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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE APREHENSIÓN. SI EL INDICIADO DESCONOCE LOS FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE EL INFORME JUSTIFICADO Y PREVENIRLO PARA QUE AMPLÍE SUS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SALVO QUE DE SU LECTURA SE ADVIERTA QUE LOS ALEGATOS PLANTEADOS TIENDEN A REBATIR LAS RAZONES TORALES QUE LA SUSTENTAN O DE AUTOS SE DESPRENDA QUE TUVO CONOCIMIENTO DE SUS CONSIDERACIONES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 234/2005. · Registro digital (IUS): 21238
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, , Pág. 913.

AMPARO EN REVISIÓN 234/2005.

CONSIDERANDO:

III. Resulta innecesario transcribir la sentencia y los agravios correspondientes, toda vez que este Tribunal Colegiado advierte una violación a las normas del procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dejó sin defensa a la quejosa y trascendió al resultado del fallo.

En primer término, conviene precisar que la litis en el juicio de garantías se integra con los actos reclamados, las autoridades responsables y los conceptos de violación. En ese orden de ideas, es factible que el quejoso amplíe su demanda de garantías respecto de esos puntos integrantes de la controversia constitucional, cuando del informe justificado aparezcan datos que inciden en alguno de esos tenores, y éstos no son conocidos por el quejoso desde el inicio del juicio.

Así puede palparse de las razones que sustentan la jurisprudencia P./J. 14/2003, publicada en la página 13 del Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si bien se refiere al amparo directo, tales razones resultan aplicables por analogía; dicha jurisprudencia dice: "AMPLIACIÓN EN AMPARO DIRECTO. CUANDO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA LA LEY FIJE PLAZO, AQUÉLLA PROCEDE ANTES DE QUE VENZA ÉSTE. En el juicio de amparo directo la litis se integra con el acto reclamado del tribunal responsable y los conceptos de violación, sin tomar en cuenta el informe justificado, ya que éste, aunque tiene un propósito definido dentro del proceso de amparo, no es precisamente el de cerrar el debate, sino únicamente aportar información acerca de la existencia del acto, de la procedencia del juicio o de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. Por otra parte, si la Ley de Amparo otorga al gobernado acción para reclamar el acto de autoridad violatorio de sus garantías constitucionales y para ello le fija un plazo, resulta lógico considerar que durante todo el tiempo que dure el mismo puede, válidamente, promover su demanda. En congruencia con lo anterior, no existe inconveniente legal alguno para ampliar la demanda siempre que se promueva antes de que venza el plazo establecido por la ley para la presentación de ésta, a fin de que las cuestiones novedosas ahí introducidas formen parte de la controversia constitucional, pero después de dicho plazo ya no podrá, válidamente, admitirse, toda vez que la ampliación no debe traducirse en una extensión del plazo para pedir amparo, lo cual desnaturalizaría el sistema integral de las reglas procesales que rigen el juicio de amparo directo."

También establece lo anterior, la jurisprudencia P./J. 15/2003, publicada en la página 12 del Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional."

Las anteriores premisas han dado lugar a que se establezca que cuando del informe justificado se advierta la introducción de elementos nuevos a la litis constitucional o no conocidos por el quejoso, el Juez de amparo debe ordenar que se le notifique personalmente el acuerdo de vista respectivo, previniéndolo para que, en su caso, aclare o amplíe su demanda, respecto del punto que resulta novedoso, es decir, en relación con el aspecto no conocido por el peticionario de garantías que forma parte de la litis constitucional. Ello obedece a que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se considera que el acuerdo de vista respectivo se trata de una determinación de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales, está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado.

Así se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, publicada en la página 93 del Tomo XVIII, diciembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada."

