JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN.
AMPARO EN REVISIÓN 234/2005. **********
CONSIDERANDO:
TERCERO. No se estudiarán los agravios vertidos por el recurrente, toda vez que este Tribunal Colegiado estima debe revocarse la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de garantías, al actualizarse una causal de improcedencia cuyo estudio es de oficio y preferente, lo invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.
Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número VI.2o.C. J/35, emitida por este órgano colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XVIII, julio de dos mil tres, visible a página 951, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PUEDE DECRETARSE DE OFICIO EN REVISIÓN, AUNQUE LA SENTENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO HAYA CONCEDIDO O NEGADO EL AMPARO. El artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo prevé únicamente la posibilidad de que el Tribunal Colegiado confirme el sobreseimiento decretado en la primera instancia, cuando siendo infundada la causa de improcedencia que se invoque, apareciere probado otro motivo legal; sin embargo, aun cuando expresamente no se incluye el supuesto de sobreseer en segunda instancia al actualizarse alguna causal de improcedencia, sea que lo aleguen o no las partes, revocando la sentencia recurrida que concedió o negó el amparo, dicho precepto debe interpretarse armónicamente con el último párrafo del artículo 73 del mismo ordenamiento legal, que consagra el principio de oficiosidad que rige en el examen de las causas de improcedencia, de lo que se concluye que también es posible que el tribunal revisor revoque la sentencia recurrida en la que el Juez de amparo no advirtió la improcedencia de la acción constitucional."
Este órgano colegiado estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, relacionado con el diverso 114, fracción IV, entendido en sentido contrario de la Ley de Amparo, que prevén:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. ..."
"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. ..."
De los numerales antes transcritos se obtiene, en primer lugar, que además de los supuestos concretos previstos por el artículo 73, en las fracciones I a XVII, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento puede surgir cuando de algún precepto diverso se advierta la causal para ello. Asimismo, el restante artículo 114, fracción IV, dispone que el juicio de amparo sólo procede contra actos dictados dentro de juicio cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de difícil reparación.
En la especie, conviene establecer que en el juicio de amparo 234/2005, del que deriva el presente recurso de revisión, en la demanda de garantías, se relacionaron los siguientes antecedentes:
"1. Como consta en autos del expediente número 132/01 de los del Juzgado Segundo de lo Familiar, en fecha veinte de febrero de dos mil tres, se llevó a cabo la junta de herederos dentro de dicha sucesión intestamentaria, en la que se nombró como albacea definitiva a la señora ********** 2. En la misma fecha se concedió a la albacea definitiva el término de ley a fin de que formule y presente ante este juzgado el inventario y avalúo de los bienes que integran el acervo hereditario de dicha sucesión. 3. Mediante escrito de fecha tres de julio de dos mil tres, la señora ********** en su carácter de albacea definitivo presentó en dicho juzgado el inventario y avalúo respectivo. 4. Por escrito de fecha veinte de octubre de dos mil tres, mi representada manifestó su objeción en contra del inventario y avalúos formulados por la albacea definitiva, toda vez que en forma dolosa omitió enlistar cantidades de dinero en efectivo, bienes muebles, así como un inmueble. 5. Por auto de fecha veintisiete de octubre del mismo año se tuvo a mi representada objetando el inventario y avalúos formulados, señalándose para el día diecisiete de noviembre de dos mil tres, como fecha para realizar una junta entre las partes, a efecto de dirimir diferencias respecto a los inventarios y avalúos. 6. Efectuada la junta mencionada en el punto anterior, mi representada ratificó la objeción mencionada en el punto número cuatro que antecede, dándosele a ésta vista por el término de tres días con el escrito de aclaración de inventarios y avalúos formulado por la albacea definitiva y presentado el mismo día de la junta, así como de los documentos y copias certificadas que acompañó a su escrito aclaratorio, entre los que se encontraban copias certificadas del expediente número ********** del Juzgado Quinto de lo Civil, referentes a un juicio de otorgamiento por escrito de contrato de compraventa y de escritura pública, promovido por los CC. ********** y ********** (cuñado y hermana de la albacea definitiva) en contra de los señores ********** (de cujus) y esposa ********** (albacea definitiva), respecto del bien inmueble conocido como lote ********** manzana ********** zona ********** de la colonia ********** en esta ciudad; basando su acción en la supuesta celebración de un contrato verbal de compraventa celebrado en fecha veinte de febrero de mil novecientos noventa y uno. 7. Toda vez que no se llegó a arreglo alguno, dado que la albacea definitiva ********** persistió en su conducta dolosa de omitir bienes muebles, cantidades en efectivo y de un inmueble en el inventario y avalúo presentado, es por lo que mi representada se vio en la necesidad de promover en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil tres, independientemente del incidente respectivo contra el inventario y avalúo formulados por la albacea definitiva, incidente penal en negocios civiles por simulación de contrato, falsificación y alteración de documentos y falsedad en declaraciones judiciales ..."
