RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO. EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE DICHA ENTIDAD ESTÁ FACULTADO PARA APLICAR LA LEY RELATIVA RESPECTO DE QUIENES LABORAN EN EL PODER JUDICIAL LOCAL.
AMPARO EN REVISIÓN 329/2005. **********
CONSIDERANDO:
SEXTO. Los transcritos motivos de disentimiento son infundados en un aspecto y fundados en otro.
Para una mejor comprensión del presente asunto, conviene tener presente que la parte quejosa reclamó del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, la resolución que emitió el uno de diciembre de dos mil cuatro, dentro del procedimiento administrativo número 088/2004, en la que se declaró fundada una queja administrativa presentada en su contra y se le impuso como sanción un apercibimiento, así como su correspondiente ejecución por parte del secretario general de Acuerdos del Pleno de aquella dependencia.
Lo anterior, derivado del hecho de que dichos actos transgreden en su perjuicio la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 de la Constitución General de la República, porque a su parecer, el Consejo de la Judicatura Estatal carecía de facultades legales para aplicar la Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, y por consiguiente, de competencia para incoar el procedimiento, determinar la responsabilidad e imponer las sanciones respectivas, con base en dicha disposición especial, dado que en su artículo 3o., que precisa las diversas autoridades facultadas para aplicarla, entre otros, sólo se menciona al Tribunal Superior de Justicia del Estado y no al Consejo de la Judicatura aludido.
De la sentencia que se revisa, se obtiene que la Jueza Federal a quo, después de analizar los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, que consideró infundados, determinó negar la protección constitucional impetrada al considerar esencialmente los siguientes aspectos:
1. Que de la armónica, conjunta y sistemática interpretación de los artículos 81, 83, 110, 111 y 115 de la Constitución del Estado de Guerrero; 1o., 2o., 3o., 45 y 50, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, y 76, 79, 81, 110, 121, 122 y 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, se desprende que constitucionalmente el Consejo de la Judicatura Estatal, al formar parte del Poder Judicial del Estado, como órgano con independencia técnica y de gestión y para realizar las funciones de administración, vigilancia y disciplina de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, sus funciones se rigen conforme a las bases constitucionales determinadas que, a su vez, remiten a las leyes secundarias, y por consiguiente, en el ejercicio de éstas, cuenta con facultades para aplicar tanto la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, como las leyes locales que rigen las relaciones de trabajo de los servidores públicos y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en tanto que la propia Constitución establece que el Consejo de la Judicatura Estatal debe realizar sus funciones conforme a las bases establecidas en ella, así como en la Ley de Responsabilidades y en las demás normas locales conducentes.
2. Que por tanto, si la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, constituye la ley reglamentaria de la Constitución Local, y en ella se establecen los procedimientos para aplicar las sanciones de los servidores públicos que pertenezcan al Poder Judicial del Estado, si su artículo 50 faculta al Tribunal Superior de Justicia del Estado para establecer los órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades, así como para aplicar las sanciones establecidas en dicha ley, mientras que en términos de su ley orgánica, en la que se otorgan, al igual que en la Constitución Estatal, facultades al Consejo de la Judicatura Estatal para instaurar los procedimientos, declarar responsabilidades e imponer sanciones a los servidores públicos de mérito, todo ello conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es evidente que esta legislación sí sirve de fundamento a los actos realizados por el multicitado Consejo de la Judicatura; y,
3. Que lo anterior era de ese modo, porque sin importar que en el artículo 3o. de dicha disposición, no se mencione específicamente al Consejo de la Judicatura Estatal, como autoridad facultada para aplicar dicho ordenamiento, por imperio del artículo 81 de la Constitución del Estado de Guerrero, se le faculta para ello, en tanto que dicho precepto especifica que aquel organismo desarrollará sus facultades conforme a las bases de la Constitución y las leyes secundarias.