Al respecto, también establece lo antes determinado la tesis aislada VI.2o.A.11 K, publicada en la página 1126 del Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. SI EN ÉL NO SE INTRODUCEN ELEMENTOS NUEVOS A LA LITIS CONSTITUCIONAL, NO ES NECESARIO QUE SU ARRIBO SE NOTIFIQUE EN FORMA PERSONAL. La facultad discrecional que otorga el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo al Juez de Distrito para ordenar que se haga personalmente determinada notificación ‘cuando lo estime conveniente’, no puede quedar sujeto a su voluntad o capricho, sino que, ajustándose a los dictados de la razón, debe ordenarla cuando así lo exijan las circunstancias. En tal contexto, si del informe justificado rendido por la autoridad responsable se advierte la existencia de un nuevo acto reclamado, de una diversa autoridad no señalada inicialmente por el agraviado o que mediante él se den a conocer los fundamentos y motivos del acto que impugna el quejoso y alegó desconocer, el Juez de Distrito deberá ordenar, con apoyo en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, la notificación personal de la llegada a los autos del informe justificado correspondiente, dada la trascendencia de tales cuestiones, por constituir la materia con que se ha de formar la litis constitucional, porque de proceder a su notificación por lista se dejaría en estado de indefensión al quejoso, ya que no tendría otro momento para combatir la aparición de una nueva autoridad responsable, acto reclamado o los fundamentos y motivos en que éste se sustenta; por el contrario, si del informe justificado no aparece la existencia de alguno de esos aspectos, resultaría innecesario que su arribo se notificara personalmente, por lo que en tal caso es correcto que la notificación relativa se haga mediante lista de acuerdos, sin que por ello se cause agravio alguno al inconforme; máxime si mediante el proveído que ordenara agregar al expediente el informe justificado, también se refiere a la audiencia constitucional, en virtud de que aquél no fue presentado con la oportunidad debida de ocho días de anticipación a la primera fecha señalada, tiempo suficiente para que la quejosa se impusiera del contenido de dicho informe y no quedara indefensa."

Las razones antes esgrimidas conducen a estimar que si el acto reclamado por el quejoso es una orden de aprehensión, el Juez de amparo, cuando recibe el informe justificado en sentido afirmativo del Juez responsable, debe ordenar la notificación personal al quejoso del auto de vista correspondiente, previniéndolo para que, en su caso, amplíe la demanda de garantías en cuanto a los conceptos de violación se refiere, pues debe tomarse en cuenta que el mandamiento de captura se notifica exclusivamente al Ministerio Público, lo que implica que, dado el sigilo que el Juez de instancia debe guardar al respecto, es una resolución que jurídicamente no es del conocimiento del inculpado, de tal forma que éste no puede conocer los fundamentos y razones de dicha resolución en el momento que formula su demanda de garantías, por tanto, no está en posibilidad de esgrimir conceptos de violación contra ellas desde un inicio; de ahí la necesidad de que la rendición del informe de la autoridad responsable donde reconoce la certeza del acto reclamado (orden de aprehensión), se notifique personalmente al quejoso, pues de lo contrario se le deja en total estado de indefensión, en virtud de que no cuenta con la posibilidad de combatir la resolución impugnada, precisamente porque no la conoce, lo que atenta con la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en los juicios de amparo en donde, de manera preponderante, su objetivo es tutelar las garantías fundamentales del gobernado, máxime si el acto que impugna el quejoso, y que implícitamente se observa lo ignora, es de vital importancia y trascendencia por constituir la materia con que se ha de formar la litis constitucional, misma que, dicho sea de paso, su objetivo principal es no dejar en estado de indefensión al quejoso; es por ello que con mayor razón, debe otorgarse a éste la oportunidad de conocerlo y, además, prevenirlo para, si lo estima conveniente, amplíe su demanda de garantías respecto de los conceptos de violación, pues de seguir con la práctica viciada de notificar por lista el informe que rinde la autoridad en donde acepta el acto que se le atribuye (orden de aprehensión), en el caso como el presente, en donde el peticionario no conoce la fundamentación y motivación de la orden de captura, tal circunstancia impide que salga a defender sus intereses de manera adecuada. A mayor abundamiento, el caso que nos ocupa podría comprender un supuesto análogo como cuando, en el informe justificado la responsable da a conocer los fundamentos y motivos del acto que impugna el quejoso, dado el sigilo que rige la resolución de que se trata.

