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Modo: Corpus Pro

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL. SI ANTES DE QUE SE CUMPLAN LOS 5 AÑOS DE COMISIÓN DE DICHO ILÍCITO LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO TIENE CONOCIMIENTO DE ÉSTE Y DE SU AUTOR, AQUÉLLA SE REGIRÁ POR EL PLAZO DE 3 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE ESE MOMENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 257/2005. · Registro digital (IUS): 19568
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, , Pág. 1289.

AMPARO EN REVISIÓN 257/2005.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Por otro lado, no se comparte la decisión del Juez de amparo, en cuanto a decretar el sobreseimiento respecto del acto de ejecución atribuido al director ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral, con sede en Guadalajara, Jalisco, bajo el argumento de que éste reconoció la existencia de una orden de aprehensión, no del acto que se reclamó (auto de formal prisión); habida cuenta que adverso a lo anterior, se aprecia que el acto de ejecución que se le atribuyó, consistió en el cumplimiento al resolutivo quinto del auto de formal prisión reclamado, relativo a la suspensión de sus derechos civiles o políticos, por ello, si mediante oficio VE/1043/2004, el licenciado ... en su carácter de vocal ejecutivo y a la vez, presidente de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco, rindió su informe justificado y expresó que era cierto el acto reclamado, dado que el ocho de abril de dos mil cinco recibió el oficio 2769/2005, por el cual el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, le remitió copia certificada del auto de formal prisión dictado contra los quejosos, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de defraudación fiscal equiparada, para los efectos de la suspensión de los derechos políticos de los ciudadanos, de conformidad con el artículo 38, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso, acompañó copias certificadas de las constancias de mérito en las que se advierte dicha indicación (fojas 77 a 141); por tanto, es evidente que sí existe el acto de ejecución que se le atribuyó, el cual deberá seguir la misma suerte del acto reclamado a la ordenadora, dado que no se combatió por vicios propios.

Ahora bien, en torno al auto de formal prisión reclamado, procede atender en primer orden al motivo de inconformidad relativo a que la acción penal del delito de defraudación fiscal que se les atribuye ya prescribió, por ser una cuestión de estudio preferente, en acatamiento a lo que estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 61/98, lo cual es aplicable por analogía, la cual se halla publicada en la página 316 del Tomo X, noviembre de 1999, tesis 1a./J. 62/99, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:

"PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y OFICIOSO. Al combatir el libramiento de una orden de aprehensión como acto reclamado en el juicio de garantías, el quejoso está compareciendo ante los órganos de la autoridad pública en relación con el mandamiento de captura que se está reclamando y siendo la prescripción una figura procesal de estudio preferente y oficioso, el Juez de Distrito tiene la obligación de analizar tanto la legalidad del acto reclamado como los aspectos de competencia, requisitos de procedibilidad, causas de extinción de la acción penal, etc., obligación que en tratándose del juicio de garantías en materia penal, es más amplia, dado que el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo previene la suplencia de la queja aun la total, en beneficio del reo, es decir, ante la ausencia de conceptos de violación, por lo que si la violación alegada en agravio del quejoso, consiste en no haber cumplido la autoridad responsable con la obligación de declarar de oficio y aun sin haberse hecho valer, la extinción de la acción penal por prescripción, ya que antes de emitir un mandamiento de captura el Juez responsable, debe percatarse si la acción penal se encuentra o no prescrita, en virtud de que, de darse el primer supuesto, si se libra la orden de aprehensión, el acto deviene inconstitucional y conforme lo dispone el artículo 78 de la Ley de Amparo, el acto debe analizarse tal y como aparezca probado ante la responsable, esto es, a no allegarse de más pruebas que le permitan conocer los hechos, que de aquellas que formen parte de la averiguación previa. Por otra parte, en relación al amparo directo, la propia ley de la materia, en su artículo 183, exige que el tribunal supla la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción penal, el quejoso no la alegue; al existir la misma razón jurídica en el amparo indirecto, no hay obstáculo para realizar su estudio, sobre todo si lo alega el quejoso y las constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas y suficientes para dicho examen."

