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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESADO. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, SI PREVIAMENTE SE HA CUMPLIDO CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE PRIVA CON RELACIÓN A LOS ACTOS DE AUTORIDAD NO RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 776/2005. · Registro digital (IUS): 18870
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, , Pág. 717.

AMPARO EN REVISIÓN 776/2005.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Establecido lo anterior, en primer término debe considerase que los argumentos de agravio en que se sostiene que el Juez a quo, infringió en perjuicio de los recurrentes las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, son inoperantes.

En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los órganos jurisdiccionales federales de amparo, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control jurisdiccional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley.

Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos.

Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.

Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2/97, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo V, enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

Así como la tesis de jurisprudencia número 582, publicada en la página 387, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, CUANDO SE ADUCEN VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. Son inoperantes los agravios expresados en el recurso de revisión, en los que se aduce que el Juez de Distrito, al resolver el juicio de amparo, violó los artículos 14 y 16 constitucionales, conculcando las garantías individuales del recurrente, toda vez que no resulta jurídico afirmar que dicha autoridad judicial, al resolver si las autoridades responsables violaron o no las garantías del quejoso, incurra a su vez en tales violaciones, pues estos funcionarios para obtener la conclusión correspondiente se basan en los preceptos de la Ley de Amparo, a la cual ciñen su actuación; por ende, son las violaciones de dicha ley las que deben invocarse en la revisión."

Por otra parte, debe considerarse infundado lo alegado por el recurrente en cuanto a que la resolución recurrida viola el principio de congruencia previsto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, toda vez que del análisis de la misma se aprecia que el Juez a quo, atendiendo a lo establecido por dicho precepto legal, fijó con claridad el acto reclamado y las pruebas que sirvieron para tenerlo por demostrado y, luego, expuso los fundamentos y motivos que apoyaron su decisión de negar el amparo solicitado, lo cual reflejó en el punto resolutivo correspondiente.

Además, en la sentencia recurrida el Juez a quo, apreció el acto reclamado tal y como aparece probado ante la autoridad responsable y sólo tomó en consideración las pruebas que justificaron no sólo la existencia del acto reclamado sino también su constitucionalidad.

En este sentido, el Juez a quo no podía examinar la constitucionalidad del auto de plazo constitucional, en cuanto a la acreditación o no del cuerpo del delito ni de la probable responsabilidad que se le atribuye a la recurrente en su comisión, pues ello no fue materia de la litis constitucional y, si lo hubiere examinado, como lo pretende la recurrente, ello sí hubiere infringido los preceptos antes referidos, por violación al principio de congruencia.

Por otra parte, resultaba improcedente suplir la deficiencia de la queja conforme a lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, pues no se aprecia que contra la recurrente hubiere habido una violación manifiesta a la ley que la hubiere dejado sin defensa, como lo expone la recurrente.

No obstante lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito, estima que resulta innecesario el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y, con ello, los agravios que al efecto se expresan, pues del análisis del presente expediente, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, cuyo estudio es de orden público y preferente, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número II.1o. J/5, de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, mayo de 1991, Tribunales Colegiados de Circuito, página 95, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."