Conviene establecer la salvedad que, si de la lectura de los conceptos de violación se desprende que formula conceptos de violación contra las razones concretas que fundamentan el acto reclamado o de autos se advierta alguna otra circunstancia que permita colegir que el quejoso tuvo conocimiento de las consideraciones del acto, a pesar de que no se ordenara su notificación, no será necesaria la prevención a que se alude.

Ahora bien, en el caso, la quejosa, al momento que presentó su demanda de garantías, no tenía conocimiento del acto reclamado, según puede desprenderse de la lectura de la misma: "IV. Acto reclamado. La ilegal orden de aprehensión dictada a la suscrita por la autoridad judicial ordenadora, por la presunta comisión de un delito de fraude específico, fraude procesal previsto por el artículo 386, fracción III, en relación con el 387, fracción X, del Código Penal Federal; de la autoridad ejecutora reclamo la privación de mi libertad personal a consecuencia del mandato de autoridad señalado antes. V. Antecedentes de los actos reclamados. A continuación y bajo protesta legal de conducirnos con verdad, informamos a usted C. Juez de Distrito que: Según he tenido conocimiento, agentes de la Policía de la Agencia Federal de investigaciones de la Procuraduría General de la República, se encuentran realizando pesquisas tratando de conocer mi domicilio, informando a las personas que han entrevistado de que el motivo de ello es que son portadores de una orden de aprehensión dictada por un Juez penal, el señalado como responsable. Dicha orden de captura debe ser ilegal, dado que no he cometido antisocial alguno que merezca la imposición de pena corporal alguna. De los actos reclamados tuve conocimiento el día 3 de mayo del 2005. En el caso a estudio, según he podido tener conocimiento, se me imputan los ilícitos patrimoniales que se describen en las disposiciones normativas que se transcriben a continuación: (se transcribe). Según he tenido conocimiento, todo el encauzamiento es motivado por la circunstancia de que ante el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, la suscrita ********** interpuso una demanda de garantías, misma que se radicó bajo el número de expediente 103/99; que dicho procedimiento lo motivó el que se embargaran en un procedimiento laboral bienes presuntamente de la empresa ********** propiedad de ********** y que dichos bienes hayan salido del patrimonio de la sociedad legal que tenía formada el referido, pues se ostentó la peticionaria de amparo como propietaria de dicho inmueble, argumentando que dicho procedimiento fue simulado. Ello motiva mi comparecencia a interponer esta demanda de garantías, para el efecto de que se me repare la violación constitucional que conforma esta reclamación y que provisionalmente las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y no sea la suscrita privada de mi libertad personal sino hasta en tanto se dicte resolución definitiva en esta instancia constitucional. VI. Conceptos de violación. Según lo determina el artículo 16 de la Constitución Federal, nadie puede ser privado de sus derechos y de su libertad sino es mediante mandamiento escrito emanado de autoridad competente en el que se funde y se motive la causa legal del proceder de la autoridad. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Se vulneran en la especie las garantías de seguridad jurídica antes precisadas, en atención a que el proceder de las responsables no se encuentra apegado a derecho, puesto que la suscrita quejosa no he dado lugar para que se me prive de la libertad que actualmente tengo, y por ello es ilegal y antijurídico que se me decrete auto de aprehensión, dado que no he cometido antijurídico alguno ni he participado en hechos antisociales, por lo que al no existir fundamento y motivación para ello se me debe conceder, por ende, el amparo y la protección de la Justicia Federal que nos encontramos solicitando. Es inconstitucional la orden de aprehensión habida cuenta de que el Juez de Distrito que conoce del negocio carece de competencia para conocer del asunto en cita, dado que la suscrita ni ninguno de los que intervinieron dentro del proceso en cuestión, tiene el carácter de funcionario público de la Federación, ni tampoco resultó afectada la Federación con motivo del hecho antisocial o la conducta que me imputa, ni siendo que las legislaciones, tanto el Código Penal del Estado de Jalisco y el Código Penal Federal, contienen la misma disposición, relativa al antisocial en cita; es inconcuso que en la especie no se configura la competencia del fuero federal para juzgar los hechos afectos a la litis. En ese contexto ha resuelto el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Estado de Jalisco, al resolver en amparo la situación jurídica de los restantes coinculpados, lo que ha sido ya cumplido respecto de éstos el Juez señalado como responsable. Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted C. Juez de Distrito, con merecido respeto pido: Primero. Tenérseme promoviendo esta instancia constitucional, se admita la demanda y se requiera a las responsables por el informe con justificación de ley. Segundo. Seguido el trámite legal se conceda el amparo y la protección de la Justicia Federal que estoy solicitando."