Los recurrentes aseveran que operó el fenómeno extintivo de la acción penal, en atención a que el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, que es el aplicable por tratarse de una ley especial, dispone que la acción penal prescribirá en tres años a partir del conocimiento que tenga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del delito y del delincuente, o en cinco contados a partir de que se comete el delito, si no existe dicho conocimiento, pero que de acuerdo a la interpretación que hizo el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, en la tesis que lleva la voz: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. DELITOS FISCALES QUE SE PERSIGUEN POR QUERELLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).", el término de tres años aludido debe estar comprendido dentro de los cinco años contados desde la fecha de consumación del delito (veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y nueve), no pudiendo rebasarlo, los cuales transcurrieron antes de que el agente del Ministerio Público ejerciera acción penal, pues ésta se ejercitó el dos de marzo del año dos mil cinco, sin que dicho plazo se haya interrumpido, atento a que el Código Fiscal de la Federación no contempla la interrupción de los plazos para la prescripción, que ni siquiera pudo haber sido interrumpido aun cuando se haya aplicado supletoriamente el Código Penal Federal, pues de conformidad con el artículo 100 de dicho ordenamiento, las actuaciones practicadas por el agente del Ministerio Público en la averiguación previa, no interrumpen dicho plazo, cuando son practicadas después de que pasó más de la mitad del lapso que se requería para la prescripción de la acción penal (tres años), y la presentación de la querella no es apta para interrumpir el término para que opere la prescripción; además, que el Juez de control constitucional indebidamente desestimó sus conceptos de violación, con base en la interpretación auténtica de la norma que dijo haber realizado, cuando ésta sólo puede ser efectuada por el propio legislador, aparte de que como se trata de un delito que no exige resultado, no era necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contara con el dictamen en el que se cuantificó el perjuicio que sufrió, para que tuviera conocimiento del delito y del delincuente (como erróneamente afirmó el Juez de amparo), sino que se debió contar el plazo de tres años a partir de que la referida secretaría tuvo conocimiento de los hechos delictuosos, así como del probable responsable, lo cual sucedió desde que recibió la declaración de la contribuyente, el dictamen elaborado por el contador de la contribuyente, los documentos que ésta le entregó y un disco magnético con la información de la contribuyente pero, incluso, para mayor certeza de que la Secretaría de Hacienda tuvo conocimiento desde antes de la recepción del dictamen de cuantificación del perjuicio, se observa que en la última acta parcial (diecisiete de octubre de dos mil uno), se asentó que el contribuyente visitado omitió declarar para efectos del impuesto en cuestión, la cantidad de $34'170,310, lo cual resultó de la comparación efectuada entre los ingresos acumulables determinados por la autoridad revisora contra los ingresos acumulables declarados por el contribuyente, lo que significa que inclusive si se partiera de esa fecha, el delito prescribió el dieciocho de octubre de dos mil cuatro.

En apoyo a lo que alega, cita los criterios que llevan las siguientes voces: "DOCTRINA PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS."; "PRESCRIPCIÓN. ACTUACIONES QUE NO LA INTERRUMPEN."; "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EL ARTÍCULO 110 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE PREVÉ SU INTERRUPCIÓN CUANDO SE PRACTIQUEN CIERTOS ACTOS PROCEDIMENTALES, NO TRANSGREDE LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 14 AL 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."; "PRESCRIPCIÓN EN MATERIA PENAL. NATURALEZA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO, NECESARIAS PARA INTERRUMPIR EL TÉRMINO DE LA (ARTÍCULO 110 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL)."; "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, TÉRMINO DE LA, EN DELITOS QUE SE PERSIGUEN A PETICIÓN DE PARTE, PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN FISCAL Y PENAL."; "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL."; "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA QUE FORMULA RESPECTO DE CONCEPTOS O EXPRESIONES CONTENIDOS EN LOS ACUERDOS QUE EXPIDE, DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA PROVEER Y RESOLVER SOBRE LOS ASUNTOS QUE LE CONCIERNEN."; "DOBLE TRIBUTACIÓN. LA APLICACIÓN DE LOS COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS DEL MODELO DE CONVENIO FISCAL SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, ELABORADO POR LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE), CONSTITUYE UN MÉTODO DE INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA."; "DEFRAUDACIÓN FISCAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DERIVADO DE SU NATURALEZA JURÍDICA SE DESPRENDE QUE ES UN ILÍCITO DE MERA CONDUCTA." y "AUDITORÍA ACTA FINAL DE. ES UN DOCUMENTO PÚBLICO."