El incidente penal promovido dentro del juicio sucesorio intestamentario ********** se resolvió el diecisiete de diciembre de dos mil cuatro, en el sentido de declararlo improcedente (fojas ciento setenta y dos a ciento setenta y siete).
Contra la anterior determinación se interpuso recurso de apelación, el cual fue desechado por determinación de dieciocho de marzo de dos mil cinco, dictado dentro del toca ********** del índice de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado (foja setenta y nueve).
De lo reseñado con antelación se advierte que el juicio sucesorio intestamentario ********** a bienes de ********** se encuentra en la segunda sección denominada "sección de inventarios", donde ********** albacea definitiva de la sucesión presentó el inventario con el avalúo correspondiente, contra el cual se inconformó ********** e incluso promovió incidente penal, el cual fue declarado improcedente, bajo las siguientes consideraciones:
"Bajo dichas condiciones es inconcuso que los extremos que deben satisfacerse para el ejercicio de cualquier acción de carácter civil están contemplados en la ley de la materia, la cual establece también condiciones para la procedencia de las acciones en forma particular; estas condiciones especiales deben ser estimadas de oficio por el juzgador, en términos de lo que dispone el artículo 456 del citado ordenamiento procesal, en relación con la jurisprudencia número 3, visible a fojas 11 de la Cuarta Parte, Tercera Sala del último Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: ‘ACCIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA.’. Pues obvio es que para declarar probada una acción, deben analizarse, tanto las condiciones generales y especiales para su ejercicio, como sus elementos constitutivos. De lo anterior arriba a concluirse que si de las actuaciones judiciales se advierte que la hoy actora incidental ********** promueve el presente incidente reclamando en forma secreta que: ‘La demandada **********, simuló un contrato de compraventa en relación con un bien inmueble que pertenece al acervo hereditario, para lo cual alteró documentos y falseó los hechos al presentar los inventarios y avalúos, porque no listó dicho bien inmueble’, circunstancia que no constituye una cuestión penal que haya surgido dentro del presente procedimiento, porque como fue referido, en lo conducente, por la propia actora incidental ********** dentro de su escrito de demanda a fojas tres ‘con fecha dos de febrero de dos mil uno ********** y ********** (cuñado y hermana de la albacea definitiva) promovieron juicio de otorgamiento de contrato de compraventa en contra de ********** y esposa ********** respecto del lote ********** manzana ********** zona ********** de la colonia ********** de esta ciudad, basándose en un supuesto contrato de compraventa celebrado con fecha veinte de febrero de mil novecientos noventa y uno. Que el juicio fue turnado al Juzgado Quinto de lo Civil radicándose bajo el número ********** y que la señora ********** dentro de dicho procedimiento, confesó en todas sus partes la demanda. Lo que provoca la simulación alegada’. Resultando inconcuso que la hoy inconforme ********** tuvo a salvo sus derechos para promover acciones tendientes a justificar dentro del procedimiento civil ha que hizo alusión, que el contrato verbal celebrado por el de cujus ********** era falso y, asimismo, realizar las impugnaciones correspondientes a la personalidad de la hoy demandada ********** dentro de dicho procedimiento, pues el no hacerlo conlleva a determinar que las reclamaciones del tipo penal que hace dentro del presente incidente son improcedentes, porque los supuestos hechos delictuosos que hoy reclama mediante el presente incidente debió hacerlos valer como defensas dentro del expediente ********** relativo al juicio de otorgamiento de contrato de compraventa del que conoció el ciudadano Juez Quinto de lo Civil de esta capital, en el