Por su parte, sostiene medularmente el inconforme en su primer motivo de disentimiento, que no es acertada la decisión adoptada en la determinación recurrida, por las siguientes consideraciones legales:
1. Porque el artículo 81, párrafo segundo, de la Constitución para el Estado de Guerrero, no puede servir de fundamento para atribuir competencia al Consejo de la Judicatura Estatal, para la emisión del acto reclamado, dado que en su última parte se establece que para cumplir con su encomienda tendrá que basar su actuar conforme a las bases que señala la Constitución y establezcan las leyes; de manera que si la facultad constitucional para ejercer su tarea de vigilancia y disciplina, está supeditada a lo que las leyes prevean, objetivamente debe estarse a lo que establezcan dichas disposiciones; aspecto que, a su parecer, justifica que aquella facultad constitucional del Consejo de la Judicatura Estatal, sólo puede ejercerla en los términos y en las bases sustentadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, y no de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, atento al principio de especialidad de la ley, que establece que la ley especial está por encima de la ley general; máxime, si se tiene en cuenta que esta última disposición no abarca a los funcionarios del Poder Judicial del Estado, en tanto que no sufrió reforma alguna para facultar en su aplicación al Consejo de la Judicatura Estatal, pues sus artículos 3o., fracción IV y 50, sólo atribuyen competencia para aplicarla al Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues el último precepto señala a esta última autoridad como el órgano encargado de la vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado; circunstancias todas ellas que, a su entender, justifican que al no ser congruente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, con la reforma que sufriera la Constitución de Guerrero, para cumplir con la facultad atribuida al Consejo de la Judicatura Estatal, es decir, ejercer su regulada actividad, por no haberla reformado el legislador en la parte que interesa, para que el consejo pueda apoyarse al instrumentar los procedimientos administrativos y aplicar las sanciones correspondientes previstas en dicha ley, contrario a lo que sostiene la a quo, la aplicación que hizo la responsable de dicha disposición en el procedimiento administrativo seguido en contra del ahora quejoso, resulta inconstitucional por violentar la garantía de legalidad que previene que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.
2. Porque también se hizo notar que, comparando la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en su artículo 3o., fracción IV, que guarda identidad regulativa respecto de los órganos facultados para aplicarla, el artículo 3o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, faculta en su aplicación tanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como al Consejo de la Judicatura Federal, razón por la cual, el primer organismo ha determinado que el segundo sí tiene competencia para aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuando la conducta de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, no se encuentre regulada en el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
3. Porque el artículo 83 de la Constitución para el Estado de Guerrero, en que se apoyó el a quo para emitir la sentencia impugnada, en modo alguno resulta ilustrativo para determinar que el Consejo de la Judicatura Estatal, tenga competencia para aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en tanto que sólo regula el funcionamiento e integración del consejo, numeral que considera deviene inaplicable en la especie.
4. Porque el artículo 110 de la Constitución del Estado de Guerrero, contrario a lo determinado en la sentencia impugnada, tampoco sirve de sustento para arribar a la conclusión adoptada por la a quo, en tanto que en dicho precepto legal sólo se establece la calidad de servidores públicos en relación con las responsabilidades a que alude el título en que se contienen, aspecto que, aduce, no está en conflicto, porque el quejoso en su calidad de secretario de Acuerdos obviamente pertenece al Poder Judicial del Estado, y por ese sólo hecho, la Constitución Local lo reputa como servidor público, lo que justifica que está expuesto a que se le instruya un procedimiento administrativo, en las bases y términos que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establezcan, sin que con ello se otorgue competencia al Consejo de la Judicatura Estatal para aplicar la Ley de Responsabilidades del Estado de Guerrero.
5. Porque contrario a lo determinado en la sentencia recurrida, el artículo 111 de la Constitución del Estado de Guerrero, tampoco faculta al Congreso del Estado para expedir la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, para sancionar a los funcionarios que incurran en responsabilidad, para legitimar con ello al Consejo de la Judicatura Estatal en la aplicación de esta disposición, puesto que el Congreso no ha excitado o aprobado reforma alguna que faculte o legitime al Consejo de la Judicatura Estatal para que, en uso de sus atribuciones de vigilancia y disciplina, aplique la Ley de Responsabilidades del Estado de Guerrero.
