PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. AL PROMOVERSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN EN SU CONTRA, DADA LA PRONTITUD CON QUE SE ORDENA RESOLVER, EL JUEZ ÚNICAMENTE DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS APORTADOS AL INTERPONERLO, ASÍ COMO LAS PRUEBAS QUE OBREN HASTA ESE ESTADÍO PROCESAL Y NO AQUELLAS EN QUE SE SOLICITÓ SU PREPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).
AMPARO EN REVISIÓN 207/2005.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Son ineficaces los agravios hechos valer.
En el primero de ellos, en síntesis señala que le causa agravio el pronunciamiento de la Juez Federal sobre la reclamación interpuesta en contra del depósito judicial de la menor ... ya que concedió el amparo y protección al quejoso por considerar que lo determinado por el Juez del orden común carece de la debida fundamentación y motivación, al omitir motivar el valor probatorio que le corresponde a las fotografías que obran en copia certificada dentro del expediente número 2258/2004 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Veracruz, no obstante haber sido recabadas por la secretaria del juzgado mencionado durante la diligencia de fe de hechos practicada el veinticinco de octubre de dos mil cuatro, además porque las valoró como si el demandado las hubiese adjuntado a la reclamación; criterio este último que dice la recurrente es improcedente, porque el Juez de primer grado no incurrió en la conducta atribuida, pues de la resolución reclamada se aprecia una correcta valoración de tales pruebas y si bien es verdad que les denegó valor convictivo se debe a que las consideró no dignas, porque su preparación se llevó a espaldas de la aquí inconforme y porque de concederle fuerza demostrativa sería en perjuicio de su menor hija; que además las fotografías mencionadas fueron apreciadas por el juzgador responsable como parte integrante del expediente 2258/2004 el cual se desarrolló sin su conocimiento e intervención, pero no como si el reclamante las hubiera adjuntado al ocurso respectivo; que además la instrumental de actuaciones citada no se puede justipreciar en términos de lo que establece el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, porque no deriva de un procedimiento contencioso, sino de unas diligencias de jurisdicción voluntaria, razón por la que no se le llamó a ese procedimiento para que manifestara lo que a sus intereses conviniera; por lo tanto, es claro que el Juez responsable no transgredió garantía alguna, porque no tenía la obligación de valorar dichas pruebas.
Sobre el punto aquí controvertido resulta conveniente primero precisar que a su escrito de reclamación en contra de la medida precautoria consistente en el depósito judicial decretado respecto de la menor ... el aquí quejoso adjuntó como prueba la instrumental de actuaciones consistente en copia certificada deducida del expediente número 2258/2004 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Veracruz, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por ... con la finalidad de que el personal actuante se constituyera en el domicilio ubicado en la calle de J.B. Lobos número 1247 de la colonia Veintiuno de Abril de esa ciudad, para dar fe de hechos en relación con el depósito de la menor ... así como del estado que guarda el inmueble designado en que habita la menor citada, y en donde se constituyó su depósito; destacando el acta de fecha veinticinco de octubre de dos mil cuatro, levantada por la secretaria del juzgado actuante, en la que se hizo constar, entre otras cosas, que el inmueble en que se actuó se encuentra en condiciones insalubres y que para el auxilio de la descripción del mismo procedió a la toma de fotografías del referido inmueble, mismas que serían agregadas a tales diligencias (fojas sesenta y tres a sesenta y siete).
Por otra parte, también debe tenerse en consideración que el Juez Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, en la resolución reclamada de fecha siete de enero de dos mil cinco, dictada en el juicio ordinario civil número 1402/2004, instaurado por ... en representación de su menor hija ... en contra de ... respecto a la valoración de la documental consistente en la copia certificada de las actuaciones que integran el expediente 2258/2004 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Veracruz, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por ... sostuvo: "También de autos constan, unas diligencias de interpelación y de fe de hechos y fotografías, solicitadas ante el Juez Sexto de primera instancia de este distrito judicial, como se ve de las copias certificadas del expediente número 2258/2004, las cuales no cobran valor alguno en virtud de que la autenticidad de la información, así como de las fotografías, no son dignas de considerarse porque su recepción no satisface las reglas que establecen las leyes procesales, debido a que su preparación se ha llevado a espaldas de la actora, de tal suerte que no pueden valorarse porque ello sería en perjuicio del interés superior de la menor ..."
