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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE APREHENSIÓN. LA POLICÍA MUNICIPAL Y SECTORIAL CARECEN DE FACULTADES PARA EJECUTARLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 229/2005. · Registro digital (IUS): 19479
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, , Pág. 1579.

AMPARO EN REVISIÓN 229/2005.

CONSIDERANDO:

QUINTO. En el considerando segundo de la sentencia que se revisa, el Juez de Distrito sostuvo que al rendir sus informes justificados, el alcaide en turno del Cereso número catorce "El Amate" con sede en Cintalapa de Figueroa, el coordinador de la Agencia Estatal de Investigación, director de la Policía Sectorial y el secretario de Seguridad Pública, por conducto del jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico, negaron la existencia del acto reclamado, no obstante, debía presumirse cierto, puesto que la ordenadora lo admitió y compete a dichas responsables su ejecución, en virtud de la naturaleza del acto, porque en cualquier momento pueden recibir la orden para llevarlo a cabo.

Tomando en cuenta que la recurrente no formuló agravio contra esa determinación, este órgano colegiado procede a su análisis de oficio, toda vez que la materia que nos ocupa es penal, en la cual opera la suplencia de la queja aun ante la ausencia de inconformidad por parte de la inculpada.

En esa tesitura, el sobreseimiento que ahora nos ocupa, resulta incorrecto respecto del secretario de Seguridad Pública del Estado y director de la Policía Sectorial (denominación correcta a la de director de la Policía de Seguridad Pública a que se refirió la parte quejosa), en virtud de que es insuficiente que la ordenadora haya admitido la existencia del acto, puesto que además es necesario que dichas autoridades ejecutoras estén facultadas legalmente para dar cumplimiento al mandamiento que se les reclama, circunstancia que en el caso no acontece, tal y como se expondrá en los párrafos siguientes:

Los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas disponen:

"Artículo 10. La representación, trámite y resolución de los asuntos de la competencia de la secretaría corresponde originalmente al secretario, quien para la mejor distribución, desarrollo y realización del trabajo podrá delegar sus facultades en servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, expidiendo para tal efecto los acuerdos relativos que deberán ser comunicados oficialmente y por escrito."

"Artículo 11. El secretario, quien será la máxima autoridad de la secretaría, tendrá y ejercerá las siguientes facultades delegables:

"I. Dictar, como superior autoridad, las instrucciones, lineamientos y políticas, tendientes a preservar, mantener y restablecer el orden, la tranquilidad y la seguridad pública en la entidad, así como ordenar su cumplimiento.

"II. Emitir las medidas, lineamientos y políticas referentes al funcionamiento, operación y administración del sistema de protección civil en el Estado.

"III. Dictar las políticas, lineamientos y medidas relativas al tratamiento de los internos que se encuentren en los centros de readaptación social, al funcionamiento y administración de éstos; y en general a todas aquellas actividades inherentes a la readaptación social del procesado o sentenciado durante la ejecución de la sentencia.

"IV. Conocer e instruir como órgano de instancia, los expedientes relativos al otorgamiento de los beneficios de tratamiento preliberacional y remisión parcial de la pena en los términos de las leyes y reglamentos aplicables.

"V. Emitir las instrucciones, políticas y lineamientos tendientes a lograr la reinserción social de los reos liberados, así como los relativos a las acciones de atención postpenitenciaria, disponiendo para ello de todos los mecanismos de concertación y participación social.

"VI. Realizar acciones y dictar las políticas, reglas y lineamientos tendientes a prevenir los hechos delictivos, instruyendo para ello, la creación, estructuración y aplicación de programas, bancos de información y coordinación con los distintos cuerpos e instituciones policiales del Estado, la Federación, Municipios y demás entidades federativas con el fin de llevar a cabo estrategias de prevención a la delincuencia, coadyuvando con las instancias competentes en el combate a la misma.

"VII. Dictar las reglas, lineamientos y políticas de operación y funcionamiento que deben observar las empresas y elementos de seguridad privada en la entidad.