Los argumentos antes reseñados son parcialmente fundados, pero a la postre inoperantes, por las razones que se expondrán a continuación.

Para una mejor comprensión del tema, cabe señalar que todo el ordenamiento jurídico, formado por disposiciones distintas, es uno y armónicamente dispuesto: algunas de esas leyes son independientes entre sí, y otras se hallan coordinadas de modo que se integran o se excluyen recíprocamente. Entonces, debe decidirse cuál de las normas del ordenamiento jurídico, concurrente en el mismo tiempo y lugar, es la aplicable al caso concreto, esto es, debe establecerse cuándo una disposición consiente o excluye la coetánea o sucesiva aplicación de otra, respecto a la misma situación de hecho que regulen. A esto se le conoce como conflicto aparente de disposiciones penales, la que no sólo se presenta en orden a los tipos delictivos, sino en cuanto a los preceptos de la parte general (una circunstancia agravante o atenuante o, como sucede en el caso, sobre la prescripción de la acción penal, por ejemplo). Se afirma que es un conflicto aparente, porque el ordenamiento jurídico ofrece, ya sea explícita o implícitamente, criterios para determinar la aplicabilidad de una u otra disposición penal en el caso concreto. En la materia penal sustantiva federal, para dilucidar qué norma debe prevalecer cuando se presenta una concurrencia de normas sobre un mismo punto, como el Código Penal Federal, en su artículo 6o., dispone: "Cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero sí en una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán éstos, tomando en cuenta las disposiciones del libro primero del presente código y, en su caso, las conducentes del libro segundo. Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general."

Así pues, en el caso, la concurrencia de normas se resuelve atendiendo al principio de especialidad, que estriba en que cuando una misma materia está regulada por dos leyes o disposiciones de ley, la legislación o la disposición especial será la aplicable: lex specialis derogat legi generali. Se dice que dos leyes o dos disposiciones legales se hallan en calidad de general y de especial, cuando todos los requisitos del tipo general están inmersos en el especial, en el que figuran además otras condiciones calificativas en virtud de las cuales la ley especial tiene preferencia sobre la general en su aplicación. Las dos disposiciones pueden ser integrantes de la ley o de leyes distintas; pueden haber sido promulgadas al mismo tiempo o en época diversa, y en este último caso, puede ser posterior tanto la ley general como la especial; sin embargo, se necesita que ambas estén vigentes contemporáneamente en el instante de su aplicación, porque, en el supuesto contrario, no sería un caso de concurso, sino que se presentaría un problema de la ley penal en el tiempo. En el caso concreto, la figura extintiva de la prescripción de la acción penal, cuando se trata de delitos de querella, se encuentra regulada por el artículo 107 del Código Penal Federal, que dispone: "Cuando la ley no prevenga otra cosa, la acción penal que nazca de un delito que sólo pueda perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en un año, contado desde el día en que quienes puedan formular la querella o el acto equivalente, tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en tres, fuera de esas circunstancia. ...". Igualmente, el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación establece: "La acción penal en los delitos fiscales perseguibles por querella, por declaratoria y por declaratoria de perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, prescribirá en tres años contados a partir del día en que dicha secretaría tenga conocimiento del delito y del delincuente; y si no tiene conocimiento, en cinco años que se computarán a partir de la fecha de la comisión del delito. En los demás casos, se estará a las reglas del Código Penal aplicable en materia federal.". Como se aprecia de ambas transcripciones, los requisitos previstos en el primero de los numerales están inmersos en el segundo, pues en los dos casos se establece que los delitos perseguibles por querella son prescriptibles en un tiempo determinado contado a partir de que se tenga conocimiento del hecho delictuoso y en otro plazo, si no se tuvo tal conocimiento. Empero, las particularidades que vienen a distinguir a ambos dispositivos legales, aparte de los plazos, es que el segundo se refiere a los delitos previstos en ese código perseguibles por querella, por declaratoria o por declaratoria de perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que desde luego lo hace más específico en relación con el primero, que se refiere a los delitos en general previstos en el Código Penal Federal.