Ahora bien, la juzgadora federal a quo en relación con la determinación anterior estimó que el Juez responsable realizó una incorrecta valoración de las copias certificadas de las fotografías que obran agregadas a la reclamación contra la medida de depósito de la menor tercera perjudicada, a pesar de que fueron recabadas por la actuaria adscrita al Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, durante la diligencia de fe de hechos del veinticinco de octubre de dos mil cuatro, ya que las valoró como si hubieran sido adjuntadas como fotografías obtenidas por el propio reclamante y no acorde a su naturaleza documental; pues no razonó por qué a su juicio las copias certificadas de esa constancias judiciales carecen de "autenticidad de la información"; así como, por qué estima que la fe pública del personal actuante del citado órgano jurisdiccional no merece valor probatorio alguno; al igual que omitió precisar, acorde a las reglas de valoración de la prueba estatuidas por el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, por qué motivos la recepción de las placas fotográficas de mérito no satisface esas reglas procesales de valoración, por lo que es confusa su apreciación en cuanto a que no pueden valorarse las mismas, porque ello sería en perjuicio de la menor actora; circunstancias las anteriores que se traducen en una insuficiente motivación, lo cual deviene transgresor de la garantía de legalidad en perjuicio del quejoso, puesto que se le deja en estado de indefensión al no darle a conocer los motivos que condujeron a la autoridad responsable a resolver en los términos en que lo hizo.
De lo anteriormente expuesto se obtiene que le asiste la razón a la recurrente en cuanto afirma que el Juez responsable al resolver sobre la reclamación interpuesta en contra del depósito decretado respecto de la menor ... valoró las fotografías del expediente número 2258/2004 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por el demandado ... como parte integrante del mismo, mas no como si el demandado de modo personal las haya tomado y exhibido en el juicio de origen; en virtud de que la autoridad responsable en la resolución reclamada precisa que consta en autos copia certificada de esa instrumental que contiene interpelación, fe de hechos y fotografías (foja noventa y nueve vuelta), con lo cual es obvio que estas últimas no las consideró ajenas a las actuaciones de que se viene tratando.
Asimismo, también es cierto lo que aduce la inconforme en cuanto a que el Juez responsable externó las razones por las que estimó que lo actuado en las aludidas diligencias de jurisdicción voluntaria no merece valor convictivo para dejar sin efecto el depósito de su menor hija; como se ve de lo siguiente: "También en autos consta, unas diligencias de interpelación y de fe de hechos y fotografías, solicitado ante el Juez Sexto de primera instancia de este distrito judicial, como se ve de las copias certificadas del expediente número 2258/2004, las cuales no cobran valor alguno en virtud de que la autenticidad de la información (sic), así como de las fotografías, no son dignas de considerarse porque su recepción no satisface las reglas que establecen las leyes procesales debido a que su preparación se ha llevado a espaldas de la actora, de tal suerte que no pueden valorarse porque ello sería en perjuicio del intereses (sic) superior de la menor" (foja noventa y nueve vuelta); de lo cual se colige que el juzgador civil sí expuso los motivos por los que les denegó valor probatorio. Sin embargo, ello no es razón jurídica para revocar la sentencia recurrida, dado que lo ahí expresado, tal como lo consideró la Juez de Distrito a quo, es insuficiente para considerar que ese acto de autoridad cumple con el requisito formal de motivación y fundamentación a que alude el artículo 16 constitucional, primero, por ser evidente que la autoridad responsable se olvidó de señalar por qué razones duda de la autenticidad de la información contenida en esas actuaciones judiciales; segundo, por qué las fotografías que obran en esas actuaciones, a su criterio, no las considera dignas de valorar porque en su preparación no tuvo intervención la aquí inconforme y que su recepción no satisface las reglas que establecen "las leyes procesales", pero sin que tal consideración se encuentre apoyada en precepto legal alguno, al no invocarse la codificación aplicable y el normativo que establece esas reglas procesales a que hace mención; de ahí que la resolución reclamada no solamente incurre en el vicio de insuficiente motivación, sino de ausencia de fundamentación.