que se demandó al de cujus y a su ahora cónyuge supérstite y no mediante el presente incidente pues, considerar lo contrario, rompería por completo con la seguridad que otorga la cosa juzgada, ya que como también fue referido por la actora incidental ********** con fecha uno de octubre de dos mil dos, el ciudadano Juez Quinto de lo Civil emitió la sentencia definitiva declarando probada la acción. Además, no pasa desapercibido que la hoy actora incidental ********** como consta en las copias certificadas del toca de revisión ********** deducidas del juicio de garantías ********** del que conoció el Juzgado Noveno de Distrito, expedidas por la ciudadana secretaria de dicho juzgado licenciada ********** hizo valer los medios de defensa que la ley le concede, para inconformarse con lo citado dentro del juicio de otorgamiento de contrato de compraventa, determinando el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante ejecutoria emitida con fecha cuatro de junio de dos mil cuatro, sobreseer el juicio de garantías promovido por ********** atento a ello es inconcuso que el incidente penal hoy planteado donde se reclama la simulación del referido contrato de compraventa carece de un requisito de procedibilidad y ello conlleva a determinar la improcedencia del incidente penal ejercitado por **********. Por otro lado, es evidente que la hoy actora incidental ********** también tuvo a salvo sus derechos dentro de la sucesión para impugnar los inventarios y avalúos, presentados por la albacea ********** pues, mediante ocurso presentado con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil tres, promovió incidente de impugnación de inventarios y avalúos y aclaración de los mismos, en que en el capítulo que denominó. V. Inmuebles, hace alusión precisamente al inmueble del que dentro de este incidente alega la simulación y falsificación de documentos, incidente que aún no ha sido resuelto, resultando por ello también improcedente el incidente penal que por separado planteó ********** pues como lo determina el artículo 1385 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado debe seguirse el incidente respectivo para poder aprobar o no los inventarios y avalúos presentados por ********** y ello dependerá de la prueba de la acción incidental ejercitada por la actora incidental o de las excepciones opuestas por la parte demandada. Bajo dichos lineamientos es claro que el proceder de la actora es improcedente al ejercitar una acción penal, arguyendo la simulación del contrato de compraventa, alteración de documentos y falsedad en declaraciones judiciales, porque dichas acciones debió hacerlas valer dentro del juicio de otorgamiento de contrato de compraventa del que conoció el Juez Quinto de lo Civil de esta capital bajo el número de expediente ********** y, además, se ha inconformado mediante el incidente respectivo con los inventarios y avalúos presentados por la albacea de la sucesión, mismo que aún no ha sido sentenciado y, por ende, dependerá de los hechos probados por las partes en dicho incidente de objeción de inventarios, que se modifiquen o no los inventarios presentados por la albacea de la sucesión ********** A mayor abundamiento, debe señalarse que no pasa desapercibido que la actora incidental ********** por lo menos desde el día nueve de diciembre de dos mil tres, tuvo conocimiento del juicio que en la vía civil fue ejercitado por terceros extraños de la sucesión, respecto del bien inmueble conocido como lote ********** manzana ********** zona ********** de la colonia ********** pues, con esa fecha solicitó en el Juzgado de Distrito correspondiente el amparo de la Justicia Federal, por lo tanto debió, en todo caso, a los tres días posteriores ejercitar la presente acción incidental, misma que en el supuesto no consentido de que fuera procedente, el derecho que tuvo para inconformarse ha precluido." (fojas doscientos setenta y cuatro a doscientos setenta y siete).