En esas condiciones, en virtud de que los artículos 107 del Código Penal Federal y 100 del Código Fiscal de la Federación están vigentes contemporáneamente para aplicarse sobre una misma materia, como lo es la prescripción de la acción penal por los delitos de querella, debe estimarse que en el caso prevalece el dispositivo legal mencionado en segundo término, porque al referirse a los delitos fiscales perseguibles por querella, declaratoria o declaratoria de perjuicio, en lo particular, es menos general que el primero y excluye su aplicación, de conformidad con lo establecido por el artículo 6o. del ordenamiento penal en cita; aunque en los demás casos (no previstos en el citado precepto del Código Fiscal de la Federación) remite a la aplicación de las reglas del Código Penal aplicable en materia federal, pero en cuanto al plazo para que opere la prescripción de la acción penal en delitos que exijan la querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -como lo aducen los disconformes- debe aplicarse el referido Código Fiscal, dado que ambas leyes prevén el mismo tema; incluso, cabe aclarar que el aludido artículo 100 no se refiere al término del que dispone la secretaría de Estado para formular la querella respectiva, sino que establece el término para que prescriba la acción penal en los delitos que requieran querella, pues para corroborarlo basta recurrir al dictamen emitido por las comisiones dictaminadoras, en relación con la iniciativa del Código Fiscal de la Federación, en el que se precisó lo siguiente: "... Por lo que respecta a la acción penal que nazca de delitos fiscales que sean perseguidos por querellas, cuando se tenga conocimiento del delincuente prescribirá en un lapso de tres años, cuando no se tenga conocimiento en cinco años ..."; en consecuencia, la acción penal del delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, prescribe conforme a las reglas establecidas en el artículo 100 del propio ordenamiento.

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis III.2o.P.95 P, que sustentó este órgano colegiado, la cual se encuentra publicada en la página 1120, Tomo XVII, abril de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que se transcribe a continuación:

"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN DELITOS DE QUERELLA PREVISTOS POR EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE ATENDERSE AL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DE LA NORMA PARA RESOLVER SOBRE LA MISMA. El artículo 6o. del Código Penal Federal establece que cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general. A ello se le conoce como el principio de especialidad de la norma, que estriba en que todos los requisitos del tipo general están inmersos en el especial, en el que figuran además otras condiciones calificativas en virtud de las cuales la ley especial tiene preferencia sobre la general en su aplicación. En el caso de la prescripción de la acción penal en los delitos de querella, ésta se encuentra regulada simultáneamente por los artículos 107 del Código Penal Federal y 100 del Código Fiscal de la Federación, puesto que ambos establecen que los delitos perseguibles por querella son prescriptibles en un plazo determinado contado a partir de que se tenga conocimiento del hecho delictuoso y en otro plazo si se ignoraba aquél. Empero, la particularidad que viene a distinguir a los citados dispositivos legales, aparte de los plazos, es que el segundo se refiere a los delitos perseguibles por querella en la materia fiscal, lo que, desde luego, lo hace más específico en relación con el primero y su aplicación es preferente cuando ha de resolverse sobre la prescripción de la acción penal respecto de este tipo de ilícitos, excluyendo desde luego a la norma general."

También se comparten las tesis que se localizan en las páginas 195 y 1084, Tomos VII, marzo de 1991 y XVIII, octubre de 2003, la primera en el Semanario Judicial de la Federación y la segunda en éste y su Gaceta, emitidas, respectivamente, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Octava y Novena Épocas, que llevan las siguientes voces:

"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, TÉRMINO DE LA, EN DELITOS QUE SE PERSIGUEN A PETICIÓN DE PARTE, PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN FISCAL Y PENAL. Tratándose de los delitos previstos en los dispositivos 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114 del Código Fiscal de la Federación, que en términos del numeral 92 se persiguen previa querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; para la prescripción de la acción penal, se debe atender a lo contemplado en el precepto 100 de la legislación en comento y no a las reglas que sobre el particular señala el artículo 107 del Código Penal Federal, porque el 6o. de este último cuerpo de leyes, atiende al principio doctrinario de que la ley especial prevalece sobre la general." y "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LEGISLACIÓN APLICABLE TRATÁNDOSE DE DELITOS FISCALES PERSEGUIBLES POR QUERELLA NECESARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Cuando se comete un delito no previsto en el Código Penal Federal, pero sí en una ley especial se aplicará ésta, observándose al mismo tiempo las disposiciones de dicho ordenamiento, pero cuando una materia se encuentre regulada por diversas disposiciones, la especial debe prevalecer sobre la general. No obsta a ello que la ley especial haga referencia expresa a la ley punitiva, pues debe entenderse que la aplicación de esta legislación como supletoria se hará en los supuestos no contemplados por la primera ley y que la complementará ante posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones. De esa forma, en lo relativo a los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación, el artículo 100 de dicha normatividad consigna reglas específicas en relación con la prescripción de la acción penal que deberán ser aplicadas a los delitos fiscales que se persiguen por querella necesaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y si bien expresamente establece la supletoriedad del Código Penal Federal, circunscribe dicha supletoriedad a los demás casos, es decir, para los delitos fiscales que no sean perseguibles por querella necesaria de la mencionada dependencia federal. Lo asentado encuentra justificación en el texto del artículo 6o. del Código Penal Federal, que establece que cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general. En esas condiciones, ya que tanto el Código Fiscal de la Federación como el Código Penal Federal establecen reglas de prescripción de la acción penal, se deben precisar en el caso concreto las reglas para la prescripción de la acción penal aplicables a los delitos perseguibles por querella, de aquellas que pueden serlo respecto de los delitos perseguibles de manera oficiosa. En esas condiciones, no obstante que el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, como el artículo 107 del Código Penal Federal establecen que los delitos perseguibles por querella son prescriptibles en un plazo determinado contado a partir de que se tenga conocimiento del hecho delictuoso y del delincuente, y en otro plazo si se ignoraban dichas circunstancias, la particularidad que diferencia a dichos dispositivos, aparte de los plazos, es que el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, se refiere a los delitos perseguibles por querella en materia fiscal, circunstancia que lo torna más específico en relación con el artículo 107 del Código Penal Federal, que si bien hace mención a los delitos cuya persecución depende de la necesaria querella, debe entenderse referido a aquellos cuya materia es distinta a la fiscal, por lo que resulta de preferente aplicación la legislación fiscal en lo relativo a las reglas sobre la prescripción de la acción penal respecto a ese tipo de delitos, excluyendo a la norma general. En esas condiciones, para efectos de analizar la operancia de la prescripción de la acción penal respecto de los delitos fiscales, cuya persecución sea por querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se debe acudir únicamente a las reglas específicas contenidas en el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación; la primera, de tres años contados a partir del día en que dicha secretaría de Estado tenga conocimiento del delito y de su autor; la segunda, de cinco años que se computarán a partir de la fecha de la consumación del delito."

Enseguida, cabe señalar que la prescripción de la acción es la prescripción de la pretensión punitiva, es decir, de la oportunidad para el ejercicio de la acción penal; la interrupción de dicho plazo, tiene el efecto de la pérdida del tiempo transcurrido, sin perjuicio de que éste pueda comenzar a correr de nuevo; conforme al Código Penal Federal, el hecho que interrumpe la prescripción está constituido por las actuaciones que se practiquen en averiguación del delito y de los delincuentes, mientras no dejen de practicarse, pues entonces el plazo comienza a correr de nuevo desde el día siguiente de la última diligencia. Si la práctica de esas actuaciones requiere previa resolución o declaración de alguna autoridad, las gestiones tendientes a recabarla tienen el efecto interruptor de aquélla.