Por otra parte, a pesar de que es verdad lo que aduce la recurrente en cuanto a que el juzgador responsable no estaba obligado a valorar la instrumental de actuaciones de que se viene tratando, atento a lo que establece el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, en virtud de que lo relativo a la medida precautoria consistente en el depósito de la menor ... no se rige por tal normativo, sino por lo dispuesto en el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, el cual en su tercer párrafo dispone: "Cualquiera reclamación sobre las medidas a que se refiere este capítulo, se resolverán con un solo escrito de cada parte, sin ulterior recurso."; de donde se advierte que dicho normativo prevé el principio de celeridad para resolver la medida, puesto que al señalar el legislador que debe resolverse con un solo escrito de cada parte, sin otorgar plazo para ofrecer medios convictivos, es evidente que para decidir la medida debe atenderse a las documentales exhibidas junto con el ocurso respectivo, pues dada la naturaleza de ese medio demostrativo no requiere preparación alguna. Pero no obstante lo anterior, no es factible revocar la sentencia materia de esta alzada, puesto que como se vio en el párrafo que antecede, la valoración que de la instrumental de actuaciones hizo el juzgador responsable no está debidamente fundamentada, lo cual torna a la resolución reclamante transgresora de la garantía tutelada por el artículo 16 constitucional.
En segundo orden, refiere la recurrente que es correcta la determinación del juzgador responsable en cuanto desechó la reclamación interpuesta en contra del depósito de su menor hija, porque desde el veintiséis de octubre de dos mil cuatro en que se le emplazó a juicio al demandado, éste quedó enterado de todas las actuaciones practicadas, por lo que si el recurso de reclamación lo interpuso hasta el diez de noviembre siguiente, es evidente su extemporaneidad, porque el artículo 162, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, únicamente establece que cualquier inconformidad se resolverá con un escrito de cada parte sin ulterior recurso, pero no señala el plazo para inconformarse, por lo que debe aplicarse el término de tres días que establece la fracción IV del diverso 98 de la codificación mencionada, de ahí que sea correcta la conclusión del Juez natural en declarar extemporáneo el recurso, según la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito de rubro: "DEPÓSITO DE PERSONAS, TÉRMINO PARA RECLAMAR LA MEDIDA PRECAUTORIA FIJADA EN EL. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."
Resulta inatendible lo expuesto, porque de la lectura al fallo recurrido, específicamente en el apartado relativo en donde la Juez de Distrito se ocupa de analizar el concepto de violación hecho valer por el quejoso, en cuanto a la extemporaneidad del recurso de reclamación sobre el depósito decretado respecto de la menor ... no se advierte que haya hecho pronunciamiento en cuanto a la legalidad de la determinación del Juez responsable sobre la extemporaneidad del recurso mencionado, puesto que la Juez de amparo estimó que aun cuando la autoridad responsable declaró la extemporaneidad del mismo, inmediatamente después se ocupó de analizar los argumentos de fondo expuestos por el demandado, con lo cual quedó subsanado su proceder; de ahí que deviene irrelevante la afirmación de la aquí recurrente en cuanto a la legalidad de la extemporaneidad del recurso de reclamación sobre el depósito de la menor, al no ocuparse la Juez de Distrito de tal aspecto por las razones apuntadas; misma omisión que no es impugnada en el pliego de agravios.
Finalmente, también es infundado lo relativo a que en el considerando quinto de la sentencia materia de esta alzada, la Juez de amparo al pronunciarse sobre la reclamación a la pensión alimenticia provisional decretada a favor de la menor ... consideró suficiente y fundado el concepto de violación hecho valer en relación con una insuficiente fundamentación y motivación respecto a la apreciación de las pruebas aportadas por el reclamante; criterio erróneo, dice la tercero perjudicada aquí recurrente, porque la valoración que hizo el Juez responsable de los tickets de compras expedidos por tiendas departamentales con fundamento en el artículo 266 del Código de Procedimientos Civiles del Estado es del todo legal, pues no pueden valorar atento al diverso 210 del propio ordenamiento, ya que este último normativo establece que cuando se presente una demanda con los documentos y copias prevenidas se correrá traslado para su emplazamiento, de ahí que únicamente regula un acto procesal a seguir dentro del juicio, pero nada dice en cuanto a la valoración de las documentales adjuntadas.
