierne a la pretendida respuesta, las documentales que se allegaron al expediente de amparo, revelan que la secretaria particular del gobernador turnó la petición de ********** al secretario de educación el ocho de noviembre de dos mil cuatro; el asesor en materia de recursos humanos de la Coordinación General de la Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación de Guerrero, el veintidós de noviembre del referido año, dirigió un oficio a **********, indicándole que su asunto estaba pendiente de solución porque la contraloría interna practicaba una investigación.

Finalmente, el director general de personal de la referida dependencia, en oficio de veinticinco de febrero de dos mil cinco que dirigió al quejoso, adujo que por recursos presupuestales no fue posible resolver de forma favorable la petición; sin embargo, dicho comunicado oficial no fue notificado personalmente al hoy recurrente porque, según consta en acta de veintiocho siguiente que suscribió el auxiliar laboral de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación de Guerrero, al constituirse en el domicilio que señaló el peticionario, se le informó que ya no habitaba en ese lugar.

Por tal razón, el director de personal de la Secretaría de Educación de Guerrero remitió las constancias respectivas al Juez de Distrito y le pidió que corriera traslado al impetrante por conducto de su apoderado (fojas 331 a 334 del expediente de amparo).

Así, lo que se sintetiza en los dos párrafos que anteceden permite conocer que efectivamente, la secretaria particular de la autoridad responsable dio trámite a la petición que formuló ********** el veintiséis de octubre de dos mil cuatro; sin embargo, no existe constancia alguna de que el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero haya formulado la respuesta que está obligado a emitir y comunicarla acorde con lo que ordena el segundo párrafo del artículo 8o. de la Carta Magna.

Aquí, conviene especificar que ********** ejerció el derecho de petición precisamente ante la autoridad denominada Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, no así ante su secretaria particular, el secretario de educación, el asesor en materia de recursos humanos de la Coordinación General de Administración y Finanzas, el jefe de departamento de educación normal o el director de personal, los cuatro últimos adscritos a la Secretaría de Educación de Guerrero; incluso, de las autoridades que se mencionan en este párrafo, el Juez de Distrito consideró, con el carácter de responsable, únicamente al primero de los mencionados, no así a los restantes, bajo el argumento de que en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, sólo al gobernador le reviste el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo indirecto 291/2004, porque ante él se ejerció el derecho de petición, determinación ésta que adoptó el juzgador federal en auto de diecisiete de noviembre de dos mil cuatro (foja 25 del expediente).

Por tal motivo, asiste la razón al recurrente cuando sostiene que no es verdad que hayan cesado los efectos del acto reclamado, al igual que cuando afirma que el Juez de Distrito rebasó la litis constitucional; lo que se afirma en la medida en que el acto reclamado se hizo consistir específicamente en la negativa injustificada en que incurrió el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero de dar una respuesta a la petición que se le hizo en escrito de veintiséis de octubre de dos mil cuatro, y de manera equívoca, el juzgador federal considera que el trámite que dieron la secretaria particular de la autoridad responsable y diversas autoridades de la Secretaría de Educación de Guerrero a la solicitud que externó **********, hace que la omisión del gobernador en comento cese en sus efectos, siendo que la conducta omisiva de una autoridad sólo puede ser desvirtuada por la actuación de la misma autoridad, no así de autoridades diversas que no fueron consideradas como responsables para efectos del juicio de garantías.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos, que como causal de improcedencia consigna la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, implica que los actos reclamados se deroguen o revoquen por la autoridad responsable y que con ello sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e imparcial, como si se hubiese concedido el amparo; así se desprende de la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2001, publicada en la página 882, Tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que expresa:

"CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria."

En ese orden de ideas, como lo afirma el recurrente, no es jurídicamente factible sostener que en el asunto que se revisa se actualizó la causal de improcedencia prevista por la fracción XVI del numeral 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que en autos del juicio de garantías no existe constancia alguna que demuestre que el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, autoridad responsable para efectos del juicio constitucional, porque fue ante quien se elevó la petición, haya dado respuesta o dictado el acuerdo que debió recaer a la solicitud que sometió a su consideración ********** el veintiséis de octubre de dos mil cuatro, menos aun está probada la notificación personal de la respuesta que por imperativo constitucional la referida autoridad está constreñida a emitir y notificar.

De hecho, ninguna de las constancias del juicio de garantías de origen evidencia la participación del Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero en la atención a la solicitud que se formuló en ejercicio del derecho de petición.

A lo anterior cabe agregar que, como lo sostiene el revisionista, no es jurídicamente factible considerar satisfecha la obligación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. de la Ley Suprema, con la participación de quienes se ostentaron como secretaria particular del gobernador, secretario de educación, asesor en materia de recursos humanos de la Coordinación General de Administración y Finanzas, jefe de departamento de educación normal y director de personal, los cuatro últimos adscritos a la Secretaría de Educación de Guerrero, en la atención de la solicitud que externó ********** en su escrito de veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

Ello es así, porque el único obligado a dar respuesta al peticionario es el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, no así alguna otra autoridad, y si bien es cierto que pudo haber delegado la atención de la solicitud que se le formuló, dado que es imposible jurídica y materialmente que el titular del Poder Ejecutivo estatal atienda la totalidad de los asuntos que plantean los gobernados de esta entidad federativa, lo cierto es que al juicio de amparo no se hizo llegar documental alguna que evidencie tal delegación y que ésta se haya comunicado al quejoso.