"VIII. Dirigir las políticas, lineamientos, medidas y acciones relativas al fortalecimiento de la selección, profesionalización y capacitación del personal policial, de los custodios y demás personal operativo de la secretaría, implementando el servicio de carrera para el personal operativo, vigilando su cumplimiento y desarrollo permanente con el fin de lograr una conducta basada en los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

"IX. Ordenar líneas de investigación para obtener, analizar, estudiar y procesar información conducente a la prevención de delitos o conflictos que alteren el orden público en la entidad.

"X. Dictar con apego a lo establecido por la Secretaría de Administración, la política operativa, normativa y funcional, así como los programas que deben seguir los órganos administrativos y el personal de la secretaría; vigilando su debido cumplimiento.

"XI. Vigilar que se cumplan estrictamente las disposiciones legales y administrativas, en todos los asuntos que sean competencia de la secretaría.

"XII. Proponer al Ejecutivo y al Consejo Estatal de Seguridad Pública las normas, políticas y programas que derivan del Sistema Nacional de Seguridad Pública con el fin de lograr la conservación y mantenimiento del orden, la tranquilidad y seguridad pública en el Estado, así como la prevención social contra la delincuencia.

"XIII. Representar legalmente a la dependencia, tanto en su carácter de autoridad en materia de seguridad, como de secretaría de Estado.

"XIV. Celebrar contratos, convenios y, en general, toda clase de actos jurídicos o mecanismos directamente vinculados con el desarrollo de las atribuciones de la secretaría o relacionados con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros que ésta tenga asignados.

"XV. Suscribir las constancias de grado a los elementos de la secretaría que hayan cubierto los requisitos necesarios y autorizar los estímulos al personal que se haya destacado en su labor.

"XVI. Nombrar y remover a los servidores públicos de la secretaría, en términos de la ley, el presente reglamento, los manuales respectivos y demás disposiciones aplicables.

"XVII. Resolver los casos de duda que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de este reglamento y emitir las instrucciones para dirimir los conflictos de competencia que se presenten entre los órganos administrativos de la secretaría.

"XVIII. Controlar las operaciones de las centrales de radio y telefonía internas, redes de comunicación especiales y centros repetidores de la secretaría.

"XIX. Dictar las políticas, lineamientos, medidas y acciones relativas a la prestación del servicio de vigilancia policial para las propiedades particulares, establecimientos comerciales, agrícolas, ganaderos, industriales, bancarios y dependencias, organismos e instituciones públicas que lo soliciten y cubran las cuotas respectivas, otorgándoles seguridad y protección en sus personas, bienes y derechos a fin de prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas.

"XX. Conducir, planear y regular lo relativo a la normatividad del servicio público de tránsito y vialidad en el Estado; así como garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, salvaguardar la integridad de las personas y prevenir la comisión de delitos en los tramos carreteros de jurisdicción estatal.

"XXI. Las demás que a la secretaría y a sus órganos administrativos le asignen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones del Ejecutivo del Estado."

"Artículo 12. El secretario tendrá y ejercerá las siguientes facultades no delegables:

"I. Someter a acuerdo del gobernador los asuntos encomendados a la secretaría que así lo ameriten, desempeñar las comisiones y funciones que éste le confiera y mantenerlo informado sobre el desarrollo de las mismas.

"II. Dar cuenta al H. Congreso del Estado sobre la situación que guarda su ramo, en los términos de las leyes aplicables.

"III. Proponer al gobernador, en el ámbito de competencia de la secretaría, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, órdenes y demás normas jurídicas.

"IV. Proponer al gobernador los nombramientos de los dos niveles inmediatos inferiores al del titular de la secretaría.

"V. Autorizar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos de la secretaría y presentarlo a la autoridad competente.

"VI. Autorizar los manuales y demás ordenamientos similares que fueren necesarios para el funcionamiento de la dependencia.

"VII. Autorizar a los servidores públicos para que realicen actas y suscriban documentos específicos.

"VIII. Las demás que con ese carácter le asignen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones del Ejecutivo del Estado."

Por su parte, los numerales 15 y 16 de la Ley Orgánica de Policías Preventivas del Estado de Chiapas, establecen lo siguiente:

"Artículo 15. La Policía Sectorial del Estado está integrada por:

I. Un director, que se denominará: director de la Policía Sectorial.

"II. Una subdirección operativa.