Contra el cual, se insiste, se promovió recurso de apelación, pero fue desechado.
Ahora, los artículos 1365, 1381, 1383 a 1385 y 1389 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, establecen:
"Artículo 1365. Dentro de los diez días de haber aceptado su cargo el albacea, debe proceder a la fracción de inventarios, los que serán por regla general, extrajudiciales, y se concluirán dentro de sesenta días."
"Artículo 1381. Presentado el inventario, el Juez mandará ponerlo de manifiesto en la secretaría del juzgado por un término que no exceda de diez días, para que todos los interesados puedan formular las reclamaciones que estimen convenientes."
"Artículo 1383. Pasado el término establecido en el artículo 1381, sin haberse formulado ninguna reclamación, el Juez aprobará o no el inventario, si éste reúne los requisitos legales establecidos en esta sección y si, tratándose de bienes inmuebles o derechos reales se justificó que el autor de la herencia fue dueño o titular de tales bienes."
"Artículo 1384. Si se hacen objeciones al inventario, el Juez citará a una junta dentro del término de seis días, para tratar de arreglar en ella los puntos de diferencia, y si se obtuviere algún arreglo, el Juez aprobará el inventario con las modificaciones acordadas."
"Artículo 1385. Si en la junta a que se refiere el artículo anterior, no se obtiene ningún arreglo, se seguirá el incidente respectivo entre el que reclame como actor y el albacea como demandado."
"Artículo 1389. Aprobado el inventario, sólo puede reformarse por error o dolo, declarados por sentencia pronunciada en el incidente respectivo, que promoverá el que objete el inventario."
De los numerales anteriores se advierte que la sección de inventarios se iniciará con la presentación del inventario que al efecto realice el albacea y culminará con la determinación que pronuncie el juzgador común, donde apruebe éste.
Ahora, de la reseña de las constancias se pone en relieve que el juicio del que deriva el acto reclamado (desechamiento del recurso de apelación) aún se encuentra en trámite, pues la quejosa reconoce que la fase de inventarios ya se ha iniciado al afirmar que la albacea presentó el inventario y avalúo, empero, como hubo oposición por parte de aquélla, se promovió el incidente penal, el cual fue declarado improcedente, por lo que se interpuso recurso de apelación, mismo que se desechó.
Luego, si se toma en consideración que, conforme a la propia ley procesal civil, la sección de inventarios termina con la resolución mediante la cual se aprueba el inventario propuesto por la albacea, es claro que el acto reclamado -desechamiento del recurso de apelación- debe estimarse como dentro de juicio y, por su naturaleza, de los que no causa a las personas una ejecución de imposible reparación.
Para una mejor comprensión de la conclusión que antecede, conviene transcribir lo que al efecto establece el artículo 1318, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado:
"Artículo 1318. En los juicios hereditarios se formarán cuatro secciones, compuestas de los cuadernos necesarios: I. La primera se llamará ‘sección de sucesión’ y contendrá, en sus respectivos casos: A) El testamento o el testimonio de su protocolización. B) La denuncia de la sucesión. C) La citación de los herederos y la convocatoria de los que se crean con derecho a la herencia. D) Lo relativo a (sic) nombramiento y remoción del albacea. E) El nombramiento y remoción de interventores. F) Declaración de herederos. G) Los incidentes de petición de herencia; y los que se promuevan por cualquier otro motivo. H) Las resoluciones que se pronuncien sobre validez del testamento, capacidad legal para heredar, preferencia de derechos y calidad de herederos. I) El nombramiento o remoción en su caso de tutores si hay herederos menores, que no estén sujetos a patria potestad. ..."