Luego, se tiene que el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación establece que: "La acción penal en los delitos fiscales perseguibles por querella, por declaratoria y por declaratoria de perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, prescribirá en tres años contados a partir del día en que dicha secretaría tenga conocimiento del delito y del delincuente; y si no tiene conocimiento, en cinco años que se computarán a partir de la fecha de la comisión del delito. En los demás casos, se estará a las reglas del Código Penal aplicable en materia federal."; por lo que al regular la prescripción de la acción penal de los delitos perseguibles por querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establece dos reglas, la primera de tres años a partir de que dicha secretaría de Estado tenga conocimiento del delito y de su autor, mientras que la segunda de cinco que se computarán a partir de la fecha de la consumación del delito, ésta operará cuando la dependencia en cita no tenga el conocimiento del hecho delictuoso y de la persona que participó en su comisión; así, cuando han transcurrido cinco años contados desde la fecha de la comisión del delito, sin que la aludida dependencia del Ejecutivo Federal tenga conocimiento del delito y del delincuente, el ilícito prescribe conforme a la segunda de las reglas señaladas, pero cuando antes de que esto suceda (que se cumplan los cinco años de cuando se cometió el delito) la secretaría adquiere dicho conocimiento, entonces, la prescripción del delito se rige por la primera regla (tres años a partir de ese momento), no siendo posible que se tome en cuenta la fecha de la comisión del delito, por tratarse de un elemento que se prevé para la segunda hipótesis, ya que no pueden conjugarse las dos reglas, ya que en el referente temporal de tres años, éstos se deben computar a partir de que la secretaría en comento se hizo sabedora del hecho que podía ser constitutivo de un delito, así como del probable o probables responsables en su comisión, sin que interese la fecha en que prescribiría el ilícito conforme a la segunda regla (tomando como punto de partida la fecha de su comisión), sino que basta con que ese conocimiento se tenga dentro de los cinco años que prevé la segunda de las reglas, es decir, antes de que operara el fenómeno extintivo de la acción penal, para que el término para la prescripción del delito se rija conforme al plazo de tres años computados desde que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público adquirió el conocimiento de que se habla, aunque la fecha que resulte pudiera rebasar aquella en la que habría operado la prescripción conforme a la regla de cinco años contados desde la comisión del delito; sin que ello signifique que el plazo de tres años podrá empezar a contar en cualquier momento, sino que dicho término necesariamente tendrá que iniciar antes de que concluya el de cinco, pues transcurrido este último, la acción penal ya habrá prescrito y no podrá operar el término previsto en la primera regla (tres años); a mayor abundamiento, cabe destacar que las referidas reglas que prevé el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación para los delitos que requieran de la querella de la dependencia de mérito, son congruentes con las facultades que competen a la aludida secretaría, así como con el plazo del que ésta dispone para ejercer las mismas, ya que el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación señala que: "Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquel en que: I. Se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo. ..."; en concordancia con lo anterior, el artículo 30 del código invocado, señala que: "Las personas obligadas a llevar contabilidad deberán conservarla en el lugar a que se refiere la fracción III del artículo 28 de este código a disposición de las autoridades fiscales. Las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad deberán conservar en su domicilio a disposición de las autoridades, toda documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales. La documentación a que se refiere el párrafo anterior de este artículo y la contabilidad, deberán conservarse durante un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en la que se presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones con ellas relacionadas. ..."; por tanto, si la autoridad fiscal cuenta con cinco años para ejercer su facultad de comprobación en relación con el cumplimiento que hayan dado los contribuyentes o responsables solidarios de las obligaciones tributarias, ello significa que mientras no haya transcurrido dicho plazo (cinco años), puede revisar la actividad desplegada por el contribuyente en torno a sus deberes fiscales, encontrándose facultada para allegarse de los documentos, datos, dictámenes y pruebas necesarias, de conformidad con el artículo 42 del propio ordenamiento, por eso, si durante ese lapso se entera de un hecho que puede ser constitutivo de delito, así como de quién participó en su comisión, bien puede de forma inmediata formular la querella respectiva para que el agente del Ministerio Público lleve a cabo las investigaciones correspondientes, ya que la acción penal de ese delito prescribirá a los tres años de cuando tuvo ese conocimiento, no pudiendo cortar dicho plazo aun cuando se cumpla la fecha en que habría prescrito el delito conforme a la segunda regla, puesto que al adquirir el conocimiento del delito y del delincuente, dejó de regir la regla de cinco años, para operar la de tres años, y sólo cuando transcurren cinco años de la fecha en que se comete el delito, sin que la secretaría tenga el elemento cognoscitivo de mérito, entonces,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19568-eb5a97cf/prescripcion-de-la-accion-penal-en-el-delito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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