Como se ve, la quejosa alega, de forma genérica, que la orden de aprehensión debe ser ilegal, porque no cometió delito alguno, lo que permite determinar que efectivamente no tenía conocimiento de las consideraciones que la sustentan cuando presentó su demanda de garantías. Si bien, manifiesta conocer ciertos antecedentes del caso y que a otros coinculpados le han concedido el amparo por determinada razón, ello no es obstáculo para estimar lo anterior, en virtud de que lo que en específico debe conocer son las consideraciones de la resolución reclamada, sobre lo que no se pronuncia sabedora; igualmente, a tal grado es el desconocimiento de la quejosa respecto de la resolución que alude sólo a un delito, cuando además, en el acto reclamado, se le atribuyen los injustos a que se refiere el artículo 211, fracciones I y II, de la Ley de Amparo.

No obstante el desconocimiento del acto reclamado que se ha dejado patente, el Juez Federal, al tener por recibido el informe justificado del Juez responsable en sentido afirmativo, no ordenó que el auto correspondiente se notificara personalmente a la peticionaria de garantías, haciéndole la prevención para que, si así lo deseaba, ampliara la demanda de garantías en torno a los conceptos de violación.

En ese orden de ideas, debe estimarse que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, se violaron las normas que rigen el procedimiento en perjuicio de las defensas de la quejosa, pues esa omisión del Juez de amparo le privó de esgrimir, en ampliación a su demanda, conceptos de violación contra los fundamentos y razones del acto reclamado, que evidentemente le eran desconocidos cuando la presentó y que sólo puede conocer a través del informe justificado.

La violación precisada trasciende al sentido del fallo, pues la quejosa pudo haber formulado conceptos de violación que convencieran al juzgador de amparo para otorgarle la protección constitucional, con base en aspectos distintos de los que analizó en suplencia de la queja y que lo llevaron a negar el amparo.

Así las cosas, debe revocarse la sentencia impugnada y ordenarse la reposición del procedimiento a partir de la audiencia constitucional, a efecto de que el Juez federal prevenga personalmente a la quejosa para que, si es su deseo, amplíe su demanda de garantías en lo que a los conceptos de violación se refiere, en relación con los fundamentos y razones del acto reclamado que se dan a conocer en el informe justificado del Juez responsable y que ignoraba en el momento que presentó su demanda de garantías; hecho lo anterior, lleve a cabo de nueva cuenta la audiencia de ley y emita la sentencia que corresponda.

Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 1o., fracción I, 83, fracción IV, 85, fracción II, de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia materia del recurso.

SEGUNDO.-Para los efectos precisados en la parte final del considerando tercero de esta sentencia, se ordena al Juez Noveno de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, reponga el procedimiento en el juicio de amparo 277/2005-III, promovido por ********** contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero.

Notifíquese; con testimonio autorizado de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia; háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que integran los señores Magistrados, licenciados Hugo Ricardo Ramos Carreón, Jorge Humberto Benítez Pimienta y Martín Ángel Rubio Padilla; intervino como ponente el segundo de los nombrados.

Conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21238-206c80da/orden-de-aprehension-si-el-indiciado-desconoce-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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