Ahora, acorde a la transcripción anterior, el juicio sucesorio es de naturaleza especial, constituido de cuatro etapas distintas, por tanto, las violaciones procesales que en cada una de las tres primeras etapas se cometa sólo podrán ser reclamadas en juicio de amparo indirecto cuando se impugne la resolución que cierre y decida el fondo de ellas.
Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que este órgano colegiado comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, enero de dos mil cuatro, Tribunales Colegiados de Circuito, página 1546, que a la letra dice:
"JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente."
Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando como consecuencia de ellos se afecta, de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate.
Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, que al obtener una sentencia favorable se reparan y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo, ya que al momento en que se producen no los afecta de manera irreparable, sino que tan solo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado.
Así, es claro que si en la especie el acto reclamado deriva de un juicio sucesorio intestamentario, es necesario que para decretar la procedencia del juicio de amparo se analice en qué etapa se encuentra y si ésta ha concluido pues, de ser así, al promover contra la última resolución que da por terminada la sección, podrán reclamarse todas las violaciones que, a juicio del quejoso, se hayan cometido las que, de ser fundadas, traerán como consecuencia se conceda el amparo, restituyéndole en el goce de sus garantías vulneradas; de ahí la reparabilidad del acto reclamado.
Ahora, de las constancias de autos ya reseñadas se advierte:
1. Se ha iniciado la sección de inventarios con la presentación del mismo hecho por la albacea definitiva, contra el cual se inconformó la quejosa, aquí recurrente, y promovió incidente penal, el que fue declarado improcedente, por ende, recurrido en apelación, pero ésta fue desechada.
2. Dicha segunda fase en el juicio sucesorio no ha concluido, pues el Juez del conocimiento aún no dicta la resolución por la cual se apruebe el inventario presentado, debido a la interposición del incidente penal y el recurso de apelación contra la resolución dictada en aquél.
Entonces, como en la especie, es necesario que se encuentre concluida la segunda etapa del juicio sucesorio para poder combatir las violaciones procesales a través del juicio de amparo, es claro que al no acontecer así, es decir, al estar inconclusa esa fase, el controvertido constitucional es improcedente ya que, se insiste, todavía se carece de resolución que decida la segunda sección, sin que esto implique consumación irreparable, pues es factible el estudio o análisis del desechamiento del recurso cuando se ataque la resolución que culmine la "sección de inventarios" que, en caso de ser fundada, tornará procedente la concesión del amparo.
Al actualizarse la causal prevista por la fracción XVIII del numeral 73, debidamente relacionada con el precepto 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la propia ley.
Finalmente, debe decirse que este órgano colegiado omite hacer pronunciamiento alguno respecto a la consideración expuesta por el juzgador federal consistente en hacer efectivo el apercibimiento decretado contra la quejosa en cuanto a que de no hacer manifestación alguna se publicarían su nombre y demás datos personales en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por ende, queda firme el punto resolutivo segundo de la sentencia que se revisa.
En las relatadas condiciones, procede modificar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de garantías, respecto a lo que fue materia de revisión.
Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 83, fracción IV y 85, fracción II, de la Ley de Amparo y, 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se resuelve:
PRIMERO.-Se modifica la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.-Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por ********** contra el acto que reclamó de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, mismo que quedó precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.
TERCERO.-Toda vez que las partes no hicieron manifestación respecto al requerimiento de veinticinco de abril de dos mil cinco, se les tiene consintiendo la publicación respectiva sin supresión de datos, en términos de la parte final del considerando quinto de la resolución reclamada.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Ma. Elisa Tejada Hernández, Gustavo Calvillo Rangel y Raúl Armando Pallares Valdez. Fue ponente la primera de los nombrados.
En términos de la previsto en los artículos 14, fracción I y 18, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21879-b941771c/juicio-sucesorio-intestamentario-las-violaciones-procesales-ocurridas-durante · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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