También importa destacar que, contrario a lo que sostuvo el Juez de Distrito, no es jurídicamente factible considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional, se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practicaron con motivo del juicio de amparo, como insostenible es que, a petición de una autoridad que no tiene reconocido el carácter de responsable y que, por tanto, no es parte del juicio de garantías, el juzgador constitucional ordene que se corra traslado al quejoso con documentos que aporta dicha autoridad, ante la imposibilidad que ésta alega de notificar personalmente al impetrante un comunicado oficial.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que sostuvo el Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, que se comparte, localizable en la página 66 del Volumen 87, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que es del tenor literal siguiente:

"PETICIÓN, DERECHO DE. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL QUEJOSO SE ENTERE A TRAVÉS DEL JUICIO DE GARANTÍAS DEL RESULTADO DE SU OCURSO NO LO SATISFACE.-El artículo 8o. constitucional es terminante al señalar que es obligación de la autoridad a quien se haya dirigido la petición, hacer conocer en breve término al peticionario el acuerdo escrito que le hubiese recaído, y por tanto, no basta para cumplir con la garantía prevista en el artículo 8o. de la Constitución General de la República, que el quejoso se hubiese enterado a través del juicio de garantías del resultado de su petición, supuesto que el precepto constitucional en cita, exige que la autoridad a quien se dirige la solicitud, sea la que dé a conocer al peticionario el acuerdo recaído."

Por consiguiente, es desacertada la conclusión a que arribó el Juez de Distrito en la sentencia recurrida cuando adujo que el quejoso:

"... tuvo conocimiento pleno de la respuesta con motivo de la vista que se le concedió respecto del contenido de los oficios 130.00.01/2004/777 y 130.02.03/2005/765, y que el quejoso desahogó por su propio derecho, en su escrito presentado el ocho de marzo del año en curso, además de que su autorizado **********, recibió copias simples de dichas documentales, el cuatro de marzo del año en curso."

En las narradas condiciones, lo procedente es, de conformidad con lo que establece la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, revocar la sentencia recurrida y conceder a ********** la protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, acorde con el segundo párrafo del precepto 8o. constitucional, en breve término dé respuesta a la petición que formuló el impetrante en escrito que se recibió en la secretaría particular de dicha autoridad el veintiséis de octubre de dos mil cuatro, en la inteligencia de que la respuesta debe ser congruente con lo solicitado, sin que se le constriña a pronunciarla en sentido alguno, más debe ser notificada de manera personal al quejoso.

No pasa inadvertido para este tribunal federal el hecho de que el recurrente, en su agravio, manifiesta que el Juez de Distrito, por lo voluminoso del expediente de amparo, tuvo flojera de analizar el fondo del asunto, que sólo buscó la manera de perjudicar al impetrante mediante la salida más rápida, esto es, el sobreseimiento, y que por ello resolvió de la manera que le convino, esto es, al emitir una sentencia carente de exhaustividad; que el a quo actuó con prepotencia, por capricho y que denota incapacidad jurídica, al haber evitado el examen escrupuloso de las constancias del juicio de garantías; que tampoco tuvo el valor jurídico ni la gentileza legal de haber ponderado todas las objeciones que hizo valer el quejoso en diversos escritos, porque de manera dolosa y de mala fe el juzgador federal demostró la intención de perjudicar al accionante del juicio de amparo.

Tales expresiones resultan innecesarias, al ser apreciaciones que contienen calificativos que, en lugar de crear convicción respecto del indebido actuar que el promovente atribuyó al Juez federal, demeritan el profesionalismo con que debe conducirse el quejoso y en nada favorecen los argumentos lógico jurídicos que se propusieron a manera de agravio.

Por tanto, este tribunal federal invita a ********** para que en lo subsecuente, en las promociones que formule ante los distintos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, se conduzca de manera respetuosa, como lo ordena el artículo 8o. constitucional que, paradójicamente, estima violado en su perjuicio.

En ese orden de ideas, debe quedar firmemente establecido que el sentido de esta ejecutoria obedece a las razones jurídicas que expresó el recurrente, no así a los calificativos que atribuyó al Juez de Distrito.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 79, 80, 85, fracción II, 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero, para los efectos expresados en el último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese; publíquese y anótese en el libro de gobierno de este Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al órgano jurisdiccional de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Xóchitl Guido Guzmán, Guillermo Esparza Alfaro y el licenciado Guillermo Sánchez Birrueta, secretario de tribunal en funciones de Magistrado, designado por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de mayo de dos mil cinco, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, siendo ponente el tercero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II y VI, 8, 13, fracción IV y 14, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22748-5f990a01/derecho-de-peticion-sus-elementos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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