En efecto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, pues aun cuando la orden de identificación administrativa (ficha signalética) y estudio de personalidad, pueden ser susceptibles de impugnarse respecto de su constitucionalidad, por vicios propios, al margen del auto de plazo constitucional, pues dichos actos participan de naturaleza distinta y, por ello, se rigen por diversos preceptos como son los artículos 16 y 19 constitucionales, en atención a lo decidido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 126/2002-PS, que dio origen a la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 58/2003, publicada en la página 51, Tomo XIX, enero de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA). EL HECHO DE QUE EN EL JUICIO DE AMPARO SÓLO SE RECLAME ÉSTA Y NO EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL DEL QUE DERIVÓ, NO SIGNIFICA QUE CONSTITUYA UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO. El hecho de que en el auto de término constitucional (auto de formal prisión o de sujeción a proceso) se ordene la identificación administrativa del procesado (elaboración de la ficha signalética) y sólo se reclame en el juicio de amparo la segunda y no el primero, no es motivo para estimar que dicha identificación sea un acto derivado de otro consentido y como consecuencia sobreseer en el juicio. Ello es así porque, no obstante la estrecha vinculación que guardan entre sí los referidos actos, puesto que el segundo es consecuencia legal del primero, no debe olvidarse, por una parte, que ambos participan de una naturaleza distinta, ya que la identificación administrativa no está regulada en forma concreta por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de modo que su constitucionalidad dependa indefectiblemente del auto preventivo del que dimana, sino que por tratarse de un acto de autoridad que dicta una medida administrativa, se rige por lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal; y por otra, que en términos del artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, tratándose de actos restrictivos de libertad, como lo es un auto de formal prisión o de sujeción a proceso, la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo, es decir, el plazo para promover el juicio de garantías en su contra es ilimitado; mientras que la identificación, al ser un acto administrativo, lo será de quince días, en términos del artículo 21 del mismo ordenamiento legal. La constitucionalidad de la identificación administrativa sólo dependerá del auto de término constitucional cuando los conceptos de violación o agravios dirigidos a combatirla se sustenten en dicho auto, no así cuando se impugne por vicios propios, ya que si existiera pronunciamiento sobre la ilegalidad de un acto que deriva de otro y que no se atacó por vicios propios, afectaría el acto antecedente del cual aquél es consecuencia; en cambio, si el acto derivado se reclama por vicios propios y el juzgador declara su inconstitucionalidad, ello repercutirá sólo en ese acto y en nada alteraría el auto de término constitucional. De ahí que aun cuando la identificación sea una consecuencia legal del auto de término constitucional, el afectado podrá impugnarla por vicios propios, sin que para ello sea necesario atacar previamente este último, es decir, podrá combatirse de manera independiente al auto de formal prisión o de sujeción a proceso, siempre que esté dentro del término legal que la ley establece para ello."

Así, la identificación administrativa y estudio de personalidad, por tratarse de un acto de autoridad que dicta una medida administrativa, se rige por lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, que de ninguna manera afecta o impone algún tipo de restricción o perturbación de la libertad del acusado, ni constituye una pena, ya que es una simple medida administrativa cuya ejecución aportará al Juez del proceso, y de futuros procesos, más elementos de juicio para individualizar la pena que deba imponerse al que cometió el delito, en el caso que sea condenado; por ello, para reclamarse la identificación administrativa y el estudio de personalidad en la vía del juicio de garantías, al no tratarse, de un acto que afecte en sí mismo la libertad personal de la quejosa no se surte la excepción establecida en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, para promover la demanda en cualquier tiempo y, de ese modo, tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad a que se refiere la fracción XIII, último párrafo, del artículo 73 de la Ley de Amparo y, en esa virtud, en la especie sí se requiere agotar dicho principio de definitividad, contenido en el primer párrafo de la citada fracción, lo cual no sucedió en el caso, pues de autos no se advierte que previa a la interposición del presente juicio de garantías, la recurrente ... con apoyo en lo establecido en el artículo 418, fracción II, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, hubiese interpuesto recurso de apelación en contra de la parte correspondiente del auto de plazo constitucional de fecha tres de diciembre de dos mil cuatro, dictado por el Juez Cuadragésimo Cuarto Penal del Distrito Federal, en el que se ordenó su identificación administrativa y estudio de personalidad.

Dicho medio ordinario de defensa, en términos de lo dispuesto por el artículo 414 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, hubiere tenido como objeto, examinar la legalidad de la orden de identificación (ficha signalética) y estudio de personalidad reclamados en el juicio de amparo y, en consecuencia, dichos actos reclamados podrían ser modificados o revocados.

De lo señalado se colige, que el juicio de amparo no procede cuando se señalan como actos reclamados, efectos y consecuencias de un diverso acto, contra los cuales el particular afectado pudo haber interpuesto un recurso ordinario de defensa y por lo tanto los actos reclamados podrían haberse reparado ante la autoridad que hubiere conocido del mismo, de tal suerte que al no haberse interpuesto previamente el recurso ordinario, no resulta procedente intentar el juicio constitucional, conforme a lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, párrafo primero y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.

Apoya las anteriores consideraciones, la tesis de jurisprudencia 1.4o.C. J/25, visible a fojas 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución."

Así como la diversa tesis de jurisprudencia con número de registro de IUS 257209, visible a fojas 37, Volumen 12, Sexta Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Igualmente tiene aplicación, la diversa tesis VI.1o. J/85, visible a fojas 51, Número 67, julio de 1993, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional."

Criterio anterior que de igual forma sostuvo este Tribunal Colegiado de Circuito al resolver los diversos recursos de revisión RP. 816/2004, RP. 1476/2004 y RP. 1636/2004, resueltos respectivamente en sesiones de fechas treinta de junio, treinta y uno de agosto y trece de septiembre del año dos mil cuatro, por unanimidad de votos y, que dieron origen a la tesis número I.6o.P.79 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, diciembre de 2004, página 1392, que dice: " La orden de identificación administrativa (ficha signalética) es una medida administrativa emitida por una autoridad judicial, y sirve para aportar al Juez de la causa y de futuros procesos, mayores elementos para la individualización de la pena; por tanto, tal medida, que en cuanto al procedimiento se rige por las disposiciones establecidas en el artículo 16 constitucional, no constituye una pena, ni restringe, ni perturba la libertad personal del acusado. Tan es así que el juicio de amparo contra la misma procede aun de manera independiente del auto de plazo constitucional que lo originó, siempre y cuando se hubiere agotado el recurso ordinario respectivo para cumplir con el principio de definitividad que impera, tratándose de actos no restrictivos de la libertad personal."

Por último, este Tribunal Colegiado no pasa inadvertido que la quejosa en su demanda de garantías incluso, en los agravios, hace depender la inconstitucionalidad de la orden de identificación administrativa y estudio de personalidad, de que en los autos de la causa penal no se acreditan los elementos del tipo penal por el que se le dictó auto de formal prisión y no por vicios propios, soslayando el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por ello, los argumentos de agravio que se exponen en ese sentido deben estimarse inoperantes, en virtud de que como quedó precisado al inicio de esta consideración, la orden de identificación administrativa y el estudio de personalidad, puede reclamarse por separado al del auto de que le da origen, en la especie, del auto de formal prisión, sin embargo, ello debe ser por vicios propios de la orden de identificación administrativa y estudio de personalidad, pero no pretendiendo hacerlo valer por vicios atribuidos al auto de plazo constitucional, cuando éste no fue reclamado en el juicio de amparo y, por ello, no formó parte de la litis constitucional, incluso, como ya se mencionó con anterioridad, la recurrente promovió un diverso juicio de amparo contra la orden de aprehensión dictada en su contra, pero no existe constancia alguna de la que se advierta que en un diverso juicio de amparo reclamara el auto de formal prisión que dio origen a los actos reclamados en el juicio de amparo del que deriva esta revisión.

En consecuencia, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que con apoyo en lo dispuesto en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, en la especie debe revocarse la sentencia recurrida, dictada por el Juez Cuarto de Distrito "B" de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal y, sobreseerse el juicio de amparo indirecto 2950/2004-4, promovido por ... respecto de los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, corrigiendo con ello una incongruencia del Juez a quo, pues en la sentencia recurrida sólo tuvo por ciertos los actos reclamados a la autoridad judicial coordinador general de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y director del Anexo al Reclusorio Preventivo Varonil Norte del Distrito Federal, soslayando que también tuvo como autoridad responsable al subdirector de Identificación Humana de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la cual rindió también su informe justificado (fojas 211 a 217 del cuaderno de amparo), motivo por el cual con apoyo en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, el sobreseimiento decretado debe incluir a esta última autoridad.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, con relación al 73, fracción XIII, 83, fracción IV, 85, fracción II, de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida, de fecha dieciséis de marzo de dos mil cinco, pronunciada por el Juez Cuarto de Distrito "B" de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en el juicio de amparo indirecto 2950/2005-4.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de garantías, respecto de los actos reclamados al Juez Cuadragésimo Cuarto Penal del Distrito Federal, en su carácter de autoridad ordenadora, director del Anexo al Reclusorio Preventivo Varonil Norte del Distrito Federal, denominación actual a la señalada por la quejosa como director del Reclusorio Preventivo Femenil Norte del Distrito Federal, coordinador general de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y subdirector de Identificación Humana de la misma dependencia, denominaciones correctas a la autoridad señalada por la quejosa como director de la Subdirección de Sistemas Tradicionales de Identificación del Reclusorio Preventivo Femenil Norte, todas del Distrito Federal, precisados en el resultando primero y, por los motivos expresados en el último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos del juicio de amparo al Juzgado Cuarto de Distrito "B" de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, lo resolvió el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Tereso Ramos Hernández (presidente), Ricardo Paredes Calderón y Roberto Lara Hernández (relator).

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18870-0b6d9c7a/orden-de-identificacion-administrativa-del-procesado-procede-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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