6. Porque contrario a lo determinado en la sentencia recurrida, el artículo 115 de la Constitución Local, tampoco sirve de base para legitimar al Consejo de la Judicatura Estatal, para aplicar la Ley de Responsabilidades del Estado, en tanto que dicho numeral sólo se refiere a las obligaciones que debe determinar la Ley de Responsabilidades para salvaguardar los principios relativos al servicio público.
7. Porque si bien el artículo 2o. de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, previene que son sujetos de esa ley, los servidores públicos mencionados en el artículo 110 de la Constitución del Estado de Guerrero, entre los que obviamente se encuentran los pertenecientes al Poder Judicial Estatal, ello sólo aplica a la competencia que tiene asignada el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en su artículo 3o., fracción IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; lo que significa que, no por el hecho de que el quejoso sea sujeto de esta última disposición, por ser secretario de Acuerdos, tenga que presumirse la competencia del Consejo de la Judicatura Estatal para aplicarle dicha disposición, porque sostenerlo de ese modo implica desconocer el principio de legalidad que dispone que las autoridades sólo podrán efectuar lo que las leyes les faculten.
8. Porque no es correcto el argumento del a quo, al establecer que el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades del Estado, faculta al Tribunal Superior de Justicia para establecer los órganos y sistemas para investigar y determinar las responsabilidades, pues soslayó que tanto el Tribunal Superior de Justicia, como el Consejo de la Judicatura Estatal, si bien pertenecen al Poder Judicial del Estado, son independientes uno del otro, dado que tienen facultades de diversa naturaleza, lo que implica que cuando dicho numeral establece que el Tribunal Superior de Justicia establecerá los órganos, en modo alguno puede sostenerse literalmente como que el Tribunal Superior creó al consejo, pues dicho numeral fue redactado antes de que tuviera vida jurídica el Consejo de la Judicatura, y además, lo que influyó para la creación del órgano de disciplina de que se trata, lo constituyó la reforma constitucional, así como la diversa a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; de ahí que, sea incorrecto determinar que se haya originado un conflicto que deba resolverse con base en la supremacía constitucional, en tanto que en la Constitución Local no se especificó que tendría que reformarse la ley secundaria para atribuirle competencia o facultad alguna al Consejo de la Judicatura Estatal para aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para inferir con ello que esta última disposición es contraria a la Constitución Local, pues lo único que se ha actualizado es la creación del Consejo de la Judicatura Estatal, cuya reforma constitucional fue la pauta para que la legislación secundaria, como es la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que debía reformarse, fuera congruente con dicha intención legislativa, situación que se vio reflejada al reformarse para dar creación al Consejo de la Judicatura Estatal, empero, la aludida reforma constitucional jamás cobijó la facultad cuestionada en el juicio constitucional, referente a la indebida aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por el Consejo de la Judicatura Estatal; razonamientos que justifican lo incorrecto de los argumentos del a quo, al establecer que existe contrariedad entre la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos y la Constitución Local.
SÉPTIMO. Para el examen de los resumidos planteamientos, que por su íntima vinculación habrán de analizarse de manera conjunta, en principio, hay que tener presente el marco constitucional que regula la responsabilidad de los servidores públicos a nivel federal.
Al respecto, el artículo 108 de la Constitución Federal prevé, en primer término, quiénes se reputan como servidores públicos para efectos de responsabilidad; asimismo, se contempla que las Constituciones de los Estados determinarán, de igual forma, quiénes tienen el carácter de servidores públicos.
El contenido del precepto fundamental en cita es el siguiente:
"Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Los gobernadores de los Estados, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios."
Por otra parte, es de señalar que nuestro sistema jurídico prevé diversos tipos de responsabilidad en las que pueden incurrir los servidores públicos a que hace referencia el transcrito numeral, de las que, para efectos del presente asunto, cabe señalar las siguientes:
a) Política;
b) Penal; y
c) Administrativa.
Las anteriores responsabilidades se encuentran previstas en el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:
"Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones: I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal; y III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten sustancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo."
De la anterior transcripción se desprende, en primer término, que las Legislaturas de los Estados cuentan con facultades para expedir leyes relativas a la responsabilidad de los servidores públicos, así como los demás ordenamientos tendentes a sancionar a quienes, teniendo ese carácter, incurran en responsabilidad.