En efecto, el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, párrafos segundo y tercero, establece: "... En los casos en que se reclamen alimentos, el Juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, petición de parte y atendiendo a las circunstancia, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el Juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario."
Del precepto legal transcrito, se obtiene que en su tercer párrafo se regula el derecho de la parte demandada de inconformarse en contra de la determinación judicial que fija una pensión alimenticia provisional en favor del accionante, a través del medio ordinario de defensa denominado reclamación; el cual después de darse vista a la parte contraria del reclamante debe ser resuelto dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Esto es, dicha cuestión debe ser dilucidada exclusivamente con base en las probanzas documentales que ambas partes hubiesen aportado hasta ese momento procesal; y al otorgar el numeral en comento facultades al Juez instructor del proceso para resolver la reclamación con los documentos aportados hasta ese estadío procesal, la valoración que se haga de las documentales aportadas por las partes contendientes debe efectuarse conforme al normativo en comento, pues dada la prontitud con la que se ordena resolver, es claro que no se está en condiciones de pedir la preparación de prueba alguna, como lo es la ratificación judicial; de ahí que la aludida valoración que se haga de las pruebas aportadas debe ser conforme al prudente arbitrio del juzgador, puesto que se trata de una apreciación de carácter provisional, que no incide en la cuestión de fondo que se resuelva en definitiva, para lo cual los medios convictivos que se aporten sí deben sujetarse a los principios de valoración respectiva que el Código de Procedimientos Civiles establece para cada uno de ellos. Sobre lo aquí considerado es aplicable el criterio que ha sostenido este Tribunal Colegiado en la tesis número VII.1o.C.4 C, visible en la página setecientos sesenta y nueve del Tomo V, del mes de marzo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ALIMENTOS. MEDIOS DE CONVICCIÓN QUE PUEDEN OFRECERSE EN LA RECLAMACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en su párrafo tercero, textualmente señala: ‘Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el Juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.’. Del precepto mencionado se desprende la existencia de un trámite procesal que se sustanciará con la sola vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, debiendo el juzgador resolver dentro del término de tres días, para lo cual tomará en cuenta los documentos aportados; en consecuencia, el artículo no prevé la posibilidad legal de que se soliciten informes a autoridades o dependencias, con los que la reclamante pretenda demostrar hechos que permitan al juzgador natural reducir la pensión alimenticia provisional decretada, en razón de la prontitud con que se ordena resolver."
En tales condiciones, si el Juez responsable al valorar las documentales consistentes en los tickets de compras de diversas tiendas departamentales lo hizo conforme al artículo 266 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, es legal la determinación de la Juez Federal en cuanto a que incurrió en una incorrecta fundamentación, en virtud de que el trámite y sustanciación del recurso de reclamación en contra de la pensión alimenticia provisional está regulado conforme al artículo 210 que otorga facultades al juzgador responsable de valorar los documentos aportados por las partes hasta ese momento procesal; de ahí que carece de razón la recurrente en cuanto a que el numeral acabado de citar únicamente regula un acto procesal dentro del juicio sino que, como se ha visto, norma la sustanciación del recurso de reclamación en contra de la medida provisional de una pensión alimenticia provisional, estableciendo de manera clara que debe resolverse acorde con las documentales aportadas, sin que sujete al juzgador a regla de valoración alguna. Por lo tanto, si el Juez de origen se apoyó en un normativo no aplicable al caso específico, es evidente que no cumple con la garantía de la debida fundamentación y motivación, puesto que las razones y circunstancias particulares que enuncie en su acto de autoridad deben adecuarse a la hipótesis normativa invocada lo cual, como se ha visto, no sucede en la especie; de ahí que no es dable aceptar una resolución que incumpla con la garantía de debida motivación y fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque de hacerse se haría nugatorio ese derecho de orden público e interés social en contra del deudor alimentario, aquí impetrante de garantías; luego entonces, es correcta la determinación a la que llegó la Juez de Distrito de conceder el amparo y protección de la Justicia Federal.