"III. Comandancias regionales.

"IV. Sectores.

"V. Subsectores.

"VI. Delegación administrativa."

"Artículo 16. Son atribuciones de la Policía Sectorial:

"I. Realizar acciones preventivas tendientes a preservar, mantener y restablecer el orden, la tranquilidad y la seguridad pública en la entidad, respetando los derechos humanos de los gobernados.

"II. La vigilancia, seguridad y protección del Estado y sus habitantes, concurrentemente con los Ayuntamientos en la entidad.

"III. Prevenir la comisión de hechos delictuosos e infracciones administrativas, así como hacer observar las buenas costumbres y el respeto a la moral social.

"IV. Proteger al Estado y a sus habitantes en su persona, bienes y derechos contra cualquier comportamiento individual o colectivo proveniente de conductas desviadas o antisociales.

"V. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda.

"VI. Brindar el auxilio de la fuerza pública al Poder Judicial del Estado, a la Procuraduría General de Justicia y demás autoridades federales, estatales y municipales, cuando así lo requieran por oficio y resulte necesario para el debido ejercicio de sus funciones, siempre y cuando la disponibilidad de elementos policiacos lo permita.

"VII. Utilizar adecuadamente las armas, vehículos, instalaciones e instrumentos permitidos por la ley, necesarios para garantizar la prudente efectividad de sus funciones.

"VIII. Rendir los informes que soliciten las autoridades judiciales y administrativas respecto a las funciones encomendadas, así como los relativos a los juicios de amparo.

"IX. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta ley y demás ordenamientos aplicables, solicitando cuando fuere necesario para este fin, el auxilio y colaboración de otras autoridades.

"X. Las demás que determinen los ordenamientos aplicables."

Del análisis de los preceptos antes transcritos, se estima que el juicio de garantías debe sobreseerse, en relación con los actos reclamados al secretario de Seguridad Pública del Estado y director de la Policía Sectorial (denominación correcta a la de director de la Policía de Seguridad Pública a que se refirió la parte quejosa), ambos con sede en esta ciudad, pues como se advierte del texto de los mismos, dichas autoridades no poseen atribución expresa para ejecutar órdenes de aprehensión, giradas por la autoridad jurisdiccional penal, pues como ha quedado establecido no les compete esa función, ya que si bien es cierto que dentro de las facultades enumeradas anteriormente, respecto de las mismas, se encuentra la de auxiliar a las autoridades judiciales para el cumplimiento de sus funciones, ello debe ser siempre que así se los requiera el Ministerio Público o, en su caso, la autoridad judicial, y en los autos no obra oficio alguno con el cual se hubiere solicitado su participación para ejecutar el acto reclamado y que las citadas responsables negaron categóricamente al rendir su informe justificado. Por tanto, lo que procede es decretar el sobreseimiento respecto de dichas autoridades en términos del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver los juicios de amparo en revisión 415/2004, 710/2004, 153/2005 y 186/2005, en sesiones de seis de julio y treinta y uno de agosto de dos mil cinco, treinta y uno de enero y nueve de marzo de dos mil seis, respectivamente.

Cobra aplicación al respecto, la tesis número XX.2o.49 P, sostenida por este Tribunal Colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre de 2005, página 2435, del rubro y texto siguientes: " De conformidad con el artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal, así como 15 y 16 de la diversa de Policías Preventivas, ambas del Estado de Chiapas, ni a la Policía Municipal ni a la Sectorial les compete la ejecución de una orden de aprehensión, en virtud de que no se encuentran autorizadas expresamente para ello, ya que si bien es cierto, que dentro de las facultades enumeradas en los preceptos citados, se encuentra la de auxiliar a las autoridades judiciales para el cumplimiento de sus funciones; también lo es que la propia disposición condiciona esta facultad a que dicho apoyo sea solicitado por parte del Ministerio Público o, en su caso, por la propia autoridad judicial y si no se acredita esto último, entonces no opera la presunción de certeza del acto reclamado, aunque la ordenadora lo admita."

SEXTO. Los agravios que aduce la recurrente resultan infundados en una parte e inatendibles en otra.