Así también, se desprende que la responsabilidad política es aquella en que incurren los servidores públicos cuando con motivo del ejercicio de sus funciones realizan actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho (fracción I); por su parte, la responsabilidad penal es en la que incurre un servidor público por la comisión de cualquier delito (fracción II); y, la administrativa es en la que incurren los servidores públicos por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el despacho de sus funciones (fracción III).
Igualmente, se establece la regla de que los procedimientos para la aplicación de las sanciones relativas se desarrollarán autónomamente y que no podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.
A su vez, los medios por los cuales es exigible esta responsabilidad a los servidores públicos a que se refiere el artículo 108 constitucional, son los siguientes:
a) Juicio político;
b) Declaratoria de procedencia; y,
c) Procedimiento de responsabilidad administrativa.
El artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el procedimiento a seguirse relativo al juicio político y los servidores públicos sujetos a él; así como las sanciones aplicables, dicho artículo dispone:
"Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, los Magistrados y Jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación Estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. Los gobernadores de los Estados, diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda. Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de Sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado. Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables."
Así, en el procedimiento sobre responsabilidad política funge como órgano acusador la Cámara de Diputados y como órgano sancionador la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión; asimismo, las sanciones aplicables en este tipo de procedimientos consisten en la destitución y la inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Por su parte, la declaratoria de procedencia regulada en el artículo 111 de la Carta Fundamental consiste en que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hará la declaratoria de si ha lugar o no a proceder en contra del servidor público; por lo que hace a la responsabilidad penal, el efecto será separarlo de su encargo, dejando al servidor público a disposición de las autoridades competentes. El precepto en cita es del tenor siguiente:
"Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República y el procurador general de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. Por lo que toca al presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable. Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los Estados, diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados o Senadores son inatacables. El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia. Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados."
Por último, la responsabilidad administrativa, se encuentra prevista en el artículo 113 del citado Ordenamiento Fundamental y consiste en que las leyes sobre responsabilidad administrativa de los servidores públicos serán las encargadas de determinar sus obligaciones, con el fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones; asimismo, se prevén las sanciones aplicables para el caso de este tipo de responsabilidades.
El contenido del precepto de referencia es el siguiente:
"Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. ..."
Ahora bien, para hacer valer estos procedimientos, cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas de los servidores públicos. Asimismo, las Legislaturas de los Estados deberán expedir sus respectivas leyes de responsabilidades de los servidores públicos, atendiendo, ante todo, a las reglas del título cuarto de la Constitución Federal.
De lo hasta aquí expuesto queda de manifiesto que los procedimientos sobre responsabilidad penal, política y administrativa en que incurran los servidores públicos, guardan diferencias sustanciales entre sí, de acuerdo con las causas que las originan y a las autoridades que participan en dichos procedimientos.
También cabe resaltar en este punto que conforme al penúltimo párrafo del artículo 108 de la Constitución Federal, transcrito con antelación, los Poderes Reformadores de las Constituciones Locales cuentan con la facultad expresa para determinar en sus ordenamientos fundamentales quiénes deben ser considerados como servidores públicos en los Estados, para efectos de responsabilidad, así como determinar quiénes son sujetos de cada tipo, siempre con sujeción a los lineamientos establecidos en la Carta Magna.
De ello se sigue, que incurren en responsabilidad administrativa aquellos servidores públicos que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública.
La sanción administrativa tiene su origen en la falta en que incurre el servidor público en el desempeño de su función cuando el acto u omisión que realiza tiene efectos en el ámbito interno de la administración pública sin que necesariamente afecte la esfera jurídica de los particulares. En el caso de que la acción o la omisión del servidor público afecte la esfera jurídica de los particulares, la sanción administrativa será concomitante con la responsabilidad civil o penal.
El Constituyente de mil novecientos ochenta y dos, al dotar a la administración pública de una potestad doméstica, adoptó el sistema que deriva de la función de autotutela que le permite supervisar que los actos de los servidores públicos se desarrollen con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que se reflejen en el buen d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21750-a16ae031/responsabilidades-de-los-servidores-publicos-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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