Aunado a lo anterior, la protección de la Justicia Federal procede cuando el Juez de Distrito al analizar el acto que se reclama en vía de amparo se percata o se aduce la falta de uno de los requisitos formales que establece el artículo 16 constitucional, como lo es la motivación; dado que de pretender que subsanara esa omisión de la responsable, conllevaría a extralimitarse en su función, ya que al actuar como órgano de control constitucional no puede llegar a ese grado; por lo que en estricto cumplimiento a lo que establece el numeral invocado dicha obligación recae en la responsable, quien deberá motivar debidamente sus resoluciones y, ante ello, no basta que existan las circunstancias específicas y razones particulares que pueden tenerse en consideración para la emisión de un acto y que las disposiciones legales aplicables a ellas estén vigentes, sino que es necesario que esas razones y circunstancias particulares por las cuales se actualiza la aplicación de ciertos numerales se mencionen en el documento mismo que contiene el acto de autoridad y no en otro diverso, como sería el dictado en el juicio de garantías. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 861, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página quinientos ochenta y siete del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de mil novecientos noventa y cinco, que dice: "JUEZ DE DISTRITO, EN SU RESOLUCIÓN NO PUEDE SUPLIR LAS DEFICIENCIAS EN EL FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.-El Juez de Distrito y, en general, la autoridad de amparo, no puede subsanar las deficiencias de motivación y fundamento legales de que adolezca el acto emitido por una autoridad, porque el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea la autoridad competente quien funde y motive debidamente su resolución; por tanto, para considerar que es constitucional el acto reclamado, no basta que existan las circunstancias específicas y las razones particulares o causas inmediatas que se puedan tener en consideración para la emisión de dicho acto de autoridad y que estén vigentes las disposiciones legales aplicables a ellas ya que, para ese efecto, es necesario, además, que tales datos se mencionen con toda precisión en el documento mismo que contiene el acto de autoridad y no en otro diverso, mucho menos, en la resolución dictada en el juicio de amparo cuyo análisis debe referirse, específicamente, a la satisfacción de esos requisitos. Consecuentemente, no es correcto que al resolver el juicio de garantías, la autoridad de amparo, motu proprio, exprese las consideraciones de motivación y fundamento que no se contienen en el acto reclamado, para concluir, con base en ellas, que dicho acto de autoridad está apegado a las normas que lo rigen, pues, con ese proceder, aparte de agravar la situación jurídica del quejoso, suple la deficiencia legal de ese acto, el cual, lejos de ser corregido por la potestad de amparo, debe ser anulado por ésta mediante sentencia que conceda la protección constitucional.". Así como la diversa tesis aislada XX.102 K emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, la cual tiene aplicación por analogía, localizable en la página quinientos uno del Tomo V, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "MOTIVACIÓN. TODO ACTO DE AUTORIDAD DEBE SATISFACER EL REQUISITO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.-La motivación exigida por el artículo 16 constitucional debe existir en todo acto de autoridad (orden de aprehensión, auto de formal prisión, sentencia, etc.), en razón de que debe justificarse la aplicación de las normas jurídicas respectivas precisamente en el mandamiento escrito, con el objeto de que la parte afectada con el acto de molestia pueda conocerlo y estar en condiciones de producir o preparar su defensa."
Luego, al resultar ineficaces los agravios hechos valer lo que procede, en la especie, es confirmar la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional solicitada para los efectos en ella indicados.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VIII, de la Constitución General de la República, y 82, 83, fracción IV, 85, 86, 88, 90 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la resolución recurrida; en consecuencia,
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a ... contra la autoridad y por el acto señalados en el resultando primero de esta resolución, para el efecto precisado en el fallo recurrido.
Notifíquese; con testimonio de la presente ejecutoria vuelvan los autos a su lugar de origen y, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el toca.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Clemente Gerardo Ochoa Cantú, Enrique R. García Vasco y Amado Guerrero Alvarado.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19152-644d8fbb/pension-alimenticia-provisional-al-promoverse-el-recurso-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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