En efecto, resulta infundado lo que argumenta la recurrente, en el sentido de que la resolución impugnada le causa agravios por violación a los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, porque en la misma el a quo concedió el amparo para efectos y no de manera lisa y llana.

Lo anterior es así, puesto que contra lo que estima el inconforme, el Juez Federal sí atendió lo previsto en dichos preceptos, que regulan los requisitos que deben atenderse en el dictado de las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo, y en el caso, estableció con claridad que el acto reclamado en el juicio de garantías, consistió en el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil cinco, dictado en el proceso penal 12/2005, por el Juez Tercero de esa materia, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, mediante el cual se le requirió para que se interne voluntariamente al centro penitenciario número 14 del Estado, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo de cinco días, se ordenaría su reaprehensión.

Posterior a ello, el Juez Federal analizó la constitucionalidad de ese acto impugnado por la parte quejosa, y consideró que el mismo se emitió en contravención a los requisitos de fundamentación y motivación que tutela el artículo 16 de la Constitución Federal, por lo que concluyó que debía concederle el amparo a la impetrante para el efecto de que el Juez del proceso lo dejara insubsistente, sin perjuicio de que en su lugar dictara otro, con libertad de jurisdicción.

Por tanto, es claro que el Juez de amparo no incurrió en infracción de las reglas previstas para el dictado de las sentencias a que se refieren los numerales 76, 77 y 78 de la ley de la materia; de ahí que el motivo de desacuerdo en estudio resulta infundado.

Por otra parte, los restantes agravios resultan inatendibles, pues en ellos se argumenta que la protección constitucional debió ser lisa y llana; sin embargo, como ya se estableció, el Juez Federal concedió el amparo para efectos, al estimar que el acto reclamado carece de los requisitos de la debida fundamentación y motivación, por ende, no analizó el fondo del acto impugnado.

Por tanto, aun cuando el a quo no hubiere procedido conforme a derecho al omitir el estudio del fondo del acto reclamado, ello sería insuficiente para que este Tribunal Colegiado revocara la sentencia recurrida y estudiara dicha cuestión de esencia, pues si lo hiciera y llegase a la conclusión de que la orden de reaprehensión sí cumple con todos los requisitos que exige el artículo 16 de la Constitución Federal, se tendría que negar a la quejosa el amparo que solicita y con ello se empeoraría su situación, violando el principio non reformatio in peius, que rige en materia de recursos.

De manera que no es factible en el presente recurso de revisión, estudiar los agravios de la recurrente en los que afirma que el a quo no tomó en cuenta que para la fecha en que se dictó el proveído de treinta y uno de marzo de dos mil cinco, se encontraba pendiente por parte de este Tribunal Colegiado el dictado de la resolución en el recurso de queja 12/2005, interpuesto contra el proveído de veintiocho de marzo del citado año, pronunciado en el juicio de amparo 126/2005, en el cual, el Juez Federal estimó que se había cumplido la sentencia de amparo relativa a la orden de aprehensión dictada contra la peticionaria y que de determinarse que es ilegal ese auto del Juez de amparo, las actuaciones dictadas en el proceso penal, con posterioridad a la orden de aprehensión, serían nulas.

Lo anterior es así, ya que esos aspectos ven al fondo del asunto, que como ya se dijo, no fue analizado por el Juez de Distrito, al estimar que el acto impugnado en el juicio de amparo presentaba violaciones formales, relativas a la fundamentación y motivación.

Al respecto cobra aplicación, por las razones que la informan, la jurisprudencia número 1a./J. 15/2000, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de 2000, página 264, que dice:

"ORDEN DE APREHENSIÓN. TRATÁNDOSE DEL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS EN EL RECURSO DE REVISIÓN. La revisión en el juicio de amparo, en tanto recurso, se rige por principios o reglas, entre ellos el de non reformatio in peius, conforme al cual no está permitido a los Tribunales Colegiados de Circuito agravar la situación del quejoso cuando únicamente éste recurre la sentencia de amparo; lo antes afirmado se patentiza si se toma en cuenta que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en todo caso autoriza la reformatio in beneficio, al prever la figura jurídica de la suplencia tanto de los conceptos de violación como de los agravios, en los casos en que específicamente lo establece el artículo 76 Bis del citado ordenamiento legal. Así, es claro que en los recursos de revisión derivados de juicios de amparo en materia penal, en que se concedió el amparo al quejoso porque la orden de aprehensión carece de fundamentación y motivación, y sólo recurre el propio quejoso, no es legalmente válido analizar los agravios expresados en cuanto al fondo del asunto, en virtud de que es incierta la futura existencia del acto impugnado, en razón del cumplimiento que a la sentencia respectiva le dé la autoridad responsable, pues hacerlo implicaría el grave riesgo de emitir un pronunciamiento que realmente le perjudique, trastocando con ello el principio que se comenta. Además, de que precisamente por ese sentido concesorio, la resolución recurrida ha causado estado o firmeza para el quejoso recurrente."

Además, fue correcto lo establecido por el Juez Federal en la sentencia constitucional impugnada, al ordenar a la autoridad responsable dejar sin efecto el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil cinco, dictado en el proceso penal 12/2005, reclamado en el juicio de garantías y que, con plenitud de jurisdicción, puesto que el a quo no se ocupó del estudio del fondo del acto reclamado, sino únicamente de las formalidades que exige el artículo 16 constitucional, relativas a que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado; es decir, el órgano de control constitucional no analizó si fue legal o no que el Juez Tercero Penal del Distrito Judicial de Cintalapa, requiriese a la inculpada que se internara voluntariamente en el centro penitenciario y que de no hacerlo, ordenaría su reaprehensión; de ahí que la concesión del amparo de modo alguno debe tener el efecto pretendido por la recurrente, dado que al no haberse estudiado el fondo del acto impugnado, éste debe producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que está destinado.

Además, la concesión del amparo no puede tener el efecto de anular de manera lisa y llana el acto reclamado, por el contrario, es legalmente posible que la autoridad responsable deje insubsiste el acto y emita otro en el mismo sentido que el originalmente reclamado, pero purgando los vicios de forma que aquél contenía.

Esto es así, porque si bien es cierto que cuando se concede el amparo porque el acto carece de fundamentación y motivación, la autoridad responsable puede emitir otro purgando los vicios de forma en que incurrió, ello no significa que invariablemente esa sea la consecuencia del cumplimiento del fallo constitucional, en tanto que la otra posibilidad es que aquélla acuerde no requerir a la inculpada que se interne voluntariamente, en su caso, no librar orden de reaprehensión, al advertir que del análisis minucioso de las constancias de la averiguación no existen elementos para ello.

Lo anterior ha sido establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número P./J. 59/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, página 74, que dice:

"ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES.-Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas."

En consecuencia, al no advertirse deficiencia de la queja que suplir, debe modificarse la resolución impugnada.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción IV, 85 y 91 de la Ley de Amparo, 35, 37, fracción IV y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se modifica la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de garantías promovido por ... contra actos del secretario de Seguridad Pública del Estado y director de la Policía Sectorial (denominación correcta a la de director de la Policía de Seguridad Pública a que se refirió la parte quejosa), ambos con sede en esta ciudad, consistentes en la ejecución del auto de treinta y uno de marzo de dos mil cinco, dictado en el proceso penal 12/2005.

TERCERO.-Para el efecto precisado por el a quo, la Justicia de la Unión ampara y protege a ... contra los actos reclamados del Juez Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Cintalapa de Figueroa, así como del alcaide de cárceles del Centro de Readaptación Social número 14 "El Amate", con residencia en la ciudad del mismo nombre, del coordinador general de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado, director de la Policía de Seguridad Pública Estatal y del secretario de Seguridad Pública de la entidad, con sede Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, consistentes en la emisión del auto de treinta y uno de marzo de dos mil cinco, dictado en el proceso penal 12/2005 y su ejecución

Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al juzgado de origen, remítase copia autorizada de esta resolución al Juez responsable; y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, por unanimidad de votos del Magistrado presidente Gilberto Díaz Ortiz, Magistrados Carlos Arteaga Álvarez y Alma Rosa Díaz Mora, siendo ponente la última de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19479-ff273564/orden-de-aprehension-la-policia-municipal-